Por Regina Pérez
La masacre de Panzós, una de las primeras matanzas que realizó el Ejército antes de que iniciara la política contrainsurgente, implementada por el Estado guatemalteco para combatir al movimiento guerrillero, llega 42 años después a los tribunales de justicia, en donde por primera vez una jueza escuchará los testimonios de las víctimas.
Han pasado más de 44 años de dicha masacre, que se registró el 29 de mayo de 1978 en el municipio de Panzós, ubicado en el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz. Ese día, soldados dispararon de manera indiscriminada en contra de indígenas Q’eqchi’ que reclamaban la regularización de sus tierras en la Plaza en la cabecera municipal.
La respuesta a dicha petición fueron las balas. En 1997, familiares solicitaron la exhumación de las víctimas en Panzós, Alta Verapaz, que fue realizada por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y fue una de las primeras cuatro investigaciones forenses que solicitó la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), ente patrocinado por las Naciones Unidas.
Los números sobre las víctimas varían, pero según el informe de la CEH murieron en la Plaza y en su intento de huir al menos 54 personas. Entre las personas muertas, estaba Adelina Caal, quien es conocida como “Mamá Maquín”, nombre que mujeres refugiadas en México adoptaron para su organización en 1990.
El pasado 8 de septiembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, se esperaba que testigos de los hechos, muchos de ellos de avanzada edad, declararan sobre lo ocurrido el 29 de mayo de 1978, en el municipio de Panzós, cuando campesinas y campesinos Q’eqchi’ llegaron a la plaza municipal para pedir que se aclarara la situación de las tierras que habían pasado a manos de Flavio Monzón, quien fue alcalde de Panzós durante la época de la contrarrevolución, en 1954.
De Panzós se han escrito libros y publicado varios documentales donde se relatan los hechos como “La Última Masacre Colonial” de Greg Grandin y “La Masacre de Panzós, etnicidad, tierra y violencia”, de Victoria Sanford. También el documental “Morir para ganar la vida” de la Asociación Comunicarte, que relata y recopila testimonios de las víctimas.
A 43 años de Panzós: “Pensaron que nos íbamos a morir y acabar, pero aquí estamos”
Manuel Farfán, director de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos (FAMDEGUA), organización que se constituye como querellante, indicó que el caso de la masacre de Panzós aún está en su fase de investigación en el Ministerio Público (MP) y que todavía no están perfilados los presuntos responsables.
Sin embargo, se decidió tomar la declaración anticipada de las y los testigos, porque hay personas de avanzada edad que están enfermas y que fueron testigos presenciales de la masacre; otras han fallecido por enfermedad común y otros incluso por Covid-19, es por eso que desde hace año y medio han gestionado con el MP que puedan dar su declaración anticipada.
Farfán indicó que este caso muestra el retardo de la justicia, que se ve no solo en lo ocurrido en Panzós sino en las masacres de Las Dos Erres y Los Josefinos, en Petén y el caso Creompaz, en el que FAMDEGUA ha sido querellante, sobre la desaparición forzada de cientos de personas cuyas osamentas fueron encontradas en la Zona Militar Número 21 en Cobán, Alta Verapaz.
“Los hechos fueron hace 38, 40 años y muchas personas o testigos han estado falleciendo por enfermedades, debido a su edad y la preocupación es que perdamos los testimonios y que no se pueda resguardar esa información”, indicó.
“Si tierras quieren, la van a tener pero en el camposanto”
El municipio de Panzós está ubicado en el Valle del Polochic, una región ubicada al noroccidente del país, entre la Sierra de las Minas y la Sierra Santa Cruz, ocupada principalmente por población maya Q’eqchi’, donde a finales del siglo XIX se favoreció el despojo de comunidades y se promovió el acaparamiento de tierras por parte de terratenientes, principalmente europeos, según el informe “La violación de los derechos humanos en el valle del Polochic”, de UDEFEGUA.
A partir de la Reforma Agraria, impulsada por el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, los campesinos Q’eqchi’ iniciaron su lucha por la propiedad de la tierra. Alrededor de 1964, comunidades asentadas en la orilla del Polochic se organizaron para reclamar títulos de propiedad al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), sin embargo, estas tierras fueron adjudicadas a Flavio Monzón, quien fue alcalde municipal de Panzós en 1954 y que controló el poder municipal hasta los años 70. Con el tiempo se convirtió en uno de los más grandes terratenientes de la zona.
En 1978 aumentó la capacidad organizativa de las y los campesinos en torno al reclamo de sus tierras. El 29 de mayo de 1978, cientos de niñas, niños, mujeres y hombres cargando sus instrumentos de labranza pedían aclarar la situación de las tierras y querían hablar con el alcalde, Walter Overdick, quien estaba con funcionarios municipales en la sede de la municipalidad, resguardada por miembros del Ejército, armados con ametralladoras.
Según lo publicado por la CEH, también había soldados en el techo del edificio, en el techo de la Iglesia y sobre el salón municipal. De acuerdo con el testimonio de una persona, un soldado que estuvo en la Plaza afirmó “si tierras quieren, la van a tener pero en el camposanto”.
Hay varias versiones de cómo inició el tiroteo, según la Comisión. Unas personas indicaron que comenzó cuando “Mamá Maquín” empujó a un soldado que le impedía el paso y otros afirman que fue debido a que la gente empujaba tratando de ingresar a la Municipalidad. El teniente que dirigía la tropa dio las órdenes de disparar.
Muchas de las personas que huyeron del lugar de los hechos se refugiaron en el barrio La Soledad y otros malheridos murieron en la huida y sus cadáveres fueron encontrados en el río Polochic.
Recorrido del caso en Tribunales
En 1997 se realizaron las primeras exhumaciones, cuando viudas de las víctimas se acercaron a Famdegua para solicitar que se buscaran los restos de sus seres queridos y se localizaron 34 osamentas en dos fosas, que correspondían a niños, mujeres y hombres.
La primera denuncia en este caso la presentaron familiares en el Juzgado de Paz de Panzós, en 1997. Fue cuando comenzó el proceso de búsqueda de justicia que hasta la fecha no tiene a ninguna persona detenida.
Posteriormente se solicitó el traslado de la investigación a los Juzgados de Mayor Riesgo en la ciudad de Guatemala para darle continuidad.
En 2011, Walter Overdick, quien era el alcalde de Panzós cuando ocurrió la masacre, declaró ante el Juzgado Primero de Alto Riesgo. Según su declaración, en la finca de Carlos Wholers se planificó pedir ayuda al Ejército ante el temor de los terratenientes por el clamor de los campesinos que pedían tierra.
De acuerdo con el testimonio de Overdick, publicado en Prensa Libre, el 27 de mayo, dos días antes de la masacre, el Ejército se instaló en el salón municipal, a la espera de una orden para ejecutar a los líderes y al día siguiente empezó un operativo para capturar a los dirigentes, con tal de sacarles información.
Al enterarse de las capturas, los campesinos se dirigieron al municipio para indagar por ellos, iban con palos y machetes, declaró el alcalde. Según la CEH, había niñas, niños y mujeres quienes llevaban sus “sus instrumentos de trabajo, machetes y palos”. Una persona que participó en esa manifestación indicó que no querían pelear con nadie sino que aclararan la situación de la tierra. Overdick indicó que solo el ejército tenía armas.
En 2014 declaró también, en anticipo de prueba, Juan Maquín Caal, hijo de Adelina Caal, “Mamá Maquín”, quien narró que él junto a su madre y otros campesinos provenientes de Secboch y Cahaboncito llegaron a la municipalidad de Panzós para intentar hablar con el alcalde y entregarle una petición. Cuando llegaron a la sede municipal, ya estaba rodeada de soldados.
Por ahora no se ha podido escuchar a las y los testigos ya que la audiencia del pasado 8 de septiembre se tuvo que suspender pues en el juzgado de Cobán, donde darían su anticipo de prueba, no había un espacio adecuado para recibir a los cinco testigos. Además, una testigo no se pudo ubicar y otra no acudió porque su hija estaba enferma. La audiencia se ha reprogramado.
Farfán indicó que los familiares de las víctimas quieren que se investiguen los hechos, es por eso que han acudido a tribunales a más de 40 años de la masacre, porque demuestra que el Estado ha querido ocultar y obstaculizar las investigaciones para que se pueda obtener justicia.
Nosotros no podemos olvidar lo que ha sucedido en la historia de Guatemala, que ha sido dolorosa y aunque los padres o abuelos hayan fallecido, quedan sus hijos y es necesario buscar justicia y que los responsables paguen, indicó el director de Famdegua.
