Por Paolina Albani
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG), Incidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/Estados Unidos (GHRC) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) han publicado tres informes sobre la grave situación de derechos humanos que atraviesa Guatemala, los cuales señalan que estas violaciones son el resultado de un gobierno autoritario que ha sumido al país en una crisis democrática. Y han recomendado a EE.UU. endurecer las medidas económicas contra el país.
📢🇬🇹Today, @WOLA_org @LAWGaction @DPLF_info are launching three reports raising concern about #Guatemala’s path towards authoritarianism & offering recommendations to the U.S. Congress and Biden admin on how to support the rule of law.
— WOLA (@WOLA_org) October 6, 2022
El gobierno de Alejandro Giammattei ha sido señalado por ser uno de los más corruptos, varios de sus funcionarios están incluidos en la lista Engel de actores antidemocráticos a los cuales Estados Unidos ha prohibido el ingreso al país, pero también ha sido conocido porque a través del Ministerio Publico ha emprendido una fuerte persecución en contra de periodistas que han cuestionado a su régimen y a actores judiciales anticorrupción, que juzgaban casos de alto impacto.
Ellos también han tenido que salir del país para proteger sus vidas. Además, Giammattei ha criminalizado a defensores de derechos humanos y a activistas ambientales, mientras que ha respaldado a empresas transnacionales extractivas y ha promovido leyes antidemocráticas y ultra conservadoras, como la política próvida y profamilia, la criminalización de las protestas, entre otras.
Estos escenarios son los que retratan los informes “la espiral descendente de Guatemala”, Bajo ataque en Guatemala: periodistas y activistas de derechos humanos e indígenas” y “Cuando cae el dominó: la cooptación del sistema de justicia en Guatemala”. Para las organizaciones de EE.UU. la captura del Estado inició con el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y siguió con la cooptación del sistema de justicia, una que han documentado a detalle.
Los informes inician explicando que la CICIG, aun cuando no tenía facultades de enjuiciamiento, sí podía proponer reformas para el sistema de justicia que ayudaran a fortalecer las investigaciones. Algo que más adelante le sirvió al gobierno para argumentar sobre la intervención extranjera.
El declive comenzó cuando la comisión, que al inicio tenía el apoyo del gobierno de Jimmy Morales, tocó un nervio cuando empezó a investigar señalamientos de corrupción contra el hijo del entonces presidente, y luego, investigó el financiamiento ilícito de la campaña política que llevó a Morales al poder.
La decisión de Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG fue posible por la llegada del gobierno de Trump a la oficina oval, quien retiró importantes apoyos a Guatemala para fortalecer al sistema judicial.
Entonces, el mecanismo dirigido a debilitar las capacidades adquiridas por el Ministerio Público, fue puesto en marcha por la fiscal general, Consuelo Porras, tras la llegada de Alejandro Giammattei a la presidencia.
Porras, con el aval del Ejecutivo, removió a fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y de la Fiscalía de Derechos Humanos, entre otros, que investigaban casos de corrupción y crímenes de guerra, e inició una fuerte persecución en contra de sus investigadores. Una movida que ha sido vista como una venganza personalizada.
A la fecha, al menos 25 jueces y fiscales se han tenido que exiliar en otros países y la frágil situación que enfrentan otros operadores de justicia que permanecen en el país, los lleva a elegir entre la cárcel o el exilio.
“El Estado de derecho en Guatemala se encuentra en una dramática espiral descendente. Corruptos, depredadores políticos, militares y las élites económicas han capturado el estado, desde el poder ejecutivo hasta la oficina del Fiscal General. La Fiscal General de Guatemala está apuntando a los jueces y fiscales honestos con falsos juicios legales”, refieren las organizaciones de Estados Unidos. Todo ello con ayuda de la organización promilitar Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Para mayo de 2022, el nombre de Porras apareció en la Lista Engels de EE.UU., una lista de actores corruptos que han sido sancionados negándoles el derecho a visa. Esta acción de parte del gobierno de Joe Biden no ha sido relevante, pues las redes de corrupción continúan como si nada.
Estas redes también atacaron las altas cortes con la ayuda de Gustavo Alejos, exsecretario general de la presidencia en tiempos de Álvaro Colom, quien contaminó el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en 2019 y 2020, con la colocación de funcionarios corruptos. El caso era investigado por la FECI, bajo el nombre “Comisiones Paralelas”, pero desde el desmantelamiento de esa fiscalía no ha avanzado.
Los jueces que presiden los juzgados de alto riesgo tampoco están a salvo. Solo dos jueces incorruptibles quedan dentro del sistema, no sin dificultades, después de la salida de Erika Aifán, del juzgado D de mayor Riesgo, hacia Washington para resguardar su vida. Ellos son Miguel Ángel Gálvez, del juzgado B, y Yassmin Barrios, del A.
Todos ellos, conocieron y juzgaron casos de corrupción dentro de la esfera pública, crimen organizado, crímenes de guerra, entre otros. Por eso, quienes han cooptado las cortes están detrás de sus cabezas. Actualmente, Gálvez enfrenta un proceso de antejuicio y podría perder la inmunidad por una denuncia espuria de la FCT, que ha funcionado como la mano derecha de la fiscal general del Ministerio Público.
La intervención también tocó a la Corte de Constitucionalidad cuando, en abril de 2021, el Congreso se negó a juramentar a Gloria Porras, magistrada anticorrupción, para un nuevo período. En su lugar quedó un magistrado alineado a los intereses de la red, Héctor Hugo Pérez Aguilera.
“Los ataques a jueces, fiscales, periodistas, indígenas los líderes comunitarios y los defensores de los derechos humanos son a menudo motivados por actores corruptos del sector privado que buscan alinear sus propios bolsillos al recibir un gobierno lucrativo contratos y concesiones y licencias de minería y otras industrias extractivas mientras recompensa a los políticos corruptos a través de sobornos, coimas y financiación ilícita de campañas”, señala el informe.
Además de esto, el Congreso y el Ejecutivo se han aliado para crear leyes que ahora hacen más difícil investigar y castigar a los funcionarios corruptos, mientras que, han cerrado espacios cívicos provocando que sea más difícil para los periodistas y activistas denunciar y exponer los actos de corrupción.
El cierre de los espacios cívicos sería una de las estrategias para sofocar las interrupciones del poder de las redes y así evitar asumir la responsabilidad histórica por crímenes de guerra y silenciar a las voces que los denuncian.
En esta fase, el gobierno y la élite se han encargado de criminalizar a periodistas, activistas de derechos humanos e indígenas, así como reducir el actuar de estos personajes a través de la limitación de las oenegé que los sustentan.
Bernardo Caal Xol, María Magdalena Cuc Choc, defensores del ambiente, Andrea González activista de derechos humanos, Carlos Choc, periodista de El Estor, Izabal, son algunas de las personas que han sido criminalizadas por el gobierno.
La Unidad para la Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) señaló en agosto de 2022, que en los primeros dos años y medio
del gobierno de Giammattei han ocurrido más ataques contra defensores de derechos humanos que en otras administraciones de la época de paz, lo que los hace más propensos a necesitar protección.
“Una vez cerrada la CICIG, esas mismas elites corruptas aceleraron sus esfuerzos para cooptar al estado instituciones y apuntan y restringen las acciones de los organizaciones de la sociedad, defensores de derechos humanos, indígenas líderes comunitarios, periodistas independientes y honestos jueces y fiscales para defender el régimen democrático y derechos humanos”.
Diputados al Congreso lograron reformar a la Ley de ONG en 2021, y con ello pudieron “silenciar voces de la disidencia y socavar los esfuerzos de las organizaciones que han tenido un papel activo en la promoción de derechos humanos”. La Corte de Constitucionalidad anuló las impugnaciones presentadas contra la ley, pero nada logró cambiar su decisión, pese a las protestas de la sociedad civil.
Esta situación, según las organizaciones, hace imposible el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el estado de derecho, además que imposibilita la garantía de los derechos humanos y la libertad de prensa “dos pilares de la estrategia de la Casa Blanca para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica”.
“Las protecciones y los mecanismos establecidos para proteger los derechos humanos y las comunidades indígenas en Guatemala han sido sistemáticamente despojados, dejando a los defensores con pocas opciones, lo que a menudo les obliga a huir de sus hogares, de sus comunidades y de Guatemala por completo”, explicó Corie Welch, directora de GHRC.
Algunas de las consecuencias de lo que Guatemala atraviesa son: un incremento en el flujo migratorio debido a las fallas del gobierno para proteger y proveer justicia a sus ciudadanos, retrocesos en los avances anticorrupción, aumento de desalojos de las comunidades indígenas, impunidad prolongada, operadores de justicia, defensores y periodistas en el exilio, riesgo de manipulación en las elecciones de 2023.
Los siguientes movimientos de las redes de corrupción
Los observadores internacionales avizoran que la red podría cerrar aún más las vías para luchar contra la corrupción: en la designación del nuevo contralor general de cuentas, en las elecciones generales de 2023. Además, restringiendo todavía más a los defensores de derechos humanos y a las comunidades indígenas mientras intensifican las amenazas, ataques y acusaciones espurias contra jueces, fiscales, defensores, activistas y periodistas independientes.
Los informes también reconocen que aunque EE.UU. ha endurecido las sanciones contra los funcionarios corruptos, no es suficiente. “El enfoque de la administración, a veces, se ha debilitado por mensajes mixtos. Las declaraciones fuertes no están respaldadas por suficientes consecuencias políticas, y el nivel de acciones han fallado, hasta ahora, para convencer al gobierno guatemalteco de detener su campaña para socavar el estado de derecho”.
Por ello, han incluido una serie de recomendaciones para el Congreso de los Estados Unidos, para que vigile los ataques contra periodistas, actores judiciales y defensores de derechos humanos, así como sanciones de visado para actores corruptos, la intensificación de investigaciones y la congelación de activos económicos; la revisión de préstamos para asegurar que no sean transferidos a entidades corruptas, así como iniciativas para proteger los espacios cívicos.
