Por Lourdes Álvarez Nájera
Después de ligarlos a proceso por falsedad ideológica con agravación electoral y considerar que durante la captura del exsuperintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzanono Foppa, solo existieron irregularidades, pero se realizó de manera legal, nuevamente quedó suspendida la audiencia de primera declaración en el caso conocido como Falsedad y Política, en el que también están acusados el exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) Aníbal Argüello y tres personas más.
Para mañana viernes 11 de junio, a partir de las 9 de la mañana, se escuchará la resolución del juez Israel Zelada, sobre las medidas que se impondrán a Argüello, Solórzano Foppa, José Miguel Quintanilla, Roberto Cáceres y Giovanni Vinicio Faggioly Zepeda, ya que el Fiscal Contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) Rafael Curruchiche, pidió se les enviara a prisión preventiva, se les impusiera arraigo, que no se pudieran comunicar entre ellos o con fiscales o peritos, además el pago de 5 mil quetzales para cada uno y que llegaran al sistema biométrico del MP cada 8 días, indicando que si no se imponían medidas, ellos podrían interferir en la investigación.
Los abogados de los acusados coincidieron en rechazar la prisión preventiva, que incluso, en el caso de Argüello y Solórzano Foppa implicaría grave peligro para su vida, por las constantes amenazas que han recibido; entre ellas, la abogada Ana Elena Guzmán Loyo citó cuenta de Twitter identificada como “Yesmaster” señalada de acosar, vigilar y amedrentar con información sensible sobre los acusados.
En el caso de Argüello, desde la cuenta de Twitter “La Panel Blanca”, también se habría divulgado Información sobre la orden de captura y posteriormente sobre su traslado a la prisión de Mariscal Zavala, al indicar que “se estaban preparando los hornos para unos pollos” e imágenes desde esa prisión.
No existe asociación ilícita
Pese a que el MP solicitó que se incluyera la asociación ilícita como parte de los delitos, el juez Zelada consideró que no existen medios suficientes para que el MP demostrara y solo se hicieron imputaciones a nivel general, pero no de manera individual y tampoco se logró convencer sobre las acciones que supuestamente se deberían realizar para cometer algún delito más allá de la presentación de documentos con alteraciones para la conformación del partido político Agua.
“Actuaron de forma deliberada y concertada faltaron a la verdad, mediante acuerdos, pero no para una organización o estructura criminal”, indicó
Al caso se le conoce como Política y Falsedad, porque no se habría realizado una asamblea general en Escuintla, de un comité proformación de un partido político donde se declaró secretario general provisional a Solórzano Foppa. Además, se detectaron firmas de personas que estarían fallecidas y personas que se dijo no sabían leer ni escribir, pero en el padrón electoral aparece lo contrario y otras que aseguraron que nunca participaron en esa reunión.
“Esas irregularidades recaen en la falsedad, porque no se realizó ninguna asamblea ni evento donde se dijo, tampoco se dio una supuesta elección de una junta, tampoco se realizó un acta notarial frente a las personas”, argumentó el juez.
Piden medida de control biométrico
Los abogados también coincidieron en solicitar la medida de control biométrico como medida de coerción, solicitaron que los acusados lleguen cada 8 días al MP para hacer constar de su permanencia en el país como muestra de buena voluntad al proceso de investigación.
Debido al trabajo que realizan Solórzano Foppa y Argüello ellos informarían cuando sea necesario salir del país, también por algunas diligencias familiares asociadas a la salud.
Existen más de 20 informes que Argüello debe ratificar en el país por su trabajo en casos como La Línea, Subordinación de Poderes y el caso Tigo, entre otros, por lo que debe permanecer en el país.
En el caso de Quintanilla Castillo y Cáceres rechazaron su participación en la asamblea de conformación del comité proformación del partido. Cáceres tiene 77 años, por lo que no existiría peligro de fuga ni intención de obstaculizar la investigación, según su defensa.
La defensa de Matilde Baján e Ingry Leja, solicitó que el juez pudiera autorizar una nueva evaluación médica para ambas, debido a que no han podido estar presentes en las audiencias anteriores porque se contagiaron de COVID-19, y pidieron ser evaluadas en el hospital San Juan de Dios, para que les hagan un nuevo hisopado.
Los acusados han pasado 22 días en prisión mientras se realizan las audiencias de primera declaración, un extremo que se considerado viola su presunción de inocencia.
