Funcionarios del gobierno de Estados Unidos, escucharon este lunes 12 de septiembre en Washington, la preocupación de varias organizaciones de Centroamérica sobre los riesgos y la crisis que enfrentan la sociedad ante el cierre de los espacios democráticos, traducidos en exilio, encarcelamiento y persecución.
Por Francisco Simón Francisco
Representantes de al menos 15 organizaciones que integran el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) estuvieron este lunes 12 de julio en Washington, Estados Unidos, para denunciar la cooptación de las instituciones y el desbaratamiento del sistema democrático, dos realidades, a las que se enfrentan las poblaciones de Guatemala, El Salvador y Honduras.
La crisis y la persecución que viven los operadores de justicia, activistas de derechos humanos y periodistas fueron algunos de los temas que discutieron.
En el caso de Guatemala se denunció el retraso de 35 meses en la elección de magistrados y magistradas para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones; en Honduras, se expresó la preocupación por el retraso para instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH); y en El Salvador se denunció la restricción del gobierno de Nayib Bukele contra las organizaciones de derechos humanos al prohibirles la captación de fondos de agencias internacionales de cooperación y la persecución de periodistas que investigaron la relación del gobierno con las pandillas.
En el caso guatemalteco, con la salida de Jordán Rodas Andrade, el pasado 20 de agosto de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), una convergencia de políticos conservadores, exmilitares, un grupo de empresarios globalizados y el crimen organizado, aseguran todos los espacios de poder a su favor.
Sumado a esto, la persecución contra jueces y fiscales, que investigaron casos de corrupción desde 2015, al lado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); la persecución y criminalización contra periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes universitarios y autoridades indígenas en el contexto de un proceso de regresión autoritaria, bajo la dirección penal del Ministerio Público (MP), abre tres escenarios para la sociedad guatemalteca: la cárcel, el exilio o el desplazamiento forzado.
Esta realidad se traduce en casos y datos; según un informe de la Unidad de protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), solo en los dos años y medio del gobierno de Alejandro Giammattei se han registrado 2 646 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en el país. De estos, 272 contra operadores de justicia, que incluye a jueces y fiscales; 114 contra personas defensoras de derechos humanos, pero también se destacan los ataques contra periodistas con 51 agresiones en el primer semestre de este año.
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Uno de los representantes que viajó a la capital estadounidense expresó su preocupación por el cierre de espacios democráticos en la región. “El autoritarismo creciente que se va configurando con gobiernos quiere controlar la institucionalidad de los países, prácticamente borrando la división del poder, que es algo básico de una democracia”, destacó el entrevistado que pidió el anonimato.
Durante la visita, los representantes del CCINOC, se reunieron con varias instituciones de Estados Unidos que tienen relaciones directas con Centroamérica, entre estas, el Departamento de Estado, la Oficina de Seguridad Nacional y la vicepresidencia de Kamala Harris. También se reunieron con una representación republicana y demócrata del Congreso y del Senado de Estados Unidos.
“Algunos funcionarios se sorprendieron por los riesgos que hay en la región, el mayor miedo de Estados Unidos es que esta configuración de crisis política en Centroamérica alcance dimensiones más grandes y eso se traduzcan en mayor migración”, agregó la fuente consultada.
Por su parte, en redes sociales, el CCINOC publicó que “la crisis de la región se explica por causas diversas, entre ellas las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades para una vida plena, la inseguridad y la violencia”.
El Centro contra la Corrupción y la impunidad en el Norte de Centroamérica, está integrado por más de 15 organizaciones de la sociedad civil de los tres países. De acuerdo a como se describen, se unieron precisamente para actuar en conjunto y hacer frente a las amenazas de autoritarismo que se vive en la región y los desafíos que tienen las democracias en cada uno de los países.
