Cinco representantes demócratas presentaron ayer una resolución en la que exigen a la Casa Blanca y al Departamento de Estado demostrar a las élites políticas y económicas guatemaltecas que enfrentarán consecuencias por “sus intentos sistemáticos por socavar el Estado”.
Por Héctor Silva Ávalos
Los congresistas hicieron público el 16 de noviembre la resolución, que es el llamado de atención más fuerte que desde los miembros de su propio partido reciben el presidente Joe Biden y su administración sobre el estado de derecho en Guatemala y, los mensajes mixtos enviados al gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
La resolución pretende, dicen los congresistas, “exigir que la política de los Estados Unidos hacia Guatemala apoye el Estado de derecho y confronte los retos de la cleptocracia, el crimen organizado, la corrupción en el sector público y privado, el financiamiento ilícito de campañas electorales, la criminalización y ataques a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, y las restricciones que han provocado el cierre de los espacios cívicos”.
Esta iniciativa del Congreso estadounidense ha sido promovida por la representante Norma Torres de California y acompañada por sus colegas demócratas Jim McGovern, de Massachusetts; Albio Sires, de Nueva Jersey; Jesús García, de Illinois; y Joaquín Castro, de Texas.
Los legisladores proponen medidas muy específicas para sancionar a los guatemaltecos que participen o sean cómplices de la cleptocracia, la persecución a opositores y críticos y otros actos de corrupción.
Entre otras cosas, los congresistas piden que se investigue y congelen los activos financieros en el sistema financiero de Estados Unidos de personas individuales y corruptas que participen de estos hechos, los apoyen o los encubran; que no se otorgue ayuda estadounidense o préstamos financieros internacionales a “empresas y entidades gubernamentales corruptas” y que se suspenda la ayuda militar.
La mayoría de esas medidas ya están escritas en la legislación estadounidense que contempla suspensión de ayuda militar, condicionamientos a la ayuda y sanciones para funcionarios corruptos, pero, a pesar de eso, el gobierno de Giammattei, cuyos funcionarios y aliados han sido señalados en múltiples oportunidades por el Departamento de Estado como actores corruptos, ha seguido recibiendo asistencia.
Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de la entrega de 95 vehículos valorados en USD 4.4 millones que el Departamento de Defensa (DOD) entregó al ejército guatemalteco en octubre pasado a pesar de que documentos internos del gobierno estadounidense muestran que la administración Biden no investigó bien alegatos de que los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei habían utilizado ese equipo para intimidar a la CICIG y a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala, y para, en diciembre de 2021, reprimir a comunidades Maya Q’eqchi’ en El Estor.
Con esta resolución, los congresistas instan a la administración de Biden a hacer uso de todas esas herramientas para deducir responsabilidades de los políticos, funcionarios y empresarios a los que las mismas instituciones estadounidenses ya han señalado.
Restricciones financieras
La resolución, no obstante, introduce peticiones más novedosas y agresivas, como la que hace a los Departamentos de Comercio y del Trabajo para que excluya del Tratado de Libre Comercio entre Norte y Centroamérica (CAFTA) a “los proveedores que se involucren con actividades ilegales o fraudulentas… y (violen) las provisiones sobre derechos laborales”. El senador demócrata Bob Menéndez, de Nueva Jersey, había pedido una revisión similar en el caso de El Salvador debido a los señalamientos de violaciones atribuidas al gobierno de Nayib Bukele contra los derechos políticos de sus conciudadanos. Esta vez, los congresistas piden revisar el CAFTA en casos de empresas guatemaltecas.
Hay otras peticiones relacionadas a la cooperación y asistencia financieras. La resolución también pide al gobierno Biden utilizar su influencia en la banca multilateral para que “los préstamos no sean otorgados a individuos o entidades responsables de corrupción… violaciones a los derechos humanos y para asegurar que todos los préstamos y asistencia contemplen salvaguardas y mecanismos de supervisión”. Prensa Comunitaria confirmó que al menos un préstamo que estudia el Banco Mundial para Guatemala fue retenido para ampliar la discusión, en parte para garantizar que no se mal utilizado durante la venidera campaña electoral.
Otra de las peticiones concretas de los congresistas es que se congelen las cuentas de los corruptos que participen en las violaciones señaladas. Ese tipo de medidas ya están contempladas en la llamada Ley Magnitsky, que permite al gobierno estadounidense intervenir los activos que los señalados tengan en Estados Unidos, sin embargo, una exigencia más directa del Congreso, como la expresada en esta resolución, puede acelerar algunos procesos, según dijo a Prensa Comunitaria un exfuncionario del Ejecutivo estadounidense que estuvo relacionado con Centroamérica durante la administración del expresidente George W. Bush y quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.
“Esta resolución les pone presión porque viene de los mismos demócratas, de los aliados de Biden, pero las herramientas ya las tienen… Es todo cuestión de voluntad”, advierte el exfuncionario.
En el caso guatemalteco, la llamada Lista Engel, que es otro mecanismo legal con el que cuenta el Departamento de Estado para señalar a actores corruptos y antidemocráticos, ya ha señalado a algunos de los presuntos responsables del deterioro democrático. En esa lista ya se encuentran, por ejemplo, la fiscal general Consuelo Porras y el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, a quienes funcionarios estadounidenses identifican como los principales actores en la persecución a operadores de justicia y voces críticas.
A Porras la resolución la nombra en las consideraciones iniciales que motivan las preocupaciones de los congresistas respecto a la situación de la justicia en Guatemala. “El 16 de mayo, luego de que el presidente Alejandro Giammattei reeligió a María Consuelo Porras como fiscal general, los Estados Unidos la consideraron inelegible para entrar a los Estados Unidos ‘debido a su participación en corrupción significativa’”, recuerda el texto de los legisladores estadounidenses.
Un asistente legislativo que habló con Prensa Comunitaria desde el anonimato consideró que la administración ya tiene el mapa de quiénes son los actores corruptos a los que podrían endurecer sanciones y congelar cuentas si las tienen en Estados Unidos. “El Departamento de Estado ya sabe quién es Méndez Ruiz, qué es la Fundación contra el Terrorismo… Ya tienen una idea bastante clara de quién los financia. Hoy solo tienen que sancionar a esos financistas”, opina.
Restaurar el Estado de derecho
Los congresistas que promovieron la resolución no se han guardado palabras para señalar al gobierno de Giammattei como responsable último de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala y el deterioro en la independencia judicial.
“Estoy extremadamente preocupado por la situación en Guatemala, donde el presidente Giammattei y sus aliados están socavando el Estado de derecho”, escribió el congresista Jesús García en un comunicado que los legisladores hicieron público este 16 de noviembre.
Jim McGovern, de Massachusetts, consideró que las alarmas sobre Guatemala están encendidas desde hace rato y que es indispensable que el gobierno estadounidense utilice con más profundidad las herramientas a su disposición. “Hablemos claro: el Estado de derecho se socava en Guatemala y es el pueblo guatemalteco el que sufre. No podemos ser indiferentes. Esta resolución fija los pasos que hay que tomar de inmediato antes de que la corrupción triunfe por completo”, escribió.
Norma Torres, la congresista de origen guatemalteco, que representa en Washington al 35 distrito electoral de California, fue la impulsora de la resolución sobre Guatemala, y había liderado también los reclamos al gobierno de Giammattei por el mal uso del equipo militar estadounidense. Esta resolución, dice, debe de entenderse como un llamado de urgencia al que no se le puede dar largas.
“Guatemala está en una encrucijada peligrosa. El gobierno ha continuado los ataques a la libertad de prensa, la independencia judicial, las comunidades marginadas y los derechos humanos básicos. Los Estados Unidos tenemos que ofrecer nuestro apoyo inequívoco a las personas que están trabajando para reforzar la democracia frágil y el estado de derecho en Guatemala”, aseguró Torres.
La resolución es acompañada por tres organizaciones de la sociedad civil estadounidenses: la Fundación Internacional Seattle (SEIAF), WOLA, la Comisión de Derechos Humanos Guatemala-Estados Unidos y el Grupo de Trabajo para Latinoamérica (LAWG). En un comunicado, las organizaciones llamaron a la administración Biden a que “evite dar señales contradictorias y se asegure de que su ayuda y sus políticas sean coherentes con una postura firme contra la corrupción. El abordaje de las causas principales de la migración desde Guatemala debe empezar por poner fin a la cooptación corrupta del Estado”.
Este nueva resolución del Congreso estadounidense llega un día después de que el juez Miguel Ángel Gálvez, uno de los pocos que había quedado en el país luego de la purga de operadores de justicia impulsada por el presidente Giammattei y la fiscal general Porras en complicidad con la FCT de Méndez Ruiz, anunció su renuncia por las presiones a las que ha sido sometido. Gálvez llevaba, entre otros, el caso del Diario Militar, en el que se acusa a militares y policías de desapariciones, asesinatos y torturas durante el conflicto interno.
Gálvez se suma así a la lista, ahora de de 26 operadores de justicia y periodistas que han sido forzados a salir de Guatemala por sus investigaciones o por criticar y señalar los abusos del poder político y económico. En el país hay, además, al menos seis operadoras de justicia e investigadoras que siguen sometidas a la persecución judicial del trío Giammattei-Porras-Méndez Ruiz.
La resolución del Congreso reconoce “la valentía, resistencia y determinación de las personas defensoras de derechos humanos, líderes de las comunidades indígenas, periodistas independientes, jueces y fiscales honestos y activistas en favor de la democracia y contra la corrupción que arriesgan sus vidas y sus medios de subsistencia para ofrecer un futuro mejor a las y los guatemaltecos”.
El texto llega, además, cuando en Guatemala se alista el tablero de las elecciones que, el próximo año, decidirán quién sustituye a Alejandro Giammattei en la presidencia del país, algo que los congresistas no han pasado por alto: la resolución también exige a la administración de Joe Biden tomar las medidas para que en Guatemala haya “elecciones libres y transparentes y que se prevenga el financiamiento ilícito de campañas”.
Lea la resolución completa aquí:
https://torres.house.gov/sites/torres.house.gov/files/TORRCA_228_xml.pdf
