Por Carlos Ernesto Choc
La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia final por la licencia minera otorgada a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), subsidiaria de la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday y Asociados, en los municipios de de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en el departamento de Guatemala, de donde surgió el movimiento de resistencia ciudadana conocido como “La Puya”.
La licencia otorgada el 23 de noviembre de 2011 abarca unos 20 kilómetros cuadrados del territorio comunitario y fue aprobada para la extracción y comercialización de oro y plata.
Rafael Maldonado, abogado del caso, comentó que la sentencia emitida el el 24 de junio ordena al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a realizar una consulta bajo el mecanismo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a hacer las líneas de base del impacto que ha provocado el proyecto en la salud de los habitantes.
Además de la consulta, dice la sentencia, se deben verificar las denuncias que se han presentado por parte de la población sobre el impacto en su salud.
Para Maldonado, esta sentencia es similar a la que se dictó en el caso de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en El Estor, Izabal y el proyecto “El Escobal”, de la Minera San Rafael, en Santa Rosa y Jalapa, porque se dio prioridad al derecho de consulta de las comunidades.
Con esta sentencia, la CC deja claro que antes de otorgar las licencias mineras es importante realizar primero las consultas a los pueblos originarios de la región.
La licencia de construcción municipal y la licencia de explotación fueron suspendidas. La primera, fue suspendida por una sentencia de amparo del 13 de julio de 2015, emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Guatemala, ordenando al Concejo municipal de San Pedro Ayampuc detener la construcción del proyecto minero a favor de las comunidades El Guapinol y El Carrizal. Sentencia confirmada en apelación de amparo de 6 de febrero de 2017 por la Corte de Constitucionalidad (CC). Por su parte, la licencia de explotación fue suspendida por otra sentencia de amparo el 28 de junio de 2016 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lea la nota completa:
Por la suspensión judicial de la mina, la empresa minera estadounidense Kappes Cassiday y Asociados demandó al Estado de Guatemala en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) por 300 millones de dólares. La demanda fue aceptada por el CIADI porque el Estado de Guatemala aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA).
Lea la nota completa:
El abogado concluyó: “el Ministerio de Ambiente puso en riesgo la salud de los pueblos y se han violentado varias leyes ambientales al otorgar de forma arbitraria las licencias de explotación minera”.
