Carlos Ruano es el cuarto juez que enfrenta acusaciones y amenazas por sus decisiones legales, la Fundación contra el Terrorismo, una vez más juega el papel de denunciar y hostigar a jueces que dictaron sentencias contra funcionarios corruptos o militares acusados de crímenes de guerra.
Por Juan Calles
A través de la Fundación Contra el Terrorismo, la Magistrada Blanca Stalling criminaliza e intenta desaforar al juez, Carlos Giovanny Ruano Pineda, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente.
El juez Ruano está acusado desde el 27 de octubre de este año, por dicha fundación militar, de los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones contrarias y violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, por lo que en los próximos días el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidirá si le retira la inmunidad al juez Ruano.
Aunque la magistrada Stalling no aparece en la denuncia contra Ruano, la Fundación contra el Terrorismo denunció al juez Ruano, por la denuncia que éste hizo en su contra, el 10 de enero de 2017, denuncia que la puso en prisión acusada de tráfico de influencias.
El 10 de enero de 2017, el juez Carlos Giovanni Ruano, a cargo del caso IGSS-Pisa, denunció a Blanca Stalling, porque trató de influir para que resolviera la situación jurídica de Otto Fernando Molina Stalling, su hijo, acusado en el fraude en la contratación de servicios para enfermos renales. El juez Ruano acompañó la denuncia con un audio de 25 minutos, en el que se escucha a la magistrada intentado influir en su decisión.
Además, para fundamentar la denuncia, la organización de extrema derecha presentó documentos legales que únicamente podían estar en poder de la magistrada Stalling, documentos a nombre de la abogada Delmy Rocío Castañeda, defensora de Stalling.
El caso del juez Ruano se suma a los ataques y denuncias contra el juez Miguel Ángel Gálvez, la jueza Erika Aifán y el juez Pablo Xitumul, los dos primeros luego de ser denunciados por la misma fundación debieron salir del país pues el Organismo Judicial no les garantizó su seguridad, tampoco respetó la legalidad para que se pudieran defender de las acusaciones en su contra.
Cuando Blanca Stalling era magistrada, vocal VII de la CSJ, citó al juez Carlos Giovanni Ruano Pineda a su oficina, en esa ocasión pidió al juez que le otorgara medidas sustitutivas a su hijo Otto Fernando Stalling, involucrado en el caso de corrupción en el seguro social, conocido como caso IGSS-PISA.
En esa reunión, Ruano Pineda grabó la conversación con Stalling, la cual se utilizó para denunciar a la magistrada que perdió su inmunidad y fue puesta en prisión preventiva el 8 de febrero de 2017, acusada de tráfico de influencias.
Cuando la magistrada fue capturada intentó evadir a los policías que la buscaban utilizando una peluca y lentes oscuros; tras reconocerla y capturarla se le incautó un arma de fuego que no llegó a utilizar.
Stalling guardó prisión en la cárcel Mariscal Zavala, pero en agosto de 2018 el juzgado décimo le otorgó prisión domiciliaria y cuatro años después, el juez Víctor Cruz, favoreció a Stalling con el sobreseimiento de su caso.
Después de ello, la CSJ decidió reinstalarla en su cargo de magistrada, pues la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, no apeló el sobreseimiento del caso.
