En septiembre de 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió con 13 millones de dólares la construcción de dos hidroeléctricas en Huehuetenango, pero al aprobar ese préstamo negó la presencia de la población maya Chuj, Q’anjob’al y Akateka, que habitan la región de Yichk’isis, dónde dejó criminalización, contaminación y el asesinato de dirigentes comunitarios por oponerse a los proyectos.
Por Francisco Simón Francisco
El pasado 29 de marzo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la desinversión de 13 millones de dólares que había otorgado a la empresa Energía y Renovación, S.A. para la construcción de dos hidroeléctricas en Yichk’isis, al norte de Huehuetenango, donde habitan los pueblos maya Chuj, Q’anjob’al y Akateko. La decisión del banco ocurrió tras aceptar que incumplió con sus políticas internas de inversión cuando aprobó ese préstamo millonario en septiembre de 2013.
Abandonar el lugar con un plan de salida responsable fue el compromiso que adquirió el banco, pero hasta la fecha ha incumplido con esa promesa, aseguran las comunidades afectadas por estos proyectos. Durante el tiempo que el BID financió la construcción de las hidroeléctricas, la empresa aprovechó para generar conflictos entre los pobladores que se evidenciaron en agresiones físicas, 11 asesinatos, 30 dirigentes criminalizados, una autoridad ancestral perseguida penalmente y más de 3 500 personas que se desplazaron por miedo hacia México y Estados Unidos, denuncian las autoridades de Yichk’isis.
Estas hidroeléctricas, que son propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, es una red de empresas familiares que perdieron el financiamiento, porque el BID aceptó los resultados de una investigación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) -entidad autónoma del propio banco-, publicado el 26 de septiembre de 2021.
Según la investigación del MICI, el banco negó la presencia de pueblos indígenas en Yichk’isis, situada en una zona muy lejana de Guatemala y cercana a la frontera como México; y descartó la aplicación de su Política sobre Pueblos Indígenas. Tampoco realizó estudios, con enfoque de género, para identificar posibles impactos en la vida de las mujeres y su relación con los ríos, incumpliendo así su Política de Igualdad de Género en el Desarrollo.
Respecto al monitoreo de la calidad de agua se encontró un proceso inconsistente y no hubo una evaluación adecuada de los impactos a los servicios ecosistémicos, es decir, el banco no verificó cómo el desvió de los ríos iba a perjudicar la vida de las personas, las plantas y los animales. Con ello, incumplió su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.
En cuanto a la protección y conservación de los lugares sagrados, que se refieren a los sitios arqueológicos existentes en Yichk’isis, el banco no cumplió con su Política de Sostenibilidad y de Patrimonio Cultural; de acuerdo a la investigación del MICI, esto porque no consultó a las comunidades locales el valor que estos patrimonios tienen para ellas.
También incumplió con su Política sobre Disponibilidad de Información. Previo a la aprobación del préstamo no se realizaron consultas significativas con las comunidades, tampoco se consideraron adecuadamente la participación de los sectores opuestos a los proyectos. Asimismo, se determinó que no se compartió en los idiomas maternos de las comunidades la información necesaria.
Finalmente, el MICI evidenció que con la llegada de la empresa a la microrregión de Yichk’isis, se incrementó el nivel de la conflictividad y afectó gravemente la cohesión social dentro de las comunidades. También determinó que la supervisión de BID sobre sobre los riesgos de conflictos sociales fue insuficiente, poco oportuna e incompleta. Además, el MICI encontró que el banco internacional no evaluó ni supervisó de manera adecuada la capacidad de los proyectos para gestionar los riesgos sociales y que la evaluación del mismo se hizo para los proyectos y no para las comunidades.
Con estos préstamos, la empresa pretendía ejecutar la construcción de las dos hidroeléctricas: San Mateo y San Andrés, con capacidad de 20 y 10.65 megavatios, respectivamente. La primera utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con una capacidad de generación de 120.087 megavatio hora al año, con dos turbinas de 10 megavatios cada una. Mientras que la segunda utilizaría las aguas del río Yalwitz con capacidad de generación de 44.300 megavatio hora por año, con dos turbinas de 5 megavatios cada una.
Ha pasado más de un año desde que se publicó el informe del MICI y la empresa no se ha pronunciado al respecto, tampoco ha contemplado su retiro de Yichk’isis. Al contrario, el 15 de noviembre de 2021, demandó al Estado de Guatemala con una queja de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que no ha podido ejecutar sus proyectos porque el gobierno no les garantiza seguridad en el lugar ante la presencia de supuestos grupos armados.
Sin embargo, desde el 6 de mayo de 2014, funciona en la propiedad de la misma un destacamento militar con más de 50 soldados y una subestación de policía. Según datos del Ministerio de la Defensa, al mes invierten más de 129 mil quetzales solo para el funcionamiento de esa base militar. La cual se constituye en un conflicto de intereses, ya que se utilizan recursos del Estado para cuidar una propiedad privada.
¿Qué implica negar la presencia de pueblos indígenas?
Una entidad financiera internacional que acepta una solicitud de préstamo en la que se invisibiliza la existencia de los pueblos indígenas, en este caso de la empresa Energía y Renovación, prácticamente se vuelve cómplice al tomar una decisión sin previa investigación.
Además, con estos criterios de solicitud, la empresa buscaba evadir su responsabilidad en consultas y operar con impunidad. ¿Cuál era el interés de negar a la población Chuj, Q’anjob’al y Akateko en Yichk’isis? Simplemente facilitar la operación, hacerla más sencilla, más compleja, más directa y más barata. Porque evita contratar expertos como antropólogos, arqueólogos o sociólogos, por ejemplo, para poder realizar un trabajo que incluya los elementos culturales que el BID obvió.
En conclusión, el BID al aceptar esta mentira estaba aprobando un diseño financiero muy débil y técnicamente inoperante y el diseño social que debió ser robusto fue inconsistente, frágil y negó, en este caso, la existencia de pueblos indígenas. Estas evidencias se traducen entonces en oposición, manifestaciones, rechazo y maquinaria destruida, postes botados, etc.; donde iba a ser la represa se volvió un lugar de terror que dejó dañado el ambiente y se volvió en una obra de infraestructura inútil.
Más allá de las evidencias, el BID, al negar a los pueblos indígenas también violó los derechos humanos. Según la doctrina de los mismos establecidos por las Naciones Unidas, quien viola estos derechos y hay un reconocimiento de los mismos crea automáticamente la obligación de reparar esos daños.
¿Cómo entender la salida responsable?
De acuerdo a Rigoberto Juárez Mateo, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional del norte de Huehuetenango, haber ganado la queja ante el MICI, presentada en agosto de 2018, significa posicionar la voz, la identidad y los derechos de las poblaciones maya Chuj, Q’anjob’al y Akateka del municipio de San Mateo Ixtatán donde los proyectos buscaron operarse.
“Sino reclamamos los derechos de nuestra población ante las graves violaciones que cometió el banco, financiando actos ilícitos, simplemente ellos no se dan cuenta; pues estamos dándole una lección importante a estas grandes corporaciones, que los derechos de nuestros pueblos deben ser respetados”, dijo en una visita a Yichk’isis en junio pasado.
Estos proyectos más que a las empresas, deberían ser financiar a las comunidades, “¿Por qué?”, cuestionó. Porque las comunidades son las poseedoras de estos bienes, respondió.
Al ser consultado sobre la salida responsable que prometió el BID y cómo lo entienden desde las comunidades, Juárez Mateo dijo que debe entenderse como un compromiso del banco de reparar los daños que provocó. “Yo sé que no es la interpretación desde ellos, pero para las comunidades, ese debe ser, porque hay delitos, hay daños que se cometieron y que se destruyeron con el financiamiento”, explicó. Entonces el financiamiento en estas condiciones, agregó, debe retornar a las comunidades para ver de qué manera se reparan esos daños.
En cuánto a los daños que dejó el financiamiento del banco, en Yichk’isis se observa una represa abandonada, cerros perforados, ríos desviados y maquinaria quemada. “¿Qué debe hacer el banco para que la gente vuelva a tener sus árboles, para que la gente puede ir a los ríos a pescar como lo hacían antes? Hoy no hay, lo que uno puede ver en el camino son charcos, son restos de materiales, hierro, tubos. Eso no existía antes, allí había árboles y cerros, entonces hay un costo ambiental que el banco provocó con su préstamo a esta empresa”, recordó el representante del Gobierno Ancestral Plurinacional.
“Para nosotros la salida responsable, es que el BID se haga cargo de los impactos y daños que generó en Yichk’isis y que establezca medidas para su reparación, es decir salir asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido y reparando con medidas efectivas”, explicó Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con sede en Colombia. AIDA fue una de las organizaciones que, junto a Plataforma Internacional contra la Impunidad, representaron a las comunidades de San Mateo Ixtatán al momento que plantearon la queja en agosto de 2018.
