Una PNC que ve a la ciudadanía como enemigo y se aferra a la vieja doctrina militar

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Créditos: fotografía David Toro/Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 5 minutos

Por David Toro

La actuación policial durante las últimas jornadas de manifestaciones son el reflejo de un deterioro institucional interno en la Policía Nacional Civil (PNC), coinciden tres expertos en el tema; la doctrina policial que mandata servir y proteger al ciudadano está siendo reemplazada por una visión militar. Hay responsabilidades internas e incluso penales pendientes de esclarecer sobre lo ocurrido durante la represión policial ejercida durante las manifestaciones ciudadanas el 21 y 28 de noviembre.

“Si ustedes nos protegen, nosotros los protegeremos a ustedes”, fue el primer mensaje que el presidente Alejandro Giammattei envió a los agentes de la PNC el 14 de enero en su discurso de toma de posesión, pero 11 meses después hay tres decenas de agentes policiales bajo investigación interna por detenciones arbitrarias, además por arrastrar a varias mujeres que manifestaban y agredir a periodistas durante las protestas ciudadanas del 21 de noviembre.

Las fuerzas especiales estaban bien equipadas porque en plena pandemia de la COVID-19, el Gobierno de Giammattei a través del Ministerio de la Defensa (Mindef) gastó en septiembre Q1.6 millones para equipar a la Policía Militar con cascos, rodilleras, chalecos, protectores genitales, entre otros. Mientras que el Ministerio de Gobernación (Mingob) concretó una compra de Q19 millones a la empresa Tactical Group S.A. por bombas lacrimógenas, cartuchos y equipos de protección.

Los pecados de la PNC durante el 21 y 28 de noviembre

La PNC desplegó a más de 2 mil 500 agentes durante las manifestaciones de las últimas semanas de noviembre, el sábado 21 quedó en entredicho el cumplimiento y respeto de sus propios protocolos, la policía reprimió a la población incluso a aquellos que manifestaban pacíficamente en la Plaza de la Constitución, las fuerzas armadas lanzaron 388 bombas lacrimógenas LT1, las más potentes de su clase, dos personas perdieron un ojo a causa de estas bombas.

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  1. Mala planificación operativa

A criterio de Oswaldo Samayoa, abogado especialista en uso de la fuerza pública y derechos humanos, la actuación que tuvo la PNC el 21 de noviembre cuando el Congreso fue incendiado fue reactiva, dejando por un lado el principio de prevención, “cuando las personas comienzan a romper los vidrios y golpear las puertas, los agentes presentes se hicieron a un lado en lugar de evitar que se elevaran los actos (…) la PNC está bajo reglas específicas que observa la doctrina policial, observa el entrenamiento, qué capacidades tiene la PNC y al mismo tiempo se determina qué tipo de arma va a utilizar, todo esto pareciera que no fue planificado”, indica Samayoa.

Por otra parte, el exministro de Gobernación, Carlos Menocal opina que en la institución policial “no existe una unidad de mando, porque el 21 y el 28 cada policía actuaba a su criterio y eso no debía de ser así; debían estar bajo una instrucción general. Durante una manifestación los agentes deben hacer respetar el derecho a manifestar, la libertad de locomoción y mantener el estado de derecho, pero eso no sucedió”, opina.

Acerca del uso de bombas lacrimógenas, Menocal considera que la PNC pudo haber utilizado bombas de luz o de sonido, “estas son efectivas para disolver a manifestaciones violentas y no son un riesgo como las lacrimógenas (…) preocupa que los agentes usaran la fuerza contra los manifestantes pacíficos de la Plaza y que a la vez el 28 de noviembre hayan sido tan permisivos durante la quema del Transurbano. Un Movimiento de Interdicción Rápida (MIR) de las Fuerzas Especiales de un aproximado 50 agentes está capacitado para disolver a 200 manifestantes, pero era risible ver como unos 30 encapuchados los acorralaron, esto habla de un mal entrenamiento y desconocimiento de los protocolos”, asegura Menocal.

  1. La responsabilidad penal

Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y hasta posible tortura por intimidación, son probables delitos que podrían pesar sobre los agentes que reprimieron a la población, esto a criterio del abogado Samayoa, “lamentablemente las detenciones arbitrarias no están reguladas en nuestra ley pero puede existir una responsabilidad en el ámbito internacional (…) los altos mandos de la PNC son los responsables de velar porque las normativas no se rompan durante los operativos, la decisión de detener personas y el uso indiscriminado de la fuerza tuvo que ser una orden de la subdirección de operaciones”, detalla.

Durante las manifestaciones en Huehuetenango algunos agentes de la PNC portaban bates de aluminio, en Guatemala y Quetzaltenango utilizaron batones eléctricos y otros no, para Samayoa el problema es que existe poca regulación sobre el equipo que debe ser utilizado por los agentes, “muchos agentes hasta compran sus propias armas, de ahí surge que veamos anomalías en el tipo de armas que algunos portan”, subraya.

Para Menocal el uso de bates de aluminio o cualquier otra arma que esté fuera del equipo normativo de fuerzas especiales es como mínimo una sanción administrativa, “este tipo de faltas son responsabilidades que recaen también sobre los superiores de los agentes, hay una cadena de mando que no se puede obviar (…) la Subdirección General de Operaciones es responsable directamente de lo sucedido durante las manifestaciones.

La purga que deterioró a la PNC y la visión militar

En 1997 luego de la firma de los acuerdos de paz nació la PNC en sustitución de la Policía Nacional (PN). En síntesis, lo que debería hacer diferente a una de la otra, es que la nueva policía tiene una doctrina basada en un eje de respeto a los derechos humanos y la antigua tenía una visión militar y estuvo ligada a desapariciones forzadas y asesinatos durante los años de guerra.

La Comisión Nacional para la Reforma Policial, que tuvo vida entre 2010 al 2018, era una apuesta por cambiar la lógica contrainsurgente, reestructurar a la PNC y generar posibilidades para que los agentes pudieran realizar una verdadera carrera policial. Pero la comisión quedó paralizada en 2018 luego de la renuncia de la comisionada Adela de Torrebiarte y la PNC regresó a su opaco pasado con el nombramiento de Enrique Degenhart como ministro de gobernación ese  mismo año.

Menocal explica que la comisión para la reforma policial fue un avance sustantivo, diez años en los que el Estado invirtió al menos Q50 millones para hacer funcionar esta apuesta de reestructuración. Pero con la llegada de Degenhart cambió el rumbo, “Degehnart encabezó una purga, habían jóvenes policías capacitados en diferentes ramas de seguridad con estudios en Inglaterra, Rusia, España, Estados Unidos, pero fueron retirados y en lugar de darles oportunidad se comenzó a colocar en los altos mandos de la PNC a policías veteranos que habían sido parte del conflicto armado por medio de la extinta Policía Nacional”, explica Menocal.

“El cambio constante de director de la PNC en los últimos dos gobiernos ha generado un problema de continuidad que se traduce al tipo de actuaciones que vimos en las manifestaciones, una diferencia fundamental es que durante los gobiernos de Álvaro Colom e incluso con Otto Pérez Molina el nombramiento de los directores de la policía se hacía en consenso con cooperación internacional y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, argumenta Menocal.

“La policía ve a los civiles como sus enemigos”

Hellen Mack fue la primera comisionada nacional para la reforma policial, “la doctrina policial que impulsamos fue el respeto y cuidado del ciudadano, pero desde Degenhart, esto se dejó a un lado, han dejado la seguridad en manos de militares y a ellos no les interesa reformar la policía, dejaron la comisión sin presupuesto y retomaron la visión militar donde el civil es enemigo de la policía”, precisa.

A criterio de Mack, las acciones de la PNC del 21 de noviembre hace pensar que los agentes de la PNC desconocen la doctrina policial, “hay una cadena de mando, el poder en la policía es vertical, no podemos decir que el ministro Reyes y el director Tzubán no tienen implicación en lo sucedido, pasa por los mandos medios y al final es el presidente Giammattei el jefe de las fuerzas de seguridad”.

Para retomar el rumbo de reestructuración de la PNC, el más grande obstáculo que encuentra Mack es que hay dos sectores que no les interesa que la policía cambie, “los militares y muchos políticos conservadores, la policía como opera actualmente es beneficiosa para la corrupción entre otras razones”, puntualiza.

Para conseguir cambios en la PNC y que no se repita lo sucedido el 21 y 28 de noviembre, Menocal considera vital que se retome la Comisión Nacional para la Reforma Policial, “se debe fortalecer la oficina de responsabilidad profesional, trabajar mucho en las condiciones de dignidad de los agentes y reorientar la visión de la actual cúpula policial, además de retomar el camino de formación bajo la visión de derechos humanos”, puntualiza.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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