La audiencia en la que se podría cerrar una demandan penal en contra de pescadores de la Gremial Artesanal de El Estor y del periodista Carlos Ernesto Choc Chub, corresponsal de Prensa Comunitaria, se suspendió por la inasistencia de la abogada Cristina Alejandrina Soto Enríquez, mandataria judicial de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), quien desde 2019 se ha excusado más de 4 veces argumentando enfermedad o en este caso otra audiencia. La empresa, que desde el 2017 inició una demanda penal en contra de once personas, incluidos dos corresponsales de este medio, se niega a cerrar el caso a pesar que el MP pidió la clausura desde 2019 por falta de pruebas.
Por Simón Antonio Ramón*
El juez Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado de Primera Instancia Penal, de Puerto Barrios, Izabal, suspendió la audiencia de etapa intermedia del periodista Q’eqchi’ Carlos Choc y de tres integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales, de El Estor, por la ausencia de la abogada Cristina Alejandrina Soto Enríquez, mandataria judicial de CGN, querellante en este proceso y de cuatro trabajadores rusos de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), quienes demandaron en 2017 a once personas entre directivos de la gremial, un barbero y dos periodistas.
Cinco años han pasado del inicio de la demanda y en esta audiencia se esperaba que el juez Arteaga resolviera si enviaba a juicio o no, a los pescadores Cristóbal Pop -presidente de la Gremial-, Tomás Ché y Vicente Rax y al periodista Carlos Choc, por el delito de detenciones ilegales.
La suspensión de esta audiencia, coincide siete días después, con las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de estas dos empresas y a dos de sus gerentes principales -al ciudadano ruso Dimitri Kudryakov “el jefe” y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, ejecutivos de Solway, quienes desde el 18 de noviembre fueron sancionados con la ley Magnitsky, por dirigir “múltiples esquemas de sobornos durante años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos…” y “llevar a cabo actos corruptos en apoyo a los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.
La abogada de la compañía y de los trabajadores rusos informó el miércoles 23 de noviembre al juzgado, que tendría una audiencia en el tribunal de femicidio de Puerto Barrios, por lo que no podría asistir. Este tribunal está a escasos 5 minutos de distancia del complejo de justicia. Otra excusa que se presentó fue la del abogado Rafael Maldonado, defensor de Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, porque dio positivo en una prueba de COVID-19.
El abogado Santiago Choc, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, se refirió a la actitud de la abogada Soto: “Esto es una situación lamentable puesto que es una práctica reiterada y lo digo con todo respeto. No es la primera la vez que presenta una excusa de esa naturaleza”, dijo el defensor de los pescadores Tomás Ché y Vicente Rax.
Héctor Reyes Chiquín, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que brinda apoyo legal al periodista Carlos Choc, dijo que el proceso debió resolverse desde el 2019, cuando el MP presentó el acto conclusivo. “Al final no hay pruebas que sindiquen a los compañeros y al periodista Carlos Choc de haber cometido algún ilícito penal, no obstante en su momento hubo una clausura provisional”, señaló.
Cristóbal Pop, expresó que la criminalización les ha traído problemas de trabajo y sustento familiar y lamentó la actuación de operadores de justicia. “Es una historia muy larga que nos conmueve mucho, lo que ha hecho el Estado de Guatemala y las autoridades que imparten justicia, es dejarse sobornar, manipulados por la estrategia de la empresa”, afirmó Pop.
Antecedentes de la acusación
El 31 de octubre de 2019 el MP había pedido al juez Arteaga que cerrara el proceso, porque no había evidencias del delito del que eran señalados, sin embargo, el juez decidió dejar abierto el proceso por dos meses, para que la fiscalía buscara más evidencias. Esos dos meses se convirtieron en tres años.
Ante la resolución, los abogados de las personas criminalizadas apelaron la decisión del juez en la Sala Mixta de Puerto Barrios y posteriormente en la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero ninguna de estas instancias atendió la petición.
Además, el juez Arteaga López esta siendo investigado por el propio MP, por delitos vinculados a narcotráfico. Escuchas implican al juez Aníbal Arteaga; habría recibido dinero para favorecer a delincuentes
La acusación de las dos compañías mineras surge en el contexto de una manifestación, del 3 y 4 de mayo de 2017, cuando la Gremial de Pescadores Artesanales denunciaban públicamente la contaminación del lago de Izabal, por la actividad de la Planta Procesadora de níquel sobre la playa del lago.
Cuatro trabajadores rusos, de CGN-Pronico -Dmitrii Makhanov, Vadym Zeleniuk, Viacheslav Kuperniuk y Mikola Klimenko-, denunciaron a once personas, entre ellas siete pescadores, dos periodistas, un barbero y una más que no tenía ninguna vinculación con la Gremial de Pescadores, los señalamientos fueron de haberlos detenido y agredido. Por lo que en agosto de ese año el juez Arteaga ordenó la detención de todos, especialmente de los pescadores, de Carlos Choc Chub y de otro corresponsal de Prensa Comunitaria.
De 2017 al 2022, la compañía de níquel ha logrado enviar prisión preventiva a Cristóbal Pop actual presidente de la gremial, a Eduardo Bin Pou ex directivo de la gremial, Juan Eduardo Suram -barbero- y a Jerson Xitumul Morales corresponsal en 2017 para este medio. Todos fueron puestos en libertad por falta de mérito.
El juzgado informó que se notificará a los abogados de los tres pescadores y del periodista, la fecha de la próxima audiencia que posiblemente sería en el 2023, por lo cargado de la agenda del juzgado y por las fiestas de fin de año. Los abogados del periodista y de los tres pescadores analizarán si es necesario que presenten un memorial al juzgado, para que, quienes los rusos que presentaron la denuncia nombren a un mandatario del Instituto de la Víctima o a algún abogado de confianza, para que no se retrase más el proceso.
*Con información de Juan Bautista Xol
