Una detención arbitraria, una persecución política, un juicio injusto, condiciones de tortura en la cárcel, así describen abogados y defensores de derechos humanos el caso de la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, quien luego de más de nueve meses en prisión preventiva enfrentará juicio el próximo 28 de noviembre.
Por Regina Pérez
El próximo 28 de noviembre iniciará en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal el juicio en contra de Virginia Laparra, la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, quien fue detenida el 23 de febrero de 2022 y quien permaneció en prisión preventiva por nueve meses y cinco días.
El inicio del juicio, largamente esperado debido a varios retardos en el sistema de justicia, se lleva a cabo en medio de una persecución a jueces, abogados, fiscales y periodistas por parte del Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, la fiscal general electa por el expresidente Jimmy Morales, a quien el presidente Alejandro Giammattei reeligió en el cargo en mayo pasado.
Laparra fue detenida en febrero en Quetzaltenango, al haber sido denunciada por el juez Lesther Castellanos, ahora Relator contra la Tortura, en un proceso en el que el abogado Omar Barrios y representantes de la Fundación contra el Terrorismo se constituyeron como querellantes. El MP acusa a Laparra de denunciar al juez Castellanos, cuando ella era jefa de la FECI en Quetzaltenango, sin tener la facultad de hacerlo.
Otros fiscales han denunciado a jueces, como la fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso, que en 2019 denunció por la vía penal a la ahora exjueza, Erika Aifán, pero ellos no han sido procesadas como Virginia.
El caso de Laparra no es el único. Según organizaciones internacionales, al menos 25 fiscales, exjueces y dos exfiscales generales están en el exilio como resultado de la persecución en su contra desde el MP. El último en sumarse a esta lista es Miguel Ángel Gálvez, quien se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo B, y quien tuvo que salir del país hacia Costa Rica, desde donde presentó su renuncia el pasado 15 de noviembre.
El denominador común en todos estos casos, según el abogado independiente Ramón Cadena, es que se trata de personas que lucharon contra la impunidad y la corrupción, “por eso están siendo castigadas y detenidas”.
El caso de la exjefa de la FECI en Quetzaltenango se sumó al de abogadas y exfiscales que fueron detenidos desde febrero, como la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la abogada Leily Santizo, detenida el 10 de febrero; la exfiscal de la FECI, Eva Xiomara Sosa, detenida el 15 de febrero; y al de otros fiscales con orden de detención y procesados este año.
Sin embargo, Santizo y Sosa pudieron salir de prisión con medidas sustitutivas desde el 8 de marzo, de la cual gozan hasta que se realice el juicio en su contra. No ha sido este el caso de Laparra, a quien los jueces Sergio Mena Samayoa, del Juzgado Séptimo y Oly González, del Tribunal Octavo, le han negado su libertad con medidas sustitutivas en cuatro ocasiones.
La jueza González, quien será la encargada de realizar el juicio, no solo le negó el arresto domiciliario, sino que el MP volvió a pedir una nueva orden de detención en su contra, la cual le fue notificada a la exfiscal el pasado 19 de octubre, cuando sus abogadas defensoras nuevamente solicitaron las medidas sustitutivas. Esta nueva orden de aprehensión es por el delito de revelación de información confidencial y reservada, y fue solicitada por la Fiscalía de Delitos Internos de Quetzaltenango.
Wendy López, una de las abogadas de Laparra, señaló que durante todo el proceso se ha observado que la persecución en contra de la exfiscal no es penal, sino política. Es evidente una venganza materializada por parte de la Fundación contra el Terrorismo (querellante en el proceso), que claramente se ve reflejado en que se está persiguiendo a la persona por el trabajo que realizó en algún momento como parte de la CICIG o la FECI, dijo.
Claudia Samayoa, defensora de derechos humanos, considera que la detención de la exfiscal fue arbitraria, porque denunciar al juez Castellanos no constituye delito.
También, según Samayoa, porque a la exfiscal no se le permitió acceder a su defensa. Lo que está ocurriendo no puede ser un proceso normal en la medida en que ningún ente está conociendo el fondo de su detención arbitraria, incluso, los jueces no explican en sus resoluciones por qué es delito presentar una denuncia como lo hizo Laparra y por qué es continuado, cuestionó la defensora.
En el caso del juez Sergio Mena, este no permitió el acceso a la prensa ni a observadores de derechos humanos a todas las audiencias de Laparra. Las abogadas defensoras señalaron un favoritismo y parcialidad del juez hacia los querellantes, los representantes de la Fundación contra el Terrorismo, Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, y el abogado Barrios.
López, la abogada de Laparra, indicó que están litigando en un sistema cooptado por la Fundación contra el Terrorismo, en el cual estos actores operan a su antojo y que incluso manipulan al MP.
Nos resulta muy coincidente, por ejemplo, que todos estos casos se han ido al juzgado Tercero, al Cuarto, al Sexto, al Séptimo y que dentro de estos casos la práctica es la misma, señaló la abogada.
En el Juzgado Tercero se ventiló el caso de Leily Santizo y Eva Xiomara Sosa así como de otros exfiscales de la FECI. En el Juzgado Séptimo, el juez Fredy Orellana conoció el caso del periodista Jose Rubén Zamora, de la fiscal de la FECI Samari Gómez y la exdirectora administrativa de elPeriódico, Flora Silva.
Sobre las restricciones que imponen algunos juzgados para no dejar ingresar a la prensa, el abogado Cadena dijo que “lo que se busca es volver al sistema inquisitivo, cuando se juzgaba a las personas en secreto, eso lo que permite es más impunidad y por eso no están permitiendo la publicidad, lo que quieren es mantenerla detenida como una forma de castigo y de tortura”, en referencia a Laparra.
Acá una cronología del caso de la exfiscal, desde su detención hasta el día en que enfrentará juicio.
23 de febrero. Virginia Laparra es detenida en la ciudad de Quetzaltenango por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, tras una orden girada por el Juzgado Séptimo de Sentencia Penal, a cargo del juez Sergio Mena Samayoa.
Después de ser denunciada, por el entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Castellanos, ahora Relator contra la Tortura, y a quien Virginia había denunciado administrativamente en cuatro ocasiones, el juez Mena giró la orden de detención.
Según la defensa de Laparra, la jefa de la FECI en Quetzaltenango tenía planeado presentarse en el Juzgado Séptimo al día siguiente, sin embargo, fue detenida un día antes.
De acuerdo con un reporte enviado a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), luego de ser arrestada, el MP y la Policía trasladaron a la exfiscal a la ciudad capital durante la madrugada, sin agua y comida.
Luego de ingresar a la Torre de Tribunales, estuvo detenida por 15 horas sin que se llevara a cabo la audiencia de primera declaración. Luego fue trasladada al centro de detención Mariscal Zavala.
3 de marzo. Es ligada a proceso. La audiencia de primera declaración se canceló seis veces, según información del OMCT. El 3 de marzo de 2022, el juez Sergio Mena la ligó a proceso por usurpación de funciones y abuso de autoridad.
La denuncia del juez Lesther Castellanos en contra de Laparra es porque supuestamente ella no tenía la facultad para denunciarlo, como lo hizo en cuatro ocasiones y, que solo la fiscal general del MP tenía esa atribución.
La audiencia se realizó a puerta cerrada, sin presencia de medios de comunicación ni observadores de derechos humanos. No dejar que el proceso fuera público fue algo que se vio en las audiencias posteriores en el Juzgado de Mena, quien nunca permitió el ingreso de la prensa.
3 de abril. Laparra publica una carta abierta desde la cárcel. Ese día, durante una visita de Jordán Rodas, quien se desempeñaba como Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Virginia envió un mensaje dirigido al pueblo de Guatemala, en la que abordó diversas irregularidades del caso en su contra y expuso sus condiciones de su detención en la cárcel de Mariscal Zavala.
“Veo la luz del sol una vez al día”, señaló Laparra, quien además indicó que la prisión preventiva en su contra se debía a su condición de mujer, por haber pertenecido a la FECI, por ejercer su derecho de defensa y teniendo como único delito presentar denuncias administrativas contra un juez anómalo, lo cual, dijo, no es delito.
4 de abril. El juez Sergio Mena se excusa de conocer el proceso. Un día después de que la carta saliera a la luz, el juez se excusó de seguir conociendo el caso, indicando que no era la primera vez que Laparra se manifestaba públicamente, tratando de dañar su honorabilidad.
Asimismo, el juzgador indicó que se estaba atentando contra la independencia judicial y que se pretendía ejercer una presión mediática en su contra.
La excusa no fue aceptada por la Sala Tercera de Apelaciones y Mena continuó como juez contralor del caso.
7 de junio de 2022. El Juez Mena envía a juicio a Virginia Laparra.
La audiencia de etapa intermedia en el caso Laparra se realizó el 8 de junio. Para entonces, ella había pasado en prisión preventiva más de tres meses, en condiciones que algunas expertas definen como tortura.
Claudia Samayoa, quien también es vicepresidenta de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), consideró que la prolongación de su detención arbitraria es una tortura. En el caso de Virginia Laparra es claramente una actuación de venganza realizada por actores en el poder y que tienen un interés político de acallar a los oponentes, dijo.
En esta acción de tortura contra la exfiscal participan fiscales, jueces y una persona que es asesora del presidente Alejandro Giammattei, el abogado Omar Barrios, y el juez que la denunció, Lesther Castellanos, nombrado por un grupo de diputados del Congreso como Relator contra la Tortura en marzo pasado.
A esto se le suma la misoginia marcada, la venganza en contra de la exfiscal quien es una mujer que se atrevió a denunciar. Este ataque se traslada a sus abogadas defensoras, agregó.
Laparra fue ligada a proceso por el juez Mena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada el 7 de junio.
El viernes 10 de junio, Laparra fue trasladada a la prisión militar de Matamoros, ubicada en la zona 1.
22 de junio. Organizaciones presentan un amicus curiae a favor de Laparra.
Organizaciones de derechos humanos presentaron en la Sala Tercera un amicus curiae, un recurso que buscaba aportar elementos e información sobre estándares internacionales en materia de libertad personal, prisión preventiva y presunción de inocencia, luego de que las abogadas de la exfiscal apelaran la resolución del juez, pidiendo que el abogado Omar Barrios y los representantes de la Fundación contra el Terrorismo fueran dejados fuera del proceso.
Luego de la audiencia en la que se envió a juicio a Laparra, nuevamente se revisaron las medidas de coerción en contra de la exfiscal y se solicitó su libertad bajo medida sustitutiva, lo cual fue denegado por el juez.
5 de agosto de 2022. Juez fundamenta su resolución. Luego de que la Sala Tercera ordenara al juez Sergio Mena fundamentar y emitir una nueva resolución en el caso de Laparra, por haber admitido al abogado Barrios y a representantes de la Fundación contra el Terrorismo como querellantes, el juez los volvió a admitir en la causa.
Las abogadas Claudia González y Wendy López denunciaron ante la prensa el favoritismo del juez hacia los querellantes.
12 de agosto de 2022. Se define la fecha en que Virginia Laparra irá a juicio.
El juez Sergio Mena resolvió que Laparra irá a juicio el 28 de noviembre. La exfiscal se abstiene de hablar con la prensa porque indica que sus palabras son tergiversadas por los querellantes y son usadas durante las audiencias para negarle las medidas sustitutivas, como ocurrió con una publicación de elPeriódico que se tituló “El ‘exilio” de Virginia Laparra se prolonga por acciones dilatorias”.
La exfiscal Virginia Laparra va a juicio el 28 de noviembre por un caso de criminalización
26 de agosto. Jueces se excusan de conocer el juicio de Laparra.
Por tercera ocasión, las abogadas defensoras solicitaron arresto domiciliario para la exfiscal, exponiendo a los jueces del Tribunal Octavo de Sentencia Penal que realizará el juicio, las razones por las que pedían dichas medidas, entre ellas que Laparra casi nunca recibía visitas porque toda su familia reside en Quetzaltenango. En Matamoros, donde fue enviada tras la etapa intermedia, está recluida en una bartolina donde, al igual que en el Mariscal Zavala, apenas puede ver la luz del sol.
No obstante, los jueces se negaron a conocer la petición y más bien se excusaron de realizar el juicio, argumentando varias razones, entre ellas ser amigos y conocidos de las partes del proceso. El juez Otto Hugo Valvert Veras dijo tener amistad con la abogada defensora Claudia González y el exjuez Castellanos; la jueza Glenda Julieta Duque indicó que tenía amistad con el abogado Omar Barrios, querellante y la jueza Oly González, manifestó que su hijo suscribió una escritura pública con el abogado y fue su estudiante.
Con ello, la esperanza de Laparra de salir de prisión se desvaneció y existió el temor de que el juicio se siguiera retrasando. El expediente fue enviado a la Sala Segunda de Apelaciones.
La audiencia realizada este día, con nuevos jueces en el proceso, fue la primera en la que se permitió el ingreso de periodistas.
Caso de exfiscal Virginia Laparra vuelve a quedar en el limbo; jueces se excusan de conocerlo
28 de septiembre de 2022. Un magistrado resuelve las excusas de los jueces.
La defensa de Virginia Laparra denunció un retraso por parte del juez Roaldo Isaías Chávez, de la Sala Segunda de Apelaciones, para resolver las excusas de los jueces del Tribunal Octavo. Según indicaron, el magistrado no había resuelto las mismas a casi dos semanas de tener el expediente en su despacho.
Finalmente, ese mismo día, Chávez aceptó las excusas de dos jueces, pero declaró sin lugar la excusa de la jueza presidenta del Tribunal, Oly González.
Juez Roaldo Chávez resuelve con retraso excusas del caso de la exfiscal Virginia Laparra
21 de octubre. Abogadas solicitan nuevamente arresto domiciliario.
Las abogadas Claudia González y Wendy Geraldina López solicitaron por quinta vez medidas sustitutivas para Virginia Laparra, en esta ocasión a la jueza Oly González. Sin embargo, la juez las denegó, argumentando que por estar cerca la fecha del debate oral y público había riesgo de fuga. Además, se le informó a la exfiscal, ese mismo día, de una nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de revelación de información confidencial y reservada.
Esta fue girada por la Fiscalía de Delitos Internos de Quetzaltenango y se acusa a la exfiscal de revelación de información confidencial y reservada.
Si no hay ningún contratiempo, el juicio contra Laparra comenzará el 28 de noviembre, como está establecido. No obstante, la abogada López, indicó que la nueva orden de detención en contra de la exfiscal podría dificultar su salida de prisión, en caso de que la jueza del Tribunal Octavo no la condene y ordene su libertad en el juicio que se avecina.
Niegan libertad a la exfiscal Virginia Laparra quien tiene una nueva orden de detención
El abogado Cadena teme que en este caso la sentencia en contra sea condenatoria, porque no se están garantizando sus derechos procesales.
“Ella no cometió ningún delito, está detenida injustamente”, subrayó el abogado.
