En la audiencia que se llevará a cabo este jueves 24 de noviembre, el juez Edgar Aníbal Arteaga López decidirá si cierra el proceso penal contra Carlos Choc, Cristóbal Pop, Tomás Chen y Vicente Rax a quienes el 31 de octubre de 2019 se les clausuró el proceso de manera provisional, por denuncias de cuatro trabajadores rusos del proyecto Fénix en 2017, propiedad de CGN – Pronico y Solway, empresas mineras que recientemente fueron sancionadas por Estados Unidos, por corrupción y sobornos a funcionarios públicos y a políticos.
Por Simón Antonio Ramón
En el juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Puerto Barrios, que preside el juez Edgar Aníbal Arteaga López, se realizará la audiencia de acto conclusivo, del proceso penal abierto contra el periodista Carlos Choc Chub, corresponsal de Prensa Comunitaria por el delito de detenciones ilegales.
La criminalización también alcanza a pescadores organizados de El Estor. Los hechos, según la denuncia penal, ocurrieron el 3 y 4 de mayo de 2017, acusados por cuatro trabajadores rusos de Solway -Dmitrii Makhanov, Vadym Zeleniuk, Viacheslav Kuperniuk y Mikola Klimenko- durante una manifestación de la Gremial de Pescadores, que denunciaba la contaminación del Lago de Izabal, con la mancha roja por los desagües químicos de la Planta Procesadora de Níquel, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico) y de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group.
En 2019 el juez no quiso cerrar el caso
La audiencia que se realizará este jueves se llevará a cabo a pesar de la petición del Ministerio Público de cerrar el caso contra el periodista y los pescadores. El juez solo lo clausuró provisionalmente por dos meses y ordenó que la fiscalía reuniera más elementos de prueba.
La audiencia se realizará después de tres años de que el caso fuera puesto en conocimiento de la Sala de Apelaciones de Puerto Barrios y en la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra la decisión del juez Édgar Arteaga, dictada el 31 de octubre de 2019,
La decisión del juez también alcanzó a los pescadores Cristóbal Pop, Tomás Ché Cucul y Vicente Rax Pop, por lo que sus abogados apelaron en la Sala de Apelaciones de Puerto Barrios, pero los magistrados negaron la petición, tanto de los pescadores como del periodista Carlos Choc, de cerrar de manera definitiva el proceso penal.
Junto a la apelación, la Sala conoció una recusación contra el juez, que cuestiona su imparcialidad e idoneidad para conocer el proceso; sin embargo, la Sala la declaró sin lugar.
En noviembre de 2020 se elevó el caso a la Cámara Penal de la CSJ a través de un recurso de casación, pero esta lo denegó, por lo que en la audiencia de este 24 de noviembre, el juez decidirá si envía a juicio al periodista y a los dos pescadores. El 19 de octubre de este año uno de los criminalizados en el proceso, Eduardo Bin, fue declarado inocente en un juicio oral y público.
Las investigac
Publicaciones periodísticas evidenciaron las maniobras de criminalización
El periodista maya Q’eqchi’, Carlos Choc y Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, también fueron denunciados junto a otras nueve personas, de instigación a delinquir durante la represión policial del 22 de octubre de 2021.
Tanto el periodista como el presidente de la Gremial de Pescadores enfrentaron una nueva orden de detención, el 13 de enero pasado, por ese otro caso. Choc había dado cobertura periodística a la protesta en contra de la mina Fénix, propiedad de CGN, encabezada por loa cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’, que exigían se les incluyera en la consulta comunitaria que, decidiría si el proyecto extractivo debía continuar operando o no.
Trece policías, supuestamente golpeados durante el desalojo violento, acusaron al periodista de liderar las protestas. El periodista Carlos Choc, se presentó a la audiencia de primera declaración el 13 de septiembre y el juez le dictó falta de mérito.
De igual forma, en el caso de Cristóbal Pop, fue detenido en la ciudad de Guatemala en el mes de junio y ligado a proceso penal por instigación a delinquir, con medidas sustitutivas en los meses posteriores. Este caso también estaba relacionado con las protestas contra la minera, de octubre de 2021. En la audiencia de etapa intermedia, del 16 de noviembre el propio juez Edgar Arteaga dictó sobreseimiento.
En la investigación periodística conocida como #Mining Secrets, en la que participó Prensa Comunitaria y varios medios de comunicación internacionales en coordinación con Forbidden Stories, se publicaron en marzo de este año las maniobras de altos directivos de la minera CGN y Solway, para negar y ocultar la contaminación del lago de Izabal, en mayo de 2017, que denunciaron los pescadores y que dio origen a la criminalización en El Estor.
El 18 de noviembre pasado el Departamento del Tesoro sancionó al ruso Dimitri Kudryakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, directivos de Solway, propietaria de la minera CGN-Pronico con la Ley Global sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, conocida como Ley Magnitsky, por valerse de un esquema de sobornos, durante años, para políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos, a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos.
