Créditos: Fotograma Eslly Melgarejo, 28 de octubre, 2022.
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Por Paolina Albani

Miguel Ángel Gálvez Aguilar, de 56 años, ha sido juez de primera instancia desde hace 23 y ha dirigido el Juzgado B de Mayor Riesgo desde hace 12. Su juzgado y otros más, fueron creados para concentrar los casos del crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad, entre otros, y brindarían una mayor seguridad a los jueces que tocaban las fibras de las redes político-económicas y militares que la justicia buscaba desmantelar. Una época, sin precedentes, que se conoció como la primavera judicial.

La Línea, Cooptación del Estado, Coperacha y Terminal de Contenedores Quetzal (conocido como el caso TCQ), que involucran a altos funcionarios del Ejecutivo y a redes criminales que sobornaban y defraudaban al Estado, son algunos de los casos que Gálvez envió a juicio entre 2015 y 2022. Por todo esto, se ha ganado el odio de los grupos y sectores que se beneficiaban de esos atracos.

Hace menos de una semana, tras una carrera impecable, Gálvez dejó el país para atender una actividad de la Federación Latinoamericana de Magistrados en Costa Rica. Por ahora, su regreso es incierto debido a una intensa campaña de acoso judicial, físico y digital que, aseguró, ha puesto en riesgo su vida y la de su familia y que comprometen, gravemente, la independencia judicial de los casos que ha conocido.

Hoy, Gálvez es una víctima más del esquema de venganzas que ha planeado un fragmento de la clase política-económica y militar, en complicidad con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), para cargarle casos que nunca conoció.  Una vendetta cuyo fin último ha sido desbaratar el trabajo de los juzgados y tribunales de alto impacto que pusieron a los “poderosos” tras las rejas.

Esta es la reconstrucción de las últimas horas de Gálvez como juez de Mayor Riesgo en Guatemala.

28 de octubre. Las puertas del elevador se abren de par en par en el piso 14 de la Torre de Tribunales, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Sale, a toda prisa, Miguel Ángel Gálvez, seguido de su personal de seguridad, para internarse en el despacho del Juzgado B de Mayor Riesgo, en el que será su último día de trabajo, antes de irse de vacaciones por un mes.

Las prisas de Gálvez son porque ya hay gente esperándolo en la sala de audiencias. La agenda del juez está completamente llena. Por ejemplo, debe dictar sentencia en un par de casos emblemáticos que le han dado cierta popularidad entre la gente que reclama justicia por la corrupción sistemática: La Línea y TCQ.

Antes de entrar a la audiencia, Gálvez accede a recibir a dos periodistas de Prensa Comunitaria en su oficina. Un espacio que parece más pequeño de lo que en realidad es, por las torres de papeles y expedientes que lo rodean. A primera vista, el juez está irreconocible. Su aspecto no es el mismo que tenía en audiencias pasadas. Su pelo, que había teñido de negro, vuelve a estar cano.

Cuando se le pregunta por el cambio, dice que lo hizo para que lo reconocieran junto a la foto de su identificación. No hizo falta que dijera más para comprender que estaba preparándose para lo inevitable: abandonar del país. Quien ha conocido a Gálvez sabe que exiliarse nunca ha sido su primera alternativa. Es más, durante suficiente tiempo, contempló confiar en la legalidad como medida de protección.

Pero una a una, la CSJ le fue cerrando las puertas. Durante meses, su defensa y él mismo presentaron varios recursos para detener el proceso de antejuicio en su contra y hacer ver que es “ilegal”, “malintencionado” y un “linchamiento político”.

En la corte solo ha habido silencio. Y ese silencio se ha extendido de la 21 calle y 7ª avenida, sede de la CSJ, hasta la 11ª.  avenida y 9ª. calle de la zona 1, donde está la CC, ante la cual presentó un amparo contra la CSJ por no resolver las acciones de la defensa.

El silencio ha sido aplastante.

No sentirse respaldado por el sistema para el que ha trabajado durante años y el constante acoso han provocado que Gálvez viviera, muy a pesar de los apoyos expresados por las organizaciones nacionales e internacionales, en una especie de destierro anticipado. Una soledad forzada.

El tiempo récord que ha transcurrido desde que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) denunció a Gálvez (el 11 de mayo pasado), la complicidad y la rapidez con que la CSJ admitió para trámite la solicitud de antejuicio (el 16 de junio pasado), pese a que tenían una cola de expedientes por resolver antes de entrar a conocer el de Gálvez; y la negativa de la corte a aceptar la recusación contra el juez pesquisidor Chávez, a quien se le señaló de tener fuertes vínculos con la fundación, son algunos factores que han sentado las bases para pensar que el juez no regresará.

Las instituciones y la legalidad que podían defender al juez le han fallado. Como le fallaron a tantos otros jueces como Pablo Xitumul o como a Erika Aifán y Claudia Escobar, quienes se encuentran exiliadas en Washington, y a varios fiscales como Juan Francisco Sandoval o como a Gloria Porras, a quien el Congreso se negó a juramentar para que asumiera como magistrada de la Universidad de San Carlos ante la CC.

El anuncio de una partida

Muy temprano en la mañana, Gálvez entrega en la CSJ el cargo para empezar el período de descanso. Por un mes, los casos que ingresen a su juzgado los asumirá la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado A de Mayor Riesgo.

Es en esta entrevista en la que deja ver que su último día de trabajo podría ser uno de sus últimos días en el país.

Miguel Ángel Gálvez Aguilar. Fotograma Eslly Melgarejo, 28 de octubre, 2022.
  • PC: ¿Es posible que no regrese al juzgado? 
  • MG: “Por la situación y cómo se ha ido desenvolviendo… La resolución de la CSJ por la recusación me generó mucho sentimiento, porque ahí es donde me doy cuenta de los niveles de manipulación a los que están llegando. ¿Cómo un juez va a defender la independencia judicial si se siente manipulado? No es suficiente regular la independencia en el Código Procesal, en la Constitución o en convenios internacionales, sino que el juez tiene que ser custodio de ella. Independencia no significa arbitrariedad. ¿Cómo es posible que la corte atentara contra los principios del régimen democrático del derecho de la defensa? Haber obligado al juez pesquisidor a que rechace todos los recursos que interponga y que emita un informe para, hasta después, ver cómo evacua las vías de impugnación. Vamos para atrás en lugar de ir para adelante”.

Para explicarlo de forma sencilla, la CSJ se ha excusado de intervenir a favor de Gálvez diciendo que no reconoce las recusaciones en los procesos de antejuicio, pero hay un caso en el que la corte actuó de forma contraria, para favorecer a un funcionario. Es el caso de las 13 recusaciones que el diputado Felipe Alejos presentó contra el juez pesquisidor Jorge Valladares, la mayoría de las cuales fueron aceptadas por la CSJ.

Por eso, para Gálvez ha quedado más que claro que la corte no tiene interés en protegerlo. En cambio, sí tiene “tiene intereses políticos” para permitir su persecución y criminalización.

Ni siquiera las medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2016, y dos nuevas alertas, en 2022, han logrado garantizar su integridad y su independencia como juez.

  • PC: ¿Qué siente con esta persecución a jueces y otros operadores de justicia? 
  • MAG: “Ya se puede imaginar qué es dejar una vida entregada a una judicatura y no dejarla como uno quisiera, por las condiciones en que estamos viviendo la represión. Si -este proceso- fuera legal, yo tengo la capacidad de defenderme, pero de qué legalidad estamos hablando si no lo quieren transparentar -la audiencia con el juez pesquisidor-. No quieren hacerlo público para que la misma sociedad saque sus conclusiones de lo que está pasando”.

Esa misma mañana, unas horas antes, cuatro niveles abajo del despacho de Gálvez, en el piso 10, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, de la FCT, las dos personas que han provocado que la vida del juez de un vuelco y que han intentado por todos los medios, que pierda su inmunidad para ser investigado (lo que Gálvez ha llamado una “venganza” orquestada), esperaban a ser recibidos por Roaldo Chávez, el juez pesquisidor que investiga la denuncia contra Gálvez, para escuchar sus argumentos.

El turno del juez de mayor riesgo también sería el 28 de octubre, pero, dos días antes se excusó de acudir a la audiencia debido a su apretada agenda. Chávez aceptó aplazar la cita para el 4 de noviembre, cuando ya estaría de vacaciones y no podría faltar. Falla supo esto y, antes de entrar a la sala, lo llama “cobarde” por no asistir a la citación. “¿A qué le tiene miedo el juez?”, dice casi gritando en uno de los corredores del décimo nivel. Una escena que parecía salida de una comedia militar, en donde un abogado con trompeta en mano y traje camuflado se transforma en un entrenador de academia militar.

En la esquina opuesta se encuentra Herbert Pérez, defensor de Gálvez, y ha escuchado todo.

“Agredir de forma verbal, provocar, es hacia su público. No vamos a responder de la misma forma. Tenemos una distinta forma de poder actuar y litigar. Nuestro litigio no es gritar, no es vociferar, no es somatar la mesa. No son cuestiones que convencen. Eso convence a un nivel, muy, muy primitivo… Tenemos un momento ante el juez pesquisidor. No es una cobardía, es hacer valer un derecho. Es sencillo poder reconocer que el juez Gálvez tiene ocupada su agenda y es imposible que pueda comparecer”, explicó Pérez con mesura.

Un juez independiente acosado por una denuncia errónea

14:14 horas. Sentado en su silla en la sala de audiencias No. 6, Gálvez escucha pacientemente al Ministerio Público que solicita una revocatoria de la medida sustitutiva impuesta a Gustavo Martínez Luna, yerno y también exsecretario general de la Presidencia del expresidente Otto Pérez Molina, quien lleva cuatro años en prisión domiciliar. Martínez Luna es uno de los acusados por el caso TCQ, en donde varios funcionarios aceptaron sobornos a cambio de firmar un contrato irregular entre la terminal y la Empresa Portuaria Quetzal. El Ministerio Público de Thelma Aldana, entonces, lo sindicó de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Dentro de todo, Gálvez se ha comportado como un juez independiente y es uno de los pocos que ha velado por el cumplimiento del debido proceso. En la audiencia decide que Martínez Luna no regrese a prisión, pero sí permanezca con arraigo.

“Esto lo hago para que reflexionemos y construyamos un mejor país”, dice el juez quien, además, cuestiona a la Fiscalía por pedir la revocatoria cuatro años tarde, sin tomar en cuenta que Martínez Luna no ha tenido intentos de fuga.

En su argumentación, el juez da una cátedra sobre cómo “nadie se ha preocupado por las prisiones” y que “hay que buscarle una solución civilizada al tema”.

Un tema que ha conocido de cerca, porque es el mismo que le ha valido que la FCT lo acusara de abuso de la prisión provisional en sus resoluciones, una acusación que ha buscado poner en duda sus decisiones.

De acuerdo a la denuncia de la fundación, Gálvez habría aplicado la figura de prisión provisional a cinco personas, tres de las cuales están ligadas a proceso ajenos al juez de mayor riesgo. Este es el caso de Jorge Rolando Barrientos Pellecer, exalcalde de Quetzaltenango; Luis Carlos De León Zea, exdirector del Sistema Penitenciario; y el exfiscal Ronny López.

Los únicos dos casos en los que sí deliberó prisión provisional fue en el de Claudia Méndez Ascencio, exintendente de aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); y en el de Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación de Pérez Molina.

Gálvez ya ha explicado que los casos por los cuales los envió a prisión eran conformados por grupos grandes de detenidos y que era imposible escucharlos a todos en el plazo de 24 horas que dicta la ley, por eso dictó prisión preventiva para todos mientras se desarrollaban las audiencias de primera declaración.

Al terminar la citación, afuera de su despacho le aguarda una fila de personas que esperan tener una audiencia privada con él. Gálvez y las secretarias las atienden una a una.

Pasadas las 5:00 de la tarde, comparte con los trabajadores de su juzgado un trozo de pastel como despedida. Es una reunión cualquiera, en apariencia, para desear a quienes salen de vacaciones “un buen descanso” y “un buen regreso en diciembre”, pero para el juez la ausencia será mucho más prolongada.

6:00 de la tarde. Gálvez hace un último recorrido en su despacho para asegurarse de no olvidar nada. Se pasea por la sala de audiencias que, por las noches, suele estar pobremente iluminada.

En silencio y de pie frente a su escritorio en la sala No. 6, en el que se ha sentado durante tantos años y desde el cual ha argumentado por qué enviaba a juicio a pandilleros, empresarios corruptos, militares acusados de delitos de lesa humanidad y hasta un expresidente y una exvicepresidenta, que dirigieron una estructura criminal; pareció recordar los momentos ahí vividos. Así se despide de todo lo que conoce.

Momentos después, sale del juzgado con paso decidido. Toma el elevador hasta el sótano dos de la Torre de Tribunales. Se mete en su camioneta, se despide de las periodistas y se pierde de vista.

Juez Miguel Ángel Gávez. Fotograma Eslly Melgarejo, 28 de octubre, 2022.

En cuestión de días, la comunicación con Gálvez sería menos frecuente.

El acoso que provocó la salida de Gálvez

La persecución contra el juez ha sido real y muy pública. Tanto que identificar a los trolls y a los netcenters que lo han amenazado no ha sido difícil. Sus amenazas están a simple vista. Gálvez ha recibido mensajes de odio, pero también seguimientos físicos de vehículos no identificados.

En redes sociales, la cuenta de Yes Master y la de Ricardo Méndez Ruiz, han empezado un conteo al día de la audiencia de Gálvez, que raya en el acoso e intimidación.

El 4 de noviembre, día en que estaba agendada la audiencia ante el juez Chávez, el abogado Herbert Pérez, se presenta solo.

“La defensa se hará por escrito”, anuncia Pérez. El cambio de planes se da porque la Sala Segunda de Apelaciones, a la que pertenece Chávez, se niega a que la audiencia sea pública.

“Al juzgador se le presentó una denuncia por tres casos que no tenía a su cargo y, aun así, avanza el antejuicio en su contra. Esto demuestra que cualquier juez puede ser perseguido usando cualquier argumento aun así sea falso”, justifica el abogado, quien asegura a la prensa, en múltiples ocasiones, que Gálvez se encuentra en el país.

Pasadas las 3:00 de la tarde, en un video que dura menos de un minuto, el juez de mayor riesgo, quien se ve demacrado y triste, explica la causa de su ausencia.

“No comparecí a la audiencia tomando en consideración que cuando se presentó la excusa, uno de los requisitos era la publicidad. Lamentablemente, se dicta una resolución en donde se aduce que la ley no reconoce la publicidad. Eso me llama la atención, porque evidencia las violaciones constantes a este proceso de antejuicio. Por eso consideré prudente comparecer por escrito”.

La ausencia de Gálvez y su aspecto físico incrementan las sospechas de que ya ha salido del país. Tal como lo hizo Erika Aifán al verse superada por los ataques y al “no haber garantías” para defenderse.

Horas más tarde, un medio de comunicación digital publicóaque Gálvez ya no se encuentra en Guatemala y que ha salido a las 6:00 de la madrugada del 4 de noviembre, una información confirmada por el Instituto Guatemalteco de Migración que, generalmente, es hermético.

Incluso el abogado Pérez parece no estar enterado de la decisión del juez y da declaraciones a los medios de comunicación, asegurando que Gálvez aún está en Guatemala. A días de que se confirmara la salida, se conoció que un seguimiento al juez y a su familia fue lo que provocó su salida.

Para este punto, Gálvez ya no atiende las llamadas a su celular ni los mensajes de texto. Solo hay silencio. Silencio absoluto.

“Para mí no hay como la transparencia”, había dicho Gálvez el 28 de octubre pasado, a las periodistas de Prensa Comunitaria, pero fue hasta días después que sus palabras tuvieron sentido. “No me explico por qué razón no quieren que se conozca la defensa de una persona. Cómo no voy a exigirla cuando son 23 años que quieren empañar por unas resoluciones en las que no tuve que ver”.

De alguna manera, la respuesta siempre estuvo ahí.

Juez Miguel Á. Gálvez. Fotograma Eslly Melgarejo, 28 de octubre, 2022.

Reacciones ante la salida de Gálvez

La salida del juez ha generado un sin fin de reacciones que pueden agruparse en tres: quienes critican su partida y le llaman cobarde, quienes ven con preocupación el exilio de un juez independiente más, y quienes prefieren esperar a que se confirme que no regresara en diciembre.

Entre los segundos está Manuel Farfán, de la Asociación Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), una organización civil querellante en el caso Diario Militar, que la judicatura de Gálvez ha conocido desde mayo de 2021 y que en cuestión de un año logró enviar a juicio a 9 expolicías y militares retirados quienes, hace 38 años y bajo las órdenes del régimen de Óscar Humberto Mejía Víctores, desaparecieron y asesinaron a más de 180 personas consideras opositores y “enemigas” del Estado.

“Nos preocupa la situación política, la situación física del juez Gálvez, pero nos preocupa aún más la independencia. Se ve empañada con estas acciones de impunidad, reflejada en la disminución de la búsqueda de la justicia. Como familiares hemos dado una batalla muy grande para ver avanzar el proceso que se ha realizado de forma digna. Vemos con satisfacción todo lo que se ha avanzado en el caso, pero nos preocupa quienes están en fase intermedia y todavía no han sido enviados a juicio”, dice Farfán.

Salomón Estrada, hermano de Félix Estrada, una de las víctimas del Diario Militar; tiene una perspectiva mucho más positiva. Dice que la ausencia de Gálvez es la oportunidad para probar que existen jueces comprometidos con la justicia.

“Podrán intentar entorpecer el proceso, pero mientras tengamos vida seguiremos pidiendo justicia”, expresa en una llamada por teléfono. Eso sí, admite que el acoso que Gálvez ha sufrido lo ha llevado a que él y otros familiares de las víctimas del Diario Militar estén mucho más atentos a su seguridad.

Dinora Martínez, de la Asociación de Jueces Guatemaltecos por la Integridad (AGJI), es mucho más cautelosa al dar su opinión y se limita a decir que aún falta que el juez pesquisidor entregue el informe de los hallazgos de sus averiguaciones y de su recomendación a la CSJ sobre si Gálvez debe perder la inmunidad o no. Además, Gálvez no ha presentado su renuncia al cargo.

Este sería el siguiente paso.

Sin embargo, ya antes, tanto la AGJI como la Federación de Juezas y Jueces por la Democracia (Fecajud) han mostrado su preocupación por el proceso de antejuicio contra Gálvez y su “subsiguiente criminalización sin fundamento ni pruebas”, debido a que el juez Chávez ha sido señalado de carecer de independencia judicial por los vínculos que tiene con la FCT.

 

Hasta ahora, ni los comunicados de estas organizaciones ni las recomendaciones y alertas de la CIDH han tenido el suficiente peso para proteger a Gálvez y, a otros jueces, del acoso de las redes ilícitas que buscan consumar su venganza.

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