Durante la mañana de este jueves, trabajadores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y el juez de Asuntos Municipales intentaron desalojar a las autoridades Ixil del espacio que ocupa la Alcaldía Indígena dentro de la municipalidad de Nebaj. Las autoridades indígenas desconocen el lugar a donde fue trasladado su equipo, mobiliario y otros materiales. También denuncian la retención de cuatro de sus integrantes. Por la tarde, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj otorgó un amparo provisional y ordenó al alcalde municipal Gerónimo Bernal suspender el desalojo.
Por Diego Petzey
En el municipio de Nebaj, departamento de Quiché, la defensa de la sede de la Alcaldía Indígena Ixil ubicada en las instalaciones de la municipalidad, terminó en agresiones. El alcalde municipal, Virgilio Gerónimo Bernal evadió la responsabilidad de atender la demanda de las autoridades; por el contrario, se dijo, habría encontrado la salida con un grupo de choque para agredirlos.
La agresión comenzó de forma verbal, a las 3 de la tarde de este jueves, cuando un grupo, supuestamente afín al alcalde, se hizo presente; llegaron a la oficina de la Alcaldía Indígena, donde se encontraban las autoridades ancestrales, la agresión llegó al extremo cuando varias personas les tiraron agua con cloro.
#Agresión en #Nebaj. El alcalde Virgilio Bernal fue denunciado por la Alcaldía Indígena Ixil por 13 delitos en diciembre de 2021, luego una Sala Penal de Quiché le retiró el derecho de antejuicio en agosto pasado. Ahora toma venganza con violencia contra las autoridades. pic.twitter.com/R104XGT1IZ
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 1, 2022
Además, utilizaron piedras y palos para agredir a las alcaldesas y personas adultas que se encontraban en el edificio. Este grupo, según denunciaron las autoridades del pueblo Ixil, era dirigido por el primer síndico, identificado como Francisco Brito Ceto, quien daba orden a la multitud, procedente de la comunidad Antigua Xonca.
Hora y media después las personas agresoras fueron escoltadas y escondidas dentro del salón municipal, ante la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC); algunos elementos policiales que se hicieron presentes durante la acción violenta no intervinieron. Mientras esto ocurría, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj otorgó un amparo provisional a las autoridades indígenas y ordenó al alcalde municipal Gerónimo Bernal suspender el desalojo. El recurso fue interpuesto por la primera alcaldesa Feliciana Herrera Ceto.
El hecho comenzó desde el mediodía del miércoles 31 de agosto, cuando trabajadores de la municipalidad de Nebaj circularon con láminas en la entrada principal del edificio impidiendo el acceso a las autoridades de la Alcaldía Indígena Ixil a la oficina que ocupan desde hace 10 años.
De acuerdo a las autoridades ancestrales, la remodelación del edificio fue una justificación que utilizó el alcalde municipal, Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, con la intención de desalojarlos con fuerza y violencia. “La postura del alcalde es un acto de venganza”, indicaron. Ocurre porque “hemos fiscalizado y denunciado al alcalde por malversación de fondos y abuso de autoridad, quien perdió el derecho de antejuicio en agosto pasado”, dijeron.
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No obstante, desde las primeras horas de este jueves, algunos integrantes de esa alcaldía llegaron al lugar para saber los motivos de la restricción; lograron ingresar a la oficina, pero al darse cuenta, la puerta del lugar donde se encontraban se estaba abriendo con máquinas eléctricas, bajo la orden de Maynor Moisés Ventura Marroquín, juez de Asuntos Municipales y de Tránsito, con el auxilio de varios agentes de la policía de tránsito, quienes fueron acompañados por el síndico primero, Francisco Brito Ceto, y de otros trabajadores municipales.
En ese momento, sin mediar palabras encerraron a la secretaria administrativa, a dos alcaldesas y una alguacil de la Alcaldía. Las cuatro personas fueron retenidas por varias horas, hasta que un juez de Paz llegó a verificar la situación, sin embargo, el personal de la municipalidad les impidió el ingreso, quien era acompañado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras afuera otras autoridades exigían la libertad de sus compañeras, además solicitaban al alcalde municipal retractarse de la medida de desalojo, pero la petición no fue acogida.
El lugar que reclamaba la Alcaldía Indígena albergaba actas y otras documentaciones, así como una exposición fotográfica de memoria histórica y las varas de autoridad ancestral, sin embargo, desconocen el lugar a donde fueron trasladadas.
Este caso se traduce en una tensión entre Estado y pueblos originarios. Las acciones del alcalde municipal contra la población maya Ixil no son aisladas, tienen una lógica de poder que busca minimizar el papel de la Alcaldía Indígena, al punto que llega a situarlos en un escenario despectivo. Es decir, bajo dinámicas de racismo, porque quien ordenó el desalojo, además de sobrepasar los convenios administrativos en los que se otorgaron la oficina a la Alcaldía, lo hace desde una posición institucional.
Restringen acceso a un juez de Paz para una exhibición personal
Jacinto Humberto Cedillo Chel, juez del Juzgado de Paz con sede en Nebaj, llegó a la municipalidad para realizar una exhibición personal a favor de las cuatro autoridades detenidas, sin embargo, no pudo ingresar. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito dijeron que tenían que consultar con el juez municipal. Al preguntar por el juez municipal le indicaron que no se encontraba, entonces, tendría que hablar con la gerencia de la municipalidad. Tras varias excusas, finalmente el juez logró ingresar, pero le restringieron la entrada a los medios de comunicación que se encontraban en ese momento.
En una declaración que dio el gerente municipal, Faustino Otoniel Tzunux García, aseguró que el desalojo fue ordenado por Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, actual alcalde municipal. Asimismo, indicó que la orden de desalojo fue anticipada a las autoridades indígenas hace un mes, dicho esto, las autoridades lo califican de mentira y engaño.
Al contrario, las autoridades consideran esta acción como una venganza por el trabajo que han realizado a favor de la población Ixil, principalmente porque presentaron una denuncia penal en diciembre de 2021 en contra del alcalde municipal. Este año, en agosto la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Quiché, resolvió retirar el antejuicio al alcalde Bernal Guzmán, señalado por 13 delitos.
La denuncia en contra del alcalde fue decidida en una asamblea municipal que fue convocada por la Alcaldía y vecinos del municipio, en el que también participaron delegados de la Fiscalía distrital del Ministerio Público (MP), de Quiché, Policía Nacional Civil (PNC), párrocos de la Iglesia católica y algunas organizaciones de derechos humanos.
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El desalojo es una forma de querer destruir a la Alcaldía Indígena
Por su parte, las autoridades indígenas aseguran que las acciones de la municipalidad significan un intento directo de destruir a la Alcaldía Indígena Ixil al no otorgarles un lugar temporal, mientras se realiza la remodelación del edificio municipal. “Prácticamente lo que pretende la municipalidad es que ya no siga funcionando la Alcaldía Indígena”, indicó una de las autoridades indígenas, quien habló en anonimato por temor a represalias.
“No sabemos a dónde llevaron las pertenencias del pueblo, solo sabemos que se los llevaron en un camión con rumbo desconocido. Responsabilizamos al alcalde municipal de todo lo que podría pasar en nuestra contra”, denunció Diego Santiago, autoridad indígena.
Las declaraciones de Santiago Ceto se dieron ante la presencia de un grupo de un grupo de personas que llegó a respaldar las acciones de Virgilio Gerónimo, frente al edificio municipal, quienes se sumaron a la exigencia de desalojar el lugar que ocupa la autoridad comunal.
Un abogado particular llegó al lugar y, sin identificarse, dijo que fue contratado por la municipalidad para dar fe de las acciones realizadas y aseguró que fueron transparentes. Además, indicó que los materiales de la Alcaldía Indígena fueron inventariados antes de que fueran retirados. Al ser cuestionado a dónde llevarían las pertenencias, dijo que desconocía el lugar.
Las autoridades ancestrales recordaron al alcalde municipal, que las oficinas que ocupaban fueron autorizadas por la misma municipalidad en 2012 y ratificada en 2015 a través de un acuerdo municipal.
De la misma forma citaron el artículo 55 del Código Municipal que establece que “El gobierno del municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando estas existan, incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo”.
Al cierre de nota, la Alcaldía Ixil denunció la agresión que sufrieron cuatro alcaldesas por unas personas que acompañaban a Francisco Brito Ceto, síndico primero y Felipe Santiago Marcos, síndico segundo de la municipalidad de Nebaj. El grupo de personas que acompañaba a los síndicos les tiró agua con cloro a las autoridades y las agredieron verbal y físicamente.
El grupo de personas que acompañaba a los síndicos y quienes agredieron a las autoridades Ixil se autonombran como autoridades indígenas y provienen de la comunidad conocida como Antigua Xonca. Utilizan piedras y palos para agredir.
