Alejandro Giammattei y sus operadores, en Guatemala, recrudecen la persecución a jueces y exfiscales que los investigaron o juzgaron a criminales de guerra. En El Salvador, Nayib Bukele se alista para perpetuarse en el poder. Washington empieza a mirar hacia otro lado.
Por Héctor Silva Ávalos
El abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, no tuvo ningún reparo en amenazar al juez Miguel Ángel Gálvez en una audiencia virtual de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Lo amenazó y le dejó claro lo que él y la fundación quieren: verlo preso o exiliado.
“Dijimos que hoy ellos serían perseguidos, con la diferencia que hoy el juez Gálvez no cuenta con el apoyo de Todd Robinson, de Iván Velásquez, de Thelma Aldana… Que agradezca que se está respetando el debido proceso y que no va a ser sometido a una prisión provisional, pero sí a una prisión preventiva. ¡Preso o prófugo!”, exclamó Falla, el abogado de la FCT que lidera las acciones legales de la organización contra operadores de justicia que, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), llevaron adelante casos de criminalidad organizada y corrupción contra políticos, empresarios y militares guatemaltecos.
Falla, en sus amenazas, hacía alusión a Todd Robinson, un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien entre 2014 y 2017 fue embajador en Guatemala y actualmente es el secretario de estado adjunto antinarcotráfico. Cuando estuvo en Ciudad de Guatemala, Robinson fue uno de los principales valedores políticos de la CICIG y de los operadores guatemaltecos de justicia que trabajaron con la comisión.
Hoy, luego de que el expresidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG en 2019, al menos 20 de esos guatemaltecos que trabajaron con la comisión internacional luchan, solos, contra gentes como Falla y Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, y contra el Ministerio Público (MP) que dirige la fiscal general Consuelo Porras; entre todos han emprendido una persecución judicial sin precedentes.
Los tres, Méndez Ruiz, Falla y Porras han sido listados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como actores antidemocráticos y corruptos en la llamada Lista Engel, el mecanismo administrativo utilizado por el gobierno estadounidense para restringir la entrada a la Unión Americana de los quienes aparecen en las listas
De Falla y Méndez Ruiz dice el Departamento de Estado que intentaron “dilatar u obstruir procesos criminales contra oficiales militares que cometieron actos de violencia, acoso o intimidación contra investigadores gubernamentales y no gubernamentales de casos de corrupción”.
Y de la fiscal general Porras, dice Washington, que “socavó y obstruyó en forma repetitiva investigaciones contra la corrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar de forma indebida favores políticos. El patrón de obstrucción incluye, según reportes, ordenar a fiscales del Ministerio Público ignorar casos basados en consideraciones políticas y despidiendo a fiscales que investigaron actos de corrupción”.
La reelección de Porras como cabeza del Ministerio Público, por designación del presidente Alejandro Giammattei y tras un cuestionado proceso de postulación que obvió señalamientos de plagio de la funcionaria, provocó que Estados Unidos cortara su asistencia a la institución.
Pero, en la práctica, el repudio de Washington, las sanciones y el retiro de la cooperación no han hecho mella alguna en la gestión de Porras o en la capacidad de la FCT para perseguir a los operadores anticorrupción que alguna vez colaboraron con CICIG. El poder del MP para perseguir a jueces de alto riesgo, exfiscales y los abogados que trabajaron como mandatarios de la CICIG está intacto a pesar de las advertencias y reclamos que, en su momento, hizo la administración del presidente estadounidense Joe Biden al respecto.
La FCT es una de las principales impulsoras de casos contra los exmandatarios de CICIG, los jueces en cuyas cortes se juzgó a militares guatemaltecos por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, y exfiscales que apoyaron con su trabajo a la comisión internacional. Que sus cabezas más visibles, Falla y Méndez Ruiz, mantengan toda su influencia en el MP y la judicatura guatemalteca, a pesar de ser non gratos en Estados Unidos, es una de las muestras más claras de la ineficiencia de las herramientas que Washington está utilizando para presionar a gobiernos como el de Giammattei.
La desazón en Guatemala, así como en países vecinos afectados por gobiernos autoritarios, empieza a crecer.
“A nosotros nos han dejado solas. En su momento dimos esta lucha por Guatemala, pero cuando se fue la CICIG el apoyo realmente ha sido muy poco”, dijo a Prensa Comunitaria una abogada que ha tenido que enfrentar acoso judicial y quien pidió hablar desde el anonimato para no afectar su situación jurídica.
Un rosario de perseguidos
El del juez Gálvez es el nombre más reciente en la lista y, de acuerdo con dos funcionarios guatemaltecos y otros miembros de la sociedad civil que siguen en Washington el caso del juzgador, es muy probable que la amenaza de Raúl Falla se haga realidad.
Por el escritorio del juez Gálvez han pasado varios de los casos más importantes en la historia judicial reciente de Guatemala. Uno de ellos es conocido como La Línea, relacionado con el esquema de corrupción aduanero por el que, a la postre, terminaron en prisión el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti en 2015. De La Línea, además, se desprendieron otros casos, como el de Cooptación del Estado, en el que 57 personas fueron acusadas de varios delitos y el cual también fue visto en el juzgado de Gálvez.
El juez, además, sentó en el banquillo al dictador Efraín Ríos Montt por el genocidio Ixil en 2013. En 2021 envió a juicio a los generales Benedicto Lucas García y Manuel Callejas por esa matanza. Y el 6 de mayo pasado, Gálvez envió a juicio a nueve de 15 exmilitares y expolicías en el caso del Diario Militar, relacionado con la desaparición de 195 opositores como parte de la guerra sucia del estamento militar guatemalteco entre 1983 y 1985.
De acuerdo con un documento elaborado para consulta del gobierno de Estados Unidos tras la expulsión de CICIG fue el caso por el genocidio Ixil el que inició, en 2013, el movimiento subterráneo de militares, operadores como la FCT y funcionarios que culminó con la expulsión de CICIG y provocó, a la postre, la persecución de operadores de justicia como Gálvez.
“El juicio por genocidio contra el general José Efraín Ríos Montt –fallecido el 1 de abril de 2018- reactivó una diversidad de redes conectadas a estructuras de poder legales e ilegales. Con el tiempo, su transformación en una suerte de telaraña o macrored evidenció la multiplicidad de intereses económicos, políticos, religiosos y sus conexiones con poderes ocultos concatenados para lograr objetivos comunes”, dice ese documento.
Una de las primeras acciones oficiales para acabar con la CICIG y las instituciones y mecanismos anticorrupción que la justicia guatemalteca había creado ocurrió el 27 de agosto de 2017, cuando el entonces presidente Jimmy Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, el magistrado colombiano -actual ministro en la administración del presidente Gustavo Petro en Colombia- que dirigía la comisión desde 2014. Jordán Rodas, entonces Procurador de los Derechos Humanos, interpuso un amparo contra la expulsión de Velásquez, el cual fue concedido por la Corte de Constitucionalidad. Eso detuvo el cierre de CICIG, pero no por mucho tiempo.
Morales, finalmente, maniobró hasta que la comisión cerró dos años después de la declaratoria fallida de nograto. Los abogados, jueces, investigadores y personal extranjero empezaron a salir de Guatemala. Los guatemaltecos que habían trabajado con la comisión o en las instituciones que colaboraron con CICIG se quedaron; contra ellos empezó la persecución.
Washington también jugó un rol en el cierre de la comisión, sobre todo con el silencio que impuso la administración de Donald Trump al asunto.
Fue Alejandro Giammattei el que afinó los mecanismos para terminar con todo. Reeligió en mayo de 2022 a Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público a pesar de las objeciones públicas y privadas de la administración Biden. El presidente, de hecho, se convirtió en el principal valedor de Porras. En diciembre de 2021, durante una visita al Banco Mundial en Washington, funcionarios multilaterales le preguntaron a Giammattei sobre los cuestionamientos de corrupción que pesan sobre Porras; el presidente reaccionó aireado y dijo que eran ataques con motivaciones ideológicas, según confirmaron a Prensa Comunitaria dos funcionarios latinoamericanos de multilaterales que tuvieron conocimiento de aquella reunión.
La persecución no paró. Quienes habían investigado a Morales, a Giammattei, a sus principales aliados o a los empresarios guatemaltecos que financiaron las campañas políticas de ambos empezaron a caer, uno a uno. Los metieron presos o los obligaron a salir de Guatemala.
En la lista están Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente tributario que investigó a poderosos consorcios privados; Aníbal Argüello, exanalista de CICIG; Leily Santizo, exmandataria de la comisión; a las fiscales Siomara Sosa y Virginia Laparra, quien aún guarda prisión en condiciones que según organismos humanitarios constituyen tortura; a Gloria Porras, expresidenta de la Corte de Constitucionalidad quien, entre otras cosas, prohibió el funcionamiento de una mina de níquel en El Estor, la cual tiene relaciones comerciales con empresarios rusos que según un testigo sobornaron a Giammattei; a los jueces Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitimul; la exfiscal general Thelma Aldana; y al exprocurador Rodas entre otros.
En la mayoría de estas persecuciones, cuando han incluido procesos penales montados por el MP de Porras, ha participado la Fundación contra el Terrorismo. Por la mayoría de los casos ha mostrado inconformidad, de manera informal, el gobierno de los Estados Unidos. Eso, sin embargo, no ha detenido las purgas. Sandoval, Porras, Aldana, Aifán, entre otros, viven exiliados en Washington.
El doble rasero de Washington
En los tiempos de Trump, no hubo presión alguna al gobierno Giammattei desde Washington para detener la persecución. Ya con Joe Biden en la presidencia hubo palabras, muchas, que indicaron que Washington no toleraría la corrupción y que haría difícil la persecución de los operadores de justicia. Las palabras se tradujeron en sanciones y señalamientos oficiales, como los impuestos a Consuelo Porras o a Rafael Curruchiche, el fiscal que se ha hecho cargo, desde el MP, del acoso por la vía penal, o al mismo Méndez Ruiz. Eso, sin embargo, no ha detenido la persecución.
Jordán Rodas, el procurador que intentó detener el embate contra la CICIG y luego se mantuvo al frente de la PDH como último bastión ante la arremetida del gobierno, recibe amenazas constantes de que será perseguido por Porras y Curruchiche. Al juez Gálvez lo tienen al borde el exilio. Y, ahora, el ataque se ha dirigido al periodismo independiente, como lo mostró la captura, a finales de julio, de Jose Rubén Zamora, director de elPeriódico y recientes amenazas de la FCT contra otros periodistas.
La situación, en resumen, es ahora más difícil para los críticos al régimen de Giammattei que cuando los demócratas retomaron el control de la Casa Blanca en 2020. Y en Estados Unidos ya pocos creen que la administración Biden vaya a ser capaz de detener la deriva autoritaria de Guatemala y de la región centroamericana.
“Centroamérica se ha posicionado como uno de los reveses más importantes para el gobierno de Joe Biden en materia de política exterior”, sentenció el influyente diario The New York Times en un artículo lapidario que publicó el 17 de septiembre pasado bajo el título “Estados Unidos prometió defender la democracia en Centroamérica. Los líderes de la región tenían otros planes”.
El tono de Washington, de hecho, ha bajado. De las promesas que llevó la presidenta Kamala Harris a Ciudad de Guatemala en junio de 2021, cuando en una conferencia conjunta con Giammattei dijo que Estados Unidos no toleraría la corrupción, la Casa Blanca y el Departamento pasaron a reaccionar con escuetos comunicados de prensa o por Twitter a casos como el del juez Gálvez o el del periodista Zamora.
Algo similar ha ocurrido con el caso del vecino El Salvador, donde el gobierno del presidente salvadoreños Nayib Bukele ha sido señalado de abusos a los derechos humanos, de dinamitar la separación de poderes y de perseguir a la prensa independiente de su país. A mediados de septiembre, Bukele anunció que competirá por la reelección en las presidenciales de 2024 a pesar de que la Constitución de El Salvador lo prohíbe. A todo esto la Casa Blanca también reaccionó con bastante prudencia.
“Quienes apoyaran el Estado de derecho recibirían miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses. Quienes los trastocaran sentirían el peso de la ley estadounidense”, resume el New York Times en su artículo las promesas de la administración Biden. Y luego sentencia: “En Guatemala, Giammattei ha desmantelado metódicamente los últimos vestigios de instituciones independientes. Uno a uno, su gobierno ha encarcelado, exiliado o acallado a las mismas personas con quienes Estados Unidos dijo que apuntalaría sus esfuerzos para que Guatemala fuera una sociedad más justa y, al fin, más habitable: jueces independientes, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos”.
“Washington quería una solución fácil en Centroamérica y no la hay, por eso hay quienes le han perdido la paciencia a Washington… No parecen ser demasiado tozudos con Giammattei y Bukele… A diferencia de Nicaragua que hay un consenso”, dice Ricardo Valencia, comunicólogo salvadoreño con cátedra en la Universidad de California en Fullerton, quien escribe regularmente sobra la situación política en Centroamérica en medios como el Washington Post y Los Ángeles Times.
Lo que ha estado ocurriendo en los países centroamericanos, al menos en Guatemala y El Salvador, es que diplomáticos estadounidenses ahí estacionados mantienen comunicación constante con los gobiernos a los que, en público, Washington alguna vez criticó.
Todd Robinson, el exembajador en Guatemala y actual jefe de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado al que el abogado Raúl Falla de FCT hizo alusión al amenazar al juez Gálvez, dijo al New York Times que siempre “hay formas de hallar actores en todos los gobiernos actuales que están dispuestos a hacer lo correcto”. Y Ricardo Zúñiga, alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina, dijo que la situación en Centroamérica “es un proceso; comprendemos que estas son condiciones que no van a cambiar de la noche a la mañana”.
El recrudecimiento de la persecución en Guatemala, el inminente exilio del juez Gálvez y la insistencia de seguir acosando a Leily Santizo, exmandataria de CICIG, en un intento por profundizar la criminalización a exfiscales e investigadores anticorrupción, no solo dan la razón a Zúñiga, sino que pintan un panorama más desolador: En Guatemala las cosas han empeorado de la noche a la mañana.
En lo que la administración Biden intenta encontrar respuestas esquivas, Giammattei mantiene su acercamiento al estamento más conservador del partido republicano: el presidente sigue, de la mano de la fiscal general Porras, persiguiendo a quienes lo investigaron a él y a sus cómplices, mientras se toma fotos con Mike Pence, el exvicepresidente de Trump y uno de los que suena para competir por la presidencia en Estados Unidos en 2024.
