Una petición firmada por ocho congresistas demócratas en diciembre de 2021 provocó una investigación interna en el gobierno de Estados Unidos, que determinó que el Departamento de Defensa fue ineficiente en supervisar el uso que el ejército de Guatemala hizo de vehículos donados para combatir el narcotráfico y vigilar las fronteras.
Por Héctor Silva Ávalos
El sistema de alarmas que una ley estadounidense provee para detectar las malas prácticas de un gobierno extranjero al que Washington ha donado equipo militar funcionó. Lo que se quedó corto fue la capacidad de Estados Unidos para evitar que el asunto se repitiera y la decisión política de no apoyar más a ese gobierno, en este caso el guatemalteco.
Prensa Comunitaria tuvo acceso a documentos, comunicaciones internas y datos revisados por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) entre 2019 y 2022, los cuales permiten concluir que el gobierno estadounidense no profundizó en las investigaciones sobre el mal uso que los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei hicieron de parte del equipo militar donado por las administraciones de Barack Obama y Donald Trump al ejército guatemalteco.
Además, tanto el Departamento de Defensa (DOD) como el Departamento de Estado (DOS) en Washington fallaron en registrar todas las denuncias hechas por el mal uso del equipo militar, que fueron al menos cinco. Esto condujo a que el gobierno de Giammattei pudiera, a pesar de las quejas, volver a usar los jeeps de Estados Unidos en 2021 para amedrentar a comunidades Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, e incluso para dar protección a guardias privados y agentes del Estado guatemalteco que participaron en la quema de casas en la aldea Chinebal-Palestina de ese municipio.
El 12 de febrero de 2019, después de las investigaciones iniciales, el DOD había decidido no continuar su cooperación con los batallones guatemaltecos formados por miembros de las fuerzas antinarcóticas de la PNC y el ejército, de Aduanas, del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público (IATF), cuya misión en teoría es vigilar las fronteras y combatir el tráfico de drogas y personas. La razón para suspender la ayuda: “La preocupación en el Ejecutivo y el Legislativo estadounidenses acerca de la confiabilidad del Ministerio de Gobernación” de Guatemala. A pesar de eso, y de un intento de embodegar los vehículos, estos siguieron a disposición del gobierno guatemalteco sin apenas supervisión estadounidense.
La preocupación de las autoridades estadounidenses, que no fue pública en 2019, quedó consignada en un informe dado a conocer por la GAO en noviembre de 2022. El reporte se publicó luego de una investigación solicitada por el Congreso de los Estados Unidos sobre denuncias de que los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei en Guatemala habían usado de forma inadecuada una donación de vehículos militares para las IATF.
El DOD, cuyo cuartel central en las afueras de Washington es el edificio conocido como el Pentágono, llegó a estas conclusiones luego de revisar, en silencio, los incidentes denunciados desde Guatemala en 2018.
Así describió el GAO aquellos primeros hechos investigados: “El gobierno de Guatemala supuestamente usó siete jeeps proveídos por el Departamento de Defensa para intimidar a organizaciones estadounidenses e internacionales”, detalla el informe, al referirse a la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de utilizar los pertrechos estadounidenses para apoyar el embate de su gobierno contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la que el mandatario acababa de echar del país.
“El 31 de agosto de 2018, …Morales anunció su intención de no renovar el mandato de la CICIG, la comisión apoyada por Naciones Unidas. Como cuerpo internacional independiente, CICIG se creó para investigar cuerpos ilegales de seguridad sospechosos de haber infiltrado instituciones estatales. La CICIG, de acuerdo con múltiples reportes, investigaba alegatos de que el presidente Morales había violado las leyes de financiamiento electoral”, dijo el GAO en su reporte de 2022.
Aquel día de 2018, como ya está escrito en los anales del paso de CICIG por Guatemala, Morales mandó a su ejército y a su sistema de inteligencia a intimidar a la comisión y a sus apoyos políticos. Los jeeps J8, entregados por el Pentágono, se exhibieron en la zona 14 de la capital, en los alrededores de la sede de CICIG en la ciudad, y por el Paseo de la Reforma, frente a la embajada estadounidense en la zona 10. También está escrito que Mario Duarte, entonces jefe de la inteligencia presidencial y hoy reconvertido en lobista de Zury Ríos y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se jactó de que el gobierno guatemalteco podía devolver los jeeps si a Washington no le parecía como los estaban utilizando.
Cuando los reportes de estos incidentes llegaron a Washington, el Pentágono inició investigaciones internas que llegaron a una conclusión tajante: lo que había hecho el gobierno de Jimmy Morales eran “actos de intimidación”, según dijeron luego oficiales del ejército estadounidense a los investigadores del GAO.
Fallas en Washington permitieron más terror en El Estor
A pesar de que el gobierno de Morales había “intimidado” a la sede diplomática de Washington en Ciudad de Guatemala, poco hizo el Pentágono, que se enfrascó luego en un intercambio con el Departamento de Estado en el que ambas oficinas terminaron esquivando responsabilidades o encogiéndose de hombros. Esto quedó en evidencia luego, cuando, en octubre de 2018, solo dos meses después del acoso a CICIG y a la embajada estadounidense, el ejército guatemalteco volvió a sacar los jeeps para amedrentar a estudiantes de la Universidad San Carlos que protestaban contra el gobierno de Morales.
En enero de 2019, el Departamento de Estado envió una comunicación formal al gobierno de Guatemala para solicitarle explicaciones sobre los dos incidentes, los de agosto y el de la USAC en octubre. La cancillería de Morales negó que el equipo estadounidense haya sido utilizado para dar seguimiento a críticos y opositores. Washington, a juzgar por la etiqueta de intimidación que puso a los eventos de agosto y al acoso a la USAC, no les creyó.
La investigación de la GAO reveló que, en 2019, la embajada estadounidense había registrado al menos otros tres incidentes de mal uso de los jeeps, pero no todos quedaron consignados en los archivos del Pentágono o del Departamento de Estado. La información que sí fue procesada, sin embargo, fue suficiente para establecer que el gobierno guatemalteco había abusado de la donación.
De cualquier manera, los fallos del sistema de supervisión estadounidense empezaron a ser evidentes.
“Ni DOD ni el Departamento de Estado -según oficiales de ambas oficinas entrevistados por GAO- tienen políticas adecuadas que rijan cómo consignar alegatos de mal uso del equipo en sus documentos internos”, concluyó la GAO.
El informe de 2022 también consigna que el Pentágono y el Departamento de Estado no se comunicaron de forma adecuada sobre los incidentes en Guatemala. “Los agentes de DOD que sabían de los alegatos de mal uso deberían haberlos reportado al Departamento de Estado”, se concluye.
Los agentes de DOD le dijeron al GAO que solo habían revisado dos incidentes, cuando en realidad fueron cinco. De acuerdo con el documento, el ejército estadounidense no reportó los otros tres hechos en un primer momento y fue hasta una revisión posterior hecha por los investigadores del GAO que la oficina de rendición de cuentas obtuvo información sobre ellos.
GAO determinó que la responsabilidad última de dirigir las investigaciones en caso de reportes sobre el mal uso de equipo estadounidense es el Departamento de Estado. Sin embargo, determina la oficina de rendición de cuentas, cuando se enteró de las denuncias sobre los J8, DOS dijo “que no era responsable de conducir una investigación”.
La negligencia del Departamento de Estado para investigar, la renuncia del Pentágono a registrar todas las denuncias y la incapacidad de ambas agencias para siquiera consignar de forma adecuada los reclamos que llegaban desde Guatemala tuvieron una consecuencia desastrosa: los jeeps volvieron a servir al gobierno guatemalteco para infundir terror entre sus ciudadanos.
“(La falta de mecanismos adecuados de registro de denuncias) pudieron haber evitado tener la información adecuada para detectar patrones, como los alegatos repetitivos de mal uso de las mismas unidades (los J8) … Como resultado (el gobierno de los Estados Unidos) pudo no haber tenido suficiente información para abordar estos incidentes”, concluye la GAO.
Las fallas estadounidenses tuvieron consecuencias en noviembre de 2021. El 16 de ese mes, el Estado de Guatemala había establecido un doble perímetro alrededor de la pequeña aldea Q’eqchi’ conocida como Chinebal-Palestina, al sur del Lago de Izabal, en el municipio de El Estor. El primer círculo estaba formado por decenas de policías, militares uniformados, agentes del Ministerio Público y miembros de la inteligencia estatal. Y, en el segundo círculo, apostado en las alrededores -en la principal vía de acceso al lugar y en una cancha de fútbol aledaña-, había vehículos del ejército de Guatemala, incluidos los jeeps J8 donados por Estados Unidos.
Prensa Comunitaria tomó fotografías de los vehículos cuando estos se trasladaban desde la Ciudad de Guatemala hasta El Estor, a finales de octubre, y constató la presencia de los J8 en las inmediaciones de Palestina-Chinebal a través de una docena de testimonios recogidas en la aldea en diciembre de 2021.
Con la protección de policías, militares y vehículos artillados, empleados de la empresa Naturaceites incendiaron varias viviendas de la aldea para obligar a los Q’eqchi’ a desalojarla. Naturaceites es dueña de amplias extensiones de tierra sembradas con palma aceitera desde la orilla sur del Lago de Izabal tierra adentro hasta la aldea Chinebal-Palestina, la cual la empresa lleva años queriendo desalojar.
A finales de octubre de 2021, el gobierno de Alejandro Giammattei mandó al ejército y a la policía a reprimir a comunidades Q’eqchi’ que protestaban de forma pacífica contra una mina de níquel, alimentada por capitales rusos, al norte de las plantaciones de Naturaceites, en la otra orilla del lago. Tras la represión, el congreso guatemalteco decretó un estado de sitio en todo el municipio, que Naturaceites aprovechó para quemar las casas de Chinebal-Palestina.
Esos incidentes también fueron reportados a Washington. “El gobierno de Guatemala supuestamente usó los jeeps de DOD para intimidar a quienes protestaban. DOD supo de esto por múltiples reportes en prensa… y, de acuerdo con un oficial de DOD, un artículo publicó varias fotografías del convoy militar”. Ese artículo fue publicado por Prensa Comunitaria en diciembre de 2021.
La investigación que las autoridades estadounidenses hicieron sobre esta última denuncia en El Estor tampoco fue concluyente, pero sí sirvió como base a una carta que ocho congresistas demócratas enviaron ese mes al Departamento de Estado pidiendo que el secretario Anthony Blinken exigiera explicaciones a Giammattei. Aquella carta provocó la investigación del GAO sobre los jeeps J8.
La insistencia de la congresista Norma Torres
El embajador de Estados Unidos, William Popp, hizo entrega, personalmente, de los 95 vehículos valorados en USD4.4 millones al ejército de Guatemala el 13 de octubre de 2022. Un nuevo donativo, esta vez hecho por la administración del demócrata Joe Biden y a pesar de todas las alarmas encendidas por el mal uso que el gobierno guatemalteco había hecho en los años anteriores del equipo entregado por el Pentágono.
El nuevo donativo llegó, además, a pesar de los reclamos hechos por la carta que los congresistas demócratas enviaron en diciembre de 2021. Norma Torres, congresista de origen guatemalteco representante del 35º distrito electoral de California, encabezó la iniciativa de mandar aquel reclamo y, cuando supo de la entrega del nuevo equipo en 2022, se mostró contrariada: “Estoy profundamente decepcionada de que los Estados Unidos esté donando equipo militar adicional a Guatemala sin haber dado cuentas del equipo previo, incluidos los jeeps J8”, dijo la última semana de octubre a Prensa Comunitaria.
Una de las explicaciones que han dado fuentes de la administración Biden sobre la nueva entrega de vehículos al gobierno de Guatemala es que el donativo es parte de un acuerdo logrado con la administración del expresidente Donald Trump, y que fue financiado con un presupuesto particular del Pentágono que no está sujeto a restricciones impuestas por el Congreso federal en Washington a la asistencia militar a Guatemala, El Salvador y Honduras tras múltiples señalamientos de corrupción y violaciones a los derechos humanos contra esos gobiernos centroamericanos.
Hoy sabemos, por la investigación de la GAO a los incidentes de mal uso del equipo entre 2018 y 2022, que tanto el Pentágono como el Departamento de Estado eran conscientes de las denuncias contra el gobierno de Guatemala, y que ya en 2019 había quedado establecido que ese equipo había servido para “intimidar” a personal estadounidense y que las denuncias eran creíbles. A pesar de todo, Washington, entregó nuevo equipo.
La congresista Torres no ha quitado el dedo del renglón. El 10 de noviembre de 2022 envió un fuerte reclamo a los secretarios de Defensa y de Estado por la negligencia en la supervisión del equipo entregado a Guatemala y por la decisión política de entregar más vehículos al gobierno de Giammattei.
“Estoy anonadada al ver que la GAO concluyó que DOD y DOS no tienen políticas para registrar las denuncias del mal uso de este equipo… Y en el caso de Guatemala, aunque ambos departamentos estaban al tanto del mal uso hecho por el gobierno de Guatemala, ninguno registró adecuadamente la información ni continúo con las investigaciones…”
Continúa la congresista: “Estos son problemas serios. En ninguna circunstancia deberían los Estados Unidos donar equipo militar para socavar la democracia y la libre expresión. Y no debería de usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas fuertes para detener estos abusos. Es un asunto de buenas políticas, seguridad nacional y sentido común”, escribe Torres.
Los reclamos de la congresista y todo el affaire de los J8 ocurren en un momento en que el gobierno guatemalteco es cuestionado de forma permanente en Washington por perseguir a los operadores de justicia, fiscales y periodistas que han investigado la corrupción atribuida al expresidente Morales, a Giammattei, el actual mandatario, y a los colaboradores de ambos. Muchos de esos perseguidos viven exiliados en Washington.
