Por Iskra Soto
No he conocido en mi mediana vida un gobierno que se desgaste y que se desmorone con la rapidez que lo ha hecho del gobierno encabezado por Giammattei. ¿Podríamos atribuirlo a la crisis del coronavirus? quizá, lo cierto es que en tan solo seis meses los guatemaltecos y guatemaltecas hemos sido testigos, además de víctimas, de las más evidentes aberraciones políticas que solo pueden darse en Guatemala, el país de la eterna ineptitud, impunidad e inhumanidad.
El pasado domingo 26 de julio, en cadena nacional, Giammattei presentaba el plan que supuestamente va a sacar a Guatemala adelante en medio de la crisis sanitaria. Un mensaje presidencial caracterizado nuevamente por la burla y las contradicciones. Centremos nuestra reflexión en dos puntos de su intervención: El primero, la apelación a la responsabilidad individual en cuanto al uso de mascarilla, el lavado de manos y mantener el distanciamiento social, dejando en manos de la ciudadanía la responsabilidad de la evolución de la pandemia de cara a la “apertura económica” y eximiendo al Estado de toda responsabilidad. El segundo punto, la reactivación económica para salvar vidas.
Reflexionando sobre el primer punto vemos que si bien es cierto, la responsabilidad individual es fundamental para garantizar la seguridad colectiva, la responsabilidad colectiva debe ser guiada por el Estado, ya que se refiere a actos individuales en un esfuerzo de convivencia colectiva y que pueden afectar a terceros, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes que el ordenamiento del tráfico se basara en el criterio y responsabilidad individuales? El resultado serian el caos y un aumento de víctimas en consecuencia. Por tanto, se hace necesario que intervenga el Estado, trace normas de funcionamiento, leyes y mecanismos que permitan ordenar nuestro papel individual y que las personas podamos cuidarnos las unas a las otras. En este sentido, son las instituciones del Estado las que dibujan los carriles, hacen las carreteras, determinan las vías de circulación, ponen los semáforos, designan el control a órganos como la policía, ponen multas ante el incumplimiento, etc. Lo mismo debería ocurrir con el Covid-19.
Por otro lado, durante cuatro meses el gobierno ha tenido el tiempo suficiente para diseñar y poner en marcha políticas que garanticen el empleo y protejan a la clase trabajadora, medidas de seguridad en los centros de trabajo y en los espacios públicos. También han tenido el tiempo y los recursos necesarios (a través de prestamos millonarios) para dotar al sistema de salud con los insumos necesarios que permitan brindar una respuesta sanitaria de calidad a la población. Pero no, todo se resume a un “si se cuida usted, me cuida a mi”,
Retomando el segundo punto, Giammattei formula una frase lapidaria: “Como gobernante siempre lo he dicho, primero es la salud, por eso esta noche vamos a presentar como vamos a ir logrando la reactivación económica del país de una manera gradual”. Una afirmación que en sí misma está marcada por la contradicción: ¿lo primero es la salud y por eso vamos a reactivar la economía?. El trasfondo de esta contradicción viene dictada desde antes, está recogida en el plan de gobierno que Giammattei traía bajo al brazo, un plan neoliberal, que a claras luces, responde a los intereses particulares de las élites económicas y financieras del país. Las mismas elites que se sentían optimistas frente a la entrada de un gobierno que preveía cumplir con las expectativas empresariales y los compromisos de la inversión privada en salud, como el Seguro Colectivo de Salud Convencional para Clase Media, el cual me atrevería a afirmar, que ya quedó resuelto con el pretexto del coronavirus, y que además se hace a través de dinero publico, la ecuación perfecta.
Hablamos de una élite y un gobierno que nunca han valorado positivamente aumentar la recaudación tributaria que permita aumentar la inversión social y la redistribución de la riqueza en servicios básicos como lo es la salud y, por otro, no identifica la necesidad de crear un sistema de salud público, gratuito y universal que garantice el derecho humano a la salud de la población guatemalteca. Porque para las élites, la salud de las personas es un negocio.
No perdamos de vista que el incremento de la recaudación, es la principal fuente de financiamiento de los gobiernos, y por tanto una importante herramienta para el desarrollo de políticas públicas. En un país como Guatemala, en el que aproximadamente el 70% de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la recaudación necesariamente debe darse a través de la reducción de la evasión y fraude fiscal de las grandes fortunas. Este debería ser el punto de partida para la reactivación económica y no el endeudamiento publico o abrir el país para que la gente se las arregle como pueda.
Desde que inició el estado de emergencia, este gobierno ha impuesto estados de sitio para favorecer la actividad minera y las megaplantaciones de monocultivos. Al mismo tiempo que ha generado al país una deuda sin precedentes, ha mostrado su cara racista y discriminatoria con las autoridades locales. Los escándalos de corrupción acechan nuevamente a un gobierno que “juró” combatir la corrupción como medida medular de su gestión. La ingobernabilidad y la crisis institucional de las Cortes y del Congreso de la República nos muestran como el sistema político se cae a trozos de la mano de un presidente que deja en evidencia su desempeño como un esbirro más que representa a un sistema que intenta afianzarse con el control absoluto del poder político, de las instituciones del Estado y de las formas de acumulación total de las riquezas del país. La consecución de esos fines espurios requiere cerrar etapas históricas como los Acuerdos de Paz y reducir a su mínima expresión el papel de las organizaciones y movimientos sociales, dejando a la población general en un estado de desamparo absoluto, una vez más.
Nuevamente es la población guatemalteca quien pagará las consecuencias de este modelo político instalado desde hace décadas al servicio de los intereses de una minoría que incluso, en tiempos de una crisis como la que padecemos, pretende ver aumentados sus beneficios y privilegios, por encima del bienestar general. Ante este escenario tan obscuro, solo nos queda decir ¡Basta! y poner en marcha una movilización masiva que abra la puerta a un futuro posible, en el que las personas seamos las protagonistas y el Estado cumpla con su obligación de garantizar nuestros derechos.
