La jueza Susy Pérez se inhibió del proceso conocido como la quema de la municipalidad de Joyabaj y ahora está a la espera de la resolución de la sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Santa Cruz del Quiché para conocer quién retomará el proceso.
Por Gilberto Escobar
A pocos minutos de haber iniciado la audiencia de etapa intermedia de Micaela Solís Juárez, en el juzgado de Santa Cruz del Quiché, la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera informó la decisión de inhibirse de seguir en el caso por una denuncia que fue presentada ayer en su contra por prevaricato y discriminación.
Este miércoles 27 de enero se llevaría a cabo la audiencia Pérez Cabrera, quien es sindicada de los delitos de robo e incendio agravado en la municipalidad de Joyabaj, durante una manifestación en la que la población realizó en contra del alcalde Florencio Carrascoza y donde están implicadas 12 personas más.
Reacción de la jueza
La jueza Pérez mencionó en la audiencia de este miércoles: “yo estoy actuando con imparcialidad en el caso, no es la primera vez que escucho esa clase de comentarios sobre mi labor”.
Además, la jueza se refirió a las declaraciones que hizo Eva Tecún, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, quien advirtió que durante el proceso penal que se sigue en contra de Sebastiana se estaban violando una serie de derechos constitucionales.
“Son comentarios sin sustento o fundamento en la labor del caso, no conozco a las personas de Joyabaj, no estoy parcializando y no estoy favoreciendo a la municipalidad de ese lugar, he escuchado comentarios que yo estoy recibiendo dinero para favorecer el caso, pero eso es falso”, indicó la jueza.
Sanidad procesal
Al respecto, la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas, que forma parte de la defensa, mencionó que sí existían dudas fundamentadas sobre la manera en que se llevaba el caso por parte de la jueza y que ahora al conocerse que ella se retiró del proceso se brindará “sanidad procesal”, un término que se usa en la jerga del derecho que indica que el proceso está apegado a derecho.
Además, la abogada López dijo que el personal de ese juzgado, presidido por Pérez, también hizo comentarios negativos sobre el pago de una caución económica que se le impuso a Solís Juárez cuando quedó ligada a proceso, por el pago de Q20 mil de fianza, cuestionando de dónde procedía el dinero y si provenía de algún partido político, además de juzgar la rapidez con que se logró pagar.
López agregó que el caso de Joyabaj quedará suspendido a la espera de que la sala de apelaciones resuelva, “que la jueza ya no siga el caso es una luz en el camino y eso permite que el caso se lleve con objetividad”, puntualizó.
Por su parte, Juan Castro también de ese bufete mencionó: “este caso es una venganza en contra de las mujeres que fiscalizan los fondos públicos de esa localidad”, en referencia a que el alcalde Carrascoza tendría otras motivaciones en contra las personas sindicadas.
Entretanto los abogados del MP mencionaron que durante las audiencias han escuchado la objetividad de la jueza y consideran que no ha sido parcializado el caso.
Acceso a la justicia
El Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, Tecún mencionó que debido a que la jueza dejará de conocer el caso y se asignará a otra persona, se puede presentar otro escenario “con una visión objetiva, para que la justicia se apliqué como tal”, indicó.
El caso Joyabaj, según Tecún “es muestra de una serie de denuncias públicas que mujeres indígenas hemos hecho a lo largo de la historia para evidenciar las falencias en los casos de acceso a la justicia a mujeres indígenas”.
Entre las carencias detalló que no existe acceso a la justicia con pertenencia cultural pese a que existen protocolos que van más allá de garantizar la traducción en los diversos idiomas indígenas.
La denuncia
La denuncia contra la jueza fue presentada ayer por el Bufete para Pueblos Indígenas ante el Ministerio Público (MP) por considerar que carece de objetividad en el caso. Además, señalaron que estaría cometiendo prevaricato y discriminación, debido a que el pasado 11 de enero en la audiencia de etapa intermedia del caso, la jueza Pérez se refirió en contra de las creencias religiosas de Sebastiana Pablo Hernández, otra de las acusadas.
La acción del bufete fue respaldada por organizaciones de mujeres indígenas, autoridades ancestrales y personas defensoras de derechos humanos.
