Han pasado 41 años de la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen por fuerzas de seguridad del Estado y a pesar de una sentencia de la Corte Interamericana y una condena en Guatemala, su familia afirma que el Estado no ha cumplido con localizarlo, en tanto ellas han sido revictimizadas con una denuncia que afirma que él está vivo.
Por Regina Pérez
La familia de Marco Antonio Molina Theissen, detenido y desaparecido por militares el 6 de octubre de 1981, acudió a una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) donde señaló que el Estado de Guatemala no ha cumplido con lo ordenado por dicha Corte, de buscar y encontrar los restos del niño desaparecido y los funcionarios estatales no pudieron dar evidencias concretas de los avances.
Esta audiencia fue convocada para que el Estado de Guatemala informara sobre el cumplimiento de las medidas de reparación en la sentencia, de 2004, sobre los avances en la búsqueda del niño desaparecido y en la procuración de justicia en este caso.
La desaparición de Marco Antonio, de 14 años, fue realizada por agentes del Estado el 6 de octubre de 1981, en represalia al escape de su hermana Emma, de un cuartel militar de Quetzaltenango, donde fue detenida y torturada.
En 2018 se condenó a cuatro exmilitares de alto rango por este hecho, Benedicto Lucas García, Manuel Callejas, Hugo Ramiro Zaldaña y Francisco Gordillo, sin embargo, cuatro años después de la sentencia aún no está firme. Todos los condenados presentaron recursos en contra de la sentencia y una Sala de Apelación se los negó a los militares Zaldaña y Callejas. Sin embargo, el mismo amparo en fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia, en 2022.
Esta decisión fue apelada en la Corte de Constitucionalidad (CC) pero hasta la fecha no han recibido respuesta, dijo la abogada Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quien representa a las víctimas.
Sumado a eso, la abogada Karen Fisher, presentó una denuncia en contra de todas las integrantes de la familia y contra el propio Marco Antonio, por denuncia falsa y simulación de delito. “La denuncia no tiene otro fundamento que el alegado parecido físico entre Nery Espinoza, esposo de María Eugenia Molina con la señora Ana Lucrecia Molina, por lo que según la denunciante se trataría de Marco Antonio”, dijo Martino.
Según indicó, esta denuncia contradice lo dispuesto en la sentencia de la Corte y a pesar de ello ha continuado su trámite. En 2019, la Fiscalía solicitó la desestimación que fue otorgada, pero Fisher impugnó la decisión y se ordenó una realización de pruebas de ADN para determinar el supuesto parentesco.
El 19 noviembre de 2021 los abogados de la familia brindaron los resultados de ADN realizados al señor Espinoza y María Eugenia, que establece que el parentesco es del 0.0 por ciento. El 4 de mayo de 2022, la fiscal Consuelo Porras solicitó a la Fiscalía General de Costa Rica que se recabaran nuevas muestras de ADN para determinar la filiación y el 30 de septiembre la señora Emma y Nery Espinoza se presentaron ante las autoridades para tomarle las muestras por tercera vez.
“Es evidente que esta es una nueva estrategia para procurar impunidad de los condenados e intimidar a la familia Molina para que ceje en su búsqueda de justicia y continuar revictimizándolos, afirmó Martino.
Emma Theissen: Ignorar dónde quedó Marco Antonio me tortura cada día
Durante su intervención, Emma Theissen de Molina, madre del niño desaparecido, señaló que la angustia por la pérdida de su hijo “se hace más grande por la indiferencia del Estado que no ha hecho el menor esfuerzo por encontrar y entregarnos sus restos para darle la digna sepultura que merece mi pobre, amado niño, de apenas 14 años”.
“Me hacen falta su alegría, su disposición a la vida, no sé cómo pude seguir viviendo después de lo que le hicieron, uno mi sufrir al de miles de madres que, al igual que yo, esperamos que se nos responda como es debido y podamos saber dónde están nuestros hijos e hijas, ignorar donde quedó mi Marco Antonio me tortura cada día de mi existencia desde hace 41 años”.
Emma Theissen indicó que se suma la indignación y la colera que le provocan las mentiras de Fisher que intenta desvirtuar la verdad de lo que sucedió con Marco Antonio. “Talvez solo ella se lo cree, pero también los sectores interesados en mantener la impunidad para los responsables de tan grandes atrocidades, aún a sabiendas de su falsedad, esta acusación criminalizadora fue acogida por la institucionalidad que supuestamente está llamada a garantizar nuestro acceso a la justicia”, en referencia al MP.
Dirigiéndose a los magistrados solicitó: “Honorable Corte les pido tomar nota de estos actos infames y advertirle al Estado que no solamente debe detenerlo sino cumplir a cabalidad con las reparaciones que le ordenó en 2024 y como lo dispuesto en la sentencia dictada por el Tribunal Guatemalteco”.
En tanto, Emma Molina Theissen pidió que se tome en cuenta la edad de su madre y sus hermanas, su cansancio, y dolor, “porque son años, son décadas de estar en esta búsqueda de justicia y los restos de Marco Antonio; son décadas de escuchar las mismas explicaciones vacías del Estado, no hay resultados, nosotras seguimos insatisfechas y seguiremos insatisfechas mientras no nos entreguen a Marco Antonio”.
Gisela de León, de CEJIL, dijo que la familia Molina no ha visto ni un solo avance en el cumplimiento en la búsqueda, localización y entrega de restos de Marco Antonio.
Solicitamos que esta Corte haga un llamado de atención enérgico al Estado y le reitere su obligación de diseñar una estrategia integral de búsqueda, indicó.
Tomás Ramírez, fiscal del MP, dijo que “hay cuatro personas condenadas”, que son los autores intelectuales y que siguen haciendo esfuerzos para individualizar a otros responsables.
Sobre la búsqueda de los restos de Marco Antonio, destacó que junto a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) han realizado exhumaciones en dos regiones de Quiché.
De León manifestó que no entienden las diligencias de exhumación realizadas y que se debió de haber informado a la familia Molina Theissen. “Creo que es evidente que no existe un plan de búsqueda y se está hablando de diligencias de exhumación aisladas”, anotó.
Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de Marco Antonio, escuchó con escepticismo el informe que rindió el Estado ante la Corte, según sus comentarios. “No veo en ningún lado la efectividad respecto de las reparaciones que ordenó la Corte ni la especificidad en términos de que haya realmente planes de búsqueda”.
María Eugenia Molina Theissen por su parte, rechazó las acusaciones de que Nery Espinoza, su esposo, sea Marco Antonio. “Ojalá Nery fuera Marco Antonio porque eso significaría que él habría podido disfrutar de su vida, tener la profesión con la que soñaba, talvez tendría su propia familia en lugar de la inhumana violencia y el horror que seguramente sufrió a sus 14 años”.
María Eugenia calificó de vil e indignante la acusación de la abogada Fisher en contra de su familia, la cual el Estado nunca debió tramitar.
Después de más de 41 años de la desaparición forzada Marco Antonio y la tortura y violencia sexual en contra de Emma, es muy importante que esta honorable Corte diga al Estado de Guatemala: ya basta de su incumplimiento de sus obligaciones internacionales y el retroceso de la poca justicia alcanzada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representada por Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto, indicó que varias de las reparaciones siguen pendientes de cumplimiento, entre ellas que el Estado no ha localizado a la víctima y que hay un alto riesgo de impunidad y actos de hostigamiento contra la familia de la víctima y operadores de justicia que han participado en el caso.
Meza también destacó que hasta la fecha no hay una condena firme contra ninguno de los responsables.
Mientras que el juez Pablo Xitumul, quien emitió condena en este caso, fue antejuiciado y separado del cargo en marzo pasado, mencionó el secretario ejecutivo adjunto de la CIDH.
#CasoMolinaTheissen 🌹 Se realiza una audiencia en la @CorteIDH para supervisar el cumplimiento de la sentencia por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 24, 2022
Causan preocupación proyecto de ley de amnistía en el Congreso
Un aspecto que se habló durante la audiencia es la discusión de varias iniciativas de ley en el Congreso que buscan otorgar amnistía a las graves violaciones a los derechos humanos y presenten incluso penalizar a los jueces que hayan emitido condenas y ordenar la inmediata liberación de personas condenadas, según CEJIL.
Mónica Solórzano, representante del Congreso, defendió las iniciativas de ley, específicamente la 5920, “Ley de la Consolidación de la Paz y la Reconciliación” y la 6099, “Ley de Fortalecimiento para la Paz”, señalando que permitir que se presenten estas iniciativas no es una violación a la sentencia, sino que solo se está permitiendo ese derecho a los diputados.
A una pregunta de la jueza Patricia Pérez, Solórzano respondió que el proyecto de ley 6099, Solórzano fue presentada el 23 de noviembre de 2022 en el pleno del Congreso y fue enviada a la Comisión de los Derechos Humanos que tendrá que emitir un dictamen.
De León dijo que lo preocupante de la iniciativa 5920 es que los jueces que hayan dictado sentencias en delitos de conflicto armado pueden ser penalizados. La iniciativa 6099 propone que el procesamiento de militares es ilegal e injusto y propone liberación inmediata de personas que tienen sentencia firme o que estén procesadas.
Para Ana Lucrecia Molina, con esos proyectos de ley se pretenden exonerar delitos como el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, que son crímenes de lesa humanidad, y que la ley de Reconciliación Nacional claramente dice que están sujetos a la justicia y violan la independencia judicial y las órdenes de la Corte.
Tras las preguntas de los jueces a los representantes del Estado guatemalteco, el vicepresidente de la Corte, Humberto Sierra, quien presidió la audiencia, indicó que a pesar de los esfuerzos del Estado, los resultados han sido nulos, para dar respuesta a la sentencia de la Corte.
