Por Regina Pérez
No pasó mucho tiempo para que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras pidiera otra orden de detención contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, esta vez por el caso en el que está acusado el periodista y presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, y la fiscal de la FECI, Samari Gómez, quienes ya guardan prisión preventiva. Sandoval dijo a Prensa Comunitaria que lo que el MP pretende es estigmatizarlo y criminalizarlo.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía informó el pasado 12 de septiembre que había solicitado una orden de captura contra Sandoval por los delitos de denegación de justicia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal, porque supuestamente el exfiscal sostuvo conversaciones con Zamora, “con el propósito ilícito de compartirle información”, la cual según el MP, el periodista pasaba a Ronald García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y denunciante en este caso, quien buscaba ser colaborador eficaz.
La orden de aprehensión fue solicitada al juez Fredy Orellana, quien el pasado 9 de agosto ligó a proceso a Zamora y a Gómez. El presidente de elPeriódico fue acusado de lavado de dinero y de los delitos de tráfico de influencias y chantaje, mientras que la fiscal Gómez fue ligada a proceso por revelación de información confidencial.
Sobre esta nueva orden de captura, Sandoval señaló que lo que el MP pretende es estigmatizarlo y criminalizarlo y quizá impedir que pueda retornar próximamente al país, así como bloquear alguna incidencia que el exfiscal pueda tener fuera de Guatemala, denunciando las arbitrariedades que cometen en contra de la sociedad guatemalteca, utilizando el sistema de justicia.
El exjefe de la FECI indicó que llama la atención que en el caso de Zamora, además de deslegitimarlos públicamente, ahora el expediente se encuentra en reserva “y eso es únicamente para que no podamos ejercitar acciones en nuestra defensa”, dijo.
Cuando se detuvo al presidente de elPeriódico el pasado 29 de julio, el caso se declaró en reserva, lo cual fue levantado durante las audiencias de primera declaración. Ahí la Fiscalía dio a conocer dos audios que supuestamente implicaban a Sandoval en los delitos que ahora se le imputan y por los cuales ahora se pide su detención. Pero ahora el caso contra el exfiscal fue declarado en reserva.
La Fiscalía argumentó la reserva judicial de la investigación, basándose en la Ley de Lavado de Dinero pero Sandoval considera que los hechos que le quieren imputar no están relacionados con ese delito. “En todo caso ellos hicieron pública la supuesta investigación, todo lo que pudo presenciar la sociedad”, mencionó sobre las audiencias donde el MP presentó los audios que supuestamente lo implican.
Sandoval supone que la Fiscalía basa los tres delitos en las dos grabaciones presentadas en las audiencias, ya que él no ha podido tener acceso al expediente.
Dichas grabaciones fueron señaladas como ilegales por la defensa de Zamora, el abogado Christian Ulate, pero el juez las admitió en el caso contra el periodista. Sobre eso, el exfiscal indicó únicamente que la Fiscalía tiene que explicar la legalidad de las mismas, aunque tiene un juez complaciente que ha admitido dichas grabaciones.
“Ellos deberán explicarle a la opinión pública como sustentan su tesis” afirmó.
Sandoval: se confirma la persecución política
La orden de detención contra Sandoval es la tercera en su contra. La primera fue en septiembre de 2021, por supuesta extracción de información, mientras que en noviembre de ese año también se giró una orden de captura por el caso Odebrecht.
Desde su despido de la FECI, Sandoval es un exiliado político en Estados Unidos, como varios operadores de justicia que han tenido que salir del país. “Cada una de las medidas que se adoptan desde el gobierno de Guatemala en nuestra contra lo único que hacen es confirmar la persecución política”, afirmó.
Debido a su condición de asilado político, el MP no puede ejecutar la captura en su contra, por lo tanto el exfiscal considera que lo que busca es tratar de deslegitimarlo ante la sociedad guatemalteca y destruir la reputación que construyó con su trabajo en Guatemala.
Durante la administración del presidente Alejandro Giammattei y la gestión de Consuelo Porras al frente del MP ha arreciado la persecución en contra de fiscales, exfiscales, abogados y jueces independientes. Al menos 24 operadores de justicia han tenido que salir del país y otros enfrentan denuncias en su contra, como los casos del juez Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, separado del cargo.
Esta situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a incluir a Guatemala en la lista negra de países que violan los derechos humanos.
Sobre cómo se ve a Guatemala a nivel internacional, Sandoval indicó que múltiples instancias, tanto en Europa como del Sistema Interamericano, han puesto su atención en Guatemala, haciendo resoluciones y disposiciones que señalan como se ha venido deteriorando la protección a los derechos humanos.
La persecución penal en el país no ha sido utilizada únicamente en contra de operadores de justicia, también en contra de periodistas, muchos de ellos que ejercen el periodismo comunitario. El último caso que conmocionó al gremio fue el del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien actualmente está en prisión preventiva en espera de la audiencia de etapa intermedia que se realizará en diciembre próximo. Su detención ha sido vista por organizaciones de prensa como un golpe al periodismo crítico en Guatemala.
