Por Regina Pérez
La mañana del 29 de mayo de 1978, un aproximado de 500 a 700 personas, entre niñas, niños, mujeres, ancianos y hombres maya Q’eqchi’ de Panzós, Alta Verapaz, acudieron a la plaza frente a la municipalidad, para insistir en un reclamo de tierras, ya que estaban gestionando terrenos. Sin embargo, nunca se imaginaron que serían recibidas con balas y que allí muchas iban a encontrar la muerte.
Las personas llegaron a la plaza convocados por el alcalde Walter García Overdick. Las puertas de la municipalidad estaban cerradas, pero había soldados en la puerta de la comuna, en el techo y en el salón municipal.
Poco tiempo después, mientras los campesinos reclamaban por qué les habían cerrado la puerta si los habían convocado, se escucharon las balas. Al menos 53 personas murieron en ese hecho, que terminó con la lucha de las y los campesinos, aunque algunos testimonios de sobrevivientes indican que fueron cientos.
En 1997, durante la exhumación realizada por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) en Panzós se recuperaron 34 osamentas.
Han pasado 44 años de ese día y el pasado 16 de noviembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, la jueza Claudette Domínguez escuchó las declaraciones testimoniales en anticipo de prueba de cuatro personas sobrevivientes de dicha masacre: Martina Cuc, de 75 años; Candelaria Ba, de 82; Abelino Maquín Caal, de 79; y Lorenzo Choc.
Las y los sobrevivientes no han olvidado lo que pasó, pero cada vez les cuesta más recordar, debido a su avanzada edad.
El abogado Santiago Choc, que representa al querellante, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), indicó que estas declaraciones se dieron debido a la avanzada edad de los testigos que también están enfermos. Como aún no hay fecha para realizar un juicio se realizó la audiencia, para que los sobrevivientes no se queden sin ser escuchados.
Los cuatro testigos nunca antes habían sido escuchados por un juez competente y si bien hay otras personas sobrevivientes de la masacre, por su estado de salud y avanzada edad hay temor de que se pueda perder sus declaraciones si no se les escucha, indicó el abogado.
La masacre de Panzós, también conocida como “la última masacre colonial” como lo tituló Greg Grandin en su libro del mismo nombre, representa, según este autor, el final de los patrones de protesta y reacción de las poblaciones indígenas, que prefiguraban las formas más mortales de violencia contrainsurgente que pronto vendrían.
Para los años 70, la posibilidad de emigrar de las personas indígenas había disminuido mucho lo que obligaba a los campesinos a buscar directamente la justicia del Estado y a enfrentarse a los agentes inmediatos de su miseria, señala Grandin.
Agrega que los soldados eran parte del nuevo ejército de Guatemala, “empapado de anticomunismo y entrenados y equipados para la contrainsurgencia: eran el frente de una guerra civil en aumento entre una insurgencia rural que se extendía y un Estado cada vez más represor”.
Tres años más tarde, el ejército lanzó una campaña de genocidio tan enorme “que haría a los eventos de aquella mañana de mayo en Panzós verse tan antiguos como las protestas de Yat”, dice el autor, en referencia a Jorge Yat, un indígena que dirigió una protesta en la plaza de San Pedro Carchá, en 1865, manifestación que también terminó en una masacre contra los indígenas.
Para el abogado Choc, si bien el motivo de la masacre fue el reclamo de tierras, no fue la causa. “La causa siempre ha sido el tema del racismo, la discriminación, inicialmente este caso se enfocó como genocidio pero eso se discute, no hay ningún plan del MP donde diga si fue por tierra o asesinatos”.
Según Choc, se sabe que esto fue una política diseñada desde el más alto nivel del Estado y hay peritajes que han demostrado que fue diseñado para acabar con los grupos étnicos del país, entre ellos el q’eqchi’.
La psicoantropóloga social Glenda García opina que los factores se cruzan entre tierra, racismo y búsqueda de liberación. Esto último tiene raíces históricas (como los llamados motines de indios”, pero en los 60 y 70 del siglo XXI las resistencias tienen otros matices políticos por el tema insurgente.
Para García, el Estado de Guatemala tiene una deuda con la sociedad guatemalteca por no asumir con responsabilidad la historia reciente de la guerra en el país y sus múltiples secuelas. “En particular la deuda de verdad, justicia y reparación de las víctimas directas es aún más profunda, porque contrario a fortalecer el sistema de justicia durante los últimos gobiernos ha debilitado lo poco que se había logrado alcanzar”, dijo a Prensa Comunitaria por medio de un correo electrónico.
El caso aún está en su fase de investigación y no hay acusados. Además, es incierto que pueda prosperar en tribunales. Sin embargo, escuchar a los sobrevivientes es importante para que sus testimonios, en caso de llegar a un Tribunal de Sentencia, puedan ser tomados en cuenta.
A continuación se reproduce parte de dos testimonios de dos testigos que declararon el pasado 16 de noviembre.
Testiga 1: Yo vi que una persona soltó una granada sobre la plaza
Martina Cuc fue la primera sobreviviente en pasar al estrado para dar su testimonio, el cual se realizó en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz. Con apoyo de un intérprete manifestó que recordar lo que ha vivido le da tristeza. Doña Martina dijo que este hecho se debe a que ellos pedían tierra para poder vivir, ya que no tenían donde residir, “pero no nos comprendieron”.
Cuc aseveró que un señor conocido como “Canche” Asij, en referencia al comisionado militar Heriberto Valdés Asij, llegó al barrio San Juan, donde ella vivía, quien les dijo que tenían que ir a la plaza y llevarle documentos personales.
Valdés Asij fue jefe de los comisionados militares en Panzós, que fue condenado en 2016 en otro caso, el de Sepur Zarco, por asesinato, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Su nombre fue mencionado varias veces por los testigos.
Los vecinos del barrio San Juan, donde Martina vivía, se dirigieron al centro de Panzós, hacia la municipalidad, que estaba cerrada, alrededor de las 10 de la mañana. Según su relato, había muchas personas en el parque central. “Yo estaba en la parte de atrás, pero mi esposo (Antonio Sub) estaba enfrente y ahí fue donde regó su sangre”. De su esposo pudo identificar sus restos por su pantalón y su playera cuando fue exhumado.
Cuc indicó que ella vio a soldados sobre el techo de la municipalidad y a otras personas y elementos militares alrededor del salón municipal y la comuna. En un momento dispararon contra los que estaba en el parque. Ella dice que había avionetas que estaban volaban sobre el lugar y sobre las casas.
Una de las personas que estaban en el techo de la municipalidad sacó una granada y la soltó encima para que explotara sobre las personas que estaban en el parque. Cuando eso ocurrió ella agarró de la mano a sus dos hijos que iban con ella y salió huyendo “para el monte” para regresar a su aldea.
Doña Martina indicó que luego se tuvo que vivir a casa de sus parientes por dos años. Cuando regresó a su vivienda esta ya no estaba, la habían quemado.
La testiga indico que el señor conocido como el Canche Asij los buscó por mucho tiempo en las casas y por eso ella estaba insegura en la vivienda donde estaba viviendo. Dijo desconocer por qué los persiguió y les tenía odio. Él era miembro de la Policía del lugar y siempre llevaba su manojo de llaves cuando salía a las calles, recordó.
Al finalizar su declaración pidió apoyo, “con todo mi corazón yo les pido, me cuesta pedir, yo no quería revivir esto pero también es importante venir, por eso estoy aquí”.
Declara el hijo de “Mama Maquín”, Abelino Caal
Abelino Maquín Caal, de 79 años, fue el tercer testigo en declarar. Su testimonio fue claro. Él indico que lo que pasó se debió a su demanda de tierra. Las familias de Panzós tuvieron un acercamiento con el alcalde de la municipalidad quien los citó de manera verbal para acudir a la comuna.
Él residía en el barrio La Soledad y con otras personas de ese lugar aceptaron acudir. Además lo acompañan Adelina Caal, su madre, y su hijo Luis Maquín, que en ese entonces tenía 7 años. Él contó que nunca pensaron que iba a ocurrir la matanza. Cuando llegaron, la municipalidad estaba cerrada.
Los campesinos comenzaron a tocar la puerta y reclamaron a las autoridades por el encierro, silos habían citado para gestionar un terreno que ya habían acordado.
“Unos compañeros preguntaron: señor autoridad, ¿por qué nos reciben de esta forma? ¿Cuál es el objetivo de este hecho si usted nos llamó para recibir el documento del terreno? Le dijimos”, recordó Caal.
Los campesinos comenzaron a preguntar al alcalde qué pretendían hacer o si simplemente los habían engañado, mientras la autoridad negaba con la cabeza.
Después de eso, escuchó algunos disparos. Su mamá que lo acompañaba fue alcanzada por las balas. Él se hizo para atrás y luego salió corriendo con su hijo.
Al igual que Martina Cuc, él vio a militares en el techo de la municipalidad.
Al huir hacía a la orilla de un río escuchó que le estaban disparando. Luego llegó a un potrero donde se pusieron a salvo. Ese día caminaron y durmieron en el monte, los zancudos les picaban, sus zapatos se despegaron por el lodo y sus pies se lastimaron con espinas.
“Eso fue lo que me pasó y fue lo que pasó con mi mamá y eso me causa mucho dolor. Yo no había pensado que iba a regresar triste. Con ese hecho, yo me quedé sin apetito de seguir comiendo”, relató Abelino Caal.
El testigo recordó que al regresar a su comunidad ya no había nada, sus pertenencias, ropa y cultivos ya no estaban. La masacre lo afectó bastante. “Cuando me acuerdo de este hecho me causa una sensación como que estuviera borracho. Me afectó bastante, yo ya no sabía qué hacer”, indicó. Se tuvo que ir a vivir a otra comunidad para reiniciar su vida.
Durante el interrogatorio del MP y el abogado del querellante, Abelino Caal dijo que su mamá, Adelina Caal Caal, es “Mama Maquín”, como es más conocida en Guatemala. En mayo de 1990, un grupo de mujeres refugiadas en México formó una organización que lleva su nombre, para recordar su lucha para conseguir tierra.
El fiscal del MP preguntó al testigo si vio quien disparó contra su madre. Él respondió: “el que la asesinó fue el policía conocido como el Canche Asij”. Su nombre era Heriberto Valdez Asij, dijo. Agregó que vio que esta persona, que estaba vestida de particular, le disparó a otros pobladores.
A la pregunta de si pudo ver o se enteró quien dio la orden de que les dispararan respondió: “Sí, fue el alcalde de ese entonces”.
Después de 44 años, Abelino Caal pudo declarar ante un juez lo que ocurrió. En sus palabras, “mi sentimiento no es tan conmovedor, después de los 44 años de este hecho y volverlo a repetir lo coloca a uno en un ambiente no deseable para otra persona”.
“Con lo que le pasó a mi madre, he pensado y le dicho a otros miembros de mi familia, “queremos que nos den la tierra”, manifestó el sobreviviente.
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Otro caso que podría quedar sin justicia
El caso aún se encuentra en investigación y los autores intelectuales de este hecho ya no podrán ser juzgados, puesto que ya murieron.
Para el abogado Choc, la tardanza de acceso a la justicia se debe al mismo sistema de justicia, porque el Ministerio Público no le ha dado un seguimiento a este caso y no lo ha considerado como un tema importante o prioritario.
A decir del abogado, las personas que pudieron estar vinculados con estos hechos, han fallecido y no se sabe con exactitud, de los que puedan estar vivos, donde se encuentran. Y si bien se puede pedir el nombre de los soldados que estuvieron en la masacre, “lo que se pretende es que sean juzgados los altos mandos”, dijo.
Eso es lo que el MP no ha hecho, no tiene un plan de investigación y con plazos, dijo.
El caso también llega a Tribunales cuando existe un ambiente adverso tanto para los jueces como para las víctimas. Recientemente, Miguel Ángel Gálvez, quien era juez de Mayor Riesgo B y quien conoció varios casos de justicia transicional, tuvo que renunciar al cargo, forzada por una denuncia en su contra por parte de la Fundación contra el Terrorismo, afín a militares.
Para la psicoantropóloga García, el trabajo por la justicia transicional, que se acerca a los treinta años, ha logrado hitos importantes para Guatemala, incluso históricos para el mundo, como el caso del Genocidio Ixil, Sepur Zarco y las Mujeres Achí.
En los últimos años, y particularmente con el gobierno de Alejandro Giammattei, el desmantelamiento del sistema de justicia da la espalda a la sociedad porque atenta contra la democracia; también representa una violación a los derechos humanos de las víctimas, como el derecho a saber la verdad de los hechos y que se haga justicia, manifestó.
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