Por Regina Pérez
La abogada defensora de Juan Francisco Solórzano Foppa, Ana Elena Guzmán Loyo, indicó que presentará un memorial en el Juzgado Sexto de Turno para que fije fecha y hora para la audiencia de primera declaración de su defendido, en el caso “Política y Falsedad”.
Juan Francisco Solórzano Foppa, José Miguel Quintanilla, Roberto Cáceres Estrada, Aníbal Argüello Mayén, Ingry Lejá y Matilde Baján, fueron detenidos el pasado 19 de mayo y hasta la fecha no se les ha realizado la audiencia de primera declaración. El Ministerio Público (MP) los acusa de conspiración, falsedad ideológica y asociación ilícita.
El pasado 27 de mayo, el juez de turno, Erick Velásquez, resolvió que el Juzgado Sexto celebre la audiencia de primera declaración, de Solórzano Foppa y otros cinco detenidos en este caso, después de que el fiscal de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, presentara un memorial para pedir al juez que se inhibiera de conocer el caso y que lo remitiera al referido juzgado.
“Hoy voy a presentar una solicitud al Juzgado para que señalen día y hora lo más pronto posible”, dijo la abogada, quien destacó que existe un peligro latente de que atenten contra la integridad de su defendido.
“Hay un análisis de seguridad del SP, y con base en eso, al acceso a la justicia pronta y cumplida, que se respete sus garantías constitucionales, que se fije la audiencia lo más pronto posible, porque lleva más de siete días detenido sin haber sido escuchado en su primera declaración cuando tiene un plazo de 24 horas”, manifestó Guzmán Loyo.
La abogada defensora de Solórzano Foppa señaló que, al no fijar la audiencia de primera declaración, se están violentando las garantías constitucionales de todos los privados de libertad en este caso.
Ayer, el juez de turno ordenó remitir de manera inmediata, el viernes 28 de mayo, la carpeta judicial al Juzgado Sexto para que sea este órgano el que convoque la audiencia. Sin embargo, al cierre de esta nota, de manera extraoficial, se conoció que esto no se había realizado.
El juez Velásquez se negó ayer a realizar la audiencia de primera declaración de los seis detenidos y señaló que con su resolución busca que el proceso tenga certeza y seguridad jurídica y que sea solo un órgano jurisdiccional el que conozca la situación de los detenidos.
Curruchiche, fiscal de Delitos Electorales, argumentó ante el juez, que el 18 de mayo se presentó al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes de Investigación a solicitar las órdenes de captura y allanamientos en este caso y que el Juzgado ordenó que se remitieran las actuaciones al Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal. “Ese mismo día se tiene conocimiento que es el Juzgado Sexto el que legalmente ha sido designado como contralor de la investigación”, indicó. El fiscal advirtió que si el Juzgado realizaba la audiencia de primera declaración dos órganos jurisdiccionales distintos estarían conociendo sobre el mismo caso. “En un momento dado podría considerarse la nulidad de las actuaciones si se llevara a cabo la audiencia, porque consideramos que este Juzgado ya no es competente para conocerlo”, dijo.
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De acuerdo con abogados consultados, existe una violación a las garantías y derechos fundamentales de las personas detenidas. Es un aspecto de organización interna pero no debe ser la razón para que una persona no sea juzgada en un plazo razonable y esa garantía es la que está en juego porque un capturado, de acuerdo con el Código Procesal Penal, tiene que ser escuchado en su primera declaración en las primeras 24 horas y ese plazo se transgredió y siguen detenidos, mencionaron.
