En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, vigente desde el 18 de diciembre de 2013, el monitoreo y registro de Prensa Comunitaria sobre la libertad de expresión y libertad de prensa, ha documentado tres acciones constantes como la restricción a fuentes de información, el acoso judicial y las intimidaciones, que encabezan las estadísticas de ataques contra el ejercicio periodístico en Guatemala.
Por Prensa Comunitaria
Solo en este año la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha desechado tres denuncias de periodistas de Prensa Comunitaria, de casos ocurridos entre 2019 y 2022; Francisco Simón Francisco, Simón Antonio Ramón y Francisco Lucas, originarios del pueblo maya Q’anjob’al de los municipios del norte de Huehuetenango, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia y Santa Cruz Barrillas.
En el caso del periodista Francisco Simón, fue notificado el 24 de octubre de este año, por la Fiscalía de Quetzaltenango, que la denuncia por la agresión que sufrió el 21 de agosto de 2019, por dos trabajadores de la gasolinera Ixtateca, ubicada en la cabecera municipal de San Mateo Ixtatán, fue desestimada.
El propietario de la gasolinera Francisco Pablo Pérez y Andrés Santizo, del partido Unión del Cambio Nacionalista (UCN), recientemente cancelado y actual alcalde municipal, respectivamente, amenazaron con lincharlo cuando el periodista abordaba el transporte que lo llevaría a la aldea Pojom, en San Mateo Ixtatán.
La Fiscalía notificó al periodista que el propietario de la gasolinera dijo que los agresores habían sido los trabajadores en ese entonces, que ya no trabajan en el lugar y que habían migrado hacia Estados Unidos, por lo que el caso fue desestimado. El oficio que recibió Francisco Simón quedó abierto, para que presentara oposición, por un plazo de diez días.
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El segundo caso desestimado por la Fiscalía ocurrió el 26 de marzo de este año, cuando el periodista Francisco Lucas se dirigía a Santa Cruz Barillas, en la comunidad Yayk’itx, de Santa Eulalia, en un retén de la Policía Nacional Civil (PNC) lo pararon; ahí, el agente Veliz Yovani Estrada Ramírez lo obligó a quitarse el casco y bajarse de la moto en el que se transportaba, le pidieron que pusiera las manos detrás de la cabeza con las piernas abiertas y le tomaron fotografías junto a la placa de su motocicleta. El periodista identificó a Veliz Ramírez como uno de los agentes que lo detuvo el 19 de diciembre de 2019, en el mismo lugar donde se encontraba este retén policial.
El Ministerio Público (MP) había notificado al periodista el desistimiento del caso, sin embargo, el juez Calmo Ramírez del juzgado de Primera Instancia Penal del Centro de Administración de Justicia (CAJ), en Santa Eulalia, ordenó la continuación de la investigación por intimidación al periodista Francisco Lucas.
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El tercer caso desestimado es el del periodista Simón Antonio el 21 de octubre de 2021. La denuncia por amenazas e intimidación que sufrió mientras realizaba una cobertura el 19 de octubre de 2021, en los alrededores del Congreso cuando veteranos militares quemaron algunas de las oficinas y vehículos que se encontraban en el parqueo del Palacio Legislativo. En la notificación la fiscalía informó que no había sido posible la identificación de las personas que lo habían amenazado.
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En el monitoreo y registro, del 1 enero al 31 de octubre a nivel nacional, sobre ataques a la libertad de expresión y libertad de prensa, que realiza Prensa Comunitaria, se han registrado 131 actos que impiden el ejercicio periodístico, destacando tres patrones que involucran a funcionarios públicos y operadores de justicia.
El primer patrón identificado es la intimidación en el que participan agentes de la PNC, trabajadores municipales y personas desconocidas. Se contabilizaron 19 casos.
El segundo es la restricción a fuentes de información de parte de jueces y fiscales, tanto en los juzgados departamentales como en la Torre de Tribunales, en la ciudad de Guatemala. En estos casos se señala en más de una ocasión a la seguridad del Organismo Judicial (OJ) y las constantes intimidaciones que se emiten desde la presidencia o el mismo presidente Alejandro Giammattei. Esta acción registró con 25 casos.
El tercero es el acoso judicial en el que participan jueces y fiscales del Ministerio Público. También contribuyen funcionarias investigadas por corrupción que se escudan de las investigaciones periodísticas con la Ley contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer, que registra 25 casos, siendo agosto el mes que registro más casos.
Un día para poner fin a la impunidad
El 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 2013 establece: “la impunidad de los ataques contra periodistas constituye uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento de la protección de los periodistas”.
El documento pide a los Estados cumplir cinco compromisos para promover un contexto seguro para las y los periodistas, como la adopción de medidas legales; la sensibilización entre funcionarios públicos, organizaciones de sociedad civil, periodistas y militares, sobre la importancia de obligaciones de los Estados para la seguridad de quienes ejercen el periodismo; la condena pública de los ataques contra el ejercicio periodístico; la asignación de condiciones y recursos para la investigación de los ataques y el enjuiciamiento de los responsables de los ataques.
El informe de Tendencias Globales de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios 2021-2022, publicado por la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), resalta que el periodismo es un bien común, porque es igual a otros servicios esenciales “disponibles para todos los ciudadanos sin excepción”.
“Al igual que otros bienes comunes, el periodismo desempeña un papel crucial para promover un espacio cívico que goce de buena salud, y lo hace proporcionando a los ciudadanos la información fidedigna y basada en hechos que necesitan para poder participar en una sociedad libre y abierta”, apunta la UNESCO.
La agencia de las Naciones Unidas llama a la acción tanto a los gobiernos, sociedad civil y empresas privadas de medios de comunicación a adoptar medidas urgentes para la libertad de prensa, pluralismo, viabilidad, igualdad de género y seguridad de periodistas, de lo contrario, dice “la fiabilidad del periodismo seguirá amenazado y la información como bien común se verá gravemente mermada”, dice el informe.
Desafíos nacionales
El Observatorio de la UNESCO sobre periodistas asesinados, registra, desde el 2007 hasta la fecha, a 22 periodistas asesinados en Guatemala. Mientras el Informe de Tendencias Globales registra el asesinato de 245 periodistas en Latinoamérica. El mismo informe indica que solo el 13 por ciento ha sido resuelto y el otro 87 se mantiene en la impunidad, donde un 29 por ciento carece de información y el otro 58 se encuentra en investigación.
En este día también es importante ligarlo con la historia reciente del país, según Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), refiriéndose a las y los periodistas asesinados durante la guerra interna. “En primer lugar es una fecha para recordar a nuestros mártires, los años 70 y 80 fueron los años más aciagos, donde la intolerancia y el odio a periodistas independientes, que se les vinculaba con la oposición, fueron víctimas de las balas y del secuestro de los aparatos de represión de los gobiernos de esa época”, dijo.
Uno de los patrones identificados en los casos registrados por Prensa Comunitaria es el acoso judicial en el participan funcionarias públicas involucradas en actos de corrupción evidenciados por investigaciones periodísticas, que han provocado denuncias, utilizando la Ley contra el Femicidio, para censurar las publicaciones.
Para la abogada Lucía Xiloj, la actitud de las funcionarias desnaturaliza la ley. “El propósito de la ley es la protección a las mujeres sobrevivientes de violencia física, psicológica y económica, que tiene que cumplir ciertos requisitos que la misma ley establece, tiene que existir un vínculo de poder entre el victimario”, afirmó la abogada.
Xiloj indicó que utilizar la Ley contra el Femicidio, para acosar a periodistas evidencia el poco análisis que se hace de la situación y crea precedentes para otros casos. “Al usarlo contra periodistas que cuestionan a funcionarias se evidencia que se aplica sin análisis detallado a los requisitos que establece la ley; además, hemos visto los precedentes como lo ha hecho la diputada Patricia Sandoval, o el caso de Juan Francisco Solorzano Foppa con Karina Rotman y los casos de criminalización contra defensores del territorio”, analizó.
El catedrático universitario Haroldo Shetemul, plantea que este día es una buena oportunidad para recordar a cientos de periodistas que han sido amenazados por el gobierno, asesinados y exiliados. “Con este día no se termina la impunidad, pero es una oportunidad para no olvidar”, dijo.
Al consultarle sobre las implicaciones de las intimidaciones hacia la prensa hechas por presidente Alejandro Giammattei, las calificó como una afrenta en contra de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión. “Eso quiere decir que no se puede trabajar, durante este gobierno ha habido no solo restricciones sino ataques a los periodistas, es importante la unidad, la lucha de todos para hacer la denuncia y evidenciar esta situación”, dijo Shetemul.
Para el presidente de la APG, la libertad de expresión va más de una labor realizada por un periodista. “En esencia no solo es lo que los periodistas quieran decir, sino lo que la sociedad quiere manifestar y lo tiene que hacer en momentos en el que se busca callar a los medios de comunicación, es fundamental por la manera que les da una responsabilidad a los medios de comunicación”, dijo Mario Recinos.
Guatemala ha sido catalogado en la última semana por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como uno de los países en Latinoamérica con alta restricción a la libertad de expresión y libertad de prensa. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ubicó a Guatemala como uno de los países donde se violan derechos humanos colocándola a la par de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
