Créditos: Archivo Prensa Comunitaria
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Por David Toro

El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, asegura que los periodistas son de los más vulnerables en la era tecnológica, resalta que existe un déficit de investigación en crímenes contra periodistas, esto durante su  participación en el Seminario Internacional sobre la Impunidad de los crímenes contra periodistas en la ciudad de México.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizó un seminario internacional para conmemorar el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas (IDEI, por sus siglas en inglés). El objetivo es denunciar los asesinatos cometidos contra periodistas en América Latina, proponer soluciones y visibilizar que la mayoría de crímenes quedan en la impunidad.  

En la actividad, realizada el pasado jueves 7 de noviembre en ciudad de México, participó la periodista, María Teresa Ronderos, de Colombia y el juez Miguel Ángel Gálvez de Guatemala. Durante la reunión, la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que 31 periodistas fueron asesinados en el continente americano en 2018, según la información los datos son los más altos en los últimos 5 años.

En su intervención, el juez Gálvez resaltó, que en el caso de Guatemala, el Estado no da muestras de voluntad para investigar los crímenes cometidos contra periodistas, ”las redes han dado demasiada apertura a la sociedad (…) pero esta misma tecnología le ha permitido a las estructuras criminales tecnificarse”. Además, Gálvez asegura que los periodistas son los más vulnerables, porque son quienes divulgan la información de quiénes y cómo operan las estructuras criminales en el país, “es interesante que la CIDH ha asegurado en sus informes que solo el 22% de los asesinatos contra los periodistas han sido judicializados”.

Uno de los ejemplos de crímenes contra periodistas más emblemáticos de Guatemala fue el del periodista Mynor Alegría Armendáriz, en septiembre del 2001, en Izabal, “él trabajaba en una radio comunitaria en Puerto Barrios y había publicado información sobre una estructura criminal, este caso nunca se investigó e incluso quisieron involucrar hasta a su  esposa”, señaló el juez Gálvez, quien además compartió en el foro que generalmente en estos casos solo se ha llegado hasta los autores materiales y los intelectuales quedan impunes.

Gálvez señaló que sí es posible investigar estos casos pero que no existe voluntad política de las autoridades, por ello, propuso la creación de una ley que se encargue específicamente para investigar crímenes contra periodistas, ya que existen, amenazas, agresiones y asesinatos que han quedado impunes.

En Izabal actualmente hay otro caso paradójico contra periodistas, se trata de la criminalización contra Carlos Choc el periodista maya q’eqchi´ de Prensa Comunitaria que ha sido ligado a proceso por denunciar la contaminación del Lago de Izabal por la mina rusa de Solway, donde el juez Edgar Aníbal Arteaga a cargo del proceso, ha sido clave para retrasar el proceso. En este mismo caso estuvo Jerson Xitumul, maya achí, reportero de este medio, quien estuvo preso 38 días, y con arresto domiciliar durante siete meses.

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