Un tribunal de apelaciones resolvió que la investigación contra las abogadas por obstrucción de justicia, abierta a petición de la Fundación contra el Terrosimo, no tiene mérito.
Por Héctor Silva Ávalos
La Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal resolvió que no hay indicios de obstrucción de justicia, uno de los delitos que el Ministerio Público había imputado a las dos operadoras de justicia. Además, en una segunda resolución, negó la intención de los acusadores de revertir las medidas sustitutivas a la prisión de las que gozan las dos mujeres.
El Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras ordenó la detención de Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 10 de febrero pasado, y la de Siomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el 15 de febrero. Las capturas ocurrieron pocos días después de una acusación interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) que dirige el empresario Ricardo Méndez Ruiz. MP y FCT acusaron a Santizo y Sosa de obstrucción de justicia y colusión.
El 7 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió que no había mérito en el primer delito. Es decir, que no había siquiera indicios de prueba que involucraran a las operadoras de justicia en un esquema de obstrucción de justicia.
“No lograron demostrar ni de manera indiciaria la participación de Eva Siomara Sosa ni de Leily Santizo en la comisión del hecho… No cuentan con una investigación adelantada seria y objetiva que los llevara a solicitar órdenes de aprehensión por ese delito”, dijo una fuente judicial que conoce el caso contra las dos mujeres y que habló desde el anonimato para evitar represalias del sistema de justicia.
El MP, a instancias de la FCT, también había pedido que las mujeres permanecieran en prisión mientras seguía el proceso judicial. El argumento de la fundación, contra Santizo, era que ella podía fugarse y obstaculizar la investigación por haber sido mandataria de la CICIG.
En aquella ocasión, sin embargo, el juzgado también ordenó medidas sustitutivas a la prisión, en la que Santizo había permanecido casi un mes desde su arresto.
La FCT apeló ambas decisiones, pero el 27 de julio pasado, la Sala Cuarta de Apelaciones resolvió a favor de Santizo y Sosa, con lo cual ambas solo deben responder ahora por colusión, un delito menor. El juez Geisler Pérez, quien emitió las resoluciones iniciales, se había negado a enviar el caso a un tribunal de paz, que está facultado a conocer en casos de delitos menores como el de colusión. Pérez, además, retraso varias veces la audiencia de primera declaración, lo que alargó el tiempo que Santizo y Sosa pasaron en prisión preventiva.
Las resoluciones de la sala de apelaciones no habían sido públicas hasta ahora porque el proceso está bajo reserva total desde el mismo día en que Leily Santizo fue detenida. Sin embargo, cuentas de netcenters afines a la Fundación contra el Terrorismo han tenido acceso a varios fallos y decisiones relativos al caso a los que ni siquiera las acusadas han accedido. El 4 de octubre al menos dos de esas cuentas adelantaron amenazas y advertencias a uno de los magistrados de la Sala Cuarta. Y ese día el contenido de la resolución de la Sala Cuarta se hizo pública, también en redes sociales.
Juzgadores, querellantes y fiscales involucrados en el caso contra Siomara Sosa y Leily Santizo han sido señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como actores corruptos y antidemocráticos en la llamada Lista Engel. Es el caso de la fiscal general Consuelo Porras y el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, de Méndez Ruiz y Raúl Falla, director y abogado de la FCT y del juez Geisler Pérez. A todos, de una forma u otra, Estados Unidos los señala de obstruir a la justicia en Guatemala, justo el delito del que están acusando a las operadoras de justicia.
Esta semana, en Nueva York y Washington, organizaciones no gubernamentales estadounidenses presentaron varios informes a la Organización de Naciones Unidas y al Congreso en la capital del país sobre la situación de Guatemala, en los que señalan la persecución de que han sido objeto operadoras de justicia como Santizo y Sosa, y además destacan la dificultad de que tengan un proceso justo y apegado a derecho en el actual sistema de justicia guatemalteco.
“No hay acceso a la justicia para los criminalizados porque el sistema de justicia está ahora completamente equipado en contra de ellos”, dice uno de los reportes en referencia a la cooptación de la judicatura tras la salida de CICIG a instancias de la fiscal general Porras y el presidente Alejandro Giammattei.
Un largo camino
La investigación en la que el MP de Porras y Curruchiche basan sus acusaciones contra Santizo y Sosa duró apenas diez días, del primero de febrero en que la FCT interpuso una denuncia cuyo contenido total pocos conocen por la reserva impuesta al caso el 10 de ese mes, cuando la exmandataria de CICIG fue capturada.
Aquel 10 de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil allanaron la casa de Santizo a media mañana. Cinco horas después la arrestaron -no pudieron hacerlo de inmediato porque los fiscales pusieron por error el nombre de la madre de la exmandataria en la orden de captura. La trasladaron a la cárcel en Mariscal Zavala, donde una funcionaria le advirtió que no comiera de lo que le sirvieran en la prisión porque no podían garantizar que no la envenenaran.
Cinco días después, cuando asistió a la primera audiencia judicial, Santizo denunció que un hombre que le llevaba comida del exterior había sido vapuleado por matones a los que ella identificó como empleados de la familia Mendoza de Izabal, uno de los clanes de narcotráfico más sanguinarios de Guatemala. Con la golpiza llegó un mensaje para Leily Santizo: que la iban a dejar “en pedacitos”.
Durante un mes estuvo la exmandataria en la cárcel, cerca de los narcotraficantes, militares y políticos corruptos a los que había investigado, entre ellos miembros del ejército cercanos al expresidente Jimmy Morales. Y durante un mes fue sometida a torturas, como sigue ocurriendo en el caso de la exfiscal Virginia Laparra, aún presa a instancia de la Fundación contra el Terrorismo. Los tratos inhumanos incluyeron privación de luz solar durante 23 horas del día, permitir que la fotografiaran en la cárcel y que luego esas fotos aparecieran en redes sociales afines a la FCT e incluso intentos de agresiones físicas.
Gobiernos como los de Estados Unidos, el Reino de España, Gran Bretaña y la Unión Europea condenaron los arrestos de Santizo y Sosa, así como lo hicieron con el de Laparra o con los exilios de exfiscales, magistradas y jueces a los que el MP de Porras y la FCT también han perseguido. Ese apoyo, sin embargo, no se ha traducido en que la persecución contra abogados como Santizo y Sosa amaine. Y las resoluciones de la Sala Cuarta en el caso de estas dos mujeres siguen siendo, en Guatemala, raras excepciones.
