Por Regina Pérez
Representantes de las comunidades de Jutiapa que mantienen una resistencia pacífica en contra de la instalación de una granja avícola, informaron que la municipalidad los ha discriminado y se niega a reconocerlos como pueblo Xinka, con el fin de no realizar una consulta comunitaria sobre el proyecto.
El vocero de la Municipalidad, Leonel Díaz, señaló que hay injerencia del Parlamento Xinka en el plantón pacífico que realizan los comunitarios en oposición al proyecto de la empresa Areca y que los pobladores en resistencia no pertenecen a dicho pueblo.
Desde finales de enero, los habitantes de los caseríos El Caulote, El Calvario, Trapichitos, el cantón Amayito y aldea La Flor, organizaron un plantón permanente para impedir que la empresa avícola continúe con los trabajos de instalación de la granja, porque temen la contaminación de sus principales fuentes de agua.
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En un comunicado reciente, los vecinos denunciaron que la comuna ha designado trabajadores para tratar de generar conflicto y división en las comunidades para que acepten la instalación de la granja. Los comunitarios solicitan que como parte del pueblo Xinka tienen derecho a que la Municipalidad realice una consulta comunitaria.
“No son Xinkas”
Díaz, vocero de la Municipalidad, señaló que la comuna ha estado dialogando con los vecinos que están de acuerdo y con los que se oponen a la granja avícola, pero indicó que se ha politizado el conflicto porque el Parlamento Xinka ha traído gente de otros lugares que se han identificado como vecinos de las comunidades.
Sobre lo afirmado por el vocero, el abogado xinka Kelvin Jiménez, dijo que han dado acompañamiento a las comunidades a partir del 11 de mayo, cuando los vecinos denunciaron haber sufrido estigmatización y discriminación por parte de los miembros de la comuna.
El 18 de mayo pasado, Jiménez asistió a la convocatoria de una reunión con el Concejo Municipal en donde expondría las obligaciones que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 65 del Código Municipal sobre las consultas a pueblos indígenas, pero no se llevó a cabo porque los hicieron esperar dos horas y los comunitarios se retiraron.
Al llegar a la reunión había una manifestación de un grupo de personas que los pobladores identificaron como trabajadores municipales y afines al alcalde, quienes empezaron a insultar con términos racistas a los vecinos por exigir su derecho a la consulta. Esto fue consignado en un acta realizado por el abogado Noé Loy Cordero, indicó Jiménez.
El abogado refutó las declaraciones del vocero y aseguró que no han participado en las asambleas que tiene la comunidad. A excepción de la reunión del pasado 18 de mayo, ningún miembro del Parlamento ha dado acompañamiento, excepto una compañera que sí es de la comunidad manifestó.
Sobre los señalamientos de racismo que han hecho los vecinos, el vocero de la municipalidad señaló que “las personas de la comunidad no se identifican como xinkas” sino que es el Parlamento Xinka el que los identifica como parte de ese pueblo. “Aquí en Jutiapa la raza es Pipil, aquí no hay xinkas”, indicó.
Los que vivimos en Jutiapa desde hace más de 50 años jamás vimos a la comunidad como Xinka. La municipalidad nunca ha dicho que no son xinkas pero no los reconoce, dijo Díaz. “Eso de reconocerse, porque dicen los del Parlamento que ellos son xinkas desde el momento que se reconocen como tal…entonces yo me voy a reconocer como alemán y voy a ser alemán, hay una gran diferencia. Yo no puedo ser Kaqchikel sin serlo…es una cuestión de interpretación”, subrayó.
Por su parte, Jiménez destacó que en Jutiapa está la comunidad indígena conformada por varios cantones, que abarcan 740 caballerías de territorio comunal, pero eso no significa que solo las personas que están dentro del territorio comunal se identifiquen como Xinka.
El principal argumento de la Municipalidad es que no están dentro del territorio comunal. “El principal problema que veo en este conflicto es que el alcalde tenga un argumento tan burdo y violatorio de derechos humanos de querer imponer a las personas su identidad”, indicó.
El jurista agregó que el objetivo es que no ejerzan un derecho. Argumento que presentó el Parlamento por escrito, señalando que la jurisprudencia del Sistema Interamericano ha dicho que las comunidades tienen derecho a elegir su identidad, al igual que lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Noé Gómez, coordinador del caserío El Caulote, señaló que ellos sí se identifican como xinkas ya que ese pueblo habita en los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa y reiteró que su objetivo es impedir la instalación de la empresa.
Según dijo, hace unos días el Comité de Comunitarios de Desarrollo (COCODE) se reunió con las comunidades en resistencia para manifestar su desacuerdo con las decisiones de la Municipalidad y exigir que se respeten sus derechos. Se esperaba la llegada del alcalde Luís Gabriel Rosales Orellana, pero no asistió.
Hay división en las comunidades
El vocero de la municipalidad dijo que la posición de la comuna no es autorizar el proyecto, pero reconoció que existe división en las aldeas. “Hay grupos que fueron invitados a conocer la granja y se dieron cuenta de que no genera contaminación, el nacimiento del que hablan es el que trae mayor cantidad de agua a Jutiapa, no tiene riesgo, está muy lejos de la comunidad”, indicó. También rechazó las denuncias de amenazas de los vecinos por empleados de la municipalidad y dijo que deberían presentar pruebas y fotos si esto ha ocurrido.
El pasado 24 de mayo, el auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos de Jutiapa, Rubén Darío Flores, realizó una verificación en El Caulote en la que los comunitarios le manifestaron que rechazan rotundamente el proyecto.
Si las comunidades dicen que no, hay que respetarlo, porque eso llevaba un proceso. Si quieren instalar un proyecto conociendo las diferentes situaciones que se han dado en otras áreas de Jutiapa, donde no se ha permitido la instalación de un proyecto de energía por biomasa o la instalación de un proyecto de manejo de desechos y sucesivamente, hubieran hecho la consulta, dijo Flores.
El auxiliar también comentó que los pobladores temen que la municipalidad está montando una estrategia de debilitamiento comunitario y se han acercado a otros grupos de pobladores que ya aceptan el proyecto, para ganar terreno. Los COCODES dicen que no van a permitirlo, porque temen la contaminación del río de Paz, la única fuente de abastecimiento.
Según información del Parlamento Xinka, los vecinos se oponen al proyecto porque se estima que la granja utilizará al menos 32 mil litros de agua al día. Además, por medio de una solicitud obtuvieron información referida a que la red de distribución de agua es deficiente e incapaz de abastecer al municipio.
Para Gómez, la Municipalidad está de acuerdo que la granja se instale, porque les conviene el dinero que la empresa les va a pasar por la licencia, “son intereses que tienen y no les importa la vida de las comunidades”, manifestó.
