Este 12 de octubre se cumplieron tres años del periodo extraordinario de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones, que fueron electas en 2014 por medio de señalamientos y negociaciones entre Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi, en el que jugó un papel Sergio Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”. En esas negociaciones, de 2019, también estuvieron involucrados diputados, magistrados y comisionados, a quienes se les vincula con Gustavo Alejos Cámbara.
Por Simón Antonio Ramón
La extensión del mandato de las y los magistrados de las Cortes se dio porque el Congreso de la República desobedeció una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida en mayo de 2020, que le ordenaba tomar en cuenta un listado de personas señaladas en el caso Comisiones Paralelas 2020, presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la dirección del Juan Francisco Sandoval.
En la conferencia de prensa que ofrecieron las y los magistrados de la CSJ a la medianoche del 12 de octubre, la presidenta Silvia Valdez dijo que, atendiendo la opinión consultiva de la CC, se mantendrán en el cargo hasta que sean electos sus sucesores. En este periodo extraordinario la magistrada Valdez ha sido la presidenta, porque ocupa el cargo de Vocal I, y porque según el orden en que fue electa, le corresponde presidirla.
| Magistrada y magistrado 2014-2019 | Situación actual |
| Vladimir Aguilar Guerra | Renunció por el caso TCQ, en su lugar asumió la magistrada Eugenia Morales Sierra |
| Blanca Aida Stalling Dávila | Vocal VII, se reintegró al cargo tras el cierre de un proceso penal en su contra. Durante su ausencia, su lugar lo ocupó presidentes de Salas cuando eran llamados con la CSJ. |
| Josué Felipe Baquiax | Vocal V, presidente de la CSJ 2014 y 2015, actual presidente de la Cámara Penal. |
| Delia Marina Dávila Salazar | Vocal IV, actual integrante de la Cámara Penal. |
| Silvia Verónica García Molina | Vocal VIII, integrante de la Cámara Civil. |
| Nery Osvaldo Medina Méndez | Vocal II, presidente de la CSJ 2016 y 2017. |
| Vitalina Orellana y Orellana | Vocal III, integrante de la Cámara de Amparo y Antejuicio, actual representante de la CSJ en el Consejo de la Carrera Judicial. |
| José Antonio Pineda Barrales | Vocal XI, presidente de la CSJ 2017 y 2018, presidente de la Comisión de Postulación que eligió a Consuelo Porras como candidata a fiscal general del MP que se envió a Jimmy Morales. |
| Sergio Amadeo Pineda Castañeda | Vocal VI, presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio. |
| Ranulfo Rafael Rojas Cetina | Presidente de la CSJ 2015-2016. Renunció para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE); la magistratura está vacante. |
| Silvia Patricia Valdés Quezada | Vocal I, presidenta de la CSJ desde 2019 a la fecha. |
| Néstor Mauricio Vásquez Pimentel | Presidente de la CSJ 2015, renunció para ser magistrado de la CC, su magistratura sigue vacante. |
| Douglas René Charchal Ramos | Con medidas sustitutivas por el casi TCQ, en su lugar tomó posesión Elizabeth Mercedes García Escobar quien murió en agosto de 2018, su lugar fue ocupado por Manuel Duarte Barrera. |
Durante el período extraordinario, considerado por expertos como ilegal y presidido por la magistrada Silvia Valdez, se han impulsado mecanismos de criminalización contra jueces de mayor riesgo.
Esta situación es considerada por analistas como una crisis de Estado, provocada por la desobediencia del Congreso para elegir a magistrados y la ejecución de un plan de mantener el control del sistema de justicia por parte de actores vinculados a casos de corrupción e impunidad, revelados en los últimos años.
La criminalización contra operadores de justicia
En los dos años pasados del periodo extraordinario, la CSJ, bajo la presidencia de Silvia Valdez Quezada, se ha dedicado a criminalizar a jueces y magistrados que han conocido y emitido resoluciones sobre casos de corrupción y de la historia reciente del país, además, ha desobedecido varias resoluciones de la CC.
La CSJ avaló los antejuicios promovidos contra los exmagistrados de la CC, Gloria Porras, Neftalí Aldana, Mynor Par, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, por casos como el amparo otorgado a Jordán Rodas, en ese momento Procurador de los Derechos Humanos (PDH), por la solicitud de remoción del embajador de Suecia, Anders Kompass; por el amparo que detuvo la elección de magistrados tras revelarse el caso Comisiones Paralela 2020; el amparo que intentó detener la juramentación de Mynor Motto como magistrado de la CC tras la muerte de Bonerge Mejía y el amparo que intentó detener el antejuicio contra los magistrados por la resolución respecto al caso Comisiones Paralelas 2020.
Esta misma suerte corrieron una juez y un juez de mayor riesgo. Al juez Pablo Xitumul que presidió el tribunal de Mayor Riesgo C, se le retiró el antejuicio y fue suspendido el 22 de marzo de este año, por la denuncia de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) donde el agredido fue el juez. Xitumul sentenció a ex altos mandos militares por desaparición forzada y violencia sexual en el caso Molina Thiessen y también emitió sentencia contra la exviceprsidenta Roxana Baldetti, por el caso del lago de Amatitlán.
La jueza Erika Aifán, del juzgado de Mayor Riesgo D, salió al exilio un día después de haber presentado su defensa ante el juez pesquisidor Roaldo Isaías Chávez, un proceso que buscaba retirarle el antejuicio. En su despacho conoció casos como Odebrecht, Transurbano, Igss-Pisa, Comisiones Paralelas 2014 y Comisiones Paralelas 2020.
El caso Comisiones Paralelas 2020 provocó que el magistrado Wilber Castellanos, presidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), promoviera un antejuicio contra la jueza Aifán, en el que alega que se ordenó una investigación en su contra. Posteriormente se sumó la Fundación contra el Terrorismo y la FECI, bajo la dirección de Rafael Curruchiche, actual fiscal de la FECI, a promover otros antejuicios contra la jueza.
El 11 de mayo la Fundación contra el Terrorismo promovió un antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado de Mayor Riesgo B, tras enviar a juicio a exmilitares y expolicías vinculados al caso Diario Militar. En los casos de la jueza Aifán, y los jueces Xitumul y Gálvez ha sido la Sala Segunda de Apelaciones la que los ha conocido.
Los casos comisiones paralelas I y II
El proceso de elección de magistradas y magistrados de las dos cortes del sistema judicial guatemalteco ha estado señalado de tráfico y corrupción entre aspirantes, comisionadas y comisionados, abogadas, abogados y magistrados; diputados, operadores de grupos de presión y políticos.
Esta situación ocurrió en 2014 cuando se visibilizó el caso Comisiones Paralelas 2014, en el que está señalado el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota y el excandidato presidencial, Manuel Baldizón, por haber negociado por medio del expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) la integración de las dos cortes en 2014; también salió el nombre de Sergio Roberto López Villatoro alias “el Rey del Tenis”, a quien se le conoce como uno los operadores y negociadores de la integración de las Cortes.
La modalidad de negociación fue conocida en el caso Comisiones Paralelas 2014, en el que existe un proceso penal contra Roberto López Villatoro y el exmagistrado Eddy Geovany Orellana, quienes, en 2018, fueron investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
En una carta de Manuel Baldizón, – cuando estaba siendo procesado por lavado de activos en una corte de Estados Unidos -, enviada a la CICIG desde Estados Unidos, señaló cómo él, los exministros Sinibladi y Mauricio López Bonilla; así como Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Herrera (expresidente del IGSS el primero y operador político, supuestamente vinculado al narcotráfico, el segundo), habían negociado la integración de las cortes de 2014. Este hecho se conoció hasta 2018, pero otro caso detuvo la toma de posesión de estos magistrados, por una denuncia contra el exdiputado Gudy Rivera, que denunció la exmagistrada Claudia Escobar, quien por esa razón tuvo que salir al exilio.
La magistrada Escobar denunció presiones del diputado Rivera para que la Sala que ella integraba otorgara un amparo y así evitar una sanción del Tribunal Suprema Electoral (TSE) por campaña adelantada que promovía la imagen de Alejandro Sinibaldi, declarado como candidato presidencial del Partido Patriota, en un evento público realizado en el parque central. Tras revelarse un audio de la reunión entre la exmagistrada y el exdiputado, organizaciones de sociedad civil promovieron acciones legales en la CC que detuvo la toma de posesión el 12 de octubre de 2014 sino hasta 24 de noviembre de ese año.
Ese mismo mecanismos de 2014 se repitió en el proceso penal de 2020, con la única diferencia de que el operador ya no fue López Villatoro, porque guardaba prisión preventiva, sino Gustavo Alejos Cámbara, quien también había sido detenido y traslado a un hospital privado de la zona 2, de la ciudad de Guatemala, donde negoció, según las investigaciones de la FECI, con varios operadores entre ellos los exrectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, Estuardo Gálvez; Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), con candidatos que buscaban su reelección, entre ellos, José Alejandro Córdova, el actual Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
Con los hallazgos de la FECI, bajo la dirección Juan Francisco Sandoval, el MP presentó un amparo ante la CC por lo que se suspendió el proceso el 26 de febrero de 2020. En mayo de ese año, cuando la CC emite una resolución, pide a la FECI enviar un informe al Congreso con los nombres de los candidatos involucrados, para que el Congreso considerara su elección en un plazo de 30 días. La elección no se llevó a cabo, el 24 de junio de 2020, y hasta a la fecha el Legislativo sigue sin elegir las magistraturas de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones.
La integración de la CSJ y Cortes de Apelaciones
El abogado Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), dijo que el hecho de que Silvia Valdez vuelva a presidir la CSJ es ilegal, porque la opinión consultiva de la CC, de 2019, no incluye la extensión de su presidencia y se une a la crisis que se vive en el sistema de justicia. “Si queremos salir de esta crisis hay que cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, del 6 de mayo de 2020, que claramente indica que se deben elegir a magistrados que no hayan estado implicados en negociaciones ilícitas”, dijo el abogado Rodríguez.
Las magistraturas vacantes de Cetina Rojas y Vásquez Pimentel, no podrán ser electas por el Congreso, porque ha terminado el periodo ordinario de la CSJ por lo que debe declararse en sesión permanente el Congreso, plantea el abogado Rodríguez.
El regreso de Blanca Stalling
El 29 de junio de este año el juez Víctor Cruz cerró el proceso penal contra Blanca Stalling, por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica. Porque según denunció el juez Carlos Geovanny Ruano Pineda, recibió presiones de Stalling, para que emitiera un fallo a favor de su hijo, detenido en 2015 por el caso IGSS-Pisa, por irregularidades en la compra de medicinas.
El juez grabó la reunión en la que fue citado por la magistrada Stalling y la denunció tres meses después de los hechos. El Consejo de la Carrera Judicial la suspendió de sus funciones como magistrada, porque no renunció al cargo. Al cerrarse el caso en su contra fue reinstalada como magistrada y se le pagó una indemnización de Q 5 millones.
El abogado Rodríguez considera que el regreso y pago a Stalling también es ilegal. “Cuando se venció el plazo de la Corte, porque ella ya no estaba en funciones y ya no se podía incorporar, definitivamente es una acción completamente ilegal”, aseguró.
El camino para volver al plazo constitucional
Cada día que pasa la crisis se profundiza, según Rodríguez y en su opinión debe ser revertida por la ciudadanía. “Lo que no podemos nosotros admitir, los ciudadanos guatemaltecos, es que se incumpla la Constitución y que la interprete como le dé la gana el Congreso”, dijo.
Para el analista, Sandino Asturias, las elecciones generales de 2023 puede ser un parteaguas para terminar con la actual crisis en el sistema de justicia. “Si hubiera una mayoría democrática, progresista, independiente, elegiría inmediatamente una corte diferente a la actual, creo que en la medida de que ellos puedan extender estos mandatos tienen el riesgo de no ser reelectos”, aseguró.
Se vislumbra en el futuro una crisis más compleja dada la desobediencia del Congreso para elegir a nuevas y nuevos magistrados del sistema judicial. Por un lado, la Ley de Comisiones de Postulación pide la integración de la Comisión de Postulación para elegir a magistrados de Cortes de Apelaciones y establece que tiene que ser integrada por los 13 magistrados titulares de la CSJ y de la Corte de Salas de Apelaciones, pero hasta hoy ninguno es titular porque están en periodo extraordinario.
Por otro lado, la situación es que en la CSJ hay dos vacantes, al haberse terminado el periodo ordinario en 2019, no se pueden elegir esas magistraturas, mientras en la Corte de Apelaciones hay ocho vacantes titulares, tres por fallecimiento, dos por jubilación, uno por integrar el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y dos por licencia.
Cuando la CSJ informó sobre las vacantes, no se refirió de la renuncia de Alejandro Córdova, que fue electo procurador en agosto de este año. Así la crisis se prolonga y todo parece depender de la voluntad o la alineación de intereses en el Congreso.
Irregularidades en el proceso 2019
El proceso de elección de magistrados de altas cortes del sistema de justicia estuvo marcado por ilegalidades, por lo que la CC tuvo intervenir en los plazos legales. La primera ilegalidad vino de la Junta Directiva del Congreso, al convocar con cuatro meses de retraso de la fecha, como lo establece la Ley de Comisiones de Postulación, por lo que la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) presentó un amparo contra el proceso en la CC, obligando al Congreso a hacer una nueva convocatoria en junio de 2019.
La segunda ilegalidad la cometió el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, al elegir a las y los integrantes de la Comisión de Postulación con una sola planilla, por eso el magistrado Noé Ventura Loyo promovió un amparo en un Juzgado de Paz; después se elevó a la CC contra la elección de esa planilla única, porque no se publicitó. Para subsanar el derecho violentado, se tuvo que repetir el proceso de elección de comisionadas y comisionados de postulación.
La tercera ilegalidad la cometió el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), al no establecer un procedimiento para calificar a jueces y magistrados que buscaban postularse en el proceso de 2019. Este amparo, promovido por la Fundación Myrna Mack, hizo que la CC ordenara al CCJ realizar la evaluación de jueces y magistrados en un plazo de 30 días. Ante las ilegalidades señaladas en el segundo y tercer amparo, se retrasó por lo menos dos meses el proceso de trabajo de las dos Comisiones de Postulación, tanto para magistrados de Cortes de Apelaciones y de la CSJ.
Previo a la juramentación de los miembros de las dos Comisiones de Postulación, el 8 de octubre de 2019, la CC por medio de una opinión consultiva solicitada por las y los magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones, resolvió que no dejaran su cargo hasta que fueran electos los sustitutos.
A pesar de que la sentencia de la CC contra el CCJ se emitió el 16 de septiembre de 2019 para evaluar a jueces y magistrados, por negligencia se promovió un cuarto amparo en su contra, el 2 de diciembre de 2019, en este la CC estableció la ruta de acción que debió seguir el Consejo de la Carrera Judicial para calificar a jueces y magistrados. Esto llevó a que se alargara el proceso y hasta el 14 de febrero de 2020, la Comisión de Postulación de magistrados de Cortes de Apelaciones presidida por el exrector de la USAC, Murphy Olimpo Paiz entregó la nómina de 270 aspirantes. El 19 de febrero de ese mismo año, la Comisión de Postulación de magistrados a CSJ, presidida por el rector de la Universidad Mesoamericana, Félix Javier Serrano Ursúa, entregó al Congreso la lista de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.
A criterio del analista Asturias, la crisis de 2019, que provocó la extensión del mandato de las y los magistrados, responde a una estrategia de cooptación del Estado para tener el control de varias instituciones clave, “puede seguir con sus planes de desmantelamiento, de por ejemplo la Carrera judicial, que era uno de los avances y en el estado actual la corte ha revertido”.
