Trapichitos: un pueblo Ixil que sobrevivió al fuego y al agua

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Por Diego Petzey y Nelton Rivera

Sierra Madre. Noroccidente de Guatemala. Departamento de Quiché. En los 80, los habitantes de Trapichitos, una de las 54 aldeas del pueblo Ixil del municipio de Nebaj, le tenían miedo al fuego, que era uno de los instrumentos de devastación más usados por el ejército guatemalteco. Casi cuatro décadas después, quienes sobrevivieron aquella guerra conocieron un miedo nuevo, el que viene con el agua. Nebaj es una palabra en idioma Ixil, que significa “lugar en dónde nace el agua”.

En la pequeña escuela de educación primaria de Xeucalvitz, la aldea vecina de Trapichitos, aún cuelga el cartucho de obús que no explotó hace 38 años durante una de muchas incursiones del ejército. El metal frío se usa de campana para las actividades de los niños en la escuela. El obús cuelga como viejo testigo del horror del fuego.

La aldea de Trapichitos está incrustada desde tiempos inmemoriales en la parte alta de la montaña, rodeada por extensos bosques y ríos. A finales del año pasado, con Eta y Iota, el agua y su fuerza destructiva volvieron a llevar el terror a esta tierra. Así como el fuego llegó en la década de los 80s, el agua arrasó en 2020.

Con las tormentas, las gentes de Trapichitos tuvieron que salir de sus casas únicamente con lo que tenían puesto, algunas familias perdieron sus casas y otras más perdieron sus tierras cultivadas. Entre el lodo y los escombros iban sus alimentos. Ni los árboles más fuertes soportaron la fuerza del agua. De nuevo la tierra fue arrasada. “Trapichitos, Sumalito, Nebaj – Las rutas de Dios” se lee en el bus extraurbano que viaja para esta región.

Aquí, la destrucción y el horror no son vecinos nuevos. Estas montañas, hogar ancestral de los Ixiles, vieron todo el horror de un genocidio hace 40 años. Trapichitos fue una de las aldeas duramente golpeadas por la represión del ejército durante la guerra en Guatemala (1960-1996). La aldea fue destruida por los militares en el mes de octubre de 1982.

Miguel Guzaro Sánchez, un Ixil vecino de Trapichitos, atestiguó en su idioma materno durante el juicio histórico por el Genocidio Ixil en 2013, por el que la justicia guatemalteca condenó en primera instancia al general golpista José Efraín Ríos Montt. En su testimonio, Guzaro Sánchez narró uno de tantos episodios de horror y fuego que vivieron en esos años.

Miguel tenía 25 años en octubre de 1982, cuando llegó el ejército. Recuerda que ese día -1 de octubre- llegaron muchos soldados y él y otras personas decidieron esconderse en la montaña. Su suegro, Sebastián Cobo Rivera, fue uno de los hombres detenidos; lo sacaron por la fuerza de su casa y luego fue asesinado por el ejército en la parte alta de la comunidad. El cuerpo de Sebastián estuvo tirado durante 10 días en medio de la montaña hasta que sus familiares lograron regresar a buscarlo. Ese día también enterraron a su suegra, Ana Ramírez, a Catarina Rivera y a otras personas más de la comunidad.

“A algunos los mataban con cuchillos, a otros con disparos; quemaron las casas, cortaron la milpa y perdieron sus cosas. También mataron a varios niños, algunos tenían 5 años, unas 10 casas fueron quemadas”, relató Miguel.

Quienes lograron salvar la vida ese día tuvieron que salir de la comunidad. Detrás de ellos corrían los militares como perros de caza. El ejército, no satisfecho, volvía a la comunidad constantemente.

En mayo de 2006, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) inició una investigación sobre el asesinato y desaparición de los vecinos de la aldea. Así fue como se exhumó el cuerpo de Sebastián Rivera Cobo.

Miguel cuenta que, en la guerra, tenían que permanecer escondidos en la montaña porque el ejército regresaba cada 10 días. El objetivo de los militares, dice, era asesinarlos a todos. A pesar de los años que han pasado, Miguel aún tiene susto, miedo y enfermedad en su cuerpo por todo lo vivido. Pero nada impidió que su voz se escuchara fuerte en la sala principal de la Corte Suprema de Justicia, frente al Tribunal de Mayor Riesgo, cuando declaró frente a Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, otro general exjefe de la inteligencia militar (G2) en 1982 a quien las víctimas buscan sea condenado ocho años después de la sentencia que lo absolvió.

Obús disparado por el ejército de Guatemala en contra de la población civil Ixil, durante la década de los 80 en Nebaj Quiché. Foto Nelton Rivera
Montaña de Nebaj Quiché, comunidades de Xeucalvitz y Trapichitos en la Microrregión VI. Foto Nelton Rivera

El fuego

Jacinto de Paz Solís es una de las autoridades Maya Ixil de la alcaldía Indígena, uno de los principales como le llaman los Ixil a sus autoridades. A los 62 años tiene a su cargo el centro de salud. Atiende a unas 500 personas que viven actualmente en Trapichitos y a otras que llegan de las comunidades vecinas. Como en otras muchas aldeas, aquí viven más mujeres que hombres. Jacinto tiene una explicación.

Dice este principal Ixil que durante los años de la guerra muchos de los hombres fueron perseguidos, asesinados o desaparecidos. El tejido social fue roto por la violencia, por el fuego y el terror. Muchas de las madres quedaron viudas, otras perdieron a sus hijos y muchos niños quedaron sin sus padres. El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza Yasmmín Barrios Aguilar, determinó que en menos de un año, entre 1982 y 1983, el Estado y sus fuerzas de seguridad asesinaron a unos mil 771 ixiles con la intención de exterminarlos.

En Trapichitos hubo una masacre en octubre de 1982. A pesar de que la aldea tenía un cementerio comunitario, a los muertos de esa matanza tuvieron que dejarlos en la montaña. Buscaron un lugar en donde enterrarlos al que pudieran regresar después: con el acoso intenso del ejército no podían llevarlos al cementerio, tampoco velarlos, prepararlos, hacerles un rezo o enterrarlos según sus costumbres.

“Pero eso ya fue, ya lo sacaron de ahí, ya los llevaron al cementerio. Ya hicieron la exhumación. Por eso yo pienso que desde ahí ha venido el número de mujeres viudas digamos y hay unos huérfanos que también fueron masacrados sus padres”, cuenta Jacinto.

Quienes lograron sobrevivir en las montañas lo hicieron de forma colectiva, así nacieron las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). Otras personas fueron desplazadas al territorio mexicano y sobrevivieron en los campamentos de desplazados; fueron regresando poco a poco a partir de 1994, cuando el Estado las reconoció como población civil desarraigada, dos años antes de la firma de la paz. Los miedos del fuego y del genocidio aun están frescos en la memoria de estas gentes.

“Cuando entra el ejército en la comunidad ya no hay ninguno. Ellos comenzaban a prender fuego a las viviendas y de una vez se terminaban todo; había gallinas; había muchos animales domésticos, los llevaban y los mataban así. Cuando se iban nosotros regresamos a nuestro lugar, pero ya solo había pura ceniza: ya no hay nada, ya no tenemos todas las cosas y de una vez lo terminó… el fuego lo quemó todo”, relata.

Jacinto tenía 22 años cuando el ejército llegó a Trapichitos en el 82. El general José Efraín Ríos Montt cumplía siete meses en el poder luego de dar un golpe de Estado. Ya estaba en marcha el genocidio contra el pueblo Ixil. Todos sabían que si llegaban los militares debían salir inmediatamente de la comunidad y esconderse. La montaña les servía de refugio: “En esos momentos sí el ejército lo encontraba a uno, lo asesinaba”.

Con la presencia del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el Quiché, los hombres y mujeres Maya Ixil de algunas comunidades se integraron a la guerrilla, otros formaron parte de las Fuerzas Irregulares Locales (FIL); Jacinto fue uno de ellos. Con las FIL cada comunidad buscó la autodefensa frente a las ofensivas del ejército.

Pueblos y Tierras de Guerra, una publicación que recoge testimonios de aquellos días, dice que con su política de tierra arrasada en el territorio Ixil, los militares guatemaltecos lanzaban bombardeos constantes sobre las aldeas, con helicópteros y aviones de combate; cortaron los cultivos y los árboles frutales y mataron a los animales. Todo eso vivieron en Trapichitos. Los cercos y las ofensivas del ejército se repitieron hasta el 87.

De lo aprendido, una de las estrategias de protección fue instalar postas alrededor de la comunidad. Una posta se integraba con dos hombres que se ubicaban a una distancia prudente desde dónde podían monitorear el movimiento del ejército rumbo a Trapichitos; al percibir algo, daban aviso para que la gente pudiera salir y refugiarse lejos de los soldados. Jacinto tuvo esa responsabilidad muchas veces; incluso lo nombraron responsable de la aldea.

“En la posta dos hombres tienen que ir a velar en la entrada. Si bajaba el ejército, por ejemplo, ya venían a dar señas, gritaban… eso era señal de que los soldados ya venían”. Con el aviso todos salían a esconderse a la montaña.

A sus 62 años, Jacinto recuerda que en la aldea no tenían armas para protegerse. Cuando el ejército llegaba por la parte baja de la comunidad, salían inmediatamente montaña arriba. Si la llegada era por la cumbre, huían montaña abajo.

“Sí, tuve miedo, digamos que uno no está feliz. Solo estamos pensando a ver si vamos a vivir o vamos a morir. No sabemos qué día vendrá el ejército… solo a eso nos dedicamos, a controlar, porque si no lo controlamos pues fácilmente el ejército termina matando a toda la población”.

Huyendo del fuego, Jacinto perdió a su familia varias veces. Salió sin comida. Corrió sin nada. El miedo lo acompañó siempre. Sobre sus cabezas escuchaba el estallido de las bombas. La tierra temblaba. Con el destacamento militar en la Aldea Sumal Chiquito, a pocos kilómetros de Trapichitos, los oficiales hacían cálculos sobre ángulos, coordenadas, trayectoria y el viento para disparar en su artillería: los obuses M-56 y M-101 llovían sobre la montaña.

Miles de testimonios como el de Jacinto dan cuenta de cómo los militares aplicaron la política de tierra arrasada y fuego en cada rincón del Quiché y otras zonas del país de forma simultánea. Dos informes de la verdad dan cuenta de todo esto, uno fue el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que le costó la vida a monseñor Juan José Gerardi Conedera en abril de 1998, el otro es el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Con la llegada de las tormentas Eta y Iota, el miedo volvió a recorrer el cuerpo de Jacinto. A diferencia de la guerra, esta vez los de Trapichitos solo podían esperar reunidos mientras, por las noches, escuchaban como la tierra retumbaba. No se movían hacia ningún lugar. No podían ir a la cumbre porque se podía desplomar por el agua, tampoco podían ir a la parte baja por los derrumbes y la crecida del río.

“En esos años (de la guerra) sentía que ya no podíamos sobrevivir. Con las tormentas tuve los mismos sentimientos, de continuar las lluvias y el agua bajando creí que se iba a derrumbar, quizás la aldea completa”. Fuego y agua. Dos miedos diferentes que en realidad son uno mismo; el miedo a morir.

Jacinto de Paz Solís, Maya Ixil, Principal de la Alcaldía Indígena y coordinador del Centro de Salud de Trapichitos. Foto Nelton Rivera

 

El agua

Trapichitos está ubicada a 350 kilómetros de la ciudad capital. Enclavada en el corazón del territorio Maya Ixil, la comunidad ha pasado por sucesos de abandono, violencia estructural y genocidio perpetrado por el Estado de Guatemala. En 2020, las lluvias y derrumbes que llegaron con las tormentas Eta y Iota la dejaron incomunicada durante 45 días. Sin la intervención del Estado, toda la comunidad trabajó para remover los escombros de la carretera que comunica Trapichitos con cinco comunidades de la región. Durante ocho días y ocho noches la gente solo pudo observar cómo surgían nuevos derrumbes y, desde lo alto de la montaña, sin ninguna forma de comunicarse, solo podían ver a las comunidades a la distancia, azotadas por las lluvias.

“Yo derramaba lágrimas, porque pensaba que la lluvia ya no se iba a quitar. Estaba fuerte. Fuerte”.

Jacinto tiene a su cargo el centro de salud de Trapichitos. Después de la guerra logró formarse como enfermero y 25 años después es uno de los principales Ixil en la alcaldía indígena. Dos responsabilidades importantes, como todas las que ha tenido desde joven.

El cargo como principal en la alcaldía indígena Ixil hizo que se trasladara a vivir al centro de Nebaj, pero aún viaja seguido a Trapichitos para dirigir y atender el puesto de salud. Con las lluvias durante las dos tormentas fue imposible moverse a Nebaj. Los deslaves a lo largo de la carretera -unos 17 kilómetros de terracería- provocaron muchos daños; en algunos lugares los deslaves fueron devastadores, borraron por completo la carretera. Ninguna persona podía entrar o salir de la región: por 45 largos días Trapichitos y otras comunidades de la microrregión VI quedaron aisladas del mundo por completo.

“Estuve aquí 45 días encerrado y llegó el momento que no había agua (potable) para la gente”, recuerda Jacinto.

Sentado en un sillón de madera, en el corredor de la casa de dos ambientes grandes, techos de lámina, paredes de madera y el piso rojo, Jacinto cuenta que perdió un terreno de 30 cuerdas -unos 200 metros cuadrados-. Con un movimiento de la mano señala la parte alta de la montaña: ahí perdió otro terreno de 20 cuerdas -178 metros cuadrados-. Las lluvias convirtieron en barrancos de barro las tierras donde Jacinto y su familia cultivaban milpa y café.

“Habemos como quince familias que nos quedamos ya sin terreno, no tenemos donde cultivar, ya no tenemos a donde ir a traer leña, no digamos para ir a buscar algo para comer. A la mayoría de la población de aquí se les destruyó toda la producción, la de maíz y frijol, porque de eso vive la gente. Muchas familias ya no tienen suficiente alimento para mantenerse y cuidar a sus hijos. Muchos se sostienen con la producción de café, otros con cardamomo y ahora ya no tienen de donde sacar dinero para comprar sus alimentos”, lista Jacinto los despojos que dejaron las tormentas.

Con la llegada de la segunda tormenta, los de Trapichitos decidieron juntar a todas las familias en el centro de la comunidad y habilitaron la escuela primaria como albergue para todos. Se organizaron en varios grupos para salir a recorrer la comunidad mientras llovía; una de las tareas era la de observar los derrumbes y si se perdían otras casas. En el silencio de la noche, todos escuchaban como la tierra retumbaba.

“Es la primera vez en la historia de mi vida… Tengo 62 años y nunca he pasado por este tiempo de perjuicios; ha llovido un día, dos días nada más, pero ocho días y ocho noches de lluvia ya no se podía. Donde se derrumbó mi terreno allá arriba, pues ahí nací yo, ahí crecí, ahí vivieron mi papá y mi mamá, ahí en ese lugar, ahí tenían su casa… Nos pasamos a vivir acá y se quedó eso abandonado, pues yo estoy pensando: si hubiera seguido viviendo ahí de plano ya no estuviera ahorita en ese lugar que se derrumbó”, reflexiona Jacinto.

Llegar a Trapichitos no es una tarea fácil: hay que recorrer varios kilómetros de terracería; en algunos tramos de lodo, pequeños riachuelos son la señal por donde recorrió la fuerza del agua. Incluso para los vehículos 4×4, el camino en montaña y el lodo ponen a prueba cualquier motor diésel de los carros que recorren estas brechas.

Ningún funcionario público o institución ha llegado a Trapichitos; nadie ha puesto un pie durante o después de las tormentas. Son solo Jacinto y las autoridades Ixiles quienes saben cuáles son los daños que han sufrido las comunidades. Han pasado siete meses desde Eta y Iota y el invierno ha llegado de nuevo. Si las lluvias son tan abundantes como el año pasado, la única opción de los que aquí viven será huir, como en la guerra.

Por ahora, la comunidad sigue ocupándose en intentar reponerse de los graves daños de noviembre pasado: casas dañadas y destruidas, deslaves, pérdida de cultivos. En la comunidad vecina, en Xeukalvitz, cinco familias perdieron sus casas e incluso fallecieron varias personas.

Escombros de una de las casas soterradas durante las dos tormentas tropicales Eta y Iota en noviembre de 2020. Foto Nelton Rivera
Nebaj Quiché durante las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020. Foto Nelton Rivera

Aquí no hay Estado

Jacinto cuenta que al puente sobre el río Xacbal lo destruyó la fuerza de la corriente: el agua se desbordó y el puente quedó sumergido entre las piedras, la arena y el lodo. Sin ese puente no se puede pasar al otro lado, hacia la comunidad Sumalito, y con el camino cortado no se puede llegar a Nebaj.

Trapichitos forma parte de la Microrregión VI de Nebaj, una de las diez que tiene el municipio. Cada microrregión debe facilitar la planificación y ejecución de los fondos municipales como forma de ordenamiento territorial. Eso en el papel.

Con la emergencia, las autoridades de varias comunidades, como la de Trapichitos, acudieron a solicitar apoyo a la municipalidad de Nebaj. La respuesta del alcalde Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán y su concejo municipal fue pobre: casi nada llegó a las comunidades, que quedaron abandonadas. El 2 de diciembre, las autoridades comunitarias hicieron una manifestación frente al edificio municipal para exigir que se liberara la carretera de los derrumbes; no fueron atendidas y la demanda no tuvo respuesta.

La poca ayuda humanitaria que recibieron las familias llegó a través de iniciativas promovidas por las autoridades de la Alcaldía Indígena desde Nebaj, a la que se sumaron los jóvenes, las iglesias y quienes con sus propios medios recolectaron y movieron la ayuda.

La noticia de los daños de las tormentas llegó a los oídos de los migrantes Ixil en los Estados Unidos, donde hicieron una colecta de dinero que llegó a través de las remesas.

Por un mes y medio, Trapichitos y otras comunidades cercanas quedaron incomunicadas entre sí y con el resto del mundo. Remover los derrumbes sobre la carretera fue trabajo de la misma gente: organizaron grupos de trabajo que con palas y piochas fueron retirando los escombros, tierra y árboles. Para los deslaves más graves contrataron maquinaria pesada, en parte con el dinero que llegó de Estados Unidos.

Los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) de segundo nivel fueron delegados en una comisión para gestionar la contratación de la maquinaria. Salieron a Nebaj a pie; caminaron 16 horas de ida y vuelta, bajo la lluvia y abriéndose paso entre el lodo.

El viaje no fue en vano. Con el apoyo de las cooperativas locales, algunos comercios e iglesias contrataron maquinaria por 37 días. Las máquinas eran necesarias para remover los escombros a lo largo de 36 kilómetros de la única carretera que une a Trapichitos con el centro del municipio de Nebaj y el resto del país.

El alquiler de una máquina a una empresa local costó entre Q600 a Q800 por cada hora (entre 80 y 105 US$). Por lo general, los contratos son de 10 o 12 horas al día. Remover toneladas de lodo y roca les tomó 37 días de trabajo, con lo que, según los cálculos de los comunitarios, la inversión total estuvo cerca de los US$38 mil dólares. Fueron los guatemaltecos migrantes quienes asumieron el gasto: la municipalidad de Nebaj se desentendió por completo.

La inversión se dividió en dos etapas. Durante la primera, una máquina trabajó por diez días para romper las piedras que bloqueaban el paso. Para la segunda se necesitó otra máquina que trabajó durante los 27 días siguientes para remover toneladas de tierra que cayeron.

Las máquinas alquiladas, sin embargo, no fueron suficientes para realizar todo el trabajo. Los Ixiles de estas comunidades trabajaron durante todos estos días, herramientas en mano, golpe tras golpe para ayudar a habilitar el paso. Finalmente fueron necesarios Q425 mil (unos 60 mil US$) para habilitar la carretera, según afirmó el Ixil Juan Santiago Gallego, miembro de la COCODE de primer y segundo nivel en la microrregión IV.

Nebaj Quiché durante las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020. Foto Nelton Rivera

 

¿Y el dinero público?

El Congreso de la República aprobó el 11 de noviembre el estado de calamidad, destinó más de Q450 millones (59.2 millones de US$) para la atención humanitaria a damnificados por las dos tormentas.

Cinco meses después, el 27 de abril, el gabinete de reconstrucción, integrado por siete ministerios, tres secretarías y dirigido por Giammattei, informó que en diciembre de 2020 se habían gastado Q389 millones en la “respuesta temprana” a la emergencia provocada por Eta y Iota y que para la reconstrucción serían necesarios Q2 mil 300 millones más.

A esta cantidad se sumó el Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas (ONU), que aportó Q2 millones 522 mil 190 para la atención de comunidades en Izabal y Alta Verapaz. La embajada de los Estados Unidos, por su lado, anunció que para la primera quincena de noviembre de 2020 entregaron 17 millones US$ en ayuda a Guatemala, Honduras y Nicaragua, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).

Nada de ese dinero llegó a comunidades como Trapichitos u otras de Nebaj.

Las respuestas de la alcaldía de Nebaj no fueron alentadoras. En un informe del 5 de mayo de 2021 dicen: “No se ha podido dar una respuesta oportuna a las familias y poblaciones en cuanto al auxilio por las tormentas”. La razón, dijeron estas autoridades, es que el 100 % de la infraestructura vial y de las carreteras fue destruida. Es decir, la lógica de la municipalidad de Nebaj es que porque la destrucción fue total, ellos no pueden ayudar.

Las autoridades municipales han asegurado que los deslaves y derrumbes dañaron los 232 kilómetros de caminos que se encuentran en Nebaj. Pero siete meses después del paso de las tormentas, la municipalidad no ha podido cuantificar estos daños de forma oficial. El abandono es tal que ninguno de estos tramos o carreteras de terracería en el municipio están registrados en la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicación y Vivienda. Las carreteras que las gentes de Nebaj usan a diario no existen para el Estado guatemalteco.

Las carreteras no son el único problema. 42 sistemas de agua para consumo humano de diferentes comunidades fueron destruidos por los desbordamientos de los ríos, derrumbes o deslaves, según la municipalidad. Recuperar los nacimientos implica hacer estudios que aún no existen. La alcaldía de Nebaj no incluyó en el presupuesto municipal el dinero para cubrir el costo de cada uno de los estudios. El cálculo oficial es que harán falta unos Q2 millones 203 mil para reparar los nacimientos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) estableció que 103 viviendas de Nebaj sufrieron daños severos, hubo 242 con daños moderados y 196 con daños leves. La municipalidad pretende entregar a cada familia Q2 mil 500 (unos 330 US$) para la reconstrucción de casas. Estiman que son necesarios Q74 millones para esto, con lo que cubrirán a unas 29 mil familias. La municipalidad estima que Q330 millones son los necesarios para la reconstrucción.

En un segundo documento, recibido a mediados de mayo del 2021, la municipalidad señaló que 37 mil 691 personas fueron afectadas y 2 mil 705 resultaron gravemente damnificadas, en 78 de las 106 comunidades de Nebaj. El informe describe que les apoyaron con granos básicos y otros víveres (maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, jabón y aceite).

En la memoria de labores de la Municipalidad del año pasado, el almacén documentó la entrega de 1 mil 131 raciones de alimentos a personas damnificadas por las tormentas de comunidades rurales y 100 raciones en el centro del municipio. 12 vuelos de helicóptero fueron necesarios para entregar las raciones. Más allá de lo escrito en ese reporte, poco. Y los comunitarios no terminan de creerse los números.

“Digamos que el Gobierno municipal no se ha pronunciado, no ha hablado nada… Si va a mejorar el camino, va a reconstruir los puentes o va a ayudar a las familias afectadas. No se ha pronunciado, pero en las noticias, cuando el alcalde hace conferencia de prensa, dice que ha gastado mucho dinero por este lado”, expresó Jacinto. Trapichitos y otras comunidades no recibieron ningún tipo de ayuda económica, víveres y, ni hablar de apoyo a la reconstrucción, insiste.

Mientras, la crisis económica arrecia en Trapichitos. Quienes lograron sembrar maíz deben esperar cuatro meses para que crezca la milpa. Con el café, cardamomo y otros productos, deberán esperar hasta tres años para que puedan cosechar, consumir o vender de nuevo.

“Estos casos son muy tristes, todo es muy lamentable, no encontramos palabras para expresar nuestros sentimientos verdad. No estoy culpando a nadie, no estoy culpando al gobierno, ni al gobierno municipal. No tienen la culpa por esto que pasó, este es un fenómeno natural, pero también ellos son los administradores de nuestro pueblo, ellos tienen que velar por el pueblo. No solo que ellos estén viviendo en el pueblo, comiendo bien, vestidos bien y nunca vienen a ver la necesidad de nuestro pueblo, verdad.”

Para personas como Jacinto la municipalidad tiene otras prioridades: repara carreteras en dónde no es necesario después del desastre, especialmente si son lugares cercanos al centro del Nebaj; en comunidades más golpeadas las carreteras siguen sin mantenimiento de la municipalidad.

Familia Ixil damnificada durante las tormentas Eta y Iota en Cotzal Quiché. corren la misma suerte que miles de familias de Nebaj y Chajul, Región Ixil. Foto Sergio Vi.

Los dólares del sueño americano que sustituyen al Estado

Sin el dinero que enviaron los migrantes Ixil en los Estados Unidos a través de las remesas, Trapichitos y otras comunidades estarían aisladas. Fueron esos dólares los que rehabilitaron la carretera.

Jacinto relata que unos 67 ixiles de Trapichitos migraron a los Estados Unidos. Quiché es una ruta migratoria importante. Entre Santa Cruz del Quiché y Nebaj, en la radio se escuchan las promociones de los coyotes que promocionan sus viajes al norte. “Hay personas que emigraron hace más de 15 años, otros hace diez años y otros recientemente”, cuenta Jacinto.

Solo de Nebaj han migrado 5 mil 092 personas -3 mil 611 son hombres y 1 mil 481 son mujeres Ixil-, según el censo de salud realizado en 2019 por los Centro de Atención Permanente (CAP) y la agencia USAID. Para esta agencia de los EEUU, municipios como Nebaj forman parte del Corredor Económico, que incluye a Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché. Este último departamento es uno de los tres con mayor cantidad de niños que migran a los EEUU, con un 60.5% del total, de los cuales el 13% fueron deportados, según un dato registrado por la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Jacinto relata que la mayoría de la población emigró para buscar “una superación”. Las remesas que mandan se han convertido en terrenos, construcción de casa, pago de estudios para hijos, entre otras inversiones. En Trapichitos, sin embargo, no se observan construcciones de casas modernas, de dos o tres niveles tipo residencias, como ocurre en lugares como Huehuetenango, San Marcos y el centro de Quiché. Jacinto afirma que los migrantes de la comunidad prefieren comprar terrenos en el centro de Nebaj y ahí es donde construyen sus viviendas.

Durante la guerra, muchas personas emigraron y se desplazaron a otros territorios, a Ixcán y México. Jacinto relata que estas personas tardaron mucho tiempo en regresar a la comunidad y algunos ya no retornaron nunca. Con la represión en los 80, el ejército los forzó a buscar otros lugares. Jacinto, por ejemplo, tiene a varios de sus hijos en los EEUU. Uno de los estudios de 2018 sobre el problema migratorio Ixil concluye que las bases de la migración para este pueblo indígena tiene como origen las secuelas de la guerra. Durante la pandemia de COVID-19, Guatemala recibió en marzo de 2021 unos Q9 mil 900 millones en remesas, la cifra más alta de los últimos años, informó el Banco de Guatemala. Por la pandemia y por la destrucción de las tormentas los migrantes aumentaron los envíos.

La migración del pueblo Ixil a los Estados Unidos no ha sido fácil y ha estado fuertemente marcada por extorsiones y abusos de los coyotes en la ruta migratoria. Las mujeres Ixil estan expuestas a convertirse en víctimas de violencia sexual y trata. La desaparición también forma parte de la lista de riesgos que corren. Para 2017, el cobro de los coyotes por el viaje era de unos Q75 mil por persona (unos 10 mil US$).

Siete meses después de las tormentas, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris visitó Guatemala. Su frase más destacada fue “No vengan a Estados Unidos. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras… si llegan [ilegalmente] serán enviados de vuelta”. Lapidaria.

La salud llegó a Trapichitos gracias a la insistencia comunitaria

Desde niño, Jacinto tuvo inquietud por la salud. Recuerda que en la comunidad aprendió a poner inyecciones desde muy joven. Fue a los 15 años que aprendió el oficio. Consiguió que, en 1974, le compraran un equipo para inyectar que costó Q20 (unos Q1 mil en el valor actual de la moneda) Cuando el ejército comenzó con las masacres, en la época de la dictadura del general Romeo Lucas García en 1981, Jacinto no pudo dedicarse más a la salud comunitaria.

Con la firma de la paz en 1996, decidió continuar con sus estudios y terminó la educación primaria. Estudió en una escuela nocturna en Nebaj, donde completó el nivel medio. Comenzó a trabajar con niños luego de una especialización. Ese año en Nebaj abrieron un curso de enfermería; Jacinto no lo dudó: consiguió una beca del Ministerio de Salud, de la que recibía Q400 al mes para pagar sus estudios. Luego, el Estado lo contrató.

Fue nombrado directivo de uno de los comités de la comunidad a finales del 2000. Luego, tomó parte en la gestión del puesto de salud para Trapichitos. Jacinto viajó a la Ciudad de Guatemala, llenó la papelería y dio todas las vueltas para que el Ministerio de Salud les aprobara la construcción del único puesto de salud.

Como no existía la carretera comunitaria, los materiales para la construcción los llevaron hasta la comunidad de Sumalito, del otro lado del río Xacbal, a 1 hora y 20 minutos de distancia en carro. Con el dinero extra que logró gestionar con la cooperación, Jacinto pudo pagar varios jornales de trabajo de la gente para cargar todos los materiales cuesta arriba.

“Imagínese Q3 o Q4 quetzales pagamos por la traída de un block, la gente cargaba cuatro blocks de allá para acá y como cuatro blocks equivalen a un quintal, algunos sacaron más que un día de jornal… Quienes tenían alguna mula podían cargar más materiales, incluso los niños se metieron a traer materiales hasta la comunidad”, recuerda. La construcción del puesto de salud duró seis meses. Se inauguró en 2002 y desde entonces Jacinto ha sido el director.

Jacinto tiene un tono de voz suave y cuando habla lo hace con un ritmo lento. Su mirada es profunda; resalta por encima de la mascarilla quirúrgica que lleva puesta. Es alto, unos 1.70 metros. Tiene los brazos y las manos grandes. Manos ásperas como de las personas que trabajan la tierra. Es padre de ocho hijos, dos de los cuales emigraron hacia Estados Unidos hace diez años.

“Vivo solo en mi casa ahora, estoy en mi hora de almuerzo por eso los puedo atender, soy parte de la alcaldía indígena y soy el que atiende el puesto de salud de Trapichitos”, se presenta Jacinto al principio de la plática.

Cuando habla de los efectos y daños que causaron las tormentas Eta y Iota, no se refiere únicamente a la comunidad, también habla de otras dos comunidades cercanas: Xeukalvitz y Sumalito. Además de organizar a los vecinos durante las tormentas, el trabajo de Jacinto también incluyó atender la salud mental. “Animamos a las familias, los visitamos y siempre hablamos con la familia; el alcalde comunitario y el comité también siempre hablaban entre la gente cuando estaban albergados, realizaban oraciones colectivas, pedían a Dios”.

Jacinto de Paz Solís, Maya Ixil, Principal de la Alcaldía Indígena y coordinador del Centro de Salud de Trapichitos. Foto Nelton Rivera

 

Una llamada presidencial…

Jacinto cuenta que desde lo alto en donde están se ven las otras comunidades. Si voltean la mirada al norte ven a Xeucalvitz, al sur está Sumalito. También pueden ver a la comunidad de Vaschocola’. Por los daños de la tormenta Iota, todas estas comunidades quedaron completamente incomunicadas. Por cuatro días perdieron la señal de la telefonía celular y, como en esta región no hay energía eléctrica, no sabían cómo se encontraba la gente en otros lados. Lo único que podían hacer era ver desde lo alto que las otras comunidades seguían en su lugar; que las lluvias no se las habían llevado.

Con los derrumbes y sin puentes, las familias comenzaron a tener problemas por la escasez de alimentos. El hambre empezó a rondar. Desde Nebaj, distintas organizaciones sociales, iglesias y personas particulares organizaron una colecta de víveres para la ayuda humanitaria. Jacinto recuerda que un par de veces llegó el helicóptero a dejar alimentos, especialmente para los niños.

Del alcalde Bernal Guzmán y del Gobierno central de Guatemala, insiste Jacinto, no recibieron nada. Pasada el agua, Jacinto y las gentes de las comunidades se enteraron de que la ayuda que llegó en helicópteros había sido enviada de Colombia y El Salvador”. En su relato, asegura que él tuvo la oportunidad de agradecer personalmente a Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Salvador cuando entró el helicóptero; llamaron los señores que traían el helicóptero. El gobierno quería hablar con uno de los líderes y yo estaba ahí, me enlazaron y aproveché a darle las gracias a él”, dice.

Al aterrizar el helicóptero, entregaron varias cajas de víveres. Luego, uno de los tripulantes se acercó a Jacinto. “Quieren hablarle por el teléfono”, le dijeron. Del otro lado de la línea le preguntaron quién era él y qué cargo tenía en la comunidad.

Luego de responder, Jacinto preguntó con quién hablaba. Le respondieron: “Soy el presidente de El Salvador”. “Él nos animaba a seguir adelante. Nos tomaron fotos y nos dijeron que las llevarían al presidente de ese país. Muchas familias se quedaron, no tenían sal, no tenían jabón. Faltaban muchas cosas de primera necesidad de la población, las tiendas ya no tenían nada”, dice Jacinto

Varios minutos después de descargar, el helicóptero despegó. Luego de muchos años, los sobrevuelos de helicópteros fueron diferentes; las aeronaves llevaban comida y no les dejaban caer balas ni bombas.

Jacinto de Paz Solís, Maya Ixil, Principal de la Alcaldía Indígena y coordinador del Centro de Salud de Trapichitos. Foto Nelton Rivera

La herencia milenaria y la depredación

Antes de la guerra. Antes de la lluvia. El pueblo Ixil se asentó entre el Pacífico y el Atlántico hace seis milenios, según la historiografía. Para el 250 AC ya habían abierto rutas comerciales. Y 500 años después llegaron al corazón de la Sierra de los Cuchumatanes, cerca de los ríos principales. Así lo cuentan los principales ixiles en un texto llamado “Cuatro Rumbos y una historia de resistencia”.

Trapichitos, nombrada así por la existencia de trapiches para el procesamiento de caña de azúcar en épocas coloniales, está a 42 kilómetros de la cabecera municipal de Nebaj, en Quiché, tierra Ixil. Los registros históricos relatan que los españoles llegaron a Nebaj en 1529; luego de varios años de guerras, la resistencia Ixil y de otros pueblos fue diezmada. La resistencia de los ixiles los llevó a refugiarse en los montes o montañas, lejos del alcance del control militar de la corona, los españoles incendiaron sus viviendas o chozas, una estrategia que fue repetida por el ejército guatemalteco cuatro siglos después.

Una de las principales luchas del pueblo Ixil, desde la firma de la paz en 1996 hasta ahora, ha sido detener la construcción de tres proyectos de centrales hidroeléctricas. Miguel De León Ceto, uno de los principales alcaldes Ixil, afirma que en el lugar en donde las empresas iban a construir los túneles y canales para desviar los ríos en dirección a la casa de máquinas es donde ocurrió uno de los derrumbes más grandes durante las tormentas.

Comunidades como Xeucalvitz, Trapichitos, Sumalito y Vaschocolaj están en el área de incidencia de estas tres hidroeléctricas. Se trata de Vega 1, Vega 2 y Las Brisas, las primeras dos al inicio fueron propiedad de la transnacional italiana ENEL, luego fueron adquiridas por el grupo Hermanos Casado de España y la tercera es propiedad de Grupo Finco de Guatemala, en asociación con el Grupo Terra de Honduras. Se trata de un negocio de 310.75 MWH de producción nacional de energía para el mercado internacional.

Autoridades como De León Ceto consideran que de no haberse detenido estos proyectos los desastres habrían sido de mayores dimensiones.

Las autoridades ixiles acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2011 para denunciar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) por la autorización de estos proyectos sin el consentimiento del pueblo Ixil. En 2015, la CC resolvió a favor de los ixiles y ordenó la consulta. La resolución incluye a las 175 comunidades que son propietarias de todo el territorio. A pesar que la corte limitó a seis meses el tiempo para realizar la consulta, las autoridades del MEM y las empresas bloquearon la comunicación. La consulta se suspendió.

La tala ilegal también ha afectado a esta región boscosa. Entre 2015 y 2017, según los vecinos, podían verse desfiles de camiones que salían de la montaña: 30 vehículos diarios con madera. Para la autoridad Ixil, la tala ha significado un mayor daño a la tierra.

Desde las imágenes satelitales se ve una larga franja desde el norte de Chajul en dirección sur a Nebaj; miles de árboles se perdieron por el paso de los cables de alta tensión que talaron empresas como Hidroeléctrica Xacbal y TRECSA. Este cableado es para conectar las enormes torres eléctricas y transportar la energía para la venta en el mercado internacional.

La única forma en que los ixiles han podido responder a la depredación, el fuego y el agua ha sido a través de sus costumbres milenarias de organización y respuesta a las amenazas externas.

En 2002, pocos años después del fin de la guerra, reformas legales dieron más presencia a las formas de organización de las autoridades ancestrales, al menos en papel. Hoy son reconocidos los Consejos de Principales, del que forma parte Jacinto en Nebaj y Trapichitos, los consejos de ancianos, guías espirituales y la Alcaldía Indígena de los B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a’, Tx’aul y K’usal, como formas tradicionales de organización y de autoridad, basados en el consenso, diálogo y acuerdos sustentados en sus principios maya Ixil.

La verdad es que, como revela el testimonio de Jacinto a propósito del paso de Eta y Iota y la respuesta del Estado guatemalteco a la destrucción que las tormentas dejaron, ha sido esa forma de organización milenaria de los ixiles las que les ha permitido sobrevivir a las guerras y a las lluvias.

Las tormentas desnudaron la realidad dual de esta comunidad originaria y su territorio: por un lado el abandono histórico del Estado guatemalteco de pueblos como el Ixil, y por el otro, en contraste, las formas propias de organización comunal que les permite resolver los problemas de todo tipo. Y sobrevivir.

Torres para el proyecto PET de la empresa transnacional colombiana TRECSA. Montaña de Nebaj Quiché. Foto Nelton Rivera

Los ejidos, la guerra y la batalla por la tierra comunal

Con la llegada del monocultivo de café al país y con la reforma liberal de 1871, el despojo de las tierras fértiles del pueblo Ixil se profundizó. El ejido comunal fue roto a través de la violencia, así surgieron dos de las fincas de café La Perla y San Francisco, que ocuparon y despojaron tierras de Chajul y Cotzal.

De 1900 a 1907 los Ixiles lograron inscribir la propiedad de los ejidos comunales de San Gaspar Chajul, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, más de 3 mil caballerías que fueron devueltas a la propiedad comunal del pueblo Ixil. Todo el siglo XX estuvo marcado por levantamientos indígenas, despojo de tierras, represión y resistencias, descritas en el citado texto Cuatro Rumbos y una historia de resistencia.

El año pasado, los B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a fueron notificados por la Corte de Constitucionalidad (CC) que las tierras de la Aldea Ak’ul, despojadas por la municipalidad desde 1983, deben de ser devueltas al ejido comunal Ixil.

El fuego además de golpear a los Ixiles, golpeó a los terratenientes, a élites que se construyeron en la región a costa de la explotación laboral en las extensas plantaciones de café y del despojo de la tierra para cultivarlo. En 1975 Luis Arenas Barrera miembro del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), conocido como el Tigre de Ixcán, fue ajusticiado por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), en una de sus primeras acciones militares en la Finca La Perla en Cotzal. Su hijo, Enrique Arenas Menes propició la instalación del destacamento militar en esa finca, desde donde se ejecutaron los planes militares que golpearon a los Ixiles, el fuego que provoco el Genocidio.

Los Brol, herederos de la Finca San Francisco establecieron una estrecha relación con el ejército guatemalteco, en julio de 1982 un capitán y cuatro oficiales más al mando de una gran cantidad de soldados reunió a la población de la finca y la masacró. Los Brol y los Arenas herederos de la Finca La Perla se convertirían en los principales socios de empresas hidroeléctricas en la región de Ixil. Así surgieron la Hidroeléctrica Xacbal (2010) y Palo Viejo en (2012). Buscaron nuevos negocios con los ríos que cruzan las 315 caballerías de tierra que tienen en su posesión, el equivalente al 78% del territorio de Cotzal, que forma parte del ejido comunal de los Ixiles.

No se trata solamente de recuperar la tierra despojada, también se trata de exigirle al Estado que invierta y cubra las necesidades de la población. En marzo de 2021, autoridades de los pueblos Ixil, Xinka llegaron a la CC para solicitar que se reforme la ley, por la urgencia de construir escuelas, centros de salud, hospitales, carreteras. Para los ixiles municipalidades como la de Nebaj ponen como excusa que la ley 101-97 ,“Ley orgánica del presupuesto y sus reformas” le restringen la posibilidad de invertir en las tierras comunales.

Miguel De León Ceto, principal Ixil de la Alcaldía Indígena de los B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a’, Tx’aul y K’usal, Foto Nelton Rivera

Procesos de justicia y reparación: el caso Sepur Zarco

Tiempo de lectura: 47 minutos

Por: Marta Elena Casaús Arzú[1] y Marisa Ruiz Trejo[2]

Resumen: El artículo aborda el juicio llevado a cabo en Guatemala contra miembros del ejército y comisionados militares sentenciados por crímenes de lesa humanidad por actos de violación, desaparición forzosa y esclavitud sexual sufrida por 15 mujeres mayas q´eqchi´, en el destacamento militar de Sepur Zarco, durante el conflicto armado. A la luz de los testimonios de las víctimas se intenta analizar la correlación existente entre racismo, feminicidio y violación y cómo el ejército estableció una protocolización de las violaciones con el fin de utilizar a las mujeres como armas de guerra y destruir sus vidas, su cultura y su identidad.

Palabras clave: Mujeres, pueblos mayas, Racismo, feminicidio, estado racista, violencia, violación, crímenes de lesa humanidad, esclavitud sexual, esclavitud doméstica.

Título completo: “Procesos de justicia y reparación: el caso «Sepur Zarco» por violencia sexual, violación y esclavitud doméstica en Guatemala y su sentencia paradigmática para la jurisprudencia internacional.”

Fotografías: Quimy de León

Introducción

En 2013, en Guatemala, se llevó a cabo un juicio histórico por genocidio y por delitos contra los deberes de la humanidad perpetrados contra el pueblo maya ixil. Después de un largo proceso, el Tribunal de Alto Riesgo condenó al general Efraín Ríos Montt a ochenta años de cárcel. Este juicio surgió por una exigencia de justicia de los hombres y de las mujeres mayas, sobrevivientes a las masacres cometidas por el ejército en el área ixil y tuvo el fin de dar a conocer sus testimonios así como de exigir que se hiciera justicia. Dicho proceso se realizó con el apoyo de dos ONG de derechos Humanos, CALDH y AJR, y con el apoyo del Ministerio Público, durante el periodo en que Claudia Paz y Paz fue fiscal de Guatemala.

El caso se inició el 19 de marzo de 2013 y concluyó el 10 de mayo del mismo año, con una sentencia ejemplar que, sin embargo, diez días más tarde fue “paralizada” por la Corte de Constitucionalidad, que emitió un dictamen de anulación de la misma, aunque no del juicio. Sin embargo, después de varios intentos, hasta el momento dicho juicio no se ha reiniciado, Por otro lado, recientemente en el mismo Tribunal de Alto Riesgo, se condenaron los crímenes de lesa humanidad, por actos de violencia, violación y esclavitud sexual en contra de las mujeres q´eqchí. Se dictaminó una fuerte condena de 120 y 240 años de prisión para los perpetradores de dichas violaciones, desaparición forzosa y esclavitud sexual. En el caso de las mujeres violadas y sometidas a esclavitud sexual en el destacamento de Sepur Zarco, la acusación de la Fiscalía del Estado, de Mujeres Transformando al Mundo y de Ecap, en contra de teniente coronel Francisco Reyes Girón y el ex comisionado, Heriberto Valdez Asij, la sentencia dictaminó 120 y 240 años para cada uno por crímenes de lesa humanidad, violaciones, desaparición forzosa y esclavitud sexual. Fue una sentencia firme y un ejemplo único para las mujeres en todo el mundo para la justicia universal y especialmente para estas quince mujeres q’eqchi’, que vieron coronadas sus esperanzas de que se hiciera justicia y reparación moral y material. Ambas sentencias de los Tribunales de Alto Riesgo fueron presididas por la jueza Jazmín Barrios.[3]

Al margen de las múltiples causas y coadyuvantes que un genocidio posee tanto para las víctimas como para los perpetradores, y, sin entrar a valorar cuales son las causas que más pesan o son más determinantes, a la hora de cometer un genocidio o un delito de crimen de lesa humanidad, nosotras queremos hacer énfasis en el papel del racismo en la consecución del genocidio y /o de los crímenes contra los deberes de la humanidad. En el caso de Guatemala y especialmente en la violación de las mujeres mayas, el racismo es un detonador y un arma de guerra, de sometimiento y humillación. Por eso en este artículo, queremos ilustrarlo a través de la utilización de los testimonios de estas valientes mujeres que después de 36 años dieron su declaración en los respectivos tribunales y mostraron la prueba más fehaciente del genocidio.

Partimos de varias premisas que ayudan a explicar el papel que tuvo el racismo durante la etapa de genocidio en Guatemala. El racismo ha sido un elemento histórico estructural en la historia social y política de los países latinoamericanos y centroamericanos; este contribuyó a moldear el estado racista, excluyente y autoritario, empleando los aparatos ideológicos y represivos del Estado en contra la población indígena en momentos de crisis y dominación.

A nuestro juicio, la raza desde la Colonia, especialmente desde la formación del estado nacional, se convierte en el elemento articulador de las diferencias y de las desigualdades justificando la existencia de razas inferiores y superiores y utilizando la discriminación como un mecanismo de explotación y de dominación en contra de la población indígena. Más aún la raza fue constitutiva del sistema de género, lo que explica por qué los cuerpos de las mujeres indígenas, negras y pobres han sido los más afectados por las lógicas racistas, clasistas y sexistas.

El discurso racista de las elites de poder, militares y de la clase dominante, es el que va a justificar la eliminación de unos frente a otros al catalogarlos como enemigos, subversivos o prescindibles, con el fin de preservar la vida de unos en base a la seguridad nacional o al peligro de la patria. El discurso sexista de estas élites es el que va a justificar las agresiones sexuales, la tortura y la violación sexual a las mujeres, ya que se les considera como “objeto sexual” cuyos cuerpos pueden ser controlados y poseídos.

Es por ello que en nuestro peritaje (Casaús, 2016)[4] insistimos en que la consolidación del racismo de Estado llegó a su culmen y manifestó su máxima intensidad, con la crisis de dominación militar oligárquica, con la irrupción del movimiento popular y revolucionario y con la aplicación de la contrainsurgencia. Pero estos manuales contrainsurgentes, se aplicaron sin límites ni medida, por el sustrato racista de la sociedad, por el contexto histórico-estructural del racismo y por la profundización  e intensificación del estereotipo y estigmatización de los indígenas; en este caso de los/as Ixiles, de los/as Achies y de las mujeres q’eqchi,  al equipararlas con enemigos públicos del Estado. Fue entonces cuando el racismo, operó como una ideología de estado como un mecanismo de eliminación como una maquinaria de exterminio en contra de un grupo étnico.

Es por eso que en este trabajo analizaremos el caso de violencia sexual y de conflicto bélico que se dio en Guatemala en los años ochenta y que agudizó e hizo visible las agresiones y asesinatos misóginos con saña y crueldad que históricamente se han producido, desde la época colonial hasta la actualidad, en este país centroamericano. Específicamente queremos abordar los hechos acaecidos durante los años ochenta en el caso «Sepur Zarco», municipio de El Estor, departamento de Izabal, en donde las mujeres q´echi´ vivieron condiciones de violencia no solo por ser mujeres indígenas, sino además mujeres pobres y vulnerabilizadas. Abordaremos el reciente juicio «Sepur Zarco» (2016), realizado en un tribunal nacional guatemalteco, cuya sentencia marcó un paradigma para la jurisprudencia internacional al condenar por violencia, violencia sexual y esclavitud doméstica, en un tribunal nacional, a dos exmilitares y considerar los hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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Relación entre racismo, Estado racista, feminicidio y violación sexual como crímenes de guerra o deberes contra la humanidad.

Pretendemos enfatizar el papel que el racismo ha tenido en la consecución de estos actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en la medida en que fueron un factor coadyuvante y formaron parte de la ideología del ejército a la hora de perpetrar dichos crímenes.

A la luz de las consideraciones expresadas anteriormente sobre las características de un estado racista, resulta evidente, al hilo de las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico que:

El Estado-Ejército aniquiló y desestructuró los hilos conductores de la vida, arremetió gravemente contra la moral y la estima de los mayas, violentó la vida solidaria de aldeas, caseríos, municipios, comunidades lingüísticas. También erosionó las normas sociales y políticas del pueblo maya, que fue el más agredido durante la guerra[5].

Además la Comisión añade que:

El hecho de haber destruido el tejido social fue una cuestión cometida con premeditación, alevosía y ventaja. Las culturas y los sistemas políticos de los pueblos indígenas, fueron severamente dañados. A lo largo de la guerra se agravó el etnocidio y el genocidio, que el Estado guatemalteco que ya se venía cometiendo contra los indígenas”[6].

Emma Chirix, vincula el estado racista y el etnocidio en la medida en que considera que:

…el genocidio y el etnocidio en Guatemala han sido históricos, así como el odio, la agresividad, la crueldad y la negación de la existencia de la cultura de los indígenas. Ese discurso y práctica de exterminio se han venido manteniendo y reproduciendo de generación en generación y ha sido una práctica utilizada con mayor intensidad por la oligarquía y el Estado[7].

Por último, tenemos que articular el análisis de un Estado racista con las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el feminicidio, como crímenes contra la humanidad, en la medida en que el Estado guatemalteco implementó una política destinada a exterminar al pueblo maya. Una de las principales armas empleadas para su aniquilación, fue el asesinato, tortura y violación de las mujeres y niñas mayas, de modo que se generaron crímenes de lesa humanidad, la limpieza étnica y el feminicidio.

Es por ello que hemos señalado en otros artículos[8] al Estado guatemalteco como un estado racista que ejecuta el racismo de estado como un mecanismo de control y exterminio de la población Maya, en coyunturas de crisis de dominación.

A nuestro juicio, la culminación del racismo de Estado coincidió con la crisis de dominación militar oligárquica y con la irrupción del movimiento popular y revolucionario. De 1978 a 1984, cuando se produjo una crisis orgánica, un vacío de poder y una pugna inter-oligárquica por la hegemonía, acompañado de una incorporación masiva de los Pueblos Mayas a distintas formas de lucha política y de reivindicación social[9]. A esto se sumó una fuerte crisis económica por agotamiento del modelo agro-exportador, que dio lugar a reacciones agresivas y virulentas de la élite y a  un discurso racista y de exterminio en contra de las poblaciones indígenas.[10] Consideramos que fue entonces cuando el racismo operó como ideología de Estado, porque proporcionó una estrategia política para la acción. Fue durante este período cuando la élite de poder proyectó una estrategia de represión selectiva e indiscriminada, empleó la tortura, la guerra psicológica y todo tipo de métodos represivos contra la población civil, especialmente contra la población indígena, que provocaron un auténtico genocidio, principalmente durante la época de Ríos Montt. Ello explica el porqué de la alianza militar-oligárquica con la tendencia neo-pentecostal basada en la doctrina calvinista del más rancio puritanismo, para quienes se justifica el exterminio de los indios porque consideran que no son sujetos de gracia, que son” idólatras”, “pecadores”, “resentidos” y que representan a “las fuerzas del mal”.

El Estado racista perpetró el genocidio y contribuyó a que se llevara a cabo, por su naturaleza interna y por la utilización de los aparatos represivos e ideológicos en contra de la población indígena. Este ha sido el modelo o modus operandi a lo largo de la historia, en cada crisis de dominación y en la última fase, cobró mayor intensidad al aplicar la política contrainsurgente.

Feminicidio y crímenes de guerra[11]

El término «feminicidio» se retoma del concepto femicide en inglés entendiéndolo como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres (Caputi y Rusell, 1990)[12]. En el libro «Femicidio. La política del asesinato de las mujeres» (1992), las autoras referentes de los años noventa entendían este fenómeno como:el extremo de un continuum de terror anti-femenino e incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas desnecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto) (…). Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en feminicidios (Radford, Jill y Russell, Diana 1992: 15)[13].

En México, Marcela Lagarde (2006) siguió esta noción de femicidio al analizar el caso de las mujeres asesinadas violentamente ende Ciudad Juárez. Durante los años noventa, en este espacio fronterizo, decenas de cuerpos de mujeres asesinadas violentamente comenzaron a ser encontrados en las calles. Lagarde (2006) retomó el concepto de femicide y lo tradujo como feminicidio, ya que traduciéndolo como femicidio se podría entender como un homicidio feminizado; en cambio, el feminicidio, para esta autora:

es la inexistencia del Estado de derecho, bajo la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo, la impunidad. Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio  para denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que el feminicidio existe feminicidio en condiciones de guerra y de paz (Lagarde, 2005:155).

En México, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), el feminicidio se entiende como:

La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres[14].

Desde el análisis lagardiano (2006), el feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, maltrato, abuso, vejaciones y daños continuos contra las mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos,  violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas.

Por otro lado, Julia Monárrez Fragoso (2009)[15] ha hecho hincapié en la relación que existe entre el feminicidio, la condición económica de las víctimas y la explotación de las mujeres con el fin de obtener el control sobre sus cuerpos. En el sentido de esta misma autora, el feminicidio opera según la relación inequitativa entre los géneros, la estructura de poder y el control y dominación que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres para que ellos dispongan el momento de su muerte.

Para Rita Laura Segato (2011),[16] los «`femigenocidios´ revisten una sistematicidad y un carácter repetitivo resultantes de normas compartidas dentro de la facción armada que los perpetra, que los diferencia de los crímenes que ocurren en contextos interpersonales o de motivaciones subjetivas y de orden privado, como en el caso de los seriales» (2011: 5). Según esta misma autora, los «femigenocidios» se acercan al perfil de los genocidios o crímenes de lesa humanidad ya que tienen un carácter genérico, impersonal y sistemático y se caracterizan porque el número de victimarios es menor que el número de víctimas. En ese sentido, los «femigenocidios» pueden ser juzgados a nivel de la jurisprudencia internacional por su carácter sistemático y porque sería imposible elevar a un tribunal de fuero internacional crímenes unitarios en donde el número de perpetradores se igualara al número de víctimas. En resumen, para Segato (2011), el «femigenocidio» es un crimen genérico, sistemático, impersonal y removido de la intimidad de los agresores.

Por último, a nivel jurídico, las prácticas de guerra que se dan durante los conflictos internos se conocen como crímenes de guerra o lesa humanidad. En ese sentido, durante la época del conflicto armado en Guatemala, los agentes de estado infringieron prácticas violentas, como la esclavitud sexual, el trabajo doméstico forzado y la violación sexual, contra las mujeres indígenas. A pesar de que en el juicio del “Caso Sepur Zarco” no se acusó a los imputados por feminicidio, dado que  los hecho graves de la acusación son por violaciones y violación de los derechos humanos y crímenes de deberes contra la humanidad y  los hechos imputables estuvieron más relacionados con otras figuras jurídicas relacionadas con las violaciones como crímenes de guerra, consideramos que, en la medida en que afectan a las mujeres y que, Guatemala posee una ley avanzada sobre feminicidio, es importante puntualizar este concepto para poder distinguirlo de otros crímenes de deberes contra la humanidad.

 

La violencia sexual hacia las mujeres indígenas como arma de dominación

Necesitamos comprender cómo la violencia sexual hacia las mujeres en periodos de guerra o bélicos se convierte en un arma para dominar y conquistar pueblos enteros. En primer lugar, tenemos que remarcar las prácticas dominantes extendidas entre los varones que ocupan posiciones de poder (económico, político, militar, paramiliar, etc.) durante los conflictos armados. Una de las prácticas recurrentes que encontramos en distintas épocas y contextos, y que se acentúan aún más en las sociedades contemporáneas,  lo que Rubin (1986) llama  “tráfico de mujeres” en donde éstas se convierten en “mercancías” que se cambian por favores, que circulan entre los varones quienes tienen el “derecho de propiedad” y quienes por tanto se consideran legítimos para vender, comprar e intercambiar los cuerpos de las mujeres.

En los conflictos armados, una de las características de la opresión femenina es la “agresividad y tendencia al dominio innato en los hombres” así como “el exterminio del sexo delincuente o bien un programa eugenésico para modificar ese carácter” (Rubin, 1986: 2). Además, Gayle Rubin (1986) arguye que históricamente “las mujeres” han sido “objeto de transacción como esclavas, siervas y prostitutas, pero también simplemente como mujeres” (ibídem, 1986: 24). Esto quiere decir que técnicas de muerte como el “tráfico de mujeres” se utilizan en los conflictos armados con al menos dos modos de operatividad: el exterminio total o la limpieza étnica.  En relación a estas formas patriarcales, la dominación se da de maneras heterogéneas y utiliza diversos métodos de dominación y jerarquización.

Para Rita Segato (2006), en los conflictos armados, la violación sexual es recurrentemente utilizada como forma de dominación. Tal como explica Segato:

la sanción sobre el cuerpo de la mujer es un lugar privilegiado  para significar el dominio y la potencia cohesiva de una colectividad, y prácticas de larguísima duración histórica confirman esta función de la capacidad normativa (y hasta predadora) sobre el cuerpo femenino como índice de la unión y fuerza de una sociedad (2006: 6)

Las agresiones sexuales en casi todas las guerras se utilizan como símbolo de poder y de dominación contra quienes se consideran los enemigos. Por su parte, Aída Hernández (2002) en su trabajo antropológico sobre “¿Guerra fratricida o estrategia etnocida? El caso de las mujeres frente a la violencia política en Chiapas”, argumenta que “desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo” (Hernández, 2002: 20).

Los testimonios de las mujeres que han denunciado los abusos sexuales y las terribles torturas que sufrieron durante el periodo bélico de la historia guatemalteca, en los años ochenta, son una verdad innegable; la literatura científico social que se ha escrito al respecto está llena de prácticas violentas cuyo efecto es mantener a las mujeres en “su lugar”. En la investigación “Tejidos que lleva el alma: memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado”, (Fulchirone, Amandine, et. al. 2010), la violación es analizada como un arma de guerra, como una política contra quienes se consideran “insurgentes” cuando se establecen normativas específicas dentro de los ejércitos para ejecutarlas y es un instrumento de poder elegido por los mandos para dominar a los enemigos a través de la humillación y el desprecio público. Según afirman las investigadoras del libro mencionado:

A través del uso del cuerpo de las mujeres, se busca humillar a los hombres del bando enemigo y demostrar el poder sobre el mismo. El ejército utilizó la violación sexual como arma de guerra porque culturalmente se conoce el impacto humillante y desmoralizador que tiene la misma sobre los hombres y los grupos sociales a los que pertenecen las mujeres, así como las rupturas del tejido social y comunitario que desencadena. Fue una estrategia pensada y diseñada para ganar la guerra (Fulchirone et. al,. 2010: 152).

Pero, ¿por qué se repite  esta violencia masiva contra las mujeres indígenas embarazadas, contra sus fetos, mutilaciones corporales y de cadáveres en distintas guerras? Según Hernández (2002) existe una “ideología compartida por un amplio sector de la población de que las mujeres somos por excelencia fuentes de vida nos convierte a la vez en un importante objetivo de guerra” (2002: 34).

Nos inclinamos por la propuesta de Hernández (2002)  y de Fulchirone  et. al. ( 2012), sobre el caso  de Sepur Zarco, quienes consideran que, durante el conflicto armado, la violación sexual de las mujeres llegó a su nivel máximo y que se produjo especialmente en espacios militarizados como los destacamentos militares. Además, estas formas de violencia y de violación se convierten en un arma racista en contra de la población indígena en general y especialmente contra las mujeres indígenas. Este tipo intersección de violencia sexual implica que las mujeres sean agredidas no solo por “ser mujeres”, sino por el hecho de “ser mujeres” y, además, indígenas, con el objetivo de exterminar al grupo parcial o totalmente.

Su origen étnico,  sus rasgos fenotípicos producen odio o rechazo en los victimarios que ejercen dobles y triples violencias, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser subversivas, pero el daño no solo es físico, sino también cultural y territorial. Las mujeres indígenas son continuadoras de sus pueblos. Con la violación sexual se intenta destruir al grupo, ya que se considera que la mujer difícilmente puede concebir hijos a partir de la práctica de guerra por lo que esto constituye un mensaje etnocida sexual. Esto sería una especie de inscripción feminicida sobre el cuerpo de las mujeres cuyo mensaje está dirigido a los varones de la comunidad.

En particular, la utilización sistemática de métodos anticonceptivos graba en la memoria y en el cuerpo de las mujeres el mensaje impositivo de “no reproducción del grupo”.  Los hombres que ejercen poder militar se apropian de los cuerpos de las mujeres indígenas simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos de una lucha por el control del territorio contra sus enemigos hombres. Si pueden demostrar la ineficacia de los “insurgentes” para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas.

La violación sexual hacia las mujeres indígenas reproduce las lógicas del sistema de racismo estructural, cuyo imaginario las ubica en la escala inferior de la jerarquía humana por ser mujeres, indígenas y pobres. A juicio de Hernández ( 2002), las técnicas que se eligen para lesionar los cuerpos es debido a que en ellas se encuentra la fuente de la vida y de la reproducción y porque en ellas está el prejuicio que dice quién puede y debe ser afectado por esas torturas para el control social.

Coincidimos con el peritaje de Paloma Soria de que, las violaciones no constituyeron hechos aislados sino un ataque sistemático a las mujeres por un amplio número de soldados, pues fueron violaciones múltiples, masivas y generalmente públicas, lo que comprueba la protocolización y práctica sistemática de la violación como parte de una estrategia planificada del genocidio (Sentencia 2013 197 y ss.).

En ese sentido, no son casualidad las mutilaciones corporales a mujeres indígenas embarazadas en las políticas contrainsurgentes durante el conflicto armado en Guatemala, ni las violaciones sistemáticas hacia las mismas (Duyos, Sofía en Ruiz Trejo, 2011). Esto significa un claro mensaje no solo contra los embriones y futuros niños de las comunidades a quienes se les está impidiendo que nazcan o que aborten, sino al pueblo maya en  su conjunto. Cuando las mujeres son violadas y mutiladas brutal y masivamente, no se trata de violaciones sexuales aisladas sino de un protocolo establecido desde la cúpula militar con la idea de exterminar no solo a las mujeres dadoras de vida, sino al grupo entero (ibídem).  Como opina Paz y Paz la violación sexual se convirtió en una forma de tortura que se aplicó a las mujeres con el fin de humillarlas y de amedrentar al conjunto de las comunidades. [17]

Otra forma de establecer las violaciones como arma de guerra contra las mujeres es someterlas al trabajo doméstico forzado, que generalmente va acompañado de esclavitud sexual de las niñas y mujeres (Ruiz Trejo y Martínez Bermejo, 2016). Estas prácticas constituyen una forma de sumisión y control sobre las mujeres que son obligadas a aportar sus relaciones de producción-reproducción (Ruiz Trejo, 2016a). Si esto se da en condiciones de secuestro forzado y masivo, el trabajo doméstico forzado y la esclavitud sexual de las mujeres indígenas no solamente repercute en el ámbito individual de sus vidas, sino que afecta la vida social de toda la comunidad, ya que se la está desposeyendo de la fuerza de trabajo indispensable para la reproducción de la vida (Ruiz Trejo, 2016b).

Al hilo de éstas reflexiones, consideramos que el trabajo doméstico forzado, la violación sexual, la  esclavitud sexual y el “tráfico de mujeres” constituyen crímenes de guerra que deben ser juzgados, ya que aunque los modos de operar no lleven a la destrucción, asesinato o exterminio total de los grupos, se trata de una nueva manera de accionar la guerra con menores costes para los ejércitos pero que busca el mismo fin: la eliminación del bando contrario y el sojuzgamiento del “enemigo interno” a través de las mujeres (Ruiz Trejo, 2016a). El trabajo doméstico forzado, la violación y la esclavitud sexual no asesina directamente a las mujeres o al grupo “insurgente” pero si los elimina a través de una política de “higienización” y “limpieza étnica” y de una supresión de su cultura que no implica costes para los ejércitos pero si la eliminación del “enemigo” con fines muchas veces eugenésicos o de crear un estado de terror en la población (Ruiz Trejo, 2016 a, b, c).

La violación sexual sistemática de las mujeres  mayas q’eqchi’ en el destacamento de Sepur Zarco y fincas aledañas[18]

Analizaremos el caso de esta violencia sexual, en el marco del conflicto bélico que se dio en Guatemala en los años ochenta y que agudizó e hizo visible los asesinatos misóginos con saña y crueldad que históricamente se han producido, desde la época colonial hasta la actualidad, en este país centroamericano. Específicamente queremos abordar los hechos acaecidos durante los años ochenta en el caso «Sepur Zarco», municipio de El Estor, departamento de Izabal, en donde las mujeres q’eqchi’ vivieron condiciones de violencia que podrían ser consideradas como crímenes de guerra, crímenes de deberes  contra la humanidad y feminicidio.

En el caso de la violación sistemática y generalizada de las mujeres de los departamentos entre Izabal y Alta Verapaz, entre Panzós y El Estor y en especial de las aldeas de la Esperanza, San Marcos, Pom Baac y concretamente en las haciendas de, San Miguel, Las Tinajas Pataxté, Chapí, Chenibal, cuyos propietarios colaboraron activamente en la represión, las torturas y abusos sexuales y con otras violaciones masivas, indiscriminadas y públicas, delante de sus familiares o miembros de sus comunidades, fue una práctica común y sistemática del ejército y de los comisionados militares de la zona, cuya finalidad fue causar terror a la población y generar un estado permanente de impotencia, vulnerabilidad y pérdida de control sobre la vida de las mujeres y la de sus descendientes.

Coincidimos con los informes del ECAP, que el proceso de deshumanización y despojo de la condición humana de la política contrainsurgente en Guatemala y durante la guerra, especialmente en el periodo en el año 1982 hasta 1990, estuvo directamente relacionada con las mujeres, a través de la tortura, violación sistemática, esclavitud sexual y perdida de la dignidad[19].

La deshumanización de las mujeres y su violación sistemática hasta dejarlas agotadas o muertas, no fue un simple accidente de la guerra o un hecho aislado, sino que fue una práctica cotidiana y sistemática de la política contrainsurgente, destinada a deshumanizar al otro y convertirle en cosa o animal, generando un sentimiento de impotencia y de vulnerabilidad, además de miedo y fragilidad. Es por ello que en muchos testimonios de las mujeres, utilizan imágenes de animales para evocar ese sentimiento de fragilidad frente a su depredador. “Era como si fuéramos un grupo de pollitos que se llevaron a su madre. Todos nos quedamos amontonados llorando, eso fue lo que nos sucedió”[20].

Otro testimonio expresa esa misma sensación de vulnerabilidad y deshumanización:

Hacían todo lo que querían con nosotros, parecíamos unos animales, unos perros, ya no teníamos respeto, no les importábamos en nada, es como si mataran a un animal sin importancia, si querían lo enterraban o lo tiraban al monte, eso es lo que les hicieron a las personas[21].

De los 15 casos referidos, en las denuncias presentadas ante el Ministerio Publico, por las mujeres que fueron víctimas de violación y de esclavitud sexual y por testigos presenciales de otras violaciones sexuales, en diferentes aldeas  y caseríos en el límite departamental entre Pazós y El Estor, en las comunidades q’eqchi’ de La Esperanza, Semococh y en Sepur Zarco, encontramos rasgos comunes que permiten pensar que fue una práctica sistemática y generalizada destinada a producir vejaciones y humillaciones a las mujeres indígenas de dicha comunidad étnica y generar temor en el resto de la población colindante, así como desarticular a las comunidades indígenas y tratar de borrarles sus identidad étnico-cultural.

Las mujeres que lograron huir del destacamento no corrieron mejor suerte. Uno de los testigos relata cómo tuvieron que irse a la montaña y cómo fue perdiendo a todos sus hijos por falta de comida y de agua o a causa de la persecución del ejército.

Doña Rosario Xo lo relata de la siguiente manera:

Si fue primero mi hijo de 4 años el solo se hinchó, porque yo no tenía nada de comida que darle, o medicina porque no teníamos nada en la montaña yo trataba de darle alguna raíz pero él no me lo aceptaba se hinchó y así fue como el murió; la segunda que muere es mi hija igual ella a veces me pedía de que comer y digamos no había nada, y a veces me decía vamos mamá a la casa ahorita hay pollos que comer en la mesa, y de igual manera ella solo se hinchó y así fue como murió mi hija; mi tercer bebe así fue como murió también yo recuerdo que lo llevaba en la espalda, el ejército nos estaba persiguiendo, yo lo llevaba en la espalda pero igual no podía darle nada porque no tenía nada que darle de comer, y pues lo que hice fue dejarlo así, fue muy doloroso porque yo no puede enterrarlo, lo deje en una hojas, realmente fue muy doloroso por que no fue una muerte o un entierro como debería de ser[22].

En el testimonio de Doña Rosario Xo o Doña Rosa Tiu y de otras mujeres que testificaron durante el juicio, se demuestra con claridad los efectos tan perniciosos que sufrieron éstas mujeres en sus vidas y en su cultura. Como describe la antropóloga maya, Irma Alicia Velásquez Nimatuj, en su peritaje sobre “la destrucción cultural de Sepur Zarco”, después de realizar 15 historias de vida sobre estas mujeres identifica que se produjeron, en todas ellas, dos pérdidas inseparables, la pérdida humana y la pérdida cultural, en la primera incluye, no solo a los seres queridos y familiares, sino los daños físicos y psíquicos que sufrieron después de las violaciones y las pérdidas culturales, incluyen no solo sus enseres materiales, sino su espiritualidad y su cultura. Esta perita señala claramente la responsabilidad del estado en éstos hechos debido a que “no se puede entender  la saña de estas violaciones, si no se comprende el marco de un estado que ha operado y reproducido un racismo estructural e histórico, en donde las mujeres ocupan el último lugar de la pirámide social y de la estructura racial”.[23]

¿Cuáles son esos rasgos comunes que nos permiten pensar que existió un patrón con pautas establecidas  que se deducen de los testimonios de las mujeres y hombres que declararon en el caso del destacamento militar de Sepur  Zarco y haciendas aledañas?

En primer lugar, todas ellas vivían en aldeas o caserío, alejadas de la cabecera departamental y cercanas a las haciendas y destacamentos de la región en lugares en donde ya se habían producido masacres colectivas anteriores como la de Panzós, Chisec y demás aldeas o caseríos cercanos a destacamentos o asentamientos militares, en donde los soldados patrulleros y comisionados y mandos medios, necesitaban utilizar a las mujeres para intercambios sexuales y servicio doméstico a su vez, como monedas de uso, de cambio y de deshecho[24].

Una vez producida la captura y desaparición de sus maridos por parte del ejército y de los comisionadoss, éstos retornaban a las casas a apoderarse de las mujeres, abusando de ellas y trasladándolas al destacamento militar previamente a incendiar sus casas y cosechas[25], con el fin de que no volvieran a ocupar esas tierras .

Casi todas las mujeres capturadas y llevadas a las haciendas y posteriormente al destacamento de Sepur Zarco, eran indígenas q’eqchi’, viudas o con sus maridos desaparecidos. Rondaban, en ese tiempo, una edad entre los 20 y 25 años con hijas menores, “eran a las mujeres jóvenes y niñas a las que violaban”, y en la actualidad tienen entre 50 y 55 años. A casi a todas ellas les habían asesinado  o desaparecido sus maridos entre 1982 y 1983 y casi todas ellas fueron conducidas al Destacamento de Sepur Zarco en donde las violaban “una y otra vez”, hasta que caían desmayadas y adoloridas de las piernas y de las caderas y con hemorragias continúas.

La violación casi siempre se producía delante de sus seres queridos, hijos pequeños, familiares y casi siempre delante de los otros soldados que hacían “cola esperando su turno” . Generalmente, la violación sexual iba acompañada de malos tratos, como ponerles la pistola en la sien, atarlas con lazos, tirarlas al suelo y abriles las piernas o pegarles y darles patadas mientras las violaban y casi siempre acompañada de insultos y comparación con animales como “chuchos”, “coches”, “vacas” o personas mal olientes.

La presencia de otros soldados o de otras mujeres de la aldea o caseríos vecinos y familiares, era una de las prácticas más traumáticas de vejación, humillación y pérdida de dignidad, frente a ellas mismas, y a sus familias, que contemplaban aterradas el abuso, tortura y violación, sin poder hacer nada[26]. La cúpula militar, los comisionados y los soldados, militares mantuvieron el control total de las mujeres que estaban siendo violadas, además de obligarles, después de haber sido utilizadas como monedas de canje, para lavar y preparar la comida para la tropa[27].

En cuanto al contexto socio-político, se deduce que la principal razón por la cual se construye allí un destacamento militar, en colindancia con varias  haciendas de familias de la oligarquía, Milla, Safí, Maegli y del ex alcalde de Pazós, fue debido a la petición de tierras de varias comunidades de la región al INTA, Instituto Agrario de Transformación de Tierras; cuestión que debió despertar, el estupor y enojo de los terratenientes que aprovecharon la situación de “estado de guerra” y de la política de contrainsurgencia, para apoyar  a los militares de la región de Mariscos y el Estor en la construcción de un destacamento cercano a sus fincas, con el fin de controlar dicha región y vigilar y castigar aquellos líderes que habían osado formar un comité para solicitar tierras al gobierno[28].

Don Domingo Cuc expresa las razones por las cuales fueron detenidos en su testimonio y manifiesta el odio que sentían por ellos:

Cuando empezamos a tramitar la tierra, nos dimos cuenta de que no estaba ocupada y nos pusimos a trabajar la tierra, y después de todo eso nos dijeron de que si tenía dueño y por eso fue que nos odiaron mucho, porque nosotros empezamos a trabajar en esa tierra que no estaba ocupado por nadie[29].

Por lo que se deduce de las declaraciones testimoniales de los testigos, los primeros en ser arrestados y desplazados a las fincas cercanas y llevados finalmente al destacamento de Sepur Zarco, en donde finalmente fueron asesinados, los líderes que presuntamente estaban involucrados en la petición de tierras y que fueron denunciados por los hacendados, capataces o los comisionados militares de la región.

Posteriormente, fueron arrestados, maniatados llevados a las fincas mencionadas San Miguel, Petashte, Chapín, Las Tinajas, en donde fueron interrogados y torturados y luego llevados al destacamento de Sepur Zarco, en donde permanecieron prisioneros. A juzgar por las exhumaciones posteriores o por la declaración de los /las testigos, algunos fueron asesinados, después de varios días o meses de tortura.

Según el artículo de Hernández (2005), Sepur Zarco se constituyó en un destacamento militar, en donde las viudas de los hombres asesinados funcionaron como botín de guerra como servicio doméstico sin pago alguno y como recreo de los militares.[30]

Muchas mujeres, una semana después de la fiesta patronal de 1982, dicen, llegaron al destacamento de las Tinajas para buscar a sus esposos detenidos. Y a todas, relatan, les negaron el acceso, la posibilidad de una última comunicación con sus esposos, fue allí en donde las violaron. A juicio de una de ellas,  “Fue dentro de mi casa. Frente a mis hijas pequeñas”……. “Me pusieron el arma en el pecho, una pistola en la boca, y abusaron de mí”.[31]

El destino que corrieron las mujeres de los supuestos guerrilleros, a los que nunca se les acusó de pertenecer a la guerrilla, sino de haber bajado de la montaña o haber proporcionado alimento a la guerrilla, era aparentemente su único crimen y su única acusación. La suerte  que corrieron sus viudas, fue bastante peor que la de sus maridos, porque éstas sirvieron como botín de guerra y fueron sometidas a violaciones sistemáticas, a todo tipo de abusos sexuales, además de servir de “recreo sexual” de los soldados y esclavitud doméstica en el destacamento, por periodos de tiempo que oscilaban entre seis meses hasta ocho años, organizándolas en turnos de explotación.

Prueba de la intencionalidad y de la protocolización de estas violaciones sistemáticas a las mujeres es este testimonio en el que la testigo cuenta como las inyectaban  para  que no quedaran embarazadas. Los soldados les decían abiertamente que “el gobierno las manda a violarlas”, utilizando sus cuerpos como botín de guerra.

Si bajo hemorragia, pero ellos me dieron medicina, ellos cargaban medicina, si ellos nos daban inyecciones como yo no sabía leer no pude darme cuenta de que inyecciones nos estaban poniendo, ellos lo que querían era que no quedáramos embarazadas, nos decían el gobierno nos mandó para que nosotros las violáramos, y nos decían están en nuestras manos y yo no podía hacer nada porque ellos tenían mucha fuerza.

El caso de éstas mujeres viudas fue el más sistemático y ejemplarizante, porque aparte de violarlas y, en algunos casos dejarlas embarazadas, violaron a sus hijas o les asesinaron brutalmente a sus bebes, con el único fin de darle una lección al resto de mujeres de las comunidades vecinas y como mecanismo de disciplinamiento y control social, además de ser una forma de expresión de la dominación, poder y control de los hombres hacia las mujeres con el ánimo de sojuzgar y humillar no solo a las mujeres, sino a sus esposos, familias o miembros de la comunidad. Las viudas se convirtieron en un botín de guerra y sus cuerpos mancillados/ ultrajados en una demostración de poder y control sobre el conjunto de la familia y de la población indígena.

Como indica la CEH, Comisión de Esclarecimiento Histórico, en su informe sobre la violencia de mujeres y niñas. “El 99% de las víctimas fueron mujeres y niñas indígenas menores de edad… las mujeres fueron víctimas de todas las formas de violación de los derechos humanos, pero además sufrieron formas específicas de violencia de género… En el caso de las mujeres mayas se sumó, a la violencia armada, la violencia de género y la discriminación étnica… La violencia sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco dela estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror y en grave vulneración de los derechos humanos y del derechos internacional humanitario.  (CEH, 1999)[32]

Como opina Diez y el Consorcio de Actoras de Cambio, el recurso de la violencia sexual durante el conflicto armado se produjo por cuatro motivos: eliminar física y moralmente a mujeres consideradas como enemigo interno o peligrosidad social; castigar física y moralmente a mujeres consideradas como seres queridos del enemigo interno y castigar, a través de ellas a los hombres considerados como enemigo interno y nosotras consideramos que además, tenía como finalidad hacia las mujeres, producir vergüenza en sus cuerpos y culpa[33]. En el caso de Sepur Zarco, esta motivación aparece muy clara en casi todas las declaraciones testimoniales en calidad de anticipo de prueba.

Otro rasgo común a destacar en estas declaraciones de prueba, es el empleo sistemático de la tortura física y psicológica tanto en hombres, como en mujeres y pareciera ser parte de un protocolo común empleado por el ejército  en otros casos de las mujeres Ixiles y Achíes. Resulta evidente en casi todos los casos que relatan los testigos, en  donde primero, se produce una captura ilegal, casi siempre en el lugar de trabajo de las víctimas, después  se les traslada a las fincas cercanas al destacamento, San Miguel, las Tinajas Pataxte. Posteriormente se pasa a su detención, encierro en calabozos e inicio de diversas formas de tortura, maltrato, insultos y una vez que se llevaban a los esposos, empezaban las violaciones sexuales a las mujeres y sus hijas. Después el traslado al destacamento de Sepur Zarco, para ser objeto de servicio sexual y esclavitud doméstica  con reiterados abusos sexuales a las mujeres, dentro del destacamento o  cuando éstas iban al rio a lavar la ropa de la tropa, en donde frecuentemente eran abusadas por más de  cinco soldados, a juzgar por los testimonios de varias de las mujeres[34].

El testimonio de Rosa Tiul, también resulta muy elocuente, una vez que capturan y se llevan a su esposo a la hacienda de las Tinajas, volvieron después a buscar a sus hijos y a ella. Cada vez que pasaban por su casa la agarraban y la violaban delante de sus hijos y además la trataban como un animal, lo cual prueba la deshumanización y vejación de la que fue objeto:

yo recuerdo cada vez que regresaban de la montaña… cada vez que regresaban pasaban por la noche y me agarraban por la fuerza, por eso mismo contar esto ante el señor juez  es muy doloroso,  después de lo que iba pasando ellos se fueron e hicieron un destacamento en la comunidad y después empezaron a ordenar que teníamos que ir a lavarles la ropa, hacerles la comida, y empezamos hacer eso a servirles de alguna manera, siempre había mucho miedo ellos seguían abusando sexualmente de nosotras, había mucho miedo si también nos oponíamos o decíamos que no queríamos hacerlo nos podían matar, nos amenazaban con quitarnos la vida, por eso es muy doloroso decirlo, cuando una vez yo me arme de valor pues cansada de que estuvieran abusando de mí y me fui a quejar con el teniente, y entonces los reunió y dijo: tal vez lo que tú los acostumbraste así, me trataron como un animal yo me daba cuenta que me trataban así porque yo estaba sola ya no estaba mi esposo, aparte de eso nos seguían al río porque ellos nos mandaban a lavar la ropa, y ahí también abusaban de mí en el río cuando yo iba a lavarles la ropa, después de esto así fui obligada de servirles en el destacamento por 6 meses hacerles la comida y a lavarles la ropa”[35].

Otro hecho relevante que resulta de uno de los supuestos más claros de crímenes de Guerra o de deberes contra la humanidad, es el desplazamiento forzado de la población sobreviviente. En casi todos los casos de mujeres y niños, con el fin de poder escapar de la violencia y sobrevivir, causando, no solo, un daño irreparable a la familia y a la comunidad que quedó desierta y la mayor parte de las casas incendiadas, sino que, en esa diáspora a la montaña murieron casi todos los niños/as que fueron obligados a desplazarse de sus comunidades. En casi todos los relatos se evidencia como estos niños murieron de hambre y frio. En ocasiones, no tuvieron que ser abandonados por sus padres, para no ser descubiertos en la montaña; en casi ninguno de los testimonios, las mujeres pudieron enterrar a sus seres queridos, a sus hijos, produciendo un sentimiento de culpa que les acompaña el resto de sus vidas.

El testimonio de Doña Rosario Xo:

Antes de irnos a la montaña mis hijos estaban bien, mis hijos en la montaña empezaron a padecer, no teníamos nada ni azúcar, ni había maíz para hacerles tortillas, empezaron a enfermarse y así empezaron a morirse… Recuerdo una vez que llevaba a mi hijo en la espalda y lo soldados empezaron a corrernos, pero él se estaba muriendo ente mis brazos y, cuando él se murió, yo no alcance a enterrarlo y lo tuve que dejar bajo un palo, fue muy dolorosa la forma como murieron mis hijos…. Yo dejé tres hijos míos en la montaña[36]

Uno de los efectos más graves, de todo el dolor sufrido por las violaciones, desplazamientos o torturas de esos  testimonios, que se trenzan con dolor y desánimo, es el hecho que se desprende  de los daños físicos y psicológicos producidos especialmente en las mujeres, y que, hasta la fecha aún tienen las secuelas de ello.

Varias de ellas se refieren a ese periodo como una etapa que “marcó su vida”, “que destrozó su matrimonio y su familia”  y que “cambió mi vida para siempre”. Una frase que se repite en éstos y otros testimonios de las mujeres Achís e Ixiles, es que ellas no tenían culpa de nada y que no entienden por qué les hicieron ese daño y es “muy doloroso recordar lo que viví”. Las secuelas físicas de éstos abusos permanecen en sus cuerpos y en sus mentes, hemorragias, abortos, “susto”, miedo incontrolable, depresión tristeza, daños irreparables en sus cuerpos y en sus mentes. Permanentemente se expresan comentarios manifestando el dolor que sienten al recordar los hechos, como la siguiente testigo, Margarita Chub.

Si voy a decir para eso estoy acá me duele mucho lo que me paso, por ser mujer me pasó todo eso yo tenía 22 años cuando me paso eso,  si cuando a mí me paso eso, la gente como me odiaba como me maltrataban porque me decían que los soldados te violan a cada rato y que yo lledia mucho[37].

 Uno de los testimonios más elocuentes es el de doña Catalina Caal Rax, que relata ese periodo de su vida como algo doloroso e inexplicable[38].

Me dejaron sin nada, es muy doloroso lo que viví, a mí me duele mucho recordar todo eso………. Salí de mi casa y fui a la montaña, yo pensé que ahí mis hijos se iban a salvar, pero que paso que ahí mis hijos se murieron de hambre, yo llevé mis hijos haya y ahí se murieron 4, una de mis hijas lleve a la montaña ella estaba embaraza y ahí la mataron la hicieron pedazos con machete que culpa tenían cuando los mataron, eso fue lo que hicieron los militares nos persiguieron debajo de la montaña ellos no sé que querían nosotros no teníamos nada, estuve 6 años en la montaña y ahí mataron a mis hijos, cuando los soldados nos perseguían en la montaña yo y mi hija pero en ese momento mis manos y mis pies estaban llenos de espinas yo no podía caminar por la gracia de dios yo estoy acá, ahí sufrí mucho con mis hijos, es verdad lo que estoy diciendo por que sufrí demasiado no lo estoy inventando porque fue de verdad lo que yo viví, nos dejaron sin nada quemaron mi casa todo lo que yo tenía y también mi siembra, señores y señoras yo les estoy diciendo la verdad no lo estoy inventando y es una gran tristeza todo lo que yo viví[39].

En casi todas las declaraciones de los testigos se evidencia el directo involucramiento de los comisionados y de los propietarios de las fincas  porque en muchas ocasiones ellas trabajaban para “su patrón” y fue en las fincas donde fueron apresados y torturados sus esposos y ellas fueron violadas. El testimonio de Felisa Cuc es representativo de la tortura y de la implicación de los terratenientes.

Pregunta del fiscal: ¿Cómo encontraron a su esposo,  recuerda donde  que los vio? … me duele mucho recordarlo porque ellas nos dijo mi pobre papa no parece persona parece animal maltratado, y ella fue la que me contó que pudo ver que él estaba lleno de sangre ya le habían metido alambre en la nariz, y en  los oídos a mi esposo, dice que el cómo sufrió, me duele bastante “. Eso fue lo que me conto mi hija[40].

Pregunta: Recuerda en qué lugar lo tenían?…. En esa hacienda lo tenían, fue bien doloroso lo que le hicieron, fueron los soldados porque estaban en esa hacienda de San Miguel[41].

Estos patrones que se repiten de forma casi idéntica en todos los testimonios unos con mayor dramatismo y otros con mayor sufrimiento y silencio, nos indican claramente la intencionalidad clara del ejército de acabar con un pueblo  y como las violaciones fueron una forma de generar humillación, degradación del ser humano y estigmatización por ser indígena y mujer. El trato cruel y brutal con los recién nacidos o de las mujeres embarazadas, hasta que terminaban abortando o muriendo desangradas prueba también el deseo de exterminar físicamente a una etnia. Las prácticas específicas realizadas contra las mujeres fueron también de increíble violencia: la extracción del feto en mujeres embarazadas aún con vida y el amputamiento de sus pechos; la violación sexual, incluso colectiva, a mujeres indígenas (89 %), de las cuales un 35 % eran menores de 18 años y la recurrencia a dejar marcas de la violación en los cadáveres, como objetos en las vaginas o estacas en los vientres[42].

Según la investigación del Consorcio Actoras de Cambio, las cifras evidencian que la violencia sexual se inscribió dentro de la ideología racista dominante, que se expresó en la destrucción del pueblo maya […] Las formas masivas, públicas, sistemáticas y generalizadas de ejecutar la violencia sexual, planificada y ordenada por los altos mandos militares, fueron los patrones de violencia sexual contra mujeres de origen maya […] obedece a que eran consideradas seres inferiores por ser mujeres e indígenas […]. Las atrocidades cometidas contra las mujeres expresaban misoginia, odio racial u odio de clase.[43]

Algunos de estos testimonios, nos permiten comprobar cómo en las formas de violencia, tortura, aniquilación en contra de las mujeres, niños e indígenas, hubo una planificación y una estrategia previa desde el alto mando, una intencionalidad diseñada desde la cúpula militar destinada a exterminar físicamente a un pueblo y a su descendencia. Esto generó un genocidio contra la población civil de origen maya, especialmente, población civil no combatiente[44].

Sin lugar a dudas esta violencia sexista y etnicista cargada de odio y racismo, puede catalogarse como etnocidio y limpieza étnica contra la población maya por el hecho de pertenecer a una etnia diferente, considerada como inferior y cosificada para facilitar su exterminio[45].

Uno de los elementos que más llaman la atención en todos estos testimonios, que y desde luego se refleja plenamente en el Plan Sofía, es la cosificación del otro o su animalización; el considerar a los Otros como cosas o como objetos. El hecho de que en todos los documentos del Plan Sofía se considere a las víctimas no como personas o como indígenas o sujetos, evidentemente en ningún caso como víctimas, es una forma de cosificarlos o de objetivarlos y quitarles su humanidad[46].

Qué duda cabe que esta violencia generalizada de carácter sexista, etnicista e infanticida, no ha sido castigada y los verdugos y ejecutores de dichos actos de etnocidio, infanticidio y feminicidio siguen en las calles impunemente y muchas víctimas se cruzan con ellos en sus aldeas y pueblos, como lo expresan muchos testimonio.

Todos estos datos nos hacen coincidir con los planteamientos de Sanford, Fundación Rigoberta Menchú, CALDH, García, Actoras para el Cambio, Paz y Paz, ECAP, Falla y Brett, sobre la responsabilidad del Estado guatemalteco, del ejército y de las elites de poder, especialmente de miembros de las redes familiares de la oligarquía que contribuyeron activamente en la tortura, desaparición, asesinato y abuso sexual de la población maya q’eqchi’ en esa región; así también diseñaron y ejecutaron una estrategia de guerra contrainsurgente y de crímenes de lesa humanidad contra la población maya a lo largo de la década de los ochenta[47].

Trenzando la tristeza y el dolor “me duele mucho recordar”: Los efectos psicosociales de las mujeres violadas durante el conflicto armado guatemalteco en el destacamento de Sepur Zarco.

Ya han sido suficientemente estudiados los efectos de la violencia en las mujeres, tras un conflicto bélico y el trauma de las mujeres después de una limpieza étnica en otros países como Ruanda, Armenia o Kosovo. No obstante, son escasos los trabajos, desde el punto de vista de la psicología y de las ciencias de la salud, sobre los perniciosos efectos psicosociales que produjeron estos hechos en las mujeres guatemaltecas. Tal vez los estudios más relevantes hayan sido los de Carlos Paredes, ECAP, Linda Green, Beatriz Manz o el del Consorcio Actoras de Cambio: la lucha de las Mujeres por la Justicia, Paz y Paz. Sin embargo queda mucho por hacer en este terreno y muchas heridas y cicatrices que curar[48].

En casi todos los trabajos mencionados y por los testimonios recogidos a todas las mujeres sobrevivientes y afectadas por la violencia y la violación sexual, resulta evidente que su sexualidad  ha quedado truncada o congelada y que casi ninguna de ellas quiere volver a tener relaciones sexuales posteriores y muchas de ellas han decidido no tener pareja. La agresión física se ha visto reflejada en sus cuerpos y en sus almas y casi todas ellas manifiestan un dolor profundo en diferentes partes de su cuerpo, jaquecas, dolores de corazón, nauseas, gastritis, lo que ellas llaman “susto”, nervios y una profunda tristeza y desgano.

De los 15 testimonios recabados, casi todas ellas eran viudas. Muchas de ellas expresan su alivio de no tener que estar nunca más con un hombre y otras dan “gracias al cielo” de que sus maridos no vivieran para no sentirse “avergonzadas” por todo lo que pasaron; algunas de ellas fueron estigmatizadas y marginadas de su comunidad por lo que les había pasado; algunas quedaron embarazadas y dieron gracias al cielo cuando perdieron el niño y después nunca más pudieron quedar embarazadas porque “por lo que me pasó quede mal, no pude tener hijos y me quedé soltera”[49]. Relatamos uno de los testimonios de denuncia que pone de manifiesto los efectos psicosociales y las huellas del dolor en su cuerpo y en su alma:

Yo quedé con el cuerpo muy dolorido, sobre todo en las piernas, la espalda y el estómago por los abusos que recibí. Como al mes de haber salido del destacamento me di cuenta de que estaba embarazada, pero al poco tiempo sufrí el aborto. Cuando encontré pareja, tuve problemas, porque mi cuerpo no quedó bien, cada vez que lograba embarazarme venía el aborto, por eso mi pareja se enojó conmigo y me abandonó. Ahora estoy muy sola porque no pude tener hijos[50].

Parafraseando a Paredes (2006), los testimonios de estas mujeres se refieren a huellas del dolor en todo el cuerpo, “Están enfermos de dolor”… “Este tipo de dolor es producto del recuerdo de lo vivido, de la marca que se lleva en el cuerpo y en el alma” y transita entre la depresión y la desgana por vivir y el recuerdo permanente del familiar muerto y de la violación”[51]. A juicio de Paredes, en las mujeres se produce una sensación permanente de vulnerabilidad, de soledad y vacío.

Uno de los testimonios lo expresa de la siguiente manera “Yo personalmente siento mucho todo lo que me sucedió sobre esta tierra. Pero a veces siento en mi corazón y en mi alma que ya no puedo más, y que hay momentos en que voy a desvanecer[52].

Esa sensación de querer desvanecerse, de querer desaparecer para dejar de sufrir y de recordar, esa sensación de no tener fuerzas para seguir viviendo, es otra de las manifestaciones más comunes en todas estas mujeres que denuncian al Ministerio Público y dan su testimonio. Después de 34 años de silencio y de agonía, se atreven a dar su testimonio, como un forma de expresar su rabia, dolor y como un medio de sanación y de petición de justicia. Es por ello que resulta tan importante para todas ellas, manifestar en público y sin miedo, todo lo que pasaron para que se haga justicia. Los comités de víctimas, el GAM, el colectivo de mujeres violadas Mayas q’eqchi’, la asociación del bufete jurídico popular ABJP, revindican el derecho a contar sus testimonios y denunciar la violencia sexual para que se haga justicia y puedan vivir en paz consigo mismas, con su comunidad y con sus familiares muertos o desaparecidos. Ese derecho puede empezar a formar parte de su sanación.

Análisis del genocidio y feminicidio en Guatemala

Del análisis histórico estructural sobre la génesis, la etimología, la reproducción y vigencia del racismo, el genocidio y el feminicidio en Guatemala y de sus diferentes lógicas, prácticas sociales y manifestaciones, así como de los principales actores (élites de poder, ejército, terratenientes, comisionados, mayas, ladinos, etc.), podemos deducir varios aspectos sobre la violencia y violación sexual en contra de las mujeres del Municipio de Izabal, destacamento de Sepur Zarco y fincas aledañas.

*   Los espacios sobre las que se construyó y reprodujo el racismo en Guatemala, desde la Colonia hasta nuestros días permanece incólume y no parece que haya habido ningún indicio de que los estereotipos y prejuicios que lo sustentan se hayan desactivado. Por lo contrario, la emergencia de los mayas como movimiento social y político y la guerra contrainsurgente agudizó el racismo hasta llevarlo hasta su máxima expresión como fue el genocidio y el feminicidio.

* Las bases sobre las que se montó esta estrategia de guerra y terror en contra de las poblaciones indígenas no fue casual. Posee evidentes elementos históricos en los que se evidencia que el racismo es un componente histórico-estructural que es clave para entender la magnitud de estas masacres colectivas y feminicidio en contra de las mujeres indígenas.

  • * No puede dejar de evidenciarse el papel que  jugó el Estado racista y sus aparatos represivos e ideológicos de estado durante la contienda ni la colaboración de ciertos sectores de la oligarquía. Esto puede verse en el caso del destacamento de Sepur Zarco y haciendas aledañas. así se  considera que estos casos de crímenes de deberes contra la humanidad, deben de ser juzgados, sentenciados y castigados y además  debe de darse una reparación moral y material a las víctimas.

* El ejército guatemalteco y su cúpula militar conocían estas prácticas sexuales aberrantes y estas violaciones masivas; no solo lo consintieron sino que lo planificaron y lo fomentaron para mantener involucrada a la tropa, para que sirviera de ejemplo a otras mujeres y comunidades mayas y para someterlas a un permanente estado de  tortura, vejación, humillación y deshumanización. De allí que podamos inferir de la intencionalidad del genocidio o de los crímenes de lesa humanidad.

* El Estado guatemalteco, los altos y medios mandos así como los comisionados, la tropa, Kaibiles y los patrulleros, cometieron delitos de lesa humanidad y de esclavitud sexual porque aplicaron medidas destinadas a impedir los nacimientos de niños del grupo Maya q’eqchí’; así también por la violación sistemática a las mujeres mayas, por someterlas a esclavitud sexual y por el desplazamiento forzado de varias comunidades y por asesinar a sus seres queridos durante el desplazamiento.

* El Estado racista buscó causar lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo Maya q’eqchi’.Especialmente a sus mujeres viudas porque aplicó prácticas de extrema crueldad para provocar terror en la población, porque utilizó a las mujeres como una de las principales armas de tortura, violaciones y humillaciones públicas, como medidas ejemplarizantes y porque exacerbó las reacciones más primarias entre los soldados, patrulleros, comisionados y mandos medios tales como el racismo, el sexismo, actos de violencia sexual e incluso el canibalismo, para degradar y humillar a la población Maya q’eqchi’, particularmente a las mujeres. De este modo el estado buscaba la desintegración de la comunidad  y aniquilar su identidad y su sentido de pertenencia.

* El estado Guatemalteco es responsable de los efectos psicosociales y de los traumas con las que estas mujeres han tenido que vivir durante más de 40 años, en los que han padecido graves enfermedades físicas y psicológicas. En algunos casos han provocado la infertilidad, depresión, problemas gástricos, “susto” en muchas de ellas y sobre  todo “mucho dolor al recordarlo”, además de las humillación, culpa y vergüenza a la que fueron sometidas.

* Los actos de crueldad y brutalidad aplicado por el estado, la cúpula militar, los comisionados y terratenientes en contra de las comunidades indígenas aledañas al destacamento de Sepur Zarco y haciendas cercanas, no fueron actos aislados de violencia o excesos cometidos por la tropa; sino que obedecieron a un patrón de conducta, que se repitió en casi todos los casos, de violencia sexual y esclavitud sexual de las mujeres y que respondió a una política contrainsurgente que se diseñó, planificó y ejecutó desde el Alto Mando militar, estando involucrados todos los cuerpos intermedios y patrulleros con el fin de destruir a una comunidad étnica.

* La implicación directa de los comisionados y de los terratenientes de la región tanto en la construcción del destacamento como en las tareas de detención, tortura y violación de las mujeres va más allá de una simple colaboración material, en los testimonios de casi todos los testigos está claro su involucramiento directo en todas estas tareas y violaciones de derechos y crímenes de deberes contra la humanidad.

* Por último, queremos dejar patente que la violación sexual sistemática, durante el conflicto armado fue utilizada como una estrategia de terror, como una de las formas más agudas de sojuzgar a las mujeres y a sus familias, utilizando el cuerpo de las mujeres y de las niñas para provocar un etnocidio en contra de la población maya q’eqchi’.

Por todo ello, coincidimos con el informe de la CEH, de la REHMI, ECAP. Actoras del Cambio y de muchos otras investigaciones recientes y compartimos las sentencias nacionales e internacionales, como la Audiencia de España y la del Tribunal de Alto Riesgo  en el caso de la Sentencia por Genocidio en contra el general Ríos Montt, así como y de la Embajada de España en Guatemala que señalan, que el Estado y su cúpula militar y las elites de poder, aplicaron una política de crímenes de lesa humanidad. Esto en contra de determinadas comunidades mayas, porque fueron catalogados como enemigo interno y en el caso de las mujeres como elementos desechables.

La Sentencia de Sepur Zarco, en varios de los peritajes de Nimatuj, Casaus y Soria que la sentencia da valor probatorio, establece que , “ la violencia sexual que enfrentaron las mujeres q’eqchi’, deSepur Zarco no puede ser entendido si no se comprende dentro del marco de un estado que ha ejercido y reproducido un racismo estructural e histórico y que ha sido fundamental en la construcción del país y ha operado para controlar y explotar a loso pueblos indígenas”[1][2][53] 

Conclusión final

No cabe duda que en todos los casos de violencia y violación sexual de mujeres y niñas en las fincas de San Miguel, Petachte, Las Tinajas, Chapín y finalmente en el destacamento de Sepur Zarco, se llevó a cabo un protocolo establecido y planificado desde las instituciones y los agentes represivos del estado, con el apoyo de los terratenientes de la región y con la directa participación de los comisionados militares. Estas formas de actuar se hicieron con la intencionalidad de infligir daño o destruir el tejido social, las familias y las comunidades del grupo étnico q’eqchi’, produciendo en la población afectada cinco elementos que son clásicos en los crímenes de guerra o de crímenes de deberes contra la humanidad: asesinatos y violaciones masivas de mujeres, ancianos y niños, destrucción de viviendas y símbolos religiosos y culturales, cementerios clandestinos o fosas comunes, desplazamiento de la población de sus comunidades de origen, despersonalización y deshumanización de las víctimas, declaración de enemigo público y planificación minuciosa y sistemática de planes de violencia y violación sistemática. Todo esto utilizando los cuerpos de las mujeres como arma de guerra.

Sin duda buena parte de esos elementos se cumplen en el caso de Sepur Zarco y, más específicamente, en el caso de las 15 mujeres q’eqchi’ y de sus maridos, cuyo único crimen fue pertenecer a un comité por la tierra, por trabajar en las haciendas aledañas o simplemente por vivir cerca de dichas fincas o destacamentos.

Finalizamos este artículo con algunas unas frases de mujeres que padecieron estas violaciones y que declararon en el juicio con el fin de que se hiciera justicia. Carmen Xol Ical terminó su testimonio afirmando:

Yo  quiero exponer cuanto dolor padecí, porque no aguanto siento que se me puede detener el corazón, y agradecerle mucho y pedirle disculpas  por que es real lo que yo viví, no es un invento, fue bien doloroso lo que yo viví, el que hayan destruido mi matrimonio me separaron y me marcó la vida, y yo no puedo describir cada uno del dolor que yo viví, pero ahorita mismo yo logre decir esto porque es algo real y yo agradezco muchísimo que me hayan escuchado.[54]

Y  la frase final de las mujeres de Sepur Zarco diciendo:

Nos levantamos, caminamos y fuimos a buscar justicia

 

Notas:

[1] Universidad Autónoma de Madrid.

[2] Programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Programa Universitario de Estudios de Género.

[3] La Sentencia dictada por la jueza Jazmín Barrios tuvo lugar en la ciudad de Guatemala, el 26 de febrero del 2016, Sentencia de Sepur Zarco por delitos contra deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual y tratos humillantes y degradantes y desaparición forzosa. Sentencia C-0176-2012-00021. Esta jueza ha sido  ha sido sometida a una fuerte presión y quien ha sufrido innumerables amenazas de muerte a su familia y a ella. Ver: Ruiz Trejo, M. (2013).

[4] Ver: Casasús M. (2016) “Peritaje  sobre el racismo y violación sexual de las mujeres  como arma de guerra en el destacamento militar de Sepur Zarco”, en, Sentencia de Sepur Zarco por delitos contra deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual y tratos humillantes y degradantes y desaparición forzosa. 2016

[5] Comisión de Esclarecimiento Histórico, (1999) Guatemala, Memoria del silencio, vol. III, Guatemala: UNOPS, 1999. CEH, 1999,  p.32

[6] Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH, 1999,  Tomo III, p. 32.

[7] Emma Chirix, “Subjetividad y racismo: la mirada de los otros y sus efectos”, IDEI, Los desafíos de la diversidad, nº 18, año 11, noviembre, 2004, pp. 19-31.

[8] A nuestro juicio, es en el Estado y sus aparatos represivos, donde el genocidio opera como la máxima expresión del racismo, porque constituye un elemento intrínseco y forma parte de uno de sus ejes vertebradores utilizados por las elites de poder. “El Estado territorial soberano reclama, como parte integrante de su soberanía el derecho a cometer genocidios o participar en matanzas genocidas que estén bajo su dominio”.

[9] Ver Macleod, Morna en Ruiz Trejo, 2014.

[10] Marta Casasús Arzú, Guatemala el genocidio máxima expresión del racismo en Guatemala, FyG editores,

[11] Algunos artículos de Marisa Ruiz Trejo han abordado estas problemáticas ampliamente.

[12] Caputi, Jane y Russell, Diana (1990/1992).

[13] Radford, Jill and Diana E. H. Russell: Femicide: The Politics of Woman Killing. New York: Twayne Publishers.

[14]Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Capítulo V, Art. 21

[15] Monárrez Fragoso, Julia Estela (2009). Peritaje sobre Feminicidio Sexual Sistémico en Ciudad Juárez. Caso 12.498 “González y otras vs México” Campo Algodonero presentado ante la corte interamericana de Derechos Humanos. Santiago de Chile.

[16] Segato, Rita Laura. “Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación.” Revista Herramienta 16 (2012): 49.

[17] Paz Bayley O.A,(2015), “ Violencia sexual, memoria y conflicto armado en Guatemala”, tesis doctoral de la Universidad Benemérita de Puebla.

[18] Hacemos esta mención a fincas aledañas por la indudable responsabilidad y complicidad que tuvieron los terratenientes de la zona en estos crímenes y por la colaboración estrecha que prestaron a los militares y al proyecto contrainsurgente.

[19] Carlos Paredes, (Ed), (2006) Te llevaste mis palabras, efectos psicosociales de la violencia política en comunidades del Pueblo q’eqchi’, Guatemala, Unión Europea, ECAP, p. 35.

[20] Carlos Paredes, Te llevaste mis palabras…  op.cit., p.35.

[21] Carlos Paredes, Te llevaste mis palabras… op.cit., p.38.

[22] Declaración de Prueba anticipada de Doña Catalina Xo.

[23] Peritaje de Irma Alicia Nimatuj, “La destrucción cultural de Sepur Zarco” Sentencia de Juicio de Seper Zarco, 26 de febrero,2016, p.101 y sigs.

[24] El caso de Sepur Zarco no fue el único en la región, se produjeron otros atropellos y violaciones en otros destacamentos, en otras regiones como Panzós y Alta Verapaz. Guatemala: Esclavitud sexual en destacamento militares, en, El Periódico, 24 12,2012

[25] Concentración o reubicación que nos recuerda mucho a los campos de concentración nazis o a los pueblos de indios del periodo colonial.

[26] Una de las cosas que más acusan las mujeres víctimas de la violación no es el daño infringido en ellas y en sus cuerpos , sino la vergüenza y deshonra que pasaron al ver a sus padres o maridos presenciar esos hechos tan dolorosos como vergonzantes. Algunas incluso se alegran de que hubieran matado a su marido para que no hubiera presenciado esa violación.

[27]  Casi todos los testimonios de Declaración de la Prueba confirman esta situación y señalan con nombres y apellidos, no solo a los militares de rango del destacamento si no los nombres de los comisionados y de los terratenientes que participaban activamente en las tareas de detención, desplazamiento tortura de  los campesinos.

[28] Recordemos que en esa región a parte del valor de las tierras estaba ubicada la Franja Transversal del Norte, en cuyo subsuelo había yacimientos de minerales y petróleo y que fueron compradas a muy bajo precio por miembros de la oligarquía y por militares durante la década de los 70 y 80.

[29] Testimonios de Declaración, Don Domingo Cuc, 28-09-2012

[30] Oswaldo Hernández, “Sepur Zarco: “El recreo de los soldados”, en Plaza Publica, 1 de octubre, 2005.

[31]  Oswaldo Hernández, “Sepur Zarco: “El recreo de los soldados”, op. cit.

[32] CEH y ECAP, La tortura en Guatemala: Prácticas del pasado y tendencias actuales,  Guatemala, ed. UE,ECAP e Instituto de Estudios Forense4s,,2012

[33] Consorcio Actoras de Cambio, Consorcio Actoras de Cambio: La lucha de las mujeres por la justicia. Rompiendo el silencio. Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala. Guatemala: ECAP, UNAMG y F&G editores, 2006. y Marta Casaus,  “Violación sexual de las mujeres mayas: Un caso de violencias desbordadas”, en Santiago Bastos y Manuela Camus (ed.), Dinosaurio Reload, Guatemala, Flacso, 2012.

[34] Declaración Testimonial de de Matilde Sub, 24-09-2012, “si primero se llevaron a mi esposo y después me violaron”…. eran cuatro soldados, “ abusaron también de mi suegra y de mi cuñada, a ellas las violaron también”

[35] Declaración Testimonial ante el Ministerio Público, de Rosa Tiul, 25-09-2012.

[36] Declaración de Rosario XO, 24-09-2012

[37]Declaración testimonio Margarita Chub, 26-10-2012. En éste testimonio aparte de mostrar el dolor de recordar los hechos y la violación sistemática se expresa signos de desprecio y racismo al decirle a la víctima que la violaban por “lledia”, en Guatemala el verbo de oler es sinónimo de lleder”

[38] Declaración testimonial de Doña Catalina Caal Rax, 24/09/2012

[39] Declaración de Prueba Anticipada de Catalina Caal Rax, 24-09-2012

[40]  Declaración de prueba anticipada de Felisa Cuc, 26-09-2012.

[41]  Declaración de Prueba Anticipada de Felisa Cuc, 26-09-2012. La hacienda San Miguel era propiedad de los Milla y ella reconoce a varios miembros de la familia durante  el apresamiento y tortura de su esposo e identifica como el terrateniente Arturo Milla que iba vestido de soldado.

[42] CEH, Comisión de Esclarecimiento…, Tomo III, p.32.

[43] Consorcio Actoras de Cambio: La lucha de las mujeres por la justicia, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Rompiendo el silencio. Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala, Guatemala: ECAP, UNAMG y F&G editores, 2006, pp. 16-17.

[44] Lo que más llama la atención en el caso del genocidio de Guatemala es la inmensa cantidad de violaciones a asesinatos perpetradas contra niños (18 por ciento), cuyo 43 por ciento correspondieron a ejecuciones arbitrarias, y que del total de las ejecuciones arbitrarias representaron el 20 por ciento. Solo en tres días en el Plan Sofía el militar, Mario Roberto Grajeda Toledo, reporta que durante los días 25,26 y 28 de julio de 1982 el ejército capturó a 91 niños, 73 niñas, 3 recién nacidos, 69 mujeres y 52 hombres, catalogados como FIL. Las formas de la ejecución de bebés, que fueron atravesados por palos, sus cuerpos quebrados vivos, estrelladas sus cabezas contra piedras o palos, ahorcados, quemados, golpeados contra el suelo. A esto se suma la cifra de los niños desaparecidos.

[45] Esta violencia se sigue expresando actualmente en el feminicidio llevado a cabo estos dos últimos años en Guatemala donde mueren más de dos mujeres al día y ya han sido asesinadas impunemente más de 500 mujeres, esta vez bajo la sospecha de que son prostitutas y mujeres de los miembros de las “maras”, sin que haya pruebas sobre ello. “Feminicidio en Guatemala”; en ABC dominical, Madrid, 11 al 17 de diciembre, 2005 y Sanford, Violencia y genocidio….

[46] Sobre este tema de la animalización del otro y de sus efectos en los casos de genocidio véase,  D.J. Goldhagen, Peor que la guerra, eliminación masiva y continua agresión contra la humanidad, Madrid, Taurus, 2010

[47] Ricardo Falla, “Genocidio en Guatemala”, Tribunal Permanente de los Pueblos: Sesión Guatemala, Madrid: IEPALA Editores, 1984; Sanford, Violencia y genocidio…; CALDH, Genocidio, la máxima expresión del racismo, Guatemala: CALDH, 2004; Prudencio García, El genocidio de Guatemala, a la luz de la sociología militar, Madrid: SEPHA, 2005; Julieta Rostica, “Interpretaciones de la historia reciente y memoria colectiva. Guatemala y el proceso de democratización”, Daniel Feierstein (comp.), Terrorismo de Estado y Genocidio en América Latina, Buenos Aires: Prometeo, 2009.

[48] Otros trabajos colectivos realizados por hombres y mujeres mayas sobre este tema son los de OJ Káslik, Estamos Vivos,  Recuperación de la memoria histórica de Rabinal (1944-1996). Guatemala: Museo Comunitario de Rabinal, 2003. op cit., Las mujeres Mayas de Kaqlá o los últimos trabajos de ECAP, Equipo de Estudios Comunitarios y de acción psicosocial, La tortura en Guatemala: Prácticas del pasado y tendencias actuales, , cap.VI,pp:177-186, Guatemala, FyG editores,2012.Linda Green, Fear as a way of life, Mayan widows in rural Guatemala, Columbia University Press, 1993.

[49] Testimonio y denuncia de JXA al Ministerio Publico, p.13.

[50] Denuncia Testimonio al Ministerio Público de PIR, p.14

[51] Carlos Paredes, Te llevaste mis palabras, (2006), op.cit., p.95

[52] Carlos Paredes, Te llevaste…. p.95.

[52] Ibid., p.98

[53] Peritaje de Irma Alicia Nimatuj, Sentencia de Juicio de Sepur Zarco, 26 de febrero,2016, p.102.

[54] Declaración de Prueba Anticipada de Carmen Xol Ical, 27-09-2012

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Velazquez Nimatuj, I.A. “Peritaje de Irma Alicia Nimatuj, “La destrucción cultural de Sepur Zarco” Sentencia de Juicio de Sepur Zarco, 26 de febrero, 2016, p. 101 y ss.

Fuente: Pacarina del Sur – http://www.pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1436-procesos-de-justicia-y-reparacion-el-caso-sepur-zarco-por-violencia-sexual-violacion-y-esclavitud-domestica-en-guatemala-y-su-sentencia-paradigmatica-para-la-jurisprudencia-internacional – Prohibida su reproducción sin citar el origen.

La democracia anhelada desde el autoritarismo

Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Pablo Rangel

Foto: Fotos Antiguas de Guatemala

Durante las protestas que se concentraron los sábados en el Parque Central en el 2015, fueron surgiendo varios planteamientos que, leídos desde una perspectiva política y social, dan claves para comprender lo que en un futuro no muy lejano puede transformarse en la frustración de las expectativas sobre la democracia. ¿Estamos en condiciones de ver el proceso revolucionario del 44 como una gesta democrática real, con luces y sombras,  sin desvalorar su sentido renovador y rupturista con el orden autoritario que le precedía?

Para comprender esta reflexión es necesario traer a discusión algunas expresiones que se manifiestan en el diario vivir de la sociedad guatemalteca.

Los sectores más conservadores del país, desde  la segunda mitad del siglo XX han señalado que “en el tiempo de Ubico la vida era más segura”, por otro lado, expresan frases como “en el tiempo de Ubico no habían ladrones, se podía dejar la puerta abierta y la llegaban a cerrar los policías”.   Los huelgueros sancarlistas  se mofaban de estas falaces expresiones diciendo “en el tiempo de Ubico, a los perros los ataban con salchichas y ¡no se las comían!”.

Desgraciadamente esta posición crítica se ha perdido y son pocas las voces que contestan las frases que magnifican al dictador.  Pero, para las protestas del 2015, en medio de la movilización surgió un nuevo icono, la figura de Jacobo Arbenz Guzmán.  Obviamente genera esperanza ver el rostro de Arbenz y también pensar en cómo sería una Guatemala en la que él no hubiera sido derrocado por las tropas liberacionistas apoyadas por la Central de Inteligencia Americana -CIA-.   Sin embargo, observando un poco más despacio los planteamientos que se hacen alrededor de Arbenz, dejan ver que su imagen se contrapone a la de Ubico, es decir, una lucha de iconos, algo muy propio de las visiones autoritarias y centralizadas en el poder del hombre fuerte.

Para vacunarnos de estas perspectivas que aunque suenan bienintencionadas son perniciosas, es necesario humanizar a los personajes, en este caso a Arbenz.  La única manera de lograr este objetivo es a través de la explicación de su historia.

Los dos gobiernos de la Revolución , el primero con el Doctor Juan José Arévalo como presidente y el segundo, del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, fueron los primeros y hasta hoy únicos gobiernos democráticos en Guatemala.  Ambos mandatos rompieron con el orden autoritario e intentaron construir una Guatemala lejos de la lógica de la sociedad-finca. En palabras de Sergio Tischler, fue un momento de crisis y ruptura sistemica.  De igual forma, este momento de desarrollo político, al verse frustrado por fuerzas intervencionistas iba a marcar las siguientes luchas rebeldes y la búsqueda de las fuerzas progresistas y revolucionarias por construir una democracia real que hasta hoy ha sido esquiva.

El hecho de ser los primeros gobiernos democráticos iba a significar también que durante su existencia se iban a manifestar las tensiones que surgen al vivir en democracia.  El mismo Congreso de la República estaba conformado por varios personajes de la élite intelectual nacional que eran abiertamente conservadores, incluso, algunos representantes de la oligarquía nacional.  Las fuerzas progresistas o que comulgaban con los ideales de aquella revolución, no eran mayoría ni tampoco habían constituido aplanadoras en el Legislativo.  El grupo de los 15, estaba formado por personajes de diferentes procedencias.  Esto es evidente en la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas que tiene lugar entre Clemente Marroquín Rojas (quién procedía de las fuerzas Unionistas de 1920) y David Vela (joven abogado con firmes ideales revolucionarios). Finalmente predomina la posición de Clemente Marroquín y a través del indigenismo paternalista se plantea la creación del Instituto Indigenista Nacional en 1945.

Después del retiro abrupto de Arbenz del poder y la instauración de gobiernos de corte militar se cierran todos los canales democráticos de participación.  Para 1960, surge la guerrilla revolucionaria y se instaura un estado contrainsurgente.

Con el paso del tiempo y después de más de 56 años del inicio de la guerra en el país, la sociedad guatemalteca ha aprendido a vivir en algo que se puede denominar como una “democracia tutelada” o “democracia autoritaria”.  En un régimen de esta naturaleza el disenso no existe, se puede observar que se encuentra subyacente la voz del dictador que impone su norma y visión de manera arbitraria.  Esta visión de la vida y sociedad ha provocado que en Guatemala estar bien, integralmente, signifique vivir sin desencuentros con nadie más, es decir, existir en  silencio y sin el contratiempo de tener que lidiar con alguien más.  Esto no es vivir en democracia.  La democracia es de tensión, de lucha política, de proponer y contraponer, de participación; obviamente en Guatemala esto no se ha dado.

Hoy llamo a la reflexión, ¿Estamos preparados para abrir los ojos y saber que la revolución del 44 es un llamado a construir un Estado democrático y no solo a replicar las acciones que en aquel momento fueron las adecuadas? ¿Estamos en la capacidad de reconocer a los humanos detrás del proceso revolucionario de 1944-54 o preferiremos seguir viendo a Arbenz con el lente heredado de décadas de autoritarismo?

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

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Hoy 30 de Agosto de 2016 se llevo a cabo la Inauguración de la Sala “Marco Antonio Molina Theissen” y del Salón “Familia Álvarez” en memoria de Felipe Álvarez Tepaz, Mateo, Jorge, Mario y Rosalio Álvarez Capir. Que desde ahora forman parte de la Exposición de “Por Que Estamos Como Estamos“ invitadas todas las personas a visitar y saber un poco más de nuestra memoria e historia. 9a Av. “A” 18-95, zona 1 Bodega 1 de FEGUA (a la par del museo del ferrocarril y a pocos pasos de la Plaza Barrios)

#GuatemalaEnMovimientoS #LibertadDeExpresión #GuatemalaNuncaMás

Mamá, si desaparezco, ¿adónde voy?

No lo sé, hijo.

Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella.

Tocaría en cada puerta de cada casa.

Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino.

Exigiría, todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte que lo hiciera hasta encontrarte.

Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando.

 

Y si no me escucharan, hijo;

la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles.

Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte.

Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses.

Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara.

Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus  hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos.

Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos.

 

Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero.

Gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido.

Escribiría sus nombres en los muros.

Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres; hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos.

Caminaría del brazo de ellos por las calles.

Y no permitiría que sus nombres fueran olvidados.

Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos.

…Hubo otra vez un encuentro de gente que ama los ríos

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Por Quimy De Leon

Cientos de mujeres, hombres, niños y niñas se movieron desde distintos puntos del continente y del país. Se movilizaron con la misma fuerza con la que fluye el agua del río Usumacinta que dio vida a las ideas que se intercambiaron, en un poblado llamado el Retalteco, en el municipio de Las Cruces en Petén.

Toda este gente, caminó, voló y recorrió cerros y valles hasta encontrarse en una sola corriente que gritó RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE.

La población del Retalteco, parte del Frente Petenero contra las Represas, nos dio albergue. Decenas de manos de hombres y mujeres, garantizaron día y noche las condiciones materiales para albergar a mas de 500 personas, prepararon la comida que nos daba el sustento para pasar los días y seguir las discusiones. Dormimos entre las paredes de la escuela primaria, en donde se prepara la niñez por la que luchamos, bajo la lluvia intensa y permanente del Petén.

En este V Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua – REDLAR, se llenó la sabana petenera de colores y de lluvia; se discutió sobre la necesidad de proteger la vida y los ríos; sobre la política energética de la región, el derecho a la consulta y para denunciar la criminalización de quienes valientemente defienden el agua.

El contexto del encuentro

El contexto en el que se dio este encuentro es bastante complejo y terrible para la población que defiende los ríos. Por un lado el gobierno ha desplegado una estrategia de represión y criminalización, como ocurrió en Alta Verapaz y en Huehuetenango. Lo que hemos viviendo como dice Carlos Figueroa Ibarra, es “una guerra de baja intensidad. No se hace en nombre del anticomunismo. Se hace en nombre del gran capital. Los motivos son distintos, los represores son los mismos.”[1]

Citaremos algunos hechos que fueron el marco en el que se dio este encuentro:

  • El 27 de septiembre del 2013, en seguimiento del juicio por la masacre de las Dos Erres parcelamiento del municipio de Las Cruces, ocurrida en diciembre de 1982. El sobreviviente Ramiro Osorio declaró en California. Este juicio es en contra del militar retirado Jorge Sosa.
  • Del 28 de septiembre al 1 de octubre se vivieron momentos de represión y terror en el norte de Huehuetenango para imponer proyectos hidroeléctricos en la región, principalmente a la empresa Hidro Santa Cruz en Barillas. Con esto intentaron al mismo tiempo forzar el “dialogo“ para lograrlo. Frente a ello, la población se organizó y ejerció su derecho a reclamar el derecho a defender su territorio y a exigir que la represión se detenga.
  • Durante estos días el gobierno amenazó con expulsar del país a “extranjeros que participen en protestas sociales“ y dijo “no se ha visto extranjeros en el desarrollo de este conflicto, pero se tienen datos que confirman su participación en otros hechos similares”.[2]
  • El 4 de octubre se cumplió un año de la masacre de Totonicapán.
  • Perversamente en los Twitter de los medios corporativos,[3] circuló un rumor de que había habido una masacre en San Andrés, Petén. Algunos decían que era en la Aldea Santa Rita y otra que en el “Picudo“ y que habían muerto 35 personas; para confirmarlo “rastrearon“ el departamento vía aérea y con una patrulla especial operaciones de selva, finalmente era mentira. Casualmente ese día fue detenido el narcotraficante Eduardo Villatoro Cano en medio una fuerte propaganda mediática.
  • El 11 y 12 de octubre miles de personas se organizaron y movilizaron para mostrar su fuerza y presencia por el día de la Dignidad y Resistencia Indígena.

Está claro que hay una estrategia de terror en contra del movimiento y de la organización comunitaria frente a los megaproyectos, minería, hidroeléctricas y represas.

Y a pesar de todo…

La gente enfrenta el miedo, se moviliza, se reorganiza, intercambia, baila, canta y después de días de intensos debates acordaron acciones para fortalecer las articulaciones  en una red continental.

Para ello, delegaciones hicieron giras previas, como la que se dio en Barillas, en donde pudieron constatar la situación que se vive en sus comunidades como resultado de la agresión empresarial de la española Ecoener Hidralia Energía/ Hidro Santa Cruz S.A.  y del Estado guatemalteco.

Ni las balas ni el terror pueden cortar las ganas de vivir, la solidaridad y la alegría de luchar por mantener la vida.


[1] “Terror y rapacidad neoliberal” Carlos Figueroa Ibarra, La Hora, 10 octubre 2013.

[2] “Expulsarán a extranjeros que participen en protestas sociales”. Prensa Libre, 30 de septiembre 2013

[3] Nuevo Mundo Radio@NuevoMundoRadio, elPeriódico @el_Periodico, sonora969 @sonora969, Nuestro Diario @NuestroDiario.

Guatemala Comunitaria

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Por Prensa Comunitaria 

Somos un grupo de comunicación, reflexión y análisis acerca de la movilización comunitaria y la acción política de los pueblos y sus demandas legítimas. Nuestro espacio pretente abrir la posibilidad de reflexión colectiva como condición para la construcción de conocimiento, generar información para romper el cerco mediatico y realizer acciones denuncia para la acción.

Hacemos periodismo comunitario, feminista y autónomo. Nuestras herramientas son la palabra, el sonido y la imagen, con ellas difundimos nuestras ideas y a la vez aportamos en la denuncia, la difusión, las posturas de la población organizada frente a la agresión; así como el modelo de acumulación que se trata de imponer en nuestro país. Nuestros intereses giran en torno a la memoria histórica, los feminismos y los pueblos indígenas, la defensa de la tierra y el territorio.

Estado de Guatemala incumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, por desaparición forzada

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Por Nelton Rivera

Familiares de 28  de las 183 personas que aparecen en el “Diario  Militar”, quienes sufrieron desaparición forzada por fuerzas del Estado de Guatemala durante la década de los años 8Os,  realizaron un encuentro con el Procurador de los Derechos Humanos.  Con el objetivo que se investigue el incumplimiento de este gobierno en ejecutar la condena de la CIDH, misma que fue emitida en el año 2012.

De León Duque se comprometió a acompañar el proceso y a velar porque el Estado de Guatemala cumpla con la sentencia  por los delitos de Desaparición Forzada en contra de 28 personas que fueron detenidas y desparecidas entre los años 1982 a 1985 por la Policia Nacional y el ejercito de Guatemala.

Condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos CIDH resolvió a través de una sentencia del 20 de noviembre  del año 2012 en el Caso Gudiel Álvarez  y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala,   que concluye:

“Conclusiones y determinaciones de la Corte respecto de la obligación  de investigar las desapariciones forzadas, alegadas detenciones y  torturas y una presunta ejecución:

1. Investigación de  las desapariciones forzadas de las 26 víctimas  desaparecidas y la muerte de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.

2  Obligación de investigar la alegada detención y tortura de Wendy e Igor Santizo Méndez.

Conclusiones y determinaciones de la Corte respecto a las  violaciones  en perjuicio de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y de  las 26 víctimas desaparecidas:

  1. Respecto al derecho a la integridad personal.
  2. Respecto al derecho a conocer la verdad.
  3. Respecto al derecho de circulación y de residencia.
  4. Respecto a la protección a la familia y los derechos del niño.
  5. Respecto de las libertades de Asociación y de Expresión.”[1]

También la CIDH concluye con la responsabilidad del Estado de Guatemala de la Reparación y Costas , para las y los familiares.

Para  Macrina Gudiel Álvarez  familiar de desaparecidos en Guatemala, esta es una lucha difícil, ella esta en representación del caso 9 caso José Miguel Álvarez detenido desaparecido el 22 de septiembre del año 1983,  a 30 años de haber sido él ilegalmente detenido y posteriormente desaparecido.

Como este caso, hay 183 casos del llamado documento “Dossier de la Muerte o Diario Militar” que fuera desclasificado en el año 1999, por la NSA en Washington.  Un documento que actualmente esta  reconocido que salio del interior de la institución armada de Guatemala, como proceso de vigilancia, persecución, detención, ejecución o desaparición de militantes revolucionarios.

“una vez mas nos volvimos a encontrar familiares dentro de organizaciones como FAMDEGUA para buscar apoyo,  al mismo tiempo  ante  Ministerio Publico iniciamos el proceso de búsqueda, desafortunadamente en Guatemala la justicia no es ni pronta ni justa, y una vez mas en la investigación que inicio el MP en 1999, iba dirigida a investigarnos a nosotros como familiares y a investigar a nuestros propios familiares desaparecidos.” Macrina Gudiel Álvarez.

 Negativa del Estado de Guatemala

Luego de haber agotado todos los requerimientos legales del proceso, comprobar y entregar todas las pruebas para sentar las bases del delito de Desaparición Forzada. Después de 8 años de proceso internacional el 20 de noviembre del 2012, la CIDH dicta sentencia y condena al Estado de Guatemala por varios delitos  graves de Lesa Humanidad.

Ante  la negativa de la justicia, es que 28 familias con el apoyo de la Fundación Myrna Mack , se constituyeron e iniciaron un proceso ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos,  avanzando a la  Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Durante  el 2012  el Estado trato de desconocer la competencia de la CIDH,  creando la posibilidad de quedar fuera del consorcio de países del mundo en materia de DDHH y quedaría como un Estado que sigue violando los mismos en el mundo.

Al día de hoy denunciaron las y los familiares que el Estado, principalmente los funcionarios públicos de este gobierno continúan desconociendo el proceso internacional que duro 8 años y la condena emitida por la CIDH.  En junio 2013 se venció el plazo fijado por la CIDH para materializar la condena.

La sentencia contra el Estado de Guatemala

Se logro la sentencia en diciembre del 2012, en la cual manda al Estado:

En primer lugar, dar a conocer la sentencia emitida por la CIDH, cosa que no ha hecho el Estado. Posterior manda a dignificar la memoria, allí las y los familiares pedieron dos cosas concretas: un documental que de conocer quienes eran sus familiares y un parque memorístico para que se eduque a la sociedad de hechos sucedidos para que no se vuelvan a repetir.

Además manifestó Macrina Gudiel:

Tam bien las reparaciones materiales e inmateriales, en los que se nos hizo caer ante la desaparición de nuestros familiares, y algo muy impórtate es la investigación científica, la CIDH manda al Estado a realizar la investigación científica  donde esclarezcan el lugar a donde los llevaron, que les hicieron, si los ejecutaron: cuando y donde los dejaron, y posteriormente que llegue la justicia y se condena  alas personas que estuvieron involucradas alrededor de eso.”

“Desafortunadamente en Guatemala trabajar en la defensa de los DDHH o en cualquier tema, pero trabajar sobre la Memoria, verdad y Justicia sigue siendo altamente riesgoso, por eso queremos que la PDH vele porque el Estado de Guatemala cumpla con la sentencia de la CIDH.”

Lea y descargue la Carta entregada al Procurador:

[scribd id=173125711 key=key-657vee00iy9rqgi9vp3 mode=scroll]


[1] Corte Interamericana de los Derechos Humanos CIDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana. Sentencia 20 de noviembre 2012.  (Fondo, reparaciones y costas).

Comunicado

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Nada
podrá
contra esta avalancha
del amor.
Contra este rearme del hombre
en sus más nobles estructuras.
Nada
podrá
contra la fe del pueblo
en la sola potencia de sus manos.
Nada
podrá
contra la vida.
Y nada
podrá
contra la vida,
porque nada
pudo
jamás
contra la vida.

Resistencia de los pueblos en el territorio Norte de Huehuetenango, Comunidad PETT municipio de Santa Eulalia, jornada de lunes 30 de septiembre 2013.

Poema Comunicado de Otto René Castillo.

Fotos: Qeqkoj.

Organizaciones buscan accionar de Procurador de los Derechos Humanos para detener la represión en Huehuetenango

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Por Prensa Comunitaria

Lunes 30 de septiembre, una comisión de representantes de distintas organizacionessociales y campesinas tuvieron una reunión a puerta cerrada con el Procurador General de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, en donde básicamente se tocaron los puntos principales en relación a la problemática de los municipios y aldeas del norte de Huehuetenango que en estos momentos se encuentran bajo ataque por parte de fuerzas armadas, coordinadas por el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, el Ministro de la Defensa Manuel López Ambrocio y el Presidente de la República Otto Fernando Pérez Molina.  (La “Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala”, en su título II Organización del Ejército de Guatemala, Capítulo I, Artículo 13, literalmente dice: “El Presidente de la República en su carácter de Comandante General del Ejército, el Ministro de la Defensa Nacional y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, constituyen el Alto Mando del Ejército de Guatemala”)

Se hizo un reseña de algunos de los acontecimientos que se han sucitado en el último año en Huehuetenango, como la detención del líder Ruben Herrera, el asesinato del compañero Andrés Pedro Miguel, la captura de once presos políticos de Santa Cruz Barillas, y la recaptura de dos de ellos ( Saul Aurelio Méndez y Rogelio Antonio Velásquez) el 26 de agosto de este año.  El enfrentamiento provocado por la empresa Proyecto de Desarollo Hídrico (PDH) en San Mateo Ixtatán el 29 de agosto.  Posteriormente el 11 de septiembre que se exculpó a los empleados de la empresa Hidro Santa Cruz, de los cargos por asesinato del compañero Andrés Pedro Miguel.

A pesar de estos acontecimientos que han marcado la vida de los pobladores de Huehuetenango, las comunidades expresan que hay un cierre de diálogos, no han sido escuchados, mientras el gobierno ratifica la apertura de otras dos hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango.

De León Duque señaló que hay un grupo de auxiliatura de la PDH que al parecer se haría presente en las últimas horas en las comunidades atacadas por el ejército y la policía nacional civil, sin embargo pobladores del area informan que hasta este momento  no ha habido presencia de dicha entidad gubernamental.

Otra de las preocupaciones radica en el informe médico forense que se le realizó al militar muerto en la tarde del domingo.  El Procurador se comprometió a coordinar con el Dr. Cabrera director del INACIF, para que la necropsia realizada fuera extremadamente cuidadosa, con la mayor cantidad de detalle de la causa de muerte , así como un informe forense revisado minuciosamente por el Instituto nacional de ciencias Forenses.

La comisión le entregó al Procurador de los Derechos Humanos, el documento con las peticiones pertinentes para la resolución del conflicto que en estos momentos están pasando las comunidades del norte de Huehuetenango.

Alerta en la región norte por incumplimiento de acuerdos con el gobierno

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Por Comunicadores de Radio Snuq Jolom Konob F M y Prensa Comunitaria

Escuche lo que esta sucediendo en Santa Eulalia al momento de que el pueblo detuvo a un contingente de Fuerzas anti disturbios de la PNC quienes se dirigían a Santa Cruz Barillas

En Santa Eulalia, en horas de la mañana, la población vio ocho radiopatrullas de policía y antimotines que se dirigían a Barillas a las 8 de la mañana, la población se encuentra concentrada en el parque central de la cabecera de este municipio.

Después de la reunión que representantes de la región norte tuvieron anoche con los alcaldes de sus municipios y el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, la gente cumplió su parte del acuerdo, levantando la concentración pacífica de los caminos, en menos de una hora.

La población está consternada puesto que no saben porqué la actuación de las autoridades, cuando se tomó un acuerdo conjunto, por lo tanto la gente le pidió a los agentes de la policía que no sigan su camino hasta que llegue el Ministro de gobernación. También están esperando al diputado Amilcar Pop, quien llegará a verificar los hechos ocurridos. Y acuerdan:

“No toquemos ninguna unidad, mucho menos levantar nuestra mano con ninguno de los policías así como demostramos el día de ayer, vamos a demostrar nuestro respeto y responsabilidad.” 

Está movilizado San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy y los demás municipios. “Nuestro pueblo merece una disculpa personal por el incumplimiento” dicen los voceros del movimiento.

La población en Barillas también está alerta, pues sobrevuela sobre el municipio dos helicópteros. Lamentablemente algo que pudiera ser normal en este contexto genera terror por lo que ha vivido la población.

Recuperación de los acuerdos y la palabra

Se ha llegado nuevamente a con el Ministro de Gobernacion vía telefónica, para que retiren las “unidades de policía y antimotines en Santa Eulalia para su regreso a la cabecera departamental, por lo que en estos momentos se esta suscribiendo un acta para el retiro de las unidades. Se mantiene la calma en estos momentos en el parque de Santa Eulalia[1].También acordaron que en adelante cualquier movimiento policíaco fuerte se va a notificar al movimiento social y alcaldes municipales del norte[2].

La voz de un hombre q´anojob´al lo dice claro “Estamos manifestando nuestro derecho, ya basta, ya estamos cansados, ya estamos hartos, ya no se vale. Vamos a estar observando que se vayan de aquí para Huehuetenango.”

La población sigue hablando, deliberando, concentrada, reunida en el parque de Santa Eulalia, de manera pacífica como siempre, dejando claro que los acuerdos se rompen, que la palabra para los pueblos tiene valor y exigiendo respeto  a la dignidad y la vida.

Palabras del párroco de Santa Eulalia “el pueblo hizo esto sino porque estamos en contra de la seguridad nacional…sino por el problema que está pasando con lo que vivimos, por lo que las grandes empresas transnacionales que están llegando a Guatemala, por eso el pueblo aquí no esta de acuerdo…el pueblo está tranquilo, el pueblo esta calmado, el pueblo quiere paz, tranquilidad, el pueblo quiere paciencia y que nos entendamos.

Se ha acordado que cuando lleguen a San Juan Ixcoy, van a firmar un acta de que todo va caminando en paz, la población les ofrece agua para que la pasen bien. Cerca del medio día la policía finalmente se retiró hacia Huehuetenango, mientras la población siguió concentrada pacíficamente.

En horas de la tarde, aproximadamente a las dos, llegó una comisión de diputados, encabezados por el diputado Amilcar Pop, Walter Felix llegaron a Santa Eulalia, esta comisión se acompaña de la asociación de abogados mayas y Ramón Cadena de la Asociación Internacional de Juristas. Los abogados pasaron a verificar a la cárcel el estado de Maynor Lopez detenido en Huehuetenango, se denuncia que él se encuentra muy maltratado y golpeado, pero con animo de continuar en la lucha. Se interpuso un recurso de Exhibicion Personal a favor de Maynor Lopez para que se determine su situación y porqué estan violando los derechos humanos. Dirigieron unas palabras a la población y con representantes del movimiento social de Santa Eulalia, se dirigieron a Barillas.

[1] Información de la radio Snuq Jolom Konob F M. Facebook 10:00 am.

[2] Con información de reporteros comunitarios.