Créditos: EJAtlas
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Un grupo de hombres armados custodian las entradas del Parque Regional Municipal Montaña Chiclera, ubicado en el Barrio Moderno de Morales, Izabal, en donde, desde hace unos tres años, se extrae ilegalmente jade. Las denuncias de organizaciones ambientalistas no han llegado a ningún lugar, y hace un año, se vieron obligados a abandonar el parque por la llegada de retroexcavadoras y pistolas al territorio. Un plan propuesto, supuestamente, por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la autoridad de las áreas protegidas, podría dar luz verde para que la minería artesanal, con la que se ha extraído el jade estos años, se legalice en este pequeño pulmón de Guatemala del que dependen cerca de 10 comunidades.

 

Por Paolina Albani

Para hablar de la Montaña Chiclera, primero, hay que ubicarse geográficamente. Desde la Ciudad de Guatemala, siguiendo la carretera al Atlántico CA-9, a 241 kilómetros de distancia se encuentra la finca Máyela que da hogar a esta reserva natural. El área era protegida, hasta hace no mucho, por la Municipalidad de Morales y la ong Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), que velaban por la protección de las fuentes de agua, la cubierta forestal, el hábitat de decenas de animales, entre otros.

El Parque Regional Municipal Montaña Chiclera es una de las 11 áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera de Sierra de las Minas (que abarca Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa e Izabal) y el Cerro San Gil. Fue inscrito como área protegida en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) en 2003, a través de la resolución 77-2003 de la Secretaria Ejecutiva del Conap.

La montaña tiene 1 mil 489.87 hectáreas y es una zona de bosque húmedo, subtropical y cálido, del que nacen ríos como Presa II, que forma parte de la microcuenca del río Francisco, y que pertenece a la misma cuenca del río Motagua.

Abastece de agua a, al menos, ocho municipios del área urbana de Morales, gracias a la presa “Gary Bratcher”. Es decir, el 80% del agua que consumen los vecinos de ahí viene de la reserva.

 

Pero la Montaña Chiclera, que es un parque de recreación turístico, está siendo explotada a cielo abierto en busca de jade, según ha denunciado en repetidas ocasiones el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) y otras organizaciones ambientales quienes compartieron con Prensa Comunitaria una serie de videos en los que se observa cómo un convoy de retroexcavadoras están abriendo zurcos en la tierra para sacar de ella el jade.

El saqueo de jade en Morales, Izabal, no es nuevo, pero sí parece ser más sofisticado de lo que era. Sigue haciéndose frente a las narices los vecinos, con cierto descaro, pero ahora, agrega el factor violento.

De manera más reciente, inició en uno de los espacios protegidos más importantes del país por ser uno de los últimos pulmones naturales que albergan vida animal y varias especies de plantas.

Según una fuente de Izabal, que prefirió no ser nombrada por seguridad, hoy, la administración de la Montaña Chiclera ha quedado completamente en manos de la municipalidad, al menos en papel, pues, en 2021, un grupo de hombres armados ingresó y se hizo con el control de la montaña.

Vehículos y maquinaria como retroexcavadoras comenzaron la extracción del jade y hasta han creado una bodega para almacenar el jade. De todo esto estaría enterado el Ministerio de Ambiente, sin que, aparentemente, hagan algo para detenerlo.

Este grupo armado controla las entradas en varios lugares de la montaña para evitar el ingreso de “mirones”.

“Se estuvo coordinando la realización de algunos patrullajes y se detectó ese problema. Por eso, se acudió a la Fiscalía Ambiental que es donde está la denuncia, pero no ha prosperado”, comentó la fuente, quien expresó preocupación por la destrucción del bosque y las fuentes de agua.

Esta persona también dijo que las organizaciones han recibido amenazas e intimidaciones por las denuncias que han puesto “ya que al parecer se mueve mucho dinero por el valor del jade”.

“Todo mundo siente temor porque hay mucha gente poderosa, armada, con vehículos y maquinaria haciendo las excavaciones y nadie puede entrar”, añadió.

La propuesta de Conap para dar luz verde a la minería

En 2021, la organización Defensores de la Naturaleza, que forma parte de la Junta Directiva de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Minas, propuso al Conap actualizar el “Plan Maestro”, para el cuidado de la reserva, que suele hacerse cada cinco años.  Hace poco, el consejo devolvió la propuesta con modificaciones. Quizá la más importante es que quiere autorizar la “minería artesanal”, que ha estado prohibida desde el inicio, según versiones recientes del plan. Eso podría autorizar las extracciones que ya se realizan en el parque Montaña Chiclera. Esto inició una especie de batalla entre la organización y el Conap.

No queda claro si la decisión de permitir la minería en áreas protegidas se relaciona con la persistente intención del gobierno de unificar a las dependencias de ambiente bajo un superministerio, que centralizaría todo el poder y tendría vía libre para dar concesiones en áreas protegidas y reservas naturales, pero, ciertamente, parece alinearse a ese objetivo.

En riesgo no solo están los bosques, flora y fauna, esta el agua de la cual dependen miles de familias.

En una junta reciente, el Conap habría propuesto que se votara por la propuesta, a lo que los cinco representantes del Estado, apoyaron iniciativa del plan. Defensores de la Naturaleza votó en contra y razonó su voto diciendo que “contraviene las disposiciones de un área protegida”.

En agosto, un grupo de congresistas promovió una ley, para desaparecer las áreas de reserva natural como esta montaña o la totalidad de la Sierra de las Minas, afirmaron a Prensa Comunitaria un grupo de activistas y defensores, una ley promovida desde lo interno del CONAP y en total secretividad, afirman.

 

Mayaníquel

Por si eso fuera poco, el 8 de septiembre de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó una licencia de exploración a los mineros de Mayaníquel, para el proyecto “La Ruidosa I (LEXR-07-10)”. Una parte del polígono que explora Mayaníquel traslapa con el parque, según OIE. Esta empresa, propiedad de Telf Ag, fue sancionada por los EE.UU. con la Ley Magnitsky por operar bajo esquemas de corrupción en el país.

 

El Estado tiene una prohibición Constitucional para otorgar concesiones mineras, pero de alguna manera, Mayaníquel ha sido la excepción.

“La Ruidosa I”, que en 2010 contaba con 27.94 km²de terreno y que tres años después fue reducida a menos de la mitad, 10.83 km², tiene permiso para explorar la presencia de metales en esa parte de Morales, ha señalado el observatorio en redes sociales.

Un dictamen catastral, de 2014, fue el que alertó que el área solicitada por Mayaníquel se traslapaba con el parque y con parte del Lago de Izabal. Según el “Plan de Uso Público” elaborado en 2004, por Fundaeco, la Municipalidad de Morales y la Cooperación Española, el traslape ocurre por el Este.

En este tiempo Mayaníquel no ha sido la única empresa interesada en explorar el área. Al menos otras cinco solicitudes se han presentado ante el MEM: La Chiclera (SEXT-024-016), Jolompek (SEXR-020-12) de Mayaníquel, Buen Amigo II (SEXT-007-2020) a nombre de MRM Grupo Sociedad Anónima, Melange (SEXR-011-19) de Mineralia, Seneca II (SEXR-129-11) de Guaxilán. Hasta ahora, se desconoce si el MEM también otorgó los permisos solicitados arriba.

El Ministerio Publico (MP) tienen conocimiento de las denuncias de la presencia de un grupo paramilitar que tienen control de la montaña, de la extracción ilegal de jade y tiene acceso a las imágenes que se publicaron redes sociales en dónde se prueba la presencia de maquinaria que extrae de manera ilegal el jade.

El MP también tiene la denuncia del Departamento del Tesoro sobre Mayaníquel, pero en la región, parece que no pasa nada.

De acuerdo a datos públicos, el MP ha recibido 205 denuncias por robo y hurto de jade desde 2003 a 2022, siendo Guatemala, Izabal y Zacapa los principales departamentos en donde esta práctica es frecuente.

 

El saqueo de jade

En 2019, la Fiscalía de Ambiente realizó cinco allanamientos la aldea Valle Nuevo, en Morales, después de ser alertados del saqueo de jade. En las inspecciones encontraron grandes agujeros en la tierra, como prueba de la explotación minera a cielo abierto que se efectuó para extraer la piedra. Entre los instrumentos decomisados estaban 11 retroexcavadoras, pero no se reportó la recuperación del jade.

Fue hasta mucho después que se supo que el área de la extracción se encuentra dentro del perímetro de la Montaña Chiclera.

El saqueo de jade en Guatemala inició en 1950, según el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas en inglés), cuando se identificaron los yacimientos de jade en la Sierra de las Minas, específicamente, en Zacapa, y grupos dedicados a la minería artesanal empezaron la extracción de la piedra.

La Fundación Turcios Lima denunció, en 1998, que la extracción ilegal era dirigida por el empresario taiwanes, Marcos Wang, mediante la organización El Crucero, S.A. que exportaba la piedra hacia Taiwán y China, sin tener permiso del MEM.

Recientemente, las denuncias de comercio de jade extraído de forma ilegal involucran a la policía.

La minería ha provocado en Usumatlán, Pueblo Nuevo, Río Hondo y Sierra de las Minas, entre otros lugares, deforestación y contaminación ambiental, ha indicado el portal de EJAtlas.

Mynor Portillo, alcalde de Morales, y su secretario, William de León, han guardado silencio sobre la problemática, pero los ambientalistas que conocen de cerca el problema del saqueo de jade los ha señalado como cómplices.

La muni no se han pronunciado por la depredación del parque y el saqueo de jade. Conap tampoco no ha respondido los requerimientos para una entrevista con Prensa Comunitaria y el MEM no ha entregado la información solicitada respecto a la exploración minera del parque.

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