La investigadora y comunicadora Laura Rojas, en una entrevista con Prensa Comunitaria, relata cómo una empresa transportadora de energía eléctrica ha usado la violencia para romper la resistencia comunitaria que se organiza para cuidar sus territorios en donde dicha empresa pretende instalar torres de tendido eléctrico
Por Juan Calles
Después de una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que Laura Rojas, representante de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA, denunciara la criminalización, las amenazas y agresiones sufridas por su persona y por 36 miembros, Rojas asegura sentirse más vulnerable.
Las comunidades afectadas por TRECSA se encuentran en diferentes municipios y departamentos del país, entre ellos se pueden mencionar, Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, San Bartolo y Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez.
Hasta la fecha han logrado detener la instalación de algunas torres de transmisión de energía eléctrica, así como un préstamo que el proyecto había obtenido de un importante banco internacional, además de lograr que fuera derribada por la vía legal una de las torres que ya estaba construida, sin embargo, la criminalización y las agresiones han subido de tono.
Con orden de Juzgado, derriban una torre de Trecsa en Santa Lucía Milpas Altas
La empresa Transportadora de Energía de Centroamérica (TRECSA) se ha visto involucrada en las agresiones y amenazas, sufridas por miembros de esos colectivos organizados en resistencia contra los trabajos de esta empresa, que sin los permisos de ley ha construido torres de tendido eléctrico destruyendo bosques, nacimientos de agua y ha invadido territorios comunitarios.
“El 30 de julio de 2016, se realizó una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), con la presencia de vecinos, vecinas y sociedad civil y la población acordó NO aprobar la autorización de licencia de construcción a la empresa para el desarrollo del proyecto PET-1-2009. Esta decisión fue ratificada en el punto quinto del acta número 53-2016, de fecha del 1 de septiembre de 2016, de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal y de la cual fueron notificados los representantes de Trecsa, el 23 de septiembre de 2016. A pesar de eso, la empresa construyó nueve torres en la jurisdicción municipal, de las cuales, cinco tienen un proceso administrativo en su contra por la construcción sin licencia, iniciada por la administración anterior.”
Explica en su nota periodística Anne Bordatto, investigadora comunitaria, defensora de derechos humanos y de la naturaleza.
Trecsa se impone en Sumpango con la bendición del alcalde municipal y de la pandemia
Las tácticas utilizadas por esta empresa para romper con la resistencia comunitaria van desde las denuncias espurias en los tribunales, pasando por la intimidación de personas encapuchadas, hasta el intento de asesinato; en Santo Domingo Xenacoj se sabe de dos miembros de la resistencia asesinados, en donde las investigaciones se detuvieron porque miembros de la comunidad desistieron de sus denuncias por miedo a represalias.
¿Por qué son tan violentas las reacciones contra la resistencia en contra de TRECSA?
Las denuncias, conferencias de prensa, comunicados, cualquier acción que tome la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA no son cubiertas por los medios de comunicación tradicionales, ni por las autoridades encargadas de atender estas denuncias. En entrevista con Prensa Comunitaria, Laura Rojas, indicó que TRECSA ha ofrecido talleres de capacitación a los periodistas de algunos medios que se han vuelto aliados de la empresa.
A continuación, un resumen de la charla que la investigadora y defensora del territorio, Laura Rojas sostuvo con Prensa Comunitaria.
PC: ¿Quiénes están tras los ataques en contra su organización comunitaria?
LR: Hay muchos intereses vinculados a este proyecto, un proyecto que está diseñado en el marco del Plan Puebla Panamá, y desde antes, desde los procesos de integración centroamericana en temas energéticos. Pero finalmente lo impulsa el gobierno de España y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Mundial y USAID (cooperación estadounidense). Allí se diseñan todas estas interconexiones.
Y aunque va cambiando se amplía con el plan Mesoamérica y se empiezan a ejecutar los planes de privatización y todo el andamiaje legal en México y Centroamérica se formulan las reformas o las nuevas leyes generales de energía eléctrica
Ya en el 2008 empiezan a entrar a los territorios y entran desinformando, diciéndole a la gente que lo que van a construir son centros comerciales y cuando la población se da cuenta ya están los permisos, negociados con acuerdos gubernativos de urgencia nacional o de necesidad pública para la electrificación del país y es de esa forma que obligan a las autoridades municipales a cooperar con ellos, por la supuesta urgencia nacional, sin embargo, no existe el resguardo y protección de la autonomía municipal.
Así sacan muy fácil y muy rápido todos sus permisos, independientemente que incumplan con una serie de normativas de impacto ambiental, pero justamente todas estas ilegalidades, inconsistencias y desinformación fue generando rechazo de autoridades indígenas, Consejos de desarrollo Comunitario, COCODES y demás.
PC: ¿Por qué tanto interés de autoridades y empresas para entrar de esta manera a las comunidades?
- Porque estos planes son la piedra angular de los proyectos extractivos, estos proyectos son necesarios para que Guatemala se convierta en esa batería en Mesoamérica y exportar energía para el sur de México y el resto de Centroamérica, es un gran negocio, la privatización de este sector se viene generalizando en toda el área y se empiezan a repartir licencias para la generación de energía eléctrica y construcción de hidroeléctricas.
A ello se le suma que utilizan el pacto mundial para el cambio climático y otros incentivos para la protección del medio ambiente, esos pactos son utilizados para que puedan incursionar países industrializados o corporaciones para invertir en supuesta energía limpia y entonces obtienen desembolsos de los bancos para invertir en energía limpia y después incursionar en el mercado de bonos de carbono.
Eso empieza a llamar la atención de los inversionistas en la matriz energética, pero también para las licencias que van a consumir, por que empiezan a desarrollarse los planes como el Katún 32, los polos de desarrollo, la ampliación de las zonas económicas especiales, la interconexión eléctrica, todos los corredores secos que se empiezan a planificar entre los puertos de Centroamérica.
Entonces lo que tenemos es una invasión de los planes neoliberales, una invasión de corporaciones, que tienen sus alianzas y tienen sus planes a nivel continental.
PC: ¿Qué papel tiene Guatemala en esos proyectos continentales?
LR: Existen al menos seis circuitos eléctricos que pretenden cerrar el Sistema de Interconexión Eléctrica de Centro América, SIEPAC, que está incluido en el Plan Puebla Panamá, este proyecto está compuesto por 1,830 kilómetros de tendido eléctrico de 230 kV, los cuales atraviesan Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así cerrar un solo circuito a nivel continental.
Entonces se crean todas estas instancias de integración centroamericana y el mercado eléctrico regional que son los que regulan y administran todo ese intercambio de energía, hay distintas instituciones y hay varios acuerdos a nivel regional para poder construir estos planes en los cuales Guatemala asume un rol muy importante por su ubicación geográfica porque es la puerta hacia el norte del continente.
Allí TRECSA juega un papel importante porque con la aprobación de su licencia se cerraría el circuito México-Guatemala.
PC: Entonces ¿TRECSA es parte de toda una estrategia mucho más grande que solo el transporte de Energía eléctrica?
LR: Si, el control de todos estos puertos y de estos pasos de productos y toda la energía eléctrica que va a correr por allí, además del gasoducto que viene desde Estados Unidos, porque en el tratado de libre comercio Guatemala asumió el compromiso de comprarle energía a Estados Unidos, aunque realmente no lo necesitamos, este gasoducto llega hasta el golfo de Fonseca, en fin es el corredor logístico que necesitan las empresas mineras para recibir la energía que necesitan para explotar todas esas licencias y territorios.
La agroindustria también necesita más energía para alimentar esa industria, todos esos intereses necesitan esa interconexión de energía eléctrica.
Entonces cuando nosotros paramos el proyecto en Sacatepéquez, estamos parando la unión de dos líneas que vienen desde Villa Nueva y terminan en México, y la que viene desde los cañeros, porque los ingenios azucareros tienen su línea privada que TRECSA les ha construido; y luego la que va hacia cementos progreso que también tiene su línea privada, este es el circuito que peleamos en Santa Lucía Milpas Altas, lo habíamos detenido, habíamos logrado demoler una torre, ellos no podían terminar esa interconexión y por eso se meten con tanta agresividad y tanta prepotencia sin licencia de construcción.
PC: ¿Es por eso que necesitan romper su resistencia, aunque tengan que usar la violencia en su contra?
LR: Si, han sido muy agresivos, Incluso el alcalde y una jueza les decían que tenían una orden de juzgado competente que debían parar la construcción y aun así llegó el gobernador de Sacatepéquez Maynor Ariel López Hernández y puso a la Policía Nacional Civil a defender a la empresa, tuvimos que retroceder.
Trabajaron las 24 horas del día para terminar las siete torres que les faltaban para interconectar esa línea y pasar energía a la sub estación las cruces que está en Santo Domingo Xenacoj en donde también hubo persecuciones contra los lideres de la resistencia, se supone que hubo dos asesinatos, pero eso ya no se investigó por que la resistencia fue intimidada y ya no quisieron seguir y todos allá cedieron, dieron un paso para atrás, con lo que se logró instalar la sub estación.
Esa subestación es la que tira energía hacia cementos progreso, entonces estamos hablando de los intereses de los ingenios azucareros que consumen el 20% de la energía en el país y de cementos progreso que es el mayor consumidor de energía en Guatemala, entonces eso hace peligrosa nuestra lucha.
PC: ¿Además de esas intimidaciones y agresiones viene la criminalización?
LR: Entonces ese día aparece el gobernador y le dice a la policía que cualquier persona que esté protestando debe ser capturada en ese mismo momento y nos tuvimos que ir, nos empezaron a amenazar, ellos llevaron a unos tipos encapuchados, que llevaban aparatos que nos bloqueaban la señal del celular, nos tomaban fotos, no solo a nosotros a los medios de comunicación que estaban allí también.
La abogada de la empresa, Karla Ivonne Sierra Rodríguez, cuando yo estaba transmitiendo en vivo, me da un golpe en la mano para que deje de transmitir y después me denuncia por intimidación, coacción y amenaza, esta es la segunda criminalización en mi contra.
Todo esto lo hicieron para proteger la identidad del encapuchado que estaba en el lugar intimidando a todos los que estábamos allí protestando, muchos vecinos le informaron a un PNC que estaba en el lugar que ese tipo desde un día antes estaba intimidando, el agente le pide que se identifique, el sujeto dice que no tiene documentos, en ese momento los abogados de la empresa se lanzan a defender al encapuchado.
El tipo aprovecha para retirarse del lugar, perseguido por el agente de PNC, todo lo estaba transmitiendo en vivo, y fue cuando la abogada me golpea para que deje de hacerlo. Lo protegieron.
“Ellos tratan de inmovilizarme para que no continue la investigación”
PC: ¿Cuál ha sido sur rol en la resistencia contra TRECSA?
LR: He estudiado las licencias y contratos, he revisado si hay estudios de impacto ambiental, si han cumplido con el reglamento municipal, con eso las comunidades han encontrado la ruta legal para defender su territorio y la naturaleza, por eso ya van dos criminalizaciones en mi contra y ahora las agresiones.
Me robaron mi carro, me intentaron atropellar, creo que no han pasado a más, no me han tocado por que es como decirme sabemos en dónde estás y mandan el mensaje, así lo siento yo.
En el caso del robo del carro fue muy evidente que no fue un robo común, por que donde yo dejé el carro, cuando volví de hacer gestiones en la municipalidad de la Antigua Guatemala ya no estaba mi carro, sino un camión de la empresa que TRECSA subcontrata.
36 personas de diferentes comunidades están denunciadas por la empresa
Aunque algunos casos ya han sido desestimados, como los casos contra lideres comunitarios de San Pedro Ayampuc, hay todavía 36 personas con denuncias en su contra por ejercer su derecho a manifestar o por proteger su territorio, estas personas son del pero personas del área metropolitana de la ciudad de Guatemala, de Sacatepéquez, de Santa María Cauqué, entre otros.
La PDH y el Ministerio Público, MP, ya no toman las denuncias de estas personas criminalizadas, en el caso del MP Rojas señala que siempre hay una excusa para enviarlos a poner denuncia en otra agencia fiscal y cuando llegan a esa agencia, le envían a otra, lo que desmotiva a las personas que quieren denunciar.
Y en el caso de la PDH se conoció que la auxiliar en Sacatepéquez fue denunciada por la empresa por supuestamente excederse en sus funciones, “luego de eso, el expediente que llevábamos en esa auxiliatura se extravió”, relató Rojas.
“No soy una persona miedosa, pero no puedo decir que no siento miedo”, comenta la investigadora, quien después de participar en audiencia temática por la libertad de expresión en la CIDH afirma sentirse vulnerable. Sin embargo, mientras ordena sus apuntes y cuadernos, antes de finalizar la entrevista asegura que continuará trabajando e investigando por la defensa de los territorios y las comunidades afectadas por TRECSA.
