Un informe presentado por el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ evidencia la falta de investigación de parte del MP y la Policía Nacional Civil y la violencia y la omisión que hace el MP en investigar de forma efectiva, dijo Diego Lima, coordinador del Observatorio.
Por Regina Pérez
El 2 de julio de 2022, en El Trébol, zona 11 de la ciudad capital, un hombre asesinó con arma de fuego a Nancy Sacul, una mujer trans que había migrado a la ciudad capital, huyendo de la exclusión y discriminación en su lugar de origen. El transfemicidio de Nancy es uno de los 18 asesinatos que el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ de la asociación Lambda documentó en los primeros seis meses del 2022, los cuales tienen en común la poca investigación que reciben.
De acuerdo con el informe llamado “Nudas Vidas”, término que se refiere a aquellas vidas que no importan, según el escritor italiano Giorgio Agamben, de estos 18 asesinatos, 10 víctimas fueron hombres gais, 5 mujeres trans, 2 mujeres lesbianas y un hombre bisexual.
A principios de este año, en redes sociales comenzó a circular la fotografía de Eswin Jolón Hernández, un joven de 27 años de edad, que trabajaba como conserje y quien fue visto por última vez en la colonia San Gaspar, zona 16. Jolón es parte de la población LGBTIQ+ y desde entonces su familia lo ha buscado de manera incesante, pero hasta la fecha no existe ninguna noticia sobre su paradero, señala el informe.
El Ministerio Público (MP) no ha hecho nada más que mantener el caso a la deriva. Cuando el Observatorio le empezó a dar seguimiento a este caso, el MP se tardó un mes en dar copia del expediente y todas las diligencias realizadas eran inoportunas e insuficientes, señala el documento.
La orientación sexual de Eswin tampoco se tomó en cuenta en el análisis para la búsqueda de posibles indicios o sospechosos. Su familia sigue presionando a la Fiscalía para que agilice esta investigación.
Lo que tienen en común los tres casos que recopila el informe es la falta de investigación de parte del MP y la Policía Nacional Civil (PNC). Es por eso que los presentamos y analizamos porque son una evidencia de la violencia y la omisión que hace el MP en investigar de forma efectiva, dijo Diego Lima, coordinador del Observatorio.
Por ejemplo, en el caso del asesinato de Nancy no se analizó el contexto de violencia contra personas LGBTIQ+, dijo Lima. Según el informe, en la investigación no se observa que ella era una mujer trans, que ejercía el trabajo sexual.
La tercera historia recopilada es la Víctor Manuel López, un hombre gay a quien le arrojaron dos cubetas de agua hirviendo en el Preventivo de la zona 18, donde estaba guardando prisión por un caso de estafa, debido a que no quiso pagar la talacha que le pedían, unos Q15 mil, a cambio de no ser violado sexualmente. López apenas recibió atención de parte de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y la Procuraduría de Derechos Humanos abrió un expediente pero ya no le dio seguimiento al caso, lo que demuestra la precariedad de los procesos de investigación, según el estudio.
#Diversidades 🏳️🌈 Diego Lima, del @ObservatorioLam señaló que el informe destaca 3 casos de violencia contra la población #LGTBIQ+ que evidencian las falencias del Estado a la hora de investigar casos, como en el transfemicidio de Nancy Sacul.
🎥 @_Rahina_ pic.twitter.com/81xOo8IdO2
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 27, 2022
El transfemicidio de Nancy, una mujer indígena trans
Nancy era una mujer indígena trans que migró a la ciudad capital cuando tenía 14 años y empezó a trabajar en el mercado El Guarda, en la zona 11, ayudando en la venta de verduras.
Esteban González, también coordinador del informe, señaló que debido a su identidad étnica, maya Q’eqchi’ y de género de mujer trans, a Nancy se le dificultó encontrar un trabajo digno, por lo que se vio forzada a ejercer el trabajo sexual a los 18 años, así como a enfrentarse un contexto más violento y desigual, por lo tanto, a una violencia estructural.
Antes de ser asesinada, ella presentó denuncias en el MP, con el Colectivo Trébol, del cual era parte. Como en la mayoría de casos debido a los viciados y sesgados procesos de la justicia, la denuncia fue engavetada, señala el informe, que recomienda al MP reconocer la identidad de género de la víctima dentro de las diligencias de investigación y demás etapas procesales, incluyendo su nombre social, que no es un sobrenombre.
Ahí hubo una omisión de una amenaza latente no solo contra una persona sino un grupo de mujeres trans, afirmó González.
Niray Vellafont, encargada de Incidencia del Observatorio, indicó que uno de los obstáculos que han observado en la investigación de hechos de violencia, es que no existe el reconocimiento a la identidad de género de las personas de la diversidad de género.
Por ejemplo, en el caso de las personas trans, su nombre no coincide con su identidad de género y cuando no existe esa coincidencia no le dan seguimiento a su denuncia, porque las autoridades piensan que están usurpando una identidad, afirmó.
Desde 2020 a julio de 2022, el Observatorio ha documentado 70 muertes violentas de personas LGBTIQ+. De estas 70 muertes, solo tres casos están judicializados y avanzando en el sistema de justicia, incluyendo el de Nancy Sacul.
Según las cifras del Observatorio, el 97 por ciento de los crímenes por prejuicio se encuentran en impunidad, lo que demuestra que los casos son tratados por el sistema de justicia sin la importancia y eficacia debida, lo que permite y legitima la violencia en su contra.
