El juez Pablo Xitumul presentó dos amparos ante la CC por el retiro de su inmunidad

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Créditos: Juan Calles. Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C.
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

El juez Pablo Xitumul dijo que no ha sido notificado por la CC, por los amparos que presentó ante las dos resoluciones de la CSJ para retirarle el antejuicio y la separación de su cargo; violentaron el debido proceso afirmó el juez Pablo Xitumul del Tribunal de Mayor Riesgo C, y con ello, agregó, se afecta la independencia judicial y la población pierde la confianza en el sistema de justicia.

Por Simón Antonio Ramón

El juez Pablo Xitumul promovió dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por las irregularidades que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cometió en el proceso que le despojó de su inmunidad y por el incumplimiento del debido proceso al separarlo del cargo sin que llegara a la vía penal.

El primer amparo fue contra el trámite de antejuicio tramitado por la CSJ, a pesar de las irregularidades que fueron señaladas en la denuncia que presentó en su contra José Cuxaj, subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC).

El segundo amparo promovido en abril de este año, fue por incumplir el debido proceso al separarlo del cargo, desde marzo pasado, sin que el caso llegara a la vía penal.

La querella contra el juez surgió cuando un subinspector de la policía agredió a Xitumul, la noche del 2 de febrero de 2019. A pesar de la agresión que sufrió el juez, el subinspector lo denunció acusándolo de negarse a una inspección policial en el kilómetro 20 de Ciudad Quetzal, Mixco.

El amparo en contra de la resolución de la CSJ que permitió el retiro del derecho de antejuicio del juez Xitumul, fue promovido en 2021. A pesar de que este jueves fue publicado que la CC había rechazado el primer amparo y que el Ministerio Público (MP) puede investigarlo, el juez informó que no han sido notificados de esa nueva resolución; el segundo amparo fue promovido en abril de este año tras su suspensión como presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C.

El juez informó que ha solicitado audiencias para resolver su situación penal. “Mi defensa presentó los manuales correspondientes para que se resuelva mi situación penal. Porque en el ámbito administrativo ya se cerró”, afirmó.

El proceso administrativo al que hace referencia fue cerrado en julio de este año cuando el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) confirmó la resolución de la Junta de Disciplina Judicial que se había negado a sancionar al juzgador, luego de que la CSJ le ordenara al Consejo emitir una nueva resolución en ese sentido.

La suspensión del juez ha creado incertidumbre respecto a su carrera judicial, pese a que hasta el momento sigue recibiendo su salario. “No tengo claro si al momento de retiro hay que reponer ese tiempo”, señaló Xitumul.

Respecto a los efectos que provocan las formas que se tramitan en los procesos, expresó que afecta a la independencia judicial. “Se está afectando la independencia judicial como personas a los jueces y algunos actores del sistema de justicia, pero no es solo al juez sino a la población porque se pierde la confianza en el sistema de justicia”, dijo.

La forma en que se ha tramitado los antejuicios de algunos jueces impacta en la efectividad del sistema de justicia, expresó el juez Haroldo Vásquez, de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI). “Lamentablemente hemos visto cómo tramitan de manera acelerada los procesos en contra de jueces que están trabajando casos de gran corrupción y justicia transicional, afecta en el tema de estabilidad y en una justicia pronta y cumplida”, dijo Vásquez.

El abogado Ramón Cadena calificó este tipo de procesos como una regresión del sistema de justicia, que viene desde el gobierno de Jimmy Morales. “Aquí en Guatemala presenciaremos de nuevo una década perdida o más, la juventud vive sin justicia, porque no hay justicia en el país, seguiremos experimentando un retroceso tremendo”, consideró el abogado.

Cadena opinó que es importante que se active la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la situación del país, para que se envíe una misión que aporte al retorno de la democracia.

El Tribunal de Mayor Riesgo, que presidió al juez Xitumul, condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el caso del lago de Amatitlán y condenó a exmilitares de alto rango por desapariciones forzadas y violencia sexual en el caso Molina Theissen.

A criterio del juez, antes las sanciones contra los jueces y operadores de justicia eran trasladadas a otras áreas en el sistema de justicia, pero al inicio de la gestión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, en 2018, iniciaron los procesos sin aceptarse las impugnaciones.

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