Informe y delegación internacional de jueces afirma que en Guatemala ya no existen garantías para los operadores de justicia independientes. En riesgo están jueces y juezas que conocieron casos de corrupción de alto impacto y justicia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra.
Por Nelton Rivera
En agosto de este año, una delegación de jueces y una jueza visitó el país, preocupados por los constantes ataques a jueces independientes, y fiscales anti corrupción. Este 18 de octubre se publicó el informe denominado Ataques a la Independencia Judicial en Guatemala. Un informe acompañado por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Unión Internacional de Magistrados (IUM).
Durante la visita realizada dos meses atrás a Guatemala, pudieron constatar el ataque sistemático en contra de jueces, juezas independientes, fiscales anti corrupción y ex funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, que conocieron y promovieron la justicia en casos de corrupción al mas alto nivel y em contra de militares señalados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra.
En el informe se afirma que, en la actualidad, se está haciendo un uso indebido el derecho penal para criminalizar a las administradoras y administradores de justicia, como represalia por el trabajo de justicia independiente que realizan y que, realizaron algunos que ya se encuentran en el exilio.
Para jueces y juezas, como Adriana Orocú de Costa Rica, y los jueces Darío Lara de Colombia, Walter Barone de Brasil y Roland Kempfle de Alemania, quienes integraron dicha delegación internacional, existe una fuerte preocupación por la situación de los jueces Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Carlos Ruano, y los miembros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) que están siendo acosados por defender la independencia judicial, cita el sitio Independenciajudicial.org.
Para esta delegación en Guatemala ya no existen las garantías mínimas para ejercer de manera independiente la justicia, en un contexto de regresión autoritaria y de control absoluto de los tres poderes del estado, sin que el poder judicial tenga independencia. Para esta delegación la preocupación principal se centra en el actuar de Ministerio Público bajo la dirección de María Consuelo Porras, el MP ejerce la criminalización de estos jueces, juezas y fiscales.
Una de las principales conclusiones del informe demanda que El Ministerio Público investigue la participación de miembros de la Fundación contra el Terrorismo y de otras organizaciones similares en los ataques contra administradores y operadores de justicia.
Lea el informe completo aquí Ataques a la Independencia Judicial en Guatemala
