El Estado y la empresa minera Solway, una transnacional ruso-suiza, han criminalizado al periodista maya Q’eqchi’ desde 2017, cuando se descubrió una enorme mancha roja sobre el Lago de Izabal, atribuida por la sociedad civil estoreña a la contaminación medioambiental producto del procesamiento de níquel a la orilla del lago.
A petición de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), dueña del Proyecto Minero Fénix, el Ministerio Público (MP) empezó a perseguir a Carlos Choc, luego de que él documentara la protesta de los pescadores, iglesia católica y sociedad civil por la contaminación. Además, él fotografió el cadáver de un pescador en El Estor, al que la Policía Nacional Civil (PNC) mató durante protestas contra la actividad ilegal de la mina Fénix y la contaminación del Lago. A partir de entonces, el Estado de Guatemala y la minera han abierto dos procesos penales contra Choc, han cateado su casa, han acosado a su familia y lo han obligado a desplazarse de su hogar.
En enero pasado, en el último capítulo del acoso, el MP de Consuelo Porras acusó a Choc y a otras diez personas de “instigación a cometer un delito”, por su trabajo periodístico en octubre de 2021, cuando cubría la represión de la PNC y el ejército contra los comunitarios Q’eqchi’ y sus Consejos Ancestrales. Los días 22 y 23 de octubre el mundo vio con indignación como miles de policías y soldados escoltaron una columna de camiones cargados de carbón para la planta procesadora de níquel, suspendida por la Corte de Constitucionalidad desde 2019, una orden que la empresa se negó a cumplir.
La prueba en que se basa la acusación del MP son los supuestos informes médicos que certifican que el día 22 de octubre, un grupo de 13 policías que han denunciado a Choc y a los otros sufrieron golpes y laceraciones. Con esos informes, que no han sido contrastados de forma independiente, el MP lo señala de instigación a delinquir. El reporte médico cita que no fue necesaria la hospitalización o mayor atención de los agentes.
Lo que alega el MP es mentira. Es todo mentira. Prensa Comunitaria lo puede decir sin equívocos porque cuatro de nuestros periodistas, junto a Carlos, acompañaron y formaron parte de la cobertura de la represión policial ese día. Tenemos fotos, vídeos y testimonios que demuestran que Carlos estuvo todo el tiempo ejerciendo su trabajo de periodista, documentando los hechos y dejando constancia de la agresión de los agentes policiales a los Q’eqchi’ con bombas lacrimógenas, piedras, y la presencia de gerentes rusos en el operativo.
Durante nuestra cobertura, además, constatamos que, durante los disturbios, provocados por la misma PNC, no hubo agentes heridos de gravedad. En cambio, sí hubo comunitarios y viviendas cercanas afectadas por los gases lacrimógenos, incluido un menor que tuvo que ser llevado a un centro asistencial y luego se recuperó. El MP no ha acusado a ningún agente del Estado por el trauma provocado a ese niño. Es más, el Estado de Guatemala nunca ha hecho nada respecto de las decenas de abusos y violaciones atribuidas a la mina rusa de El Estor y a los agentes policiales, del ejército y privados que las han cometido en nombre de la compañía minera.
¿Cuál es el afán de la mina y el Estado contra Carlos Choc? Es simple: el trabajo de Carlos expuso a la mina por lo que es en realidad, una empresa extractiva que contamina sin control el Lago de Izabal y que, además, es capaz de hacer que la PNC la proteja, mientras ataca y reprime a los comunitarios maya Q’eqchi’.
La foto que Carlos Choc tomó al pescador asesinado por la policía en 2017 fue el detonante de posteriores investigaciones periodísticas que han seguido exponiendo a la mina y sus alianzas criminales con el Estado de Guatemala. Por eso persiguen a Carlos, porque quieren hacer de él un ejemplo para quienes se atrevan a seguir indagando. Dos fuertes investigaciones periodistas dan cuenta de esto, Green Blood (2019) y Mining Secrets (2022)
La mina ya está totalmente expuesta a nivel internacional. En Europa, varios de sus clientes han dejado de comprarle níquel en espera de que Solway concluya una investigación sobre todas las irregularidades denunciadas, incluidos los señalamientos de que las filiales guatemaltecas de la mina y su empresa matriz en Europa, criminalizaron a líderes Q’eqchi’ y a periodistas comunitarios como Carlos Choc, que escondieron la contaminación del Lago, que sobornaron a la PNC y dieron regalías a otros funcionarios públicos.
También ha quedado expuesto el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, quien en complicidad con la fiscal general Consuelo Porras, ha emprendido una persecución, sin cuartel, contra periodistas que han descubierto sus tratos oscuros con los empresarios rusos, kazajos y ucranios, dueños de las explotaciones mineras en el Caribe guatemaltecos, desde Alta Verapaz a Izabal.
Por estos vínculos, que en Guatemala se conocen como la Trama Rusa, el MP persigue a Carlos Choc y ha acosado a otros periodistas maya Q’eqchi’ como Juan Bautista Xol y Baudilio Choc Mac. Por estas investigaciones, el Estado de Guatemala también ha encarcelado a Jose Rubén Zamora, el director de elPeriódico. En total, 5 periodistas de Prensa Comunitaria vinculados a este caso y a otros, han sido objeto de criminalización por su labor, en un contexto del aumento de los ataques y acoso a la prensa independiente.
Carlos Choc mes a mes ha ido a firmar el libro al MP local y ahora demanda de forma voluntaria ser escuchado por el juzgado que conoce esta segunda causa penal en su contra. En este editorial, plasmamos la exigencia que ya hizo el Comité de Protección a Periodistas (CPJ): “Las autoridades guatemaltecas deben retirar inmediatamente los cargos contra Choc, dejar de tratar a los periodistas comunitarios como delincuentes por hacer su trabajo y poner fin a su campaña para intimidar y amenazar a la prensa”.
Con este tipo de acusaciones y procesos penales, el Estado de Guatemala busca censurar a la prensa independiente, castigar al periodista, invisibilizar y ocultar las formas opacas de empresas y funcionarios públicos. Es hora de que esto pare. Es hora de exigir de nuevo al Estado que detenga el acoso a los periodistas. Sin libertad de expresión no hay democracia.
¡No nos callarán!
