Si los pueblos indígenas han dicho no a este tipo de proyectos, sencillamente ya no se impulsan, pero los mecanismos de consulta son una falacia tanto para estas entidades como también los Estados que son parte de esta confabulación en contra de nuestros pueblos. Rigoberto Juárez Mateo
Por Francisco Simón Francisco
Algunas inversiones de las instituciones financieras internacionales buscan promover el desarrollo. En esa lógica, los proyectos financiados por bancos, -como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo-, no deberían tener impactos negativos en los lugares donde se ponen en marcha. Sin embargo, en muchos casos, su intervención afecta a las comunidades y agravan las condiciones que encontraron a su llegada. En algunos de los municipios del norte de Huehuetenango, la población maya Q’anjob’al y Chuj enfrentaron esta situación.
Esta realidad fue discutida en las Reuniones Anuales del Banco Mundial, organizadas a través de la plataforma Foro de Políticas de la Sociedad Civil, del 11 al 14 de octubre en Washington D.C., capital de Estados Unidos.
En uno de los foros públicos se abordó el tema: “Salida responsable: la rendición de cuentas ante las comunidades es necesaria para un desarrollo sostenible”, en donde participó de manera virtual, Rigoberto Juárez Mateo, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional del norte de Huehuetenango.
En Guatemala, estos proyectos tienen falencias, por lo tanto fracasan y se vuelve una tendencia muy preocupante en el territorio de los pueblos indígenas, dijo.
Cuando hay problemas con los proyectos, los bancos terminan los financiamientos de forma silenciosa, mediante su retiro u otras formas de salida, sin tomar las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados. Cuando estos proyectos fracasan, su apoyo a las empresas se reduce, haciendo menos probable que los daños ambientales y sociales se puedan corregir más adelante. Esto deja a las comunidades solas, asumiendo el costo de esos daños, dijo Juárez Mateo.
Caso Hidro Santa Cruz: el Banco Mundial no asume las fallas
En su intervención, Juárez expuso dos casos en Guatemala. El primero que destacó hace referencia al financiamiento de 29 millones de dólares que otorgó el Banco Mundial a la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que llegó al municipio de Santa Cruz Barillas en 2012.
La empresa española intentó construir este proyecto sobre el río Q’anb’alam de forma arbitraria, violenta y sin consultar a la población maya Q’anjob’al que habita en ese municipio. Además, el Estudio de Impacto Ambiental que le otorgó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fue emitido de forma fraudulenta, esto porque no se explicó previamente a las comunidades del área de influencia las implicaciones ambientales y comunitarias.
Esta situación provocó que una parte de la población se organizara en una resistencia pacífica, que se concretó el 7 de abril de 2013. Ese día, la gente instaló un plantón permanente que ocupa actualmente el lugar conocido como Poza Verde, para evitar la entrada al río de constructores, ingenieros y maquinaria.
Sin embargo, la empresa desató una actividad de criminalización contra la sociedad civil, precisamente por reclamar esos derechos violentados, recordó Rigoberto Juárez. Durante esos años de resistencia, ocurrieron asesinatos, encarcelamientos, detenciones ilegales, persecución penal y el uso de la violencia por agentes de la Policía Nacional Civil y el Ejército en contra de la población.
Durante ese periodo de criminalización, que inició del 2012 hasta el 2021, las denuncias que presentaron las comunidades ante la justicia guatemalteca nunca avanzaron. “Nunca obtuvimos una respuesta del Estado, al contrario, fue cómplice de la violación de los derechos humanos. El Estado se alió con la empresa para invisibilizar al pueblo maya Q’anjob’al en esta parte del país”, agregó.
En su exposición, Rigoberto Juárez dijo que se percataron que el Banco Mundial tiene sus propias normas internas para recibir denuncias, después de agotar estos mecanismos de Guatemala. El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó la investigación y determinó que se violaron los derechos de los pueblos indígenas; por lo tanto, en el marco de sus políticas eso ameritaba el retiro de la inversión.
Sin embargo, el retiro del banco a la empresa se dio de manera oculta. Incluso en el momento que se publicó el informe de FMI, el Banco Mundial ignora y no admite las violaciones que se cometieron y que incumplieron sus normas internas. Además de violar, no lo quiere aceptar, prácticamente asumen una actitud racista y de discriminación que se suma a la ola que hay del Estado guatemalteco hacia nuestros pueblos, señaló Juárez.
Ante la pérdida de ese financiamiento, en diciembre de 2016 a través de un campo pagado, Hidro Santa Cruz, anunció su retiro del país argumentando que había renunciado a los derechos otorgados por el Estado de Guatemala para la ejecución de su proyecto en Santa Cruz Barillas.
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Caso Yichk’isis: el BID admite la mentira y no reconoce la presencia del pueblo maya Chuj
En la microrregión de Yichk’isis, ubicada en el norte del municipio de San Mateo Ixtatán, la población maya Chuj también vivió una situación similar a la de la población de Barillas.
Las hidroeléctricas de las Generadoras San Mateo y San Andrés, de la empresa Energía y Renovación, S.A, fueron financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2013, por un monto de 13 millones de dólares.
Está vez, la empresa también mintió sobre la presencia del pueblo maya Chuj del municipio, para ganar el préstamo del BID de manera rápida y sin pasar por el filtro de la consulta a pueblos indígenas.
La población de Yichk’isis se enfrentó a la criminalización, hubo asesinatos, personas encarceladas y la empresa sobrepasó los derechos de los pueblos originarios, expuso la autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional, en alusión a este segundo caso.
Esto provocó que la autoridad comunal revisara los instrumentos propios del BID para determinar si había cometido violaciones. “Nos dimos cuenta que sí, efectivamente en la política del banco se establece lo mismo, que previo a la autorización del financiamiento a estos tipos de proyectos, si es en territorio de pueblos indígenas deben agotarse los mecanismos de consulta previa, libre e informada, lo cual no ocurrió”, explicó.
El BID admitió las mentiras de Energía y Renovación, S.A al decir que en Yichk’isis, el lugar donde se iban a construir estos proyectos no había pueblos indígenas. ¿Por qué?, cuestionó Rigoberto Juárez. Su respuesta obedece a que el Convenio 169 obliga a los bancos y empresas hacer consulta a los pueblos originarios si el territorio es indígena. “Sino hay indígenas sencillamente no hay consulta. Entonces quisieron quitar esta forma de rendición de cuentas y acudieron a mentirle al BID Invest para que se otorgara este préstamo”, dijo Juárez.
Por este caso, las ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión, presentaron en agosto de 2018 una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), entidad del BID, solo que, con autonomía, por la violación a sus derechos.
La queja fue admitida por el MICI, entonces un equipo de esta entidad viajó a las comunidades de San Mateo Ixtatán, en noviembre de 2019 para constatar los daños denunciados. En octubre de 2021 publicaron el informe en donde reconocen que el BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en Yichk’isis, para financiar los proyectos hidroeléctricos y recomendaban retirar la inversión mediante una “salida responsable” que priorice a las mujeres de las comunidades.
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Posteriormente, el banco aceptó los resultados del informe y decidió, el 29 de marzo de este año, retirar los fondos a la empresa, que son propiedad de la corporación Castillo Hermanos, una red de empresas familiares que forman parte de la oligarquía guatemalteca.
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Dentro de las 29 recomendaciones que el MICI da al banco, 10 de estas están encaminadas a fortalecer las políticas internas del BID. “En todo caso si la empresa o el banco decidiera seguir con estos proyectos, había que revisar de nuevo, que esas políticas sean respetadas desde un principio, por lo tanto, era más costoso para la empresa hacerla y para el mismo banco, entonces se decidió la desinversión”, explicó.
La recomendación número 29, dice, si ocurre un retiro o una desinversión del banco a estos proyectos, tiene que haber una salida o retirada responsable. ¿Qué implica el retiro responsable?, se preguntó.
“Es el hecho de reconocer o de ir a investigar cuantos daños se ocasionaron en el territorio o a los pueblos indígenas con esta inversión. Y hablar con las comunidades un retiro responsable que va a implicar trabajo de cinco años, allí creo que es lo potente de este informe del MICI para el BID”, respondió.
Sin embargo, las comunidades y autoridades ancestrales están observando, otra vez, las complicaciones que hay en la ejecución de ese retiro responsable, dado que al BID no entiende cómo se puede trabajar para implementar y respetar los derechos de los pueblos indígenas. “Entonces lo que nos evidencia estos dos casos, es que los bancos corporativos invierten, pero sin el más mínimo de reconocer o investigar si existen o no pueblos indígenas y cómo es el ejercicio de esos derechos de los pueblos indígenas, que deben ser materializados en aras de cumplir instrumentos internacionales reconocidos”, aseveró.
Los bancos internacionales siguen invisibilizando a los pueblos indígenas
En el análisis del representante del Gobierno Ancestral Plurinacional, los bancos corporativos apenas están intentando reconocer sus actuaciones en los territorios indígenas; y el Estado también se vuelve violador de estos derechos, en este caso oficializa la violación de los derechos de los pueblos indígenas, porque no hay la más mínima actitud de reconocer estas faltas, mucho menos de llevar a la justicia nacional a aquellos responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos e incluso el asesinato y las violaciones de mujeres en ambos proyectos.
“No ha habido ninguna investigación por parte del Ministerio Público (MP), mucho menos llevado a la justicia a los responsables de estos graves delitos, que podríamos llamar también delitos de lesa humanidad, porque ya son colectividades las que son violentadas sus derechos en ambos proyectos”, anotó.
Nuestra exigencia es que deben tomar muy en serio lo que se llama, no solamente el retiro responsable sino más bien el resarcimiento de los daños que ocasionaron a pueblos indígenas sus financiamientos, que contradictoriamente se dice que van a motivar proyectos, que va a mover el desarrollo, ¿pero desarrollo hacia qué, desarrollo en qué y a quiénes? El desarrollar la muerte de nuestros pueblos, desarrollar la desaparición de nuestros pueblos en aras de los intereses económicos de unos cuantos o efectivamente es el desarrollo de la humanidad, que es lo que vemos que hay contradicción en este sentido”, cuestionó.
Al respecto, Rigoberto Juárez demandó a los bancos financieros la responsabilidad de cumplir y reparar esos derechos vulnerados sobre sus tierras y territorios, vulnerados en el marco de la financiación, “que son sencillamente para la destrucción, no solamente de los territorios sino de la vida de los pueblos originarios”.
El consentimiento que se debe obtener de los pueblos indígenas previo a la ejecución de cualquier proyecto, debe estar en el centro de los financiamientos, insistió. No obstante, aseguró que, para los pueblos indígenas, las empresas aún no han mejorado sus políticas de salida responsable. Cómo podemos resolver los daños que se han causado, por ejemplo, del Banco Mundial no ha habido un retiro responsable, más bien no quiso asumir su responsabilidad en la violación a los derechos de pueblos indígenas en Barillas, en el pueblo maya Q’anjob’al, insistió Rigoberto Juárez Mateo.
Puso de ejemplo el caso reciente de Yichk’isis: dijo que el BID no logra aterrizar, qué y cómo va a ejecutar ese retiro responsable que el mismo reconoció en su informe, entonces sigue estando ausente en su pensamiento el ejercicio de los pueblos indígenas. Hace falta que las corporaciones financieras hablen directamente con poseedores de estos bienes naturales, bien sean minerales, minerías, hidroeléctricas, petróleos o siembra de productos agrícolas, pero están en territorios de pueblos indígenas, entonces sigue estando ausente en sus políticas la efectiva participación de los pueblos indígenas.
Hemos visto en Guatemala acciones que buscan beneficiar a los pueblos indígenas pero que dejan: matanzas, muertos, encarcelamiento y detenciones injustas o territorios desolados. Entonces eso no es desarrollo para nosotros, lamentó.
Al cierre de su participación, Rigoberto Juárez, cuestionó a las corporaciones financieras: ¿Cuándo van a considerar estas corporaciones financieras como sus clientes a los pueblos indígenas?
Porqué cuando hablan de sus clientes, como decía, son agentes que ni siquiera los conocemos, sin embargo, que es lo que dejan de garantía estos clientes a los bancos, resulta que son los bienes naturales que hay en los territorios de pueblos indígenas, los cerros, los ríos, las montañas, estos son los que dejan de garantía para que las corporaciones financieras les otorguen los préstamos, y quiénes son los poseedores de estos bienes, son los pueblos indígenas, entonces cuándo nos van a ver como sus clientes, con quienes sí hay que negociar, discutir y hablar, concluyó.
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