11 de octubre 2019
Este 11 de octubre la junta directiva del Congreso decidió denunciar penalmente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que frenaron la comisión antiCicig conformada por 5 diputados.
La junta directiva del Congreso, presidida por Álvaro Arzú Escobar, presentó una denuncia penal este viernes 11 de octubre, en contra de los magistrados constitucionales Neftaly Aldana, Patricia Porras, Bonerge Mejía y Francisco De Mata Vela, por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución y prevaricato.
El lunes 7 de octubre estos cuatro magistrados decidieron ponerle freno a la comisión anticicig que pretendía emitir juicio sobre las acciones del personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), durante sus 13 años de funciones.
La comisión quedó en suspenso porque los cuatro magistrados de la CC aceptaron el amparo planteado por la organización Acción Ciudadana y Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP), quienes alegan que los diputados antiCicig están usurpando funciones del MP y del Organismo Judicial (OJ). Además, el acuerdo que dio vida a la Cicig firmado por el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, establece que no se puede investigar a los funcionarios de la comisión porque gozan de inmunidad diplomática.
Esta es la segunda vez en el año que la junta directiva del Congreso decide accionar penalmente contra los magistrados e intentan que se les retire la inmunidad, pero la acción presentada el 24 de julio pasado quedó sin efecto. Esta nueva denuncia fue presentada justo un día después de que Jimmy Morales aprovechó el foro del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE) para quejarse de la CC y llamarle “Corte cooptada”.
#ObservatorioDeLoAbsurdo:
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 10, 2019
Jimmy Morales en #Enade2019 arremetió contra la Corte de Constitucionalidad, «qué podemos esperar de un Estado donde una corte le dice que hacer a los demás (…) en Guatemala tenemos a la Corte Celestial o Cooptada, bueno no sé…» afirmó. pic.twitter.com/h7oMxYg2yI
Pese a la resolución constitucional, el pasado 10 de octubre el diputado Juan Ramón Lau, de la bancada Todos y Manuel Conde del Partido de Avanzada Nacional (PAN), decidieron continuar con el juicio político contra la Cicig. En esa ocasión, escucharon a las hermanas Guísela y Carolina Gordillo, hijas del general Francisco Gordillo, sentenciado a 28 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, en el caso Molina Theissen, la Cicig no formó parte del proceso penal, pero ellas y la cuenta de twitter del Congreso, aseguraron, erróneamente, que la Cicig fue quien acusó a su padre.
Las hijas del General Francisco Gordillo asistieron a la audiencia pública del diputado Ramón Lau donde busca "conocer la verdad de la Cicig". Aseguran que la #Cicig acusó a su padre de desaparición forzada en el caso Molina Theisen. Pero la @CICIGgt no fue parte del proceso. pic.twitter.com/NAFoQaMpdh
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 10, 2019
Adicionalmente, según una publicación del sitio web de Prensa Libre, el Congreso intentará conformar una nueva comisión para investigar a la Cicig, a la que ellos llaman “Comisión de la Verdad”. En este nuevo intento buscarán el voto de 85 diputados la próxima semana para crear la comisión y de no conseguirlo, solicitarán al presidente del Congreso que se base en el artículo 18 de la ley orgánica del legislativo para que este cree una comisión específica, como lo hizo el diputado Felipe Alejos en septiembre del 2018 para formar una comisión que se dedicó a investigar la compra de un edificio del MP en tiempos de la ex fiscal general, Thelma Aldana.
