Por Edgar Gutiérrez Girón
A propósito de una nota de A. Kaltschmitt
Alfred Kaltschmitt comentó en “Sabino y la CICIG” (Prensa Libre, 15/11/22 p. 20) el libro del sociólogo argentino Carlos Sabino, La CICIG: ¿experimento o conspiración? Un recuento histórico de la Guatemala contemporánea, presentado por la Asociación de Amigos del País una semana antes.
No he leído el libro de Sabino, y no sé si Kaltschmitt escribe sus propios juicios e informaciones inexactas. Dice, que “… la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) mostraba ya una clara tendencia ideológica y abiertas acciones de intervención en el sistema político guatemalteco, presionando, primero, para la creación de las (sic) CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), para luego pavimentar el camino hacia la CICIG, promovida por el entonces canciller de Portillo, Édgar Gutiérrez”.
Esbozo el contexto: los CIACS fueron identificados en el Acuerdo Global de Derechos Humanos (1994) y el Estado se comprometió a desmantelarlos. La MINUGUA fue invitada por el propio Estado para verificar (1994-2004) el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, incluyendo desmontar los CIACS.
Afirmo, con conocimiento de causa, que la MINUGUA jamás intervino “en el sistema político guatemalteco”, ni en el diseño o promoción de la CICIACS. Ese diseño fue chapín y en 2003 se afinó en Viena con expertos en crimen organizado y anticorrupción. Es más, una alta funcionaria del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU me invitó en octubre de 2003 a abandonar las gestiones, mientras insinuaba que a la MINUGUA no le entusiasmaba la idea.
Casi nadie daba un centavo por la CICIACS. La comunidad internacional no le encontraba lo cuadrado a lo redondo; al Congreso y al sector privado les pareció irrelevante. Los activistas humanitarios entendían, pero preferían que el gobierno de Berger la impulsara.
El Acuerdo de CICIACS que firmé en enero de 2004 con la ONU murió a principios de la Legislatura 2004-2008 cuando la CC resolvió su inconstitucionalidad. El gobierno de Berger renegoció el Acuerdo con la ONU en 2006 con parámetros más amplios y de allí nació la CICIG. El Congreso lo aprobó el 1 de agosto de 2007, tras el escándalo por la matanza de parlamentarios salvadoreños, de la cual fue sindicada la cúpula de Gobernación de Berger.
Es falso que promoví la CICIG desde una posición de poder, como sostiene Kaltschmitt. La diferencia entre CICIACS y CICIG es que la primera se concentraba en desmantelar estructuras de seguridad e inteligencia estatales y paraestatales que vulneraban libertades civiles de activistas humanitarios y operadores de justicia. La segunda tuvo un mandato más amplio: la lucha contra la corrupción e impunidad de las redes políticas y económicas ilícitas, en rápida evolución entre 2004 y 2015.
Escamotear la historia por motivaciones ideológicas solo tiene sentido hoy para justificar la cacería de brujas que ha desatado el régimen.
