Sin discusión, violando el protocolo legislativo, proponiendo reformas regresivas que benefician a la política mafiosa y sectores económicos, se presentó una iniciativa que pretende reformar la ley electoral, analistas y diputados de oposición ven pocas posibilidades de aprobar una reforma con estas características.
Por Juan Calles
La última reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se aprobó en el Congreso de la República en abril de 2016, después de las jornadas de protesta que terminaron con la presidencia del Partido Patriota; “La plaza” exigió una reforma y se aprobaron importantes cambios en la LEPP.
Dichas reformas buscan fortalecer la independencia y capacidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), regular el financiamiento de las campañas electorales, evitar el transfuguismo de diputados, democratizar el funcionamiento de los partidos políticos; aunque son reformas celebradas por amplios sectores de la sociedad, se excluyeron aspectos como las cuotas de paridad y alternabilidad para mujeres y pueblos indígenas, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad emitió opinión favorable para esas propuestas.
De la misma manera se omitieron las propuestas de autoridades ancestrales que buscaban mayor participación política para los pueblos indígenas.
Con esas reformas se logró limitar las millonarias campañas electorales de partidos políticos que obtenían financiamiento electoral de sectores de poder económico y de fuentes corruptas, tal como lo demostraron en su momento las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Se limitó la compra de pauta en los medios de comunicación, reforma que buscaba la equidad entre partidos políticos para que pudieran tener la misma oportunidad de anunciarse en medios corporativos, además de evitar que los diputados luego de haber sido elegidos se cambiaran de partido político a conveniencia, eliminando así la tradición del transfuguismo y con ello la compra de voluntades dentro del Congreso de la República.
En esta nota periodística se conoce de los hallazgos de la CICIG en cuanto al tema de financiamiento ilícito:
Tres partidos están señalados por financiamiento ilícito en campaña electoral de 2015
Después del proceso electoral de 2019 se creó la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) que es un espacio de consulta y diálogo para la discusión democrática de las distintas propuestas de reforma a la LEPP; la CAME redactó una matriz de propuestas estratégicas para la reforma de la ley electoral que fue presentada al TSE y que a su vez presentó la iniciativa 5886, presentada en febrero del 2021 al Congreso, mediante la Comisión de Asuntos Electorales y es hasta este 31 de agosto del 2022 que se presentan las reformas al pleno pero sin ser discutidas como ordena la ley.
Las actuales propuestas de reforma son un retroceso con dedicatoria a sectores poderosos
El diputado José Alberto Rivera, preside la comisión de asuntos electorales del Congreso de la República. Fue dicho legislador quien presentó el dictamen favorable a la iniciativa 5886 que contiene las propuestas de reforma a la LEPP, sin embargo, diputados miembros de la comisión presidida por Rivera, aseguran que no se cumplió con los requisitos de ley.
Además de saltarse los protocolos que el proceso legislativo exige, analistas políticos consideran que el presidente de la comisión de asuntos electorales únicamente da trámite a un compromiso de campaña, aunque la propuesta de reforma no cumpla con los requisitos democráticos de diálogo, consenso y participación ciudadana.
En una plática que sostuvo Prensa Comunitaria con el diputado Román Castellanos, miembro de la comisión de asuntos electorales del Legislativo, opinó que la iniciativa de reforma es presentada a destiempo y sin discutirla como es debido.
“Estamos a pocos meses de iniciar el proceso electoral y meter las reformas en este momento es forzar al TSE a ajustarse a una serie de procesos legales que no tiene contemplado en este momento y eso podría poner en riesgo la credibilidad del proceso electoral; además, meter una propuesta de reformas en este Congreso que se ha mostrado adverso a desarrollar la democracia, es como no ver el contexto antidemocrático que se ha desarrollado en los últimos años en el país”, opinó Castellanos.
Agregó el diputado que los aspectos incluidos en la propuesta de reforma son cuestionables ya que son temas que en la ley se incluyeron para mejorar las campañas electorales y profundizar la democracia, cuestiones que la actual propuesta de reforma pretende disolver, lo cual representa un retroceso para la democracia guatemalteca.
“Se cuestiona la duplicación del techo de campaña electoral, pues quienes obtienen más financiamiento electoral son los partidos que se comprometen a hacer del Estado un botín político y en general no se declara el presupuesto, cómo se invierte y quiénes lo financian, recordemos que en los tiempos del Partido Patriota y LIDER se hablaba de 300 y 500 millones gastados en campaña que luego las investigaciones de CICIG descubrieron que empresarios y crimen organizado financiaba estas campañas”.
El dictamen fue aprobado con irregularidades
Para contar con los votos necesarios, el presidente de la comisión de asuntos electorales, José Alberto Rivera, sumó a dos diputados a la comisión sin que la misma comisión haya conocido y aprobado la incorporación de nuevos diputados, “Lo que hizo el presidente de la comisión fue colocar el nombre de los nuevos diputados en el dictamen y en una lista de asistencia y con ello logra reunir el número de diputados necesarios para aprobar el dictamen sin que el resto de miembros participemos de tal aprobación”.
Castellanos narró que mientras algunos miembros de la comisión esperaban una reunión para discutir el dictamen de reforma, se enteraron por medio de las redes sociales que el diputado Rivera junto a otros miembros de su partido CREO, presentaban en la dirección legislativa el dictamen ya aprobado.
“El diputado Rivera tiene mucho compromiso con el sector privado, la propuesta de reforma presentada coincide con el interés del CACIF, (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) y todos sus satélites, quienes llamaban a realizar una reforma de este tipo, por eso su interés en presentarla y elevarla al pleno”.
Entre otras, las reformas propuestas en esta iniciativa incluyen elevar el techo de gasto de campaña electoral, la regulación de pauta en medios de comunicación, abrir la posibilidad de que familiares de candidatos puedan recibir financiamiento para hacer campaña, rebaja en las multas a los partidos políticos que violen la ley electoral, voto por listas abiertas en la elección de diputados, entre otros.
“Es un retroceso en términos de lo que se había logrado en el 2016 que son reformas que pudieran tener algunos errores pero que cumplen con las demandas populares que se generaron de las protestas ciudadanas del 2015”.
En cuanto al tema del voto por listas abiertas por diputados, es decir, que se votaría por cada uno de los diputados y no por los partidos que los postulan, según Castellanos, es un tema incluido en la reforma como un disuasivo, ya que bastantes sectores de la sociedad lo solicitan y aprueban, sin embargo, opina que su inclusión sirve para desviar la atención de propuestas regresivas incluidas en la iniciativa de reforma.
Según la opinión de Jahir Dabroy, analista político, el presidente de la comisión de asuntos electorales, el diputado Rivera, asumió el compromiso de presentar la iniciativa pero faltó lo más importante, la discusión seria y profunda de la propuesta: “Esta ley es tan importante para el país que necesitaba mucha más discusión por parte de los diputados y de la propia ciudadanía, donde los diputados tienen que ser ese factor de escucha que si bien hubo audiencias, no fueron suficientes porque no se hicieron sobre una propuesta de dictamen”.
Según Dabroy, la propuesta de reforma tiene pocas posibilidades de ser aprobada, ya que los bloques legislativos han mostrado poco interés en realizar reformas a la ley electoral, e insiste en afirmar que al parecer es un proyecto personal del diputado José Alberto Rivera; “un ejemplo de ello es como se ha definido la agenda en la instancia de jefes de bloque, en donde el tema no ha prosperado, me parece que es más contar con el dictamen como un compromiso personal que se tenía, pero yo le veo poca posibilidad de que avance dentro del Congreso, al menos no la veo aprobada para el 20 de enero próximo cuando se convoca a elecciones, porque es cambiar las reglas del juego en donde ellos ya aprendieron a moverse”.
Con respecto a la opción de liberar la contratación de propaganda electoral lo cual favorecería a partidos con muchos recursos económicos contrario a partidos emergentes con pocos recursos para hacer propaganda, el analista opina que las opciones deben regularse para no ser restrictivos, pero tampoco dejar abierta la posibilidad de hacer campañas millonarias sin control y sin límites.
“En las elecciones del 2019 cuando se restringió la pauta en los medios de comunicación, lo que se percibió fueron ciudadanos poco informados, de por sí ya son escasas las propuestas de gobierno que se presentan, creo que hay que buscar un punto intermedio, donde existan espacios equitativos pero que se permita la participación de medios de información porque con el 20% que hoy se les asigna no es atractivo para esas empresas de información”, opinó Dabroy.
Por su parte la Convergencia Nacional por la Reforma Electoral y Política (CONAREP) por medio de un comunicado, fijó su postura respecto a esta propuesta de reforma, afirmando que es inconveniente reformar de manera apresurada la LEPP.
“Si bien la actual LEPP tiene errores, también tiene grandes avances que limitan el poder que anteriormente ejercían actores que corrompieron el sistema partidario y electoral. La actual ley otorga acceso universal y equitativo a los medios de comunicación privados, a los partidos políticos y candidatos, para poder promoverse y divulgar sus propuestas electorales, sin que esto implique que asuman compromisos que limiten su capacidad para gobernar”, se lee en el comunicado que publicó la CONAREP.
Con respecto a los tiempos para la aprobación de la propuesta de reforma Jahir Dabroy concluyó que en dos años no se discutió la propuesta, lo cual hace ver extraño que a pocos meses de iniciar el proceso electoral se busque incluir una propuesta de reforma sin mucha discusión.
“Tuvimos una comisión de asuntos electorales que no avanzó durante dos años, se conoció la iniciativa del TSE, que supuestamente recoge los insumos ya discutidos en la CAME, que puede ser cuestionable, pero para eso se supone que está la comisión de asuntos electorales, y no caminaron las cosas, todos sabemos que cuando algo interesa al Congreso en cuestión de dos días se reúnen y las cosas avanzan, pero esto no interesó a nadie”.
