El Legislativo estadounidense aprobó en 2021 una prohibición que impide la entrega de fondos a los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras mientras no haya mejorías en el combate a la corrupción. Para solventar el escollo, el Departamento de Defensa acudió a una partida que no está restringida.
Por Héctor Silva Ávalos
No importó que los vehículos militares J8, donados al gobierno de Guatemala para combatir el narcotráfico, hayan sido utilizados en dar protección perimetral a agentes de seguridad privada que quemaron casas en una aldea Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, en 2021. O que, en 2018, el gobierno de Jimmy Morales los utilizara para amedrantar a la CICIG e incluso a la embajada estadounidense en la zona 10 de la capital. Tampoco importó que el Congreso en Washington haya puesto candados a las donaciones al ejército guatemalteco. Ni que nueve congresistas demócratas hayan pedido explicaciones al gobierno de Alejandro Giammattei. Nada importó: el gobierno de Estados Unidos volvió a donar vehículos al ejército guatemalteco.
El pasado 13 de octubre, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala anunció la donación de 95 vehículos, entre camiones, picops y motocicletas, valorados un US$4.4 millones. Una fuente legislativa en Washington confirmó a Prensa Comunitaria que el origen de ese dinero es una partida presupuestaria del Departamento de Defensa (DOD) aprobada en 2019, durante la administración del expresidente republicano Donald Trump.
La embajada estadounidense en Guatemala detalló que la entrega de vehículos “concluye la propuesta de Estados Unidos para el año fiscal 2019 de donar equipo para apoyar los esfuerzos de seguridad fronteriza en Guatemala”.
En un comentario que escribió en el portal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el investigador Adam Isacson, asegura que “la donación se financió a través de una autoridad de construcción de capacidad militar extranjera del DOD establecida en 2017 como Sección 333 del Título 10 del Código de los Estados Unidos”.
Acudiendo a esa regulación, el Departamento de Defensa, ya dirigido por la administración de Joe Biden, hace buena la asistencia al cuestionado ejército guatemalteco a través de un programa que se creó durante la administración de Donald Trump, lo que ha permitido a las fuerzas armadas de Estados Unidos pasar de largo por restricciones y candados que ya había puesto el Congreso en Washington.
“El presupuesto de operaciones para el año fiscal 2021 prohíbe la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras a través del Financiamiento Militar Extranjero (FMF) -que es el programa de asistencia militar más grande aprobaba por el Congreso- y condiciona el 50% de otras asignaciones del Departamento de Estado relacionadas con seguridad para estos países a que sus gobiernos combatan la corrupción, protejan los Derechos Humanos y atiendan otras preocupaciones del Congreso”, dice un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) fechado en marzo de 2022.
Isacson, de WOLA, lo dice con más claridad: “Se está utilizando un programa del DOD para proporcionar una categoría de ayuda que Guatemala no puede recibir a través del principal programa de ayuda militar del Departamento de Estado”.
Que se use un presupuesto alternativo, el de DOD con el que se financió el reciente donativo al ejército de Guatemala, “puede debilitar el impacto de las restricciones legislativas y reducir los incentivos para que los gobiernos receptores cumplan con esas restricciones”, advierte CRS.
La donación reciente ocurre en medio de una arremetida del gobierno de Alejandro Giammattei contra poblaciones indígenas que reclaman sus derechos ante industrias extractivas apoyadas por el Estado de Guatemala y contra periodistas y operadores de justicia que han denunciado la corrupción del presidente y algunos de sus colaboradores más cercanos. El momento en que se da la entrega de vehículos, dice Isacson, es relevante: “En medio de este espantoso panorama, las fotos de un representante del gobierno estadounidense entregando 95 vehículos a las fuerzas armadas son chocantes”, dice.
El récord del uso que los militares guatemaltecos han hecho de los vehículos donados por Estados Unidos ha sido ampliamente cuestionado en Washington, incluso por congresistas del partido demócrata. Y, en general, violaciones a los derechos humanos y conductas antidemocráticas atribuidos a los gobiernos de los presidentes Jimmy Morales llevaron al Congreso en Washington a restringir la ayuda militar a Guatemala.
“Estoy profundamente decepcionada de que los Estados Unidos esté donando equipo militar adicional a Guatemala sin haber dado cuentas del equipo previo, incluidos los jeeps J8”, dijo a Prensa Comunitaria la congresista demócrata Norma Torres, quien en noviembre de 2021 encabezó un esfuerzo por pedir cuentas al gobierno de Alejandro Giammattei por el uso de equipo militar estadounidense en actividades represivas y violatorias de los derechos humanos.
Prensa Comunitaria preguntó al Departamento de Estado (DOS) cómo garantizarían que el nuevo equipo no se utilice en Guatemala para cometer abusos como los señalados en el pasado. “La embajada monitorea muy cuidadosamente el uso que el gobierno hace de los equipos donados, incluidos estos vehículos, para asegurar que se cumplan completamente los requerimientos aplicables en virtud del acuerdo de transferencia (de los vehículos)”, respondió un vocero del DOS en Washington.
Un reclamo sin respuesta
Los jeeps J8, donados por Estados Unidos, se estacionaron en los caminos rurales que conducen hasta la aldea Palestina-Chinebal, en el sur del municipio de El Estor, Izabal, cuando empleados de una empresa, protegidos por la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el ejército de Guatemala, quemaron varias viviendas de la aldea, habitada por indígenas maya Q’eqchi’. Corría diciembre de 2021 y el Estado guatemalteco tenía en vigencia un estado de sitio en el municipio izabalense para proteger los intereses comerciales de una mina de níquel ruso-suiza.
Prensa Comunitaria documentó ampliamente la actividad represiva del Estado contra población indígena de El Estor, que inició con una oleada represiva a finales de octubre y se extendió durante el estado de sitio, que duró hasta mediados de diciembre. Aprovechando la coyuntura generada por la protesta pacífica de los Q’eqchi’ contra la mina y la violenta respuesta del Estado, la empresa Naturaceites, dueña de amplias extensiones de palma aceitera en el sur del municipio, intentó desalojar a los habitantes de Palestina-Chinebal para ampliar sus cultivos. Los J-8 fueron utilizados durante el estado de sitio, según documentó este medio en el terreno con fotografías y testimonios de pobladores.
El 30 de noviembre, Norma Torres y otros ocho congresistas demócratas enviaron un fuerte reclamo al gobierno de Giammattei por el uso del equipo militar estadounidense en actividades represivas. Los representantes expresaron preocupación, en específico, porque los jeeps J8 se utilizaron “directa o indirectamente para apoyar violaciones a los derechos humanos y obstruir procesos democráticos por parte del gobierno de Guatemala, incluidos el Ministerio Público, la Policía, personal de inteligencia y militar, y para atacar a las comunidades maya Q’eqchi’, en particular periodistas y defensores de derechos humanos”, según se lee en una carta que los congresistas enviaron al secretario de Estado Anthony Blinken en la que le urgían a pedir explicaciones a Giammattei.
Los legisladores pidieron, entre otras cosas, que se castigara a los funcionarios guatemaltecos implicados en las violaciones cometidas en El Estor. Pero no hubo castigo, ni investigación, y no está claro si el gobierno de Giammattei siquiera contestó a las preocupaciones de los congresistas. Consultado sobre esto último, el Departamento de Estado se limitó a responder que correspondía a la presidencia guatemalteca dar explicaciones al respecto. Prensa Comunitaria intentó obtener una respuesta del gobierno en Ciudad Guatemala pero no hubo respuesta.
La congresista Torres cree que el gobierno de su país no debe de dar más ayuda militar a Guatemala sin garantías de que el gobierno del país centroamericano rinda cuentas adecuadamente. “He trabajado en poner limitaciones adicionales y más mecanismos de rendición de cuentas para prevenir este tipo de problemas. Tengo esperanzas de que el senado de los Estados Unidos apoyará las restricciones que la cámara de representantes aprobó en julio. Sin embargo, mientras estos nuevos mecanismos no estén en pleno funcionamiento, creo que los Estados Unidos debe remover los jeeps J8 inmediatamente y no proveer ayuda militar adicional”, dijo a través de un correo electrónico.
En 2018 quedó claro, por primera vez, que las élites políticas guatemaltecas no tendrían reparos en utilizar cualquier mecanismo y equipo, estadounidense o no, en su cruzada por desmontar la nueva infraestructura de justicia que Guatemala había empezado a construir con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). En octubre de ese año, el gobierno de Jimmy Morales utilizó los jeeps para rodear las instalaciones de la comisión en Ciudad de Guatemala y para hacer rondas alrededor de la embajada de Estados Unidos.
Cuando la sede diplomática protestó por el acoso, el gobierno de Morales contestó a través de Mario Duarte, entonces jefe de la inteligencia estatal, quien dijo que Guatemala podía regresar los jeeps a Washington. El 13 de octubre pasado, cuando la embajada anunció la nueva donación, Duarte, reconvertido hoy en cabildero en Estados Unidos, retomó su línea de 2018: “Otros 95 vehículos para ir a dejarles frente a la embajada si se vuelven a poner del lado incorrecto”, escribió en su cuenta de Twitter.
Para el investigador Adam Isacson, todo el asunto de la donación militar estadounidense indica que Washington sigue sin aprender algunas lecciones en lo que a Guatemala respecta: “Cuando la gente piensa en el mal uso hecho por el ejército guatemalteco al equipo donado por Estados Unidos, piensa en 2018 y en la CICIG. Que Guatemala haya usado ese equipo de nuevo contra una comunidad que se defendía de una mina de inversionistas rusos que estaba provocando un desastre ambiental indica que hay lecciones no aprendidas. La insistencia del gobierno de Estados Unidos de enviar más vehículos, luego de todo lo que ha pasado, es indignante”.
El 19 de octubre de 2022, una semana después de que Estados Unidos entregó los 95 vehículos al ejército que dirige el presidente Giammattei, el gobierno de Guatemala emprendió una nueva oleada de ataques a los exfiscales y abogados que investigaron al poder en el país. Ese día el Ministerio Público emitió una nueva orden de captura contra Juan Francisco Sandoval, el hombre que investigó al presidente luego de que un testigo dijo que Giammattei había recibido un millonario soborno de empresarios rusos relacionados con la mina a la que el mandatario mandó a proteger, en parte con los jeeps estadounidenses.
