El primer boletín del Observatorio de Derechos de Mujeres Indígenas, presentado el miércoles 5 de octubre por el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija’, señala la debilidad de Estado de Guatemala de atender la situación de las mujeres y pueblos indígenas de acceso a los servicios públicos, quienes encuentran limitaciones como la poca información o la negación del servicio por el hecho de pertenecer a la población indígenas.
Por Simón Antonio Ramón
En la presentación del boletín se señaló que las instituciones públicas dan poca atención a las denuncias de pueblos indígenas por discriminación racial, aduciendo poco presupuesto y personal y las que atienden el tema hacen el registro con datos generalizados y no desagregados.
El Observatorio de Derechos de Mujeres Indígenas es una iniciativa del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ que busca generar condiciones de formación, debate y análisis sobre la situación de las mujeres indígenas en Guatemala. Entre las temáticas que observa, monitorea y analiza, están el racismo, la violencia, la migración, la seguridad ciudadana, derechos humanos, participación política, acceso a la información y acceso a la educación para las mujeres indígenas. Su primer volumen se concentró en analizar el racismo en Guatemala.
El análisis de racismo, que se presenta en el primer boletín del Observatorio hace cinco clasificaciones: el racismo sistemático, las denuncias en las instituciones, el análisis de reacciones en redes sociales de una campaña contra lenguajes coloquiales que fomentan el racismo, la violencia hacia las mujeres y la niñez indígena y el racismo en los medios de comunicación.
En el primer apartado cruza datos del Censo de Población de 2018 y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, para reflejar que los pueblos indígenas tienen menos acceso a servicios de salud en un 11.5 por ciento, a diferencia de la población no indígena, con una limitante de un seis por ciento.
Señala que el rezago en la educación es del 14.3, por ciento mientras en la población no indígena es del 8.6 por ciento; en el empleo informal los pueblos indígenas representan un 70.7 por ciento a diferencia del 41.5 por ciento de la población no indígena; respecto a la seguridad alimentaria, afecta a un 44.3 por ciento a los pueblos indígenas y 27.5 por ciento a la población no indígenas. Respecto al embarazo en adolescentes el boletín informa que hay un 44.3 de embarazos en adolescentes indígenas ante un 27.5 de embarazos en adolescentes no adolescentes.
Respecto a la matrícula escolar se registra una diferencia de 21.9 por ciento de estudiantes de nivel primaria favorable para la población no indígena, el porcentaje se aumenta en el nivel básico con 47 por ciento y 60.2 por ciento la diferencia en el nivel diversificado. En el sector de la economía guatemalteca registra a un 78.4 por ciento de la población no indígena y un 20 por ciento de la población maya y 0.8 por ciento de sectores de la población. “Los datos presentados de escolaridad y de trabajo formal nos detalla las desigualdades que viven los pueblos mayas, producto de la desigualdad y el racismo histórico”, concluye el boletín.
En este apartado señala que el despojo, la pobreza, el extractivismo, la violencia, la falta de oportunidades y el desplazamiento son las constantes expresiones de racismo y con la pandemia de la COVID-19 se profundizó la pobreza y la violencia contra las mujeres y los pueblos indígenas.
En el segundo apartado sobre datos y denuncias en las instituciones públicas analiza la información de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala (CODISRA) como ente responsable en documentar el registro de denuncias de casos de discriminación y racismo y trasladarlas a las instituciones correspondientes.
CODISRA, señala el Observatorio, tiene seis sedes a nivel nacional: Guatemala, Santa Rosa, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango e Izabal, sus registros son únicamente en estos departamentos.
Según los registros presentados, en los últimos seis años un 19 por ciento de las denuncias pertenecen a los pueblos maya K’ich’e, 13 por ciento; Q’eqchi’, 8.5 por ciento; Mam con 59 .5 por ciento. Las denuncias se han centrado en cuatro aspectos, 19 por ciento por discriminación de género y étnica, 49 por ciento por discriminación étnica, seis por ciento por discriminación étnica ambiental y un 25 por ciento por otro tipo de discriminación.
En el apartado tres presenta los resultados de la campaña hecha en redes sociales “Eliminemos el racismo, analiza si tu lenguaje si tu lenguaje es racista”, de 2019, que planteó cinco frases provocadoras: “pareces indio”, ¿vamos por una indita?, ¿ellas -las mujeres indígenas- usan ropa interior?, y “el chino y la María”.
En el análisis del contenido de las respuestas obtenidas en redes sociales destacan los mensajes de victimización de las mujeres indígenas, también se identificaron reacciones de negación del racismo y la reafirmación de este.
En el apartado cuatro, sobre violencia contra las mujeres y la niñez indígena, señala que la migración, embarazos tempranos, violencia contra la mujer, agresión sexual y femicidio, son violencias constantes y registradas en los datos analizados. El observatorio considera “que las condiciones en que viven las niñas y las mujeres indígenas en Guatemala es una situación de precarización y pobreza, la falta de acceso a servicios públicos, la garantía de derechos, la ausencia del Estado y falta de políticas que generen una vida digna”.
Una de las formas de violencia que señala el boletín es el embarazo temprano que está relacionado con la poca cobertura de educación integral en sexualidad. Analiza los datos reportados por el Observatorio en Salud Sexual Reproductiva (OSAR) que señala que el 41 por ciento de los embarazos tempranos reportados en 2021, el 41 por ciento pertenece a departamentos del occidente del país. Señala que “es está un territorio de mayoría maya representa el 41 por ciento a nivel nacional”.
En el quinto apartado analiza el racismo en tres dimensiones, la primera señala que existe una hegemonización y concentración en pocas manos de los medios de comunicación generando formatos excluyentes, porque el acceso a la información es en otro idioma, limita la emisión del pensamiento y bloquea los proyectos de comunicación de los pueblos indígenas, contrario a lo que establecen los Acuerdos de Paz. En este contexto desde 2010 hasta 2021 se han allanado 206 emisoras, varias de ellas comunitarias.
En la segunda dimensión señala la mínima participación de los pueblos indígenas dentro de los medios de comunicación como “los columnistas indígenas en los medios de comunicación se limitan a uno/una, no hay representación de los 23 pueblos indígenas, en la actualidad no existen columnas de opinión escritos en los idiomas indígenas”, señala.
La tercera dimensión es la narrativa que se tiene sobre los pueblos indígenas en los medios de comunicación masiva. Resalta los lenguajes con los que se califican los contextos, territorios y situaciones de los pueblos indígenas. “Los eternamente pobres, indicadores de pobreza, los lugares de violencia, los revoltosos y sin propuestas”.
El Observatorio señala en este primer boletín que Guatemala tiene la trayectoria de un país colonial que ha construido el Estado desde las relaciones indio-ladino, ha generado condiciones sobre la distribución de los recursos públicos, acceso al poder y el sometimiento de las mujeres y los pueblos indígenas.
