Presidente arremete nuevamente contra la prensa y un juzgado de Cobán censura el trabajo periodístico

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Créditos: Simón Antonio Ramón.
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

Alejandro Giammattei aprovechó la cuarta reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) realizada el 8 de septiembre en la ciudad de Guatemala, para arremeter nuevamente contra el trabajo de los medios de comunicación críticos a su gestión. Mientras en Cobán, Alta Verapaz, el juez Walter Chen del Tribunal Segundo de Sentencia limitó a periodistas a tomar fotografías, videos y transmisión en la apertura de juicio contra 21 personas criminalizadas de la comunidad Chicoyogüito.

Por Simón Antonio Ramón

Durante su intervención en la sesión del CONADUR el presidente Alejandro Giammattei dijo que la prensa aparenta la objetividad que no tiene para imponer agendas trasnochadas, en referencia a las críticas que se han hecho a las funciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que está siendo cuestionado por el control de Q. 600 millones que le corresponden a cinco instituciones que trabajan el tema ambiental.

Esta no es la primera vez que arreteme contra el trabajo de las y los periodistas que han evidenciado actos de corrupción durante su gobierno, además ha sido señalado como el más más agresivo contra la labor periodística. De enero de 2020 a junio de este año, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) contabilizó más de 350 casos de agresión en contra del gremio periodístico.

Según el presidente algunos medios de comunicación tienen una agenda política que busca imponer ideologías trasnochadas para hacer fracasar a su gobierno.

Otro caso en el que se limitó el trabajo de la prensa ocurrió este 8 de septiembre, cuando el juez Walter Chen, del Tribunal Segundo de Sentencia de Cobán, Alta Verapaz, no permitió que los periodistas tomaran fotografías, grabaran vídeos o transmitieran a través de redes sociales de la audiencia de apertura de juicio de 21 comunitarios de la comunidad Chicoyogüito. Solo permitió que estuvieran presentes.

La solicitud de censura de la labor periodística fue hecha por los querellantes el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Policía Nacional Civil (PNC), donde acusan a las 21 personas criminalizadas y señaladas de los delitos de usurpación agravada y a tres de ellos, por el delito de atentado contra un policía durante una manifestación, el 9 de junio de 2021.

“La oposición de la querella y del Ministerio Público no tienen ningún argumento, arguyen que tienen miedo de que pueda pasar situaciones de seguridad, sus argumentos tienen un trasfondo racista, eso lo hicimos ver porque sin ningún fundamento legal para que la audiencia se prive de la presencia de los medios”, señaló la abogada Jovita Tzul, quien es la abogada de los 21 comunitarios.

El derecho a informar y Giammattei como una amenaza a la prensa

En la reposición de la resolución del juez Chen, la abogada Tzul solicitó que se permitiera la presencia de periodistas en la audiencia. El juez permitió la presencia de periodistas que se acreditaron en el tribunal, pero limitó la grabación de videos, toma de fotografías y la transmisión de la audiencia.

El caso del juez Chen se suma a la decisión de otros jueces y juezas, de juzgados y tribunales que no han permitido que periodistas cubran salas de audiencia bajo diferentes argumentos. Durante la pandemia, se ha limitado la cobertura periodística bajo la lógica del espacio y para evitar el contagio de la COVID-19.

Miguel Ángel Alvizúrez, presidente de la Comisión de Libertad de la APG, considera que la actuación del presidente es una clara amenaza al gremio periodístico y anuncia a lo que puede seguir ocurriendo en lo que le queda al gobierno, además, agregó, la actuación de Giammattei se reproduce en otras instancias. “En otros casos no les han permitido entrar a las audiencias y jueces o funcionarios intentan coartar ese derecho, si el presidente lo hace ellos se sienten en el derecho de hacerlo, porque no van a tener ningun problema”, dijo Alvizúrez.

Además, señaló que la resistencia de operadores de justicia ante la presencia de la prensa en las audiencias públicas, tomando como referencia la audiencia de Cobán, genera una crisis de derecho al acceso de la información. “Se debe a una crisis nacional del derecho a la libre información que tiene el pueblo y que tienen los periodistas para trasladarla, entonces es una situación bastante grave casi generalizada en estos momentos con el peligro que se siga agravando”, afirmó.

La tarea es acercar la verdad e informar sobre el poder público dicen analistas

En el caso de las declaraciones del presidente responden a acciones de actores corruptos que se dedican a descalificar la labor de la prensa y que el actual gobierno ha fortalecido los monopolios de la concentración de los medios de comunicación, señala la periodista Evelyn Blank, del Centro Cívitas. “Lo que hacen es trasladar únicamente información que a estos actores les interesa, en ese sentido hay tergiversación de los fines del periodismo, pero no es el caso del periodismo independiente”, afirmó la periodista.

Gustavo Bracamente, docente universitario de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se refirió al reclamo de Alejandro Giammattei y dijo que los medios tienen su propia agenda independiente del tipo que sean “que es la búsqueda del desarrollo y la libertad de determinado país, los medios donde los dueños son empresarios van a buscar el beneficio de su empresa”.

El docente universitario considera que independientemente de quiénes sean los dueños de los medios de comunicación deben acercarse a la verdad. Aunque Giammattei reclamó la falta de objetividad de los medios de comunicación, Bracamonte considera que “la objetividad es relativa, por esa razón se habla de acercarse lo más posible a la verdad; pero se pierde cuando hay interes políticos, económicos o intereses de otra índole”.

“El trabajo de los periodistas es acercarse lo más posible a la descripción de la realidad”, afirmó el docente universitario.

La periodista Blank indicó que la actuación del poder público es del interés de los medios de comunicación y va a ser recogida en sus agendas periodísticas. “El fin es informar a sus públicos y sobretodo que son relevantes en la vida nacional. En ese sentido los medios incluyen todo lo relacionado con las actividades del poder público en sus agendas”, dijo la periodista.

Tanto Evelyn Blank y Gustavo Bracamente coinciden en que la reacción de Alejandro Giammattei al reclamar la objetividad de los medios de comunicación y su agendas políticas se debe a que no están alineadas a las agendas políticas de corrupción que tiene el gobierno y se demuestra con ironía  su vulnerabilidad ante el trabajo de investigación periodística que han hecho las y los periodistas al revelar las diferentes actuaciones fuera de la ley en su gestión de gobierno.

 

 

 

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