Para el 19 de agosto a las 10:00 horas. la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, ha convocado a una audiencia. En esta se busca revisar la medida de coerción impuesta el 23 de mayo de 2018 por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo Grupo “C”, a los exmilitares Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas Callejas y Francisco Luis Gordillo Martínez, por desaparición forzada, delitos contra deberes de humanidad y violación con agravación de la pena, perpetrados en contra de Marco Antonio y Emma Molina Theissen. Ante ello, como familia,
EXPRESAMOS:
Que dicha condena es el fruto de una larga lucha que la familia libró durante casi 37, años desde el propio día de la desaparición forzada de nuestro amado niño, el 6 de octubre de 1981.
Que las sociedades humanas hemos establecido los sistemas de administración de justicia para reparar a las víctimas, no para revictimizarlas ni ahondar el sufrimiento ni los profundos daños infligidos por quienes estaban llamados a garantizar la vida, la seguridad, la integridad y la libertad de Marco Antonio y Emma. Los ahora condenados faltaron a su mandato constitucional y perpetraron crímenes de lesa humanidad en contra de Emma y Marco Antonio, así como de muchísimas personas más.
Nuestra total indignación y absoluto rechazo ante la posibilidad de que la medida de coerción les sea modificada a arresto domiciliario, lo que no solamente les garantizará impunidad, sino también elevará el riesgo de fuga de los convictos. Esto constituye una clara violación al ordenamiento legal del país y a nuestro derecho a la justicia, además de un irrespeto a los compromisos asumidos por el Estado guatemalteco ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Una decisión eventualmente favorecedora de sus pretensiones de evadir el castigo que legalmente les fue impuesto, sería ilegal e injusta y buscaría sustentarse en la amenaza que les representa la pandemia por el covid-19. No obstante, cabe recordar que los solicitantes están recluidos en el Hospital Militar, lo que garantiza su derecho a la salud de manera privilegiada y muy distinta del resto de la población privada de libertad. Además, ello podría dar lugar a que sea beneficiado otro condenado, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas; durante el debate oral y público él fue señalado por nuestra madre como el autor material del secuestro y posterior desaparición forzada de Marco Antonio; asimismo, Emma lo identificó como el individuo que la interrogaba bajo torturas y ordenaba las violaciones individuales y grupales que sufrió durante los nueve días de cautiverio en la base militar “Manuel Lisandro Barillas”, de Quetzaltenango.
En razón de lo anterior, llamamos:
1. Al tribunal que integra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio a que garantice nuestro derecho a la justicia, el respeto a la legalidad del país y a las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por lo tanto, no emita una decisión ilegal e injusta.
2. A la comunidad internacional, a las instancias concernidas de la ONU, a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil guatemaltecas a seguir el desarrollo de esta audiencia y su resultado, así como a mantenerse atentas ante la continuidad del desmantelamiento del incipiente Estado de Derecho que posibilitó esta y otras condenas contra los hallados culpables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.
3. A la sociedad guatemalteca le pedimos su apoyo solidario a una lucha de décadas encabezada por nuestra madre y nuestro padre, ya fallecido, que es la expresión de la vocación de justicia de los hombres y mujeres de buena voluntad que históricamente han luchado, y aun dado su vida, para que en nuestro país nunca más se desaparezca a un niño o una niña, que nunca más se viole a una mujer en un cuartel militar, que nunca más se persiga a nadie por pensar diferente y por anhelar un país de paz, justicia y derechos humanos para todas y todos, en igualdad.
San José, Costa Rica, 17 de agosto de 2020.
