Por Regina Pérez
“Mi nombre es María Elisa Meza Paniagua, soy hija de Gustavo Adolfo Meza Soberanis, detenido-desaparecido, el 7 de septiembre de 1983. Soy hija de Ana Elizabeth Paniagua Morales, torturada en febrero, la asesinó el ejército de Guatemala, mi tía que también aparece en el Diario Militar, -Mayra Janet Meza Soberanis- también fue víctima, asesinada, violada por el Ejército de Guatemala”. Así inició su intervención una de las querellantes, para solicitar al juez que dos expolicías acusados en este caso sean ligados a proceso por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.
Meza señaló que los acusados, Juan Francisco Cifuentes Cano, quien fue jefe de la Brigada de Operaciones Especiales del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional y Eliseo Barrios Soto, sargento especialista del Estado Mayor Presidencial (EMP), saben muy bien quien es su padre. “Yo quiero saber dónde está, yo no voy a descansar hasta que me digan dónde están. Como hija, ya que me lo mataron, merezco poder enterrarlo, dónde está mi mamá, para llegar a ponerle flores a los dos”, indicó la querellante.
En su intervención expresó que ha pasado varios años buscando el rostro de su padre en las calles, esperando que un día llegaran a tocar su puerta, pero cuando apareció el Diario Militar, en 1999, se dio cuenta que no podía seguir esperando porque tenía una prueba de que el ejército lo había desaparecido.
A decir de la querellante, Meza Soberanis tenía 28 años cuando fue detenido-desaparecido y su madre, Ana Elizabeth Paniagua Morales, 26. “Yo soy huérfana pero al mismo tiempo soy hija de la dignidad”, precisó, al tiempo que agregó que sus padres, por la decisión de organizarse fueron catalogados como enemigo interno del Estado y por eso los mataron.
En la continuación de la audiencia de primera declaración del caso Diario Militar, realizada este 5 de julio, las hijas de las víctimas y los abogados querellantes se adhirieron a la petición que hizo el MP al juez Miguel Ángel Gálvez de ligar a proceso a Cifuentes Cano y Barrios Soto.
Alejandra Cabrera, hija de Leopoldo Cabrera, secretario de finanzas del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), señaló que su padre tenía 53 años cuando lo desaparecieron. “Mi papá pensaba distinto, creía en una Guatemala en que la dignidad humana fuera centro de las políticas de Estado, tenía 53 años y precaria salud. Aún así se lo llevaron, no tuvo un juicio ni abogado, fue considerado enemigo interno como muchos intelectuales, estudiantes, trabajadoras…”, indicó.
Cabrera relató que busca justicia por la desaparición de su padre, pero también por la captura ilegal de su madre, también integrante del PGT, que sobrevivió al horror descrito en las audiencias, durante cuatros días en un centro clandestino de tortura, que le dejó secuelas y tuvo que ser atendida en el extranjero.
A mi mamá la torturaron haciéndole escuchar audios de niñas siendo torturadas y violadas, le decían que los gritos que escuchaba éramos nosotras, sus hijas, señaló. Cuando esos hechos ocurrieron, Cabrera tenía ocho años. “Era una niña cuando mi papá fue capturado y llevado en una panel blanca”, subrayó. Después, los integrantes de estas estructuras regresaron para llevarse a su madre, pero también se llevaban objetos de valor.
Lo que ocurrió con su familia provocó que tuvieran que salir del país dejándolo todo. Ella quedó en indefensión en un país extraño, sin cuidado de ningún adulto, ya que su madre estuvo hospitalizada por varios meses debido a las torturas de las que fue víctima. “Éramos solo niñas y niños, yo sobreviví, pero otras niñas y adolescentes que ha mencionado el MP ya no tienen voz y, por ellos pedimos justicia”, expresó.
Finalmente, describió que han vivido una angustia constante por desconocer donde están sus familiares y pidió que los acusados sean ligados a proceso “para que la impunidad termine, y que ojalá este proceso le aporte a la sociedad garantías de no repetición, para que ninguna persona vuelva a vivir el horror nunca más”.
Por último, Cabrera mostró a los acusados un retrato de su padre y les preguntó dónde está. “Rompan el pacto de silencio y dígannos donde está él, donde están las víctimas detenidas-desaparecidas del Diario Militar”, señaló.
Los demás querellantes, Meza Paniagua, hija del doctor Gustavo Meza Soberanis, Paulo Estrada, hijo de Otto Estrada Illescas, estudiante de la USAC y miembro del PGT y sobrino de Julio Estrada Illescas y Manuel Farfán, sobrino de Rubén Amílcar Farfán, pidieron justicia para sus familiares, así como garantizar el debido proceso para los acusados, quienes atendieron la audiencia por videoconferencia aduciendo que tienen padecimientos de salud. En su momento, indicaron, los ahora acusados no mostraron tener humanidad hacia sus seres queridos.
Las audiencias
20 años después de que el Diario Militar, que registró la captura ilegal, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 183 opositores políticos, elaborado por el “Archivo” del EMP, saliera a la luz, la Fiscalía de Derechos Humanos coordinó la captura de 12 militares y policías retirados, acusados de participar en las desapariciones forzadas, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de la humanidad de los militantes.
Solo siete de los 12 detenidos han acudido de manera presencial a la audiencia de primera declaración, aduciendo que padecen de graves problemas de salud. Seis de ellos están recluidos en centros asistenciales, entre ellos el general retirado Marco Antonio Gustavo Taracena, a quien el MP lo identificó como jefe del “Archivo”, del EMP, encargado de elaborar el Diario Militar.
En esta audiencia, el MP solicitó al juez Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, ligar a proceso a Barrios Soto por la desaparición forzada de Héctor Manuel Escobar de León, Jorge Gregorio Velásquez Soto y Alma Lucrecia Sosa Bobadilla, quienes aparecen en el Diario Militar, también conocido como “Dossier de la Muerte”.
La audiencia se reanudará este martes 6 de julio de 2021, en la que se espera una resolución del juez Gálvez quien ya ligó a proceso a 7 de los acusados. Los abogados querellantes manifestaron su preocupación por la situación de la pandemia del Covid-19, ya que uno de ellos dio positivo, razón por la que solicitaron al juez que las audiencias se hagan de manera virtual.
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