La comunidad de Seinup, en El Chal, Petén fue desalojada del lugar que habitaban; la acción, según abogados fue ilegal, porque se hizo por la noche y no fue la policía quien lo llevó a cabo. Fue como en la guerra, las personas estaban durmiendo y de repente los disparos los despertaron, salieron corriendo y quemaron todo. Hasta ahora no se sabe quién fue, lo que se sabe es que fueron 150 personas armadas.
Por Francisco Simón y Regina Pérez
Un grupo aproximado de 150 personas desconocidas llegaron armadas a la comunidad de Seinup, en el municipio de El Chal, Petén, casi a la media noche del viernes 30 de septiembre. Las 56 familias que vivían en ese lugar, son de origen maya Q’eqchi’, huyeron para evitar ser agredidas.
Según relatan algunos pobladores, los desconocidos dispararon al aire sus armas de fuego para intimidar a la población. La comunidad, entre menores de edad, mujeres y personas adultas fueron perseguidas; la mayoría huyeron entre los matorrales. Desde allí observaron cómo sus viviendas, cultivos, animales, ropas y alimentos fueron quemadas con gasolina.
Un hombre que no logró huir resultó con heridas de bala por arma de fuego, así relatan las familias, asentadas en esa propiedad desde octubre de 2018, que supuestamente pertenece al Estado de Guatemala. Este desalojo violento es ilegal, aseguran los pobladores y el abogado que los asiste.
En el caso de los menores de edad salieron afectados de otro modo. Las niñas y niños que estudian en la comunidad de Santa Amelia, del mismo municipio, perdieron sus cuadernos y mochilas. Ahora no saben si asistir a clases y ponerse al día o abandonar la escuela.
María Maas Tiul, la esposa del hombre que resultó herido, asegura que llegaron a Seinup a buscar tierras para cultivar sus propios alimentos. “Es muy doloroso lo que me está pasando, mi marido no ha disparado a nadie, somos comunitarios y solo buscamos un espacio para sobrevivir”, dijo.
El esposo de Maas Tiul se encuentra hospitalizado y se desconoce el proceso de su recuperación. “Además de mi esposo que resultó herido, me he quedado sin prendas de vestir junto a mis hijos, ahora sobrevivo con la ropa que nos han donado algunas personas”, agregó.
Al igual que María Maas, varias mujeres perdieron sus güipiles y cortes. “Ya no tengo vivienda ni mi ropa, acá están mis hijos y mi marido; me he quedado sin mis prendas de vestir. Han quemado mi vivienda, mi maíz y mi frijol. Han quemado todo”, dijo llorando otra mujer, quien pidió no revelar su identidad por seguridad.
De acuerdo a Mauricio Ramiro, otro poblador de Seinup, que en Q’eqchi’ significa “ceiba”, lo que vivieron fue una pesadilla. “La violencia es una sorpresa que dieron a nuestros niños”, dice en alusión al Día del Niño que se celebra cada 1 de octubre en Guatemala.
A decir del poblador, lo que solicitan al gobierno es el acceso a la tierra. “La verdad esta tierra es del Estado, es de la nación, por eso en público lo digo -que aquí no vamos a desalojar-. Lo que queremos es que nos escuche el Estado y que nos dé tan siquiera un pedazo de tierra para trabajar”, exigió.
Respecto a las causas que motivaron el asentamiento en Seinup, Ramiro aseguró que por falta de tierra y trabajo. “Somos campesinos de verdad. De mi parte soy graduado de bachillerato, pero no hay empleo y tengo que luchar para sacar adelante a mi familia. Mi señora también es maestra de educación primaria, igual no hay empleo. Entonces lo que hacemos es luchar para mantener a nuestros niños”, aseveró.
El estado de la tierra en Petén
El abogado de la comunidad, Juan Carlos Peláez, explicó en una entrevista a Prensa Comunitaria algunos antecedentes del reclamo de tierras que hicieron las familias de la comunidad de Seinup.
De acuerdo con el abogado, las 56 familias están asentadas en una tierra doblemente registrada. Una que está registrada a nombre del Estado y la otra inscripción anómala a nombre de la empresa San Agustín. Los pobladores al enterarse de que estas tierras son propiedad de la nación y está administrada por FONTIERRAS (Fondo de Tierras), entonces solicitaron que se les adjudiquen las mismas “con vocación agrícola”.
La primera inscripción de la nación es mucho antes que la particular, casi 20 años antes, dijo el abogado.
A pesar de que la empresa no cuenta con la certeza jurídica sobre la propiedad, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por el delito de usurpación y fue conocida por un juez de Primera Instancia Penal, del municipio de Poptún, quien autorizó un desalojo el 2 de noviembre de 2021. Esa vez, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron de forma violenta a la comunidad y quemaron ocho viviendas.
Pero días antes, después de escuchar al Registro de Información Catastral (RIC) y FONTIERRAS, el MP llegó a la conclusión de que el caso se trataba de una cuestión agraria y no penal, y solicitó el sobreseimiento. No obstante, el juez hizo caso omiso y no aceptó la petición de la Fiscalía, al contrario, realizó una audiencia unilateral, en donde solo asistió la empresa y el MP, y ordenó el desalojo. Los comunitarios no participaron.
En ese entonces, el abogado Peláez relató que todavía presentaron otros recursos, porque se sabía que el proceso no tenía que ser penal sino agrario civil, pero no procedieron. Finalmente, el juez de Poptún solicitó al Juzgado de Paz de El Chal la ejecución del desalojo.
Respecto a este desalojo del 30 de septiembre es ilegal, dijo Peláez, porque se hizo por la noche y no intervino la policía. “Este desalojo no lo hizo la PNC, fue a las 9 de la noche, fue como en la guerra, estaban durmiendo y de repente los disparos los despertaron, salieron corriendo y quemaron todo. No se sabe quién fue, lo que se sabe es que fueron 150 gentes que iban armadas”, concluyó el abogado.
Según datos publicados por el medio escrito, Prensa Libre, el sábado 1 de octubre, a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se presentó una denuncia en el MP para investigar a los responsables del hecho. Mientras, Rubén Tellez, vocero del Ejército dijo que 100 soldados se desplegaron al lugar para brindar seguridad perimetral en el área, para que la PNC, el MP y la PDH realicen sus funciones de investigación.
