La organización CIVICUS Monitor publica trimestralmente un informe sobre una lista de vigilancia sobre el respeto de las libertades cívicas en 197 países alrededor del mundo; en su última publicación Guatemala salió calificada entre los países con una democracia obstruida.
Por Juan Calles
Como un país en el que se deterioran de forma avanzada las libertades cívicas, en donde se irrespetan los derechos humanos, en donde existe acoso, criminalización y encarcelamiento contra periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia anticorrupción, fue calificada Guatemala junto a otros países en diferentes continentes.
Guatemala obtuvo la calificación de “obstruido”, que se da a los países en los que los grupos de poder político y económico, “cuestionan el espacio cívico e imponen una combinación de prácticas y restricciones legales al pleno disfrute de los derechos fundamentales”, describe CIVICUS Monitor en su informe.
Entre los calificados como obstruidos se listaron, además de Guatemala, a Guinea, Serbia, Sri Lanka y Zimbabue; en dichos países la plataforma CIVICUS Monitor, evaluó que libertades como la de expresión, asociación y reunión pacífica han sido violentadas gravemente.
CIVICUS Monitor publica esta lista de vigilancia cada tres meses, sin embargo, indica que en la página web se puede observar, en el mapa mundial, si un país ha cambiado su calificación de “obstruido” a “represivo”, con los colores asignados a cada caso y país.
Las evaluaciones se realizan por medio del estudio de informes de la sociedad civil de cada país, de los hechos concretos que suceden en cada uno de ellos, además de análisis periódicos que realizan con cerca de 20 diferentes organizaciones por nación. Las mediciones se hacen en 197 países alrededor del mundo, en donde son evaluados los contextos políticos y sociales con una lista de vigilancia, en donde diariamente se realizan monitoreos del estado de la sociedad civil en cada país.
Isabel Rosales de CIVICUS comentó al respecto que: “el monitor de CIVICUS incluye una lista de vigilancia en donde vamos viendo, país por país, qué es lo que está pasando y con eso se va actualizando. En Guatemala y El Salvador la preocupación es muy alta, pero en Guatemala el deterioro de las libertades cívicas ha sido muy acelerado, incluso más que en El Salvador”.
Las calificaciones que registra la organización internacional son, “Abierto”, cuando el país obtiene la mejor calificación, “estrecho” cuando un país permite las libertades cívicas pero reprime algunas de ellas, “obstruido”, cuando los países, como Guatemala, en donde grupos que se oponen a los intereses de los grupos de poder son vigilados ilegalmente, hay hostigamiento judicial en su contra, la manifestación ciudadana es vulnerable a la represión, los periodistas viven en riesgo de ataques físicos, difamación y persecución penal.
“Reprimido” cuando en el país evaluado se han cerrado los espacios para la organización social, para la protesta y para la libertad de expresión en general. “cerrado”, en los países calificados de esta manera se vive un cierre completo, en la ley y en la práctica del espacio cívico. Prevalece una atmósfera de miedo y violencia.
Para Sandra Morán, exdiputada y defensora de derechos humanos, la situación en Guatemala es preocupante, “la amenaza es real”, menciona, durante una conversación con Prensa Comunitaria.
“La percepción y el sentir que tenemos es que el proyecto que empezó desde el gobierno del Partido Patriota, se profundizó con Jimmy Morales y que se concreta con Giammattei; es el cierre de los espacios políticos, la amenaza es permanente, el ataque y la criminalización se siente con más fuerza en la actualidad”.
Morán evalúa también la destrucción de la institucionalidad de la paz, la expulsión de la CICIG y la aprobación de leyes regresivas como parte del proyecto para vulnerar las libertades cívicas en el país.
“Hoy tenemos un Estado gendarme, un Estado policial y esto se fue fortaleciendo a medida que el pacto de corruptos se fortalecía, y este gobierno fortalece la persecución a jueces y fiscales, pero también a los liderazgos comunitarios y cooptando la institucionalidad, lo que es un proceso que tiene en la mira un próximo gobierno para la instauración total del cierre de espacios políticos”.
“La república está desfigurada”
El análisis de Sandra Morán apunta a que la evaluación de CIVICUS Monitor coincide con el estado actual de la democracia en Guatemala, “la República está desfigurada a partir de un control casi completo, desde la presidencia y su grupo de poder, de todas las instituciones públicas”.
De allí evalúan una amenaza más a las libertades cívicas en Guatemala y son las próximas elecciones generales en el año 2023, pues el Tribunal Supremo Electoral, TSE, al igual que el resto de las instituciones democráticas está cooptado.
“Vemos como amenaza el control del TSE y la posibilidad de que algunas candidatas y candidatos no sean inscritos, de manera que si pueden haber elecciones pero elecciones controladas, prácticamente es la última posibilidad que tenemos de cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, eso lo vemos importante pero ellos también”.
Los tres pasos para atrás que marcan el deterioro de la libertad
En su informe, CIVICUS Monitor identifica tres hechos que marcan el rumbo hacia el deterioro de las libertades cívicas en Guatemala, siendo estos el caso del director del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora, la persecución penal contra la ex fiscal general Claudia Paz y Paz y las restricciones y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos que se cuentan en más de 500 durante los primeros seis meses de 2022.
Dicho informe se puede leer completo en la página web de CIVICUS Monitor; en él se incluye la mención a los casos conocidos en los tribunales guatemaltecos contra ex fiscales anticorrupción, la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y su posterior exilio, la erosión del sistema judicial en general y la conformación de la Corte de Constitucionalidad en particular.
Así también, los constantes ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, y el hostigamiento contra la prensa independiente, por medio de estrategias de acoso judicial, con las que ejercen censura, amenaza e intimidación.
El papel de la legislatura actual también fue evaluado
Las iniciativas de ley regresivas, las aprobaciones sin discusión y sin consenso fueron también tomadas en cuenta en el estudio de CIVICUS Monitor para evaluar al país y determinar la situación de las libertades cívicas en la actualidad.
Se menciona la iniciativa para castigar el ciberdelito, una ley que se mencionó como necesaria para castigar delitos cometidos mediante sistemas informáticos o tecnologías de la información, sin embargo, la propuesta de ley incluía artículos que podrían usarse para criminalizar la libre expresión, como la posible penalización del uso de memes en las redes sociales.
Se mencionan además otras iniciativas, como la 6076, llamada ley de fortalecimiento de las fuerzas armadas, que fue engavetada después de una fuerte presión social de sectores que identificaron esta propuesta de ley como una legislación para permitir la represión violenta contra manifestaciones ciudadanas. De la misma manera se comentan las leyes calificadas como “extraordinariamente regresivas”, como la llamada “ley para la protección de la vida y la familia”.
Isabel Rosales, de CIVICUS, destacó que según su evaluación, Guatemala está a un paso de cambiar de categoría, de “obstruido” a “reprimido” como hasta hoy se encuentran países como Nicaragua y Cuba.
“Participamos en la elaboración del examen periódico universal, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, en donde se evalúan todos los hechos, incluidas las luchas campesinas, la defensa de los territorios y sus recursos, tenemos una campaña que se llama conviértete en mi testigo, con lo que la participación de cualquier persona en cualquier parte del país hace parte de nuestra evaluación”.
Las recomendaciones se publican y se comparten al sistema de Naciones Unidas
El informe de CIVICUS hace recomendaciones a las autoridades gubernamentales, para salir de la calificación “obstruido”, además de ser enviadas al gobierno guatemalteco. Las mismas son presentadas al Sistema de Naciones Unidas para que como comunidad internacional corroboren si el país cumplió o hizo caso omiso a las recomendaciones presentadas.
“CIVICUS es una plataforma conformada por 10 mil organizaciones de sociedad civil en todo el mundo, entonces esperamos que lo escuchen, lo lean y sean bien recibidas, por el gobierno de Guatemala”.
Silvia Puerto Aboy del equipo de comunicación de CIVICUS, también conversó con Prensa Comunitaria para comentar el informe y sus recomendaciones; “En México tuvimos una campaña en redes sociales muy fuerte contra el informe, cuando se publicó el estatus de ese país, sin embargo, compartimos las investigaciones que muestran los estudios que hacemos con las contrapartes de cada país”.
“Esta lista de países se publica en nuestra web, se comparte con los socios de investigación y hacemos una campaña en redes sociales, y se hace cuando se identifica que ha habido una serie de restricciones a nivel legal o represión de manifestaciones que son las que han hecho poner el foco en ese país, y la intención es hacer un seguimiento más cercano en esos países”, comentó Puerto Aboy.
Entre las recomendaciones realizadas por CIVICUS están:
- Abstenerse de utilizar de forma indebida la justicia penal para intimidar y perseguir a las personas defensoras de los derechos humanos y a los periodistas por su trabajo, y archivar las causas penales infundadas.
- Garantizar que jueces y fiscales puedan llevar a cabo su labor de forma independiente, sin sufrir presiones indebidas ni actos de acoso.
- Reanudar los esfuerzos para diseñar una política nacional integral para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a los periodistas, y garantizar la financiación, los recursos y el apoyo institucional adecuados para los mecanismos de protección.
- Llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas y eficaces de todos los casos de asesinato, agresiones, acoso e intimidación contra las personas defensoras de los derechos humanos, y llevar a los autores ante la justicia.
- Organizar consultas con la sociedad civil y los grupos de medios de comunicación para revisar y modificar la nueva ley de ciberdelitos, y garantizar su conformidad con las mejores prácticas en materia de libertad de expresión y de protección de datos personales.
- Adoptar medidas para garantizar que la legislación sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad cumple plenamente con las normas y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, e investigar de manera imparcial todos los casos de uso ilegal de la fuerza.
Además recomienda a la comunidad internacional a exigir al gobierno guatemalteco el cumplimento de las recomendaciones y estar atentos a la situación de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.
La organización CIVICUS Monitor es una plataforma de investigación digital que analiza las amenazas que pesan sobre la sociedad civil en 197 países y territorios y clasifica el espacio cívico, entendido como el espacio donde se desarrolla la sociedad civil, los datos que obtienen de estas investigaciones digitales son la base para calificar a los diferentes países.
