Créditos: Quimy De León
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por: Simón Antonio Ramón

Fotografías: Quimy De León y Nelton Rivera

Después de años de persecución penal contra las autoridades y dirigentes comunitarios maya Q´anjob´al de Santa Eulalia y de Barillas, seis de ellos quedaron sin cargos. Desde hace cuatro años tuvieron que vivir con miedo y angustia, ya que no se podían desplazar con tranquilidad, porque operadores de justicia, un alcalde y la empresa Ecoener Hidralia Energía S.A. les acusaron sin fundamento,  con la necesidad de limitar el ejercicio de sus derechos de manifestación.

Fotografía: Quimy De León

Este martes 31 de julio, en dos audiencias públicas tanto de primera declaración y en etapa intermedia se cerraron dos casos en contra de seis personas criminalizadas por su trabajo en defensa de los bienes naturales de los municipios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas,  pueblo maya Q´anjob´al en el norte de Huehuetenango. Estos procesos fueron abiertos  entre los años 2014 y 2015, donde actuaban como querellantes adhesivos trabajadores de la Hidroeléctrica Santa Cruz en Barillas y trabajadores del Centro de Administración de Justicia (CAJ) en Santa Eulalia.

Fotografía: Nelton Rivera

En el primer caso, a Diego Diego Marcos se le acusa del delito de participar y organizar reuniones y manifestaciones ilegales el 22 de abril de 2014 en la comunidad de Poza Verde, donde se encontraba la resistencia pacífica del pueblo barillense en la entrada a las instalaciones de la Hidroeléctrica Santa Cruz. Además el 27 de octubre fue declarado en rebeldía por lo que se le emitió una orden de captura en su contra.

Por este mismo caso fueron llevados a juicio oral y público los señores Mynor López, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo en el año 2016, donde fueron declarados inocentes en el Tribunal de Mayor Riesgo A. Esta misma suerte corrió Diego Diego Marcos, solo que ahora el Ministerio Público pidió a la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, que se diera un dictamen de sobreseimiento del proceso dado que no se hallaron suficientes pruebas para su vinculación en el hecho y además solicitó la revocación de las órdenes de captura tras haberse declarado en rebeldía.

Fotografía: Nelton Rivera

En el segundo caso, a Alfredo Baltazar y Emijdio Castañeda se les emitieron órdenes de captura por los delitos de instigación a delinquir y plagio y secuestro, mientras que a María Toledo Juan, Juana Elsita Toledo Toledo y Susana Elizabeth Toledo Toledo, las órdenes de capturas fueron por los delitos de plagio y secuestro, atentado, coacción, obstaculización a la acción penal, amenazas e instigación a delinquir.

Fotografía: Quimy De León

El hecho que se juzga en esta carpeta judicial ocurrió en el Centro Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, el 19 y 20 de enero de 2015, tras la detención de dos comunitarios en el municipio de San Mateo Ixtatán en la mañana del 19. Tras la negación del coordinador del CAJ Pascual Tiu Zapeta de proporcionar información respecto al proceso contra los detenidos, la población de San Mateo y  Santa Eulalia se concentró en el CAJ hasta la madrugada de 20 de enero.

En la audiencia el delegado de la fiscalía pidió a la jueza Claudette Domínguez en audiencias separadas de Alfredo Baltazar, Emijdio Castañeda y María Toledo Juan, Juana Elsita y Susana Elizabeth Toledo; que se les revocaron todos los delitos excepto instigación a delinquir, por lo que el delegado pidió un criterio de oportunidad para todos los acusados.

En este proceso fueron enjuiciados Rigoberto Juárez Mateo, quien recibió una condena de seis meses de prisión y Domingo Baltazar fue absuelto de toda responsabilidad penal. También el 3 octubre de 2015 fue detenidos Pedro Rovel Toledo, a quien se le dictó falta de mérito un mes después de su detención y el 26 de octubre de 2016 fue detenido Domingo Cristóbal , beneficiado con medida sustitutiva en audiencia de primera declaración y en la etapa intermedia se cerró el caso en su contra.

En este proceso fueron perseguidos penalmente  13 personas, la mayoría miembros del Gobierno Ancestral Plurinacional Akateko, Chuj, Q´anjob´al y Mestizo, de los municipios del norte de Huehuetenango.

#Criminalizacion María Toeldo Pedro, Juanita y Susana Toledo Toledo, maya Qanjobal fueron acusadas justamente en 2015, por trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ. Este día se presentan de forma voluntaria ante el juzgado de Mayor Riesgo A.

Posted by Prensa Comunitaria on Tuesday, July 31, 2018

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