Editorial
Lo único que queda por celebrar en el día del periodista guatemalteco es la persistencia. Son, estos, días oscuros para la democracia en Guatemala y, por ello, tiempos retadores para el periodismo independiente en este país.
Publicamos este editorial cuando se cumplen 124 días de la captura de Jose Rubén Zamora, el director de elPeriódico y director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a quien el Estado de Guatemala mantiene en prisión bajo cargos espurios que intentan esconder la verdadera intención de sus captores: callarlo.
El de Zamora es solo el caso más visible de los atentados y violaciones a los que la prensa guatemalteca independiente ha estado expuesta este año. Hay muchos casos más.
La semana pasada, el periodista comunitario maya Q’eqchi’ Carlos Choc asistió a una audiencia judicial en un tribunal de Puerto Barrios por un caso que el Estado, en complicidad con la mina de níquel de la empresa ruso-suiza Solway, le abrió en 2017 por denunciar la muerte de un pescador a manos de la PNC durante una protesta antiminera. A Choc lo han criminalizado, también, por hacer su trabajo. A él y a otros dos periodistas comunitarios de El Estor, Izabal, Juan Bautista Xol y Baudilio Choc, corresponsales de Prensa Comunitaria cuyas casas el Estado allanó y a cuyas familias acosó.
En el caso de los periodistas Q’eqchi’ sabemos ahora que el acoso es parte de la respuesta del gobierno de Alejandro Giammattei para acallar a quienes lo critican o revelan sus negocios sucios. El presidente y sus funcionarios están metidos con los mineros rusos en El Estor: ya los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, al sancionar a dos ejecutivos de Solway y a otras tres compañías mineras que extraen níquel en Izabal y Alta Verapaz, confirmaron estos esquemas de corrupción.
Para los periodistas que publicaron las investigaciones que vinculan al poder político de Guatemala con los mineros rusos ha sido un año horrible. Zamora sigue preso, Carlos Choc sigue criminalizado por el Ministerio Público de Consuelo Porras, la fiscal general a la que Estados Unidos ha calificado como funcionaria corrupta y antidemocrática, y los colegas Q’eqchi’ de El Estor, así como decenas de periodistas guatemaltecos y guatemaltecas, tenemos que hacer nuestro trabajo bajo la preocupación permanente de que pueden escuchar nuestras conversaciones, hostigar a nuestras familias, cerrar nuestros medios de comunicación o meternos presos.
En general, las cifras de acoso han aumentado durante la gestión de Alejandro Giammattei. Solo en 2022, el observatorio independiente de Prensa Comunitaria registra 131 agresiones al 31 octubre, un aproximado de una agresión cada dos días; en 2021 se registró una agresión cada tres días. A la cabeza de las violaciones están el acoso judicial, la intimidación y restricciones al acceso a la información pública.
Hoy, en el día del periodista de 2022, escribimos estas líneas sabiendo que el cierre de elPeriódico, tras la captura de Zamora y la asfixia financiera facilitada por el gobierno, es inminente. Otros medios independientes y críticos sabemos, también, que el Estado cuenta con las herramientas que necesita para asfixiarnos y dificultar nuestra capacidad para publicar.
Una de esas herramientas es la Ley de ONG, que los aliados del presidente en el Congreso aprobaron en 2020 luego de defenestrar a la Corte de Constitucionalidad, que presidía entonces la magistrada Gloria Porras, también perseguida y exiliada por fallar en contra de los intereses de la mina rusa en El Estor. Esa ley ha dado al gobierno varios mecanismos draconianos para callarnos por vías administrativa y penal.
Pero la principal herramienta es el miedo. El miedo que las agresiones y amenazas provocan, el daño que el temor ocasiona a la salud mental de los hombres y mujeres que debemos de salir a la calle todos los días a recoger la información que consideramos pertinente y valiosa para el desarrollo democrático de Guatemala. El miedo infundido en las fuentes de información que, por las acciones del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, del Ejército, de la inteligencia estatal y de otros funcionarios, entienden que hablar con periodistas es hoy más peligroso que antes.
En la Guatemala de hoy, en la que las instituciones del Estado están ya todas al servicio de los pactos de impunidad y corrupción administrados desde las oficinas públicas y alimentados por los intereses de los grandes intereses económicos nacionales y extranjeros, los ataques a la prensa son parte de un plan que contempla la aniquilación de las voces críticas y disidentes. Porque, como ya hemos dicho en este espacio, la Guatemala de hoy tiene todos los rasgos de una dictadura, incluido el de la aniquilación violenta de las voces disidentes.
No es este un día para celebrar. Es un día para volver a alzar la voz para denunciar los abusos. Los y las periodistas no somos héroes ni heroínas, no somos mártires; queremos ser personas comprometidas con la posibilidad de un país en que la justicia no premie a quien soborne al poder y persiga a quien denuncia los abusos, de un país en que los gritos de los poderosos no sean capaces de silenciar las denuncias de las comunidades que reclaman porque las siguen abusando, de un país en que no haya presos de conciencia, como la exfiscal Virginia Laparra.
En este día, la única celebración posible es la de seguir haciendo, preguntando, apuntando, descubriendo y publicando. La única celebración es seguir.
