Por: Lourdes Álvarez
Después de permanecer 22 días en prisión, Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Argüello, José Miguel Quintanilla, Roberto Cáceres y Giovanni Vinicio Faggioly Zepeda, acusados en el caso Política y Falsedad, recobraron hoy la posibilidad de movilizarse y trabajar en el departamento de Guatemala, bajo la figura de prisión domiciliar, mientras la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, a cargo del fiscal José Rafael Curruchiche, realiza la investigación por falsedad ideológica con agravación electoral, según la resolución emitida este viernes por parte del juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto Penal.
El fiscal Curruchiche había solicitado que se otorgara un plazo de seis meses para investigar, ayer también pidió prisión preventiva para los sindicados porque aseguraba que podían interferir en el proceso de averiguación de la verdad; no obstante, el juez Zelada se inclinó por la prisión domiciliar y concedió un mes menos de lo solicitado para la investigación del Ministerio Público.
Otras de las medidas que se impusieron a Solórzano Foppa, Argüello y demás implicados son: deben presentarse cada 15 días a la sede del MP para realizar control biométrico, es decir deben registrar su huella dactilar para hacer constar que siguen en el país, y cuando necesiten salir al extranjero deben solicitar una autorización al juzgado. También quedó prohibido que acudan a cualquier dependencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), siempre y cuando esto no afecte alguno de sus derechos y no pueden comunicarse con testigos del caso, entre ellas unas 100 personas.
Al caso se le conoce como Política y Falsedad, porque no se habría realizado una asamblea general en Escuintla, de un comité proformación de un partido político donde se declaró secretario general provisional a Solórzano Foppa. Además, se detectaron firmas de personas que estarían fallecidas y personas que se dijo no sabían leer ni escribir, pero en el padrón electoral aparece lo contrario y otras que aseguraron que nunca participaron en esa reunión.
Lea más aquí, sobre la decisión de ligarlos a proceso:
Foppa: esto fue un circo
Para Solórzano Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el proceso en su contra fue un “circo” para criminalizarlo junto a otros implicados, e intentar hacerlos quedar “como parte de una estructura criminal”, debido a que en un inicio el fiscal Curruchiche pedía que se les ligara a proceso por conspiración y asociación ilícita, pero el juez Zelada determinó que no existía tal extremo, porque no se logró demostrar.
Foppa aseguró que confía en el sistema de justicia y en los jueces de primera instancia.
Ayer el juez Zelada aseguró que durante el proceso de su detención hubo algunas irregularidades que Foppa denunció, entre ellas un vehículo sin placas que se le atravesó en el camino, pero concluyó que se trató de un procedimiento legal.
Argüello: persecución penal desproporcionada
Argüello, exanalista de la CICIG, comentó que vivieron una persecución penal desproporcionada y selectiva por parte del MP en el caso Política y Falsedad. Señaló que nunca fueron citados a declarar, como sí ha sucedido en otros procesos de delitos electorales y se giraron órdenes de captura en su contra.
Añadió que pasaron más de 20 días en prisión antes de concluir la audiencia de primera declaración.
Ayer se reiteró, por parte de la defensa de Argüello, que existen más de 20 informes que debe ratificar en el país por su trabajo en la lucha contra la corrupción, en casos como La Línea, Subordinación de Poderes y el caso Tigo, entre otros.
Será hasta el 29 de noviembre cuando inicie la fase de etapa intermedia en este caso y el fiscal Curruchiche debe presente el acto conclusivo el 11 de noviembre.
