Por Héctor Silva Ávalos
El lunes 12 de septiembre tuve la oportunidad de participar como testigo en una audiencia sobre el régimen de excepción en El Salvador, convocada por la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos en la Cámara de Representantes, del Congreso de los Estados Unidos.
La audiencia fue convocada por el representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts y uno de los miembros del Congreso estadounidense que durante más tiempo y más de cerca ha seguido a El Salvador. A finales de los 80, cuando era asistente legislativo del entonces congresista Joseph Moakley, McGovern dirigió la investigación congresional que ayudó a desvelar la participación del ejército salvadoreño en la masacre de la Universidad Centroamericana (UCA) en 1989, cuando fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas.
Desde entonces, McGovern ha sido uno de los principales interlocutores sobre temas salvadoreños en el Congreso y ha cuestionado por igual a gobiernos de derecha e izquierda de El Salvador en temas relacionados con derechos humanos, corrupción e impunidad. Y, cuando Nayib Bukele ascendió al poder, en 2019, el representante de Massachusetts fue uno de los pocos en Washington que no sucumbió ante los encantos del líder populista.
Al convocar la audiencia del lunes, McGovern fue un paso delante de la administración Biden, cuyo Departamento de Estado se ha mostrado más bien tibio ante los abusos cometidos por Bukele y su régimen durante el estado de excepción, cuya constitucionalidad y efectividad para combatir el fenómeno de las pandillas en El Salvador han sido ampliamente cuestionados por académicos, organizaciones de sociedad civil y periodistas.
Lo que la comisión quería revisar, a la luz del régimen de excepción de Bukele, eran “preocupaciones sobre las crecientes tendencias autoritarias y el deterioro del Estado de derecho en El Salvador y en la región centroamericana”.
Desde que el bukelismo aprobó ese régimen en marzo de este año, después de la escalada de violencia provocada por la ruptura del pacto entre el presidente Bukele y las pandillas MS13 y Barrio 18, decenas de miles de salvadoreños viven bajo algo muy parecido a las dictaduras que plagaron América Latina el siglo pasado. Las violaciones a los derechos humanos han vuelto a ser noticia diaria.
“Más de 50,000 individuos, a quien funcionarios salvadoreños se han referido como criminales y terroristas, ha sido detenidos durante el régimen de excepción… Hasta agosto, al menos nueve prominentes periodistas salvadoreños se habían ido del país luego de ser acosados, amenazados y criminalizados…”, escribió la comisión en el comunicado en que anunció la audiencia del lunes.
Soy uno de esos periodistas. Salí de mi país con mi familia en julio de 2021, luego de que el gobierno de Nayib Bukele, utilizando toda la fuerza del aparato estatal y acompañado de sus troles cibernéticos y los comunicadores que le sirven, me sometió a mí y a los míos a un acoso que incluyó el intento de montarme un caso penal y uno hacendario, vigilancia policial en casas de mis familiares, seguimientos y amenazas.
El congresista McGovern destacó, durante la audiencia, que el exilio impuesto es solo uno de los derechos vulnerados por el gobierno de Bukele. Hay otros, más graves, como las muertes de 76 salvadoreños en las cárceles del bukelismo, donde fueron torturados, golpeados o sometidos a una agonía más lenta por falta de medicamentos.
La primera reacción de la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, cuando supo que el Congreso me había convocado como testigo, fue intentar desacreditarme. El comportamiento es típico del bukelismo: lanzar campañas de desprestigio, utilizar el aparato de propaganda financiado con fondos públicos y repetir bulos para evitar, a toda costa, hablar del fondo de los cuestionamientos. Al final, la embajada salvadoreña, dijo que enviaría un escrito como testimonio a la comisión.
Comparto aquí el testimonio completo que presenté ante la Honorable Comisión, un resumen del cual leí durante la audiencia:
TESTIMONIO SOBRE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EL SALVADOR
HONORABLE COMISIÓN TOM LANTOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Honorable Comisión. Buenas tardes.
Los abusos del régimen de Nayib Bukele en El Salvador no son una amenaza pasajera a la democracia salvadoreña y a la estabilidad de Centroamérica. Lo que está pasando en mi país, como ya señalaron múltiples veces analistas, funcionarios y víctimas, es el alba de un gobierno autoritario cuyo objetivo último es perpetuarse en el poder. Para lograrlo, el presidente nos ha mostrado una ruta que incluye abusos a los derechos humanos, la híper militarización de la seguridad pública, el establecimiento del miedo como principal argumento político y la anulación, sin contemplaciones, de cualquier tipo de crítica y oposición. Es un escenario muy parecido a las dictaduras que plagaron América Latina a finales del siglo pasado.
El Salvador lleva cinco meses bajo régimen de excepción. En este tiempo cerca de 52,000 personas a las que el gobierno ha metido a las cárceles no han gozado de todas las garantías que la Constitución del país ofrece a cualquier salvadoreño. La mayoría de esas personas no han contado con la defensa adecuada y cuando sí han tenido abogados, el Estado les ha negado información, incluso sobre los delitos de los que se les acusa. En ese tiempo, como ya se dijo, unas 80 personas han muerto en las cárceles de Bukele, vapuleadas o porque no han tenido atención médica. Y en ese tiempo muchos salvadoreños valiosos que han denunciado estos abusos han tenido que salir forzados del país, amenazados de ser criminalizados por la policía, la fiscalía y otras instancias del Estado que hoy controla el presidente Nayib Bukele.
A las violaciones cometidas durante el régimen de excepción hay que añadir otras restricciones a los derechos fundamentales salvadoreños que ya tienen carácter permanente y que permanecerán incluso cuando Nayib Bukele decida levantar el estado de sitio, que es en la práctica el estado en el que viven miles de mis compatriotas. Los paquetes de reformas legales al código penal y procesal penal del país, así como a otras leyes secundarias aprobados en marzo pasado cercenan de forma permanente derechos fundamentales de defensa y han dado a la fiscalía general la capacidad de acusar sin cumplir con los requisitos mínimos del debido proceso. Esto ya está siendo utilizado con fines políticos, como muestran recientes casos de un tuitero arrestado por postear una foto de la seguridad del hermano del presidente, el de un sindicalista de oposición que murió mientras estaba en la cárcel y los de periodistas a los que el régimen busca crearles casos criminales espurios, como en Nicaragua y Guatemala.
Permítanme ofrecerles un panorama de lo que está pasando en las comunidades, barrios y pueblos de El Salvador. Es un panorama que elaboro a partir de decenas de entrevistas, testimonios y documentos a los que he tenido acceso como corresponsal que publica semanalmente sobre estos temas. Las pandillas MS13 y Barrio 18 siguen ejerciendo el control territorial en amplias porciones del país. Ese control es ejercido desde el liderazgo pandillero, tanto en las calles como en las cárceles. Ese liderazgo no ha sido afectado por el régimen de excepción. El mejor ejemplo de esto es la negativa del gobierno salvadoreño, incluidas la fiscalía general y la Corte Suprema de Justicia, de avalar la extradición de líderes pandilleros a los que Estados Unidos requiere por crímenes cometidos aquí. Es decir, mientras encarcela a miles de jóvenes, la mayoría de los barrios más pobres del país, y en la mayoría de los casos sin pruebas sólidas, el gobierno de Bukele mantiene intactas las estructuras de mando de las pandillas, con lo cual su capacidad operativa no está afectada en realidad.
Las pandillas salvadoreñas, que como ustedes saben nacieron en las calles de Los Ángeles y se sofisticaron en las cárceles centroamericanas, son un fenómeno complejo, que tiene dos dimensiones. Una criminal y otra social. La segunda, la dimensión social, tiene que ver con las condiciones de marginalidad, pobreza y desesperanza en que viven miles de jóvenes salvadoreños; esas condiciones no nacen con Bukele ni son culpa de él, pero su gobierno, como los que le precedieron ha sido totalmente ineficiente a la hora de encontrar soluciones a esa marginalidad. Esas soluciones no se encuentran en un régimen de excepción.
La otra dimensión, la criminal, sigue creciendo: las pandillas salvadoreñas, aunque ya no matan como antes, siguen extorsionando y siguen desapareciendo. Además, en algunas zonas del país, como en el occidente, clicas o células de las pandillas a las que el gobierno ha dejado tranquilas han aumentado sus capacidades de trabajo en el narcotráfico. Nada de eso ha resuelto, tampoco, el régimen de excepción.
El régimen de excepción, además, fue decretado tras una emergencia de seguridad pública que es responsabilidad directa del gobierno salvadoreño. Es decir, impuesto en primer lugar para intentar remediar un problema que el mismo gobierno había creado, que fue el alza en la violencia en marzo tras la ruptura del pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18. Sobre ese pacto Bukele ha intentado decir que no existe y que es un invento del periodismo de investigación en El Salvador; sin embargo, ese pacto ha sido confirmado por fiscales salvadoreños que hoy están exiliados y por agentes estadounidenses en cuyos insumos se basaron las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro en diciembre pasado contra los funcionarios de Bukele que negociaron en su nombre con los líderes de las pandillas.
Ese pacto nunca buscó una solución sostenible al problema de las pandillas, sino solo beneficios electorales.
La ruptura del pacto, que motivó el decreto del régimen de excepción en primer lugar, demostró que el plan control territorial, como Bukele había llamado a su política de seguridad pública, había fracasado. Bukele necesitaba un plan B para distraer la atención sobre ese fracaso y, de paso, limitar los derechos de los salvadoreños, incluido el de expresión.
Cuando decretó el régimen de excepción, Bukele ya controlaba todo el aparato del Estado. Hoy tiene, además, un instrumento extra para amedrentar a quienes van en contra de su narrativa. Una salvadoreña, crítica ella misma de los abusos del gobierno y una de las decenas de ciudadanos cuyos teléfonos han sido espiados con un software que en El Salvador solo tiene el gobierno, me lo dijo así: “El régimen de excepción es como una pistola que está en la mesa, no te están apuntando con ella, pero sabes que en cualquier momento la pueden agarrar y pegarte un tiro”.
Y ¿qué es lo que está pasando en este régimen de excepción? Pasa que la fiscalía general hace redadas masivas sin que haya investigación. Primero detiene y luego escribe acusaciones sin pruebas sólidas la mayoría de las veces. Y pasa que, por el control absoluto que el gobierno ejerce sobre las cortes y la fiscalía, la prisión preventiva es indefinida. Y pasa que en las cárceles no hay garantías mínimas de que los derechos de los acusados sin pruebas sean respetados; decenas de familias han denunciado que a sus parientes los han torturado en el sistema carcelario de El Salvador, que les han quebrado las costillas, que los ha hecho sangrar a golpes o que los han dejado morir sin medicamentes que necesitaban para atenderse enfermedades crónicas.
También pasa que las reformas legales permiten ahora que, en la práctica, denuncias anónimas sean elemento suficiente para que la PNC capture a alguien. Todo esto ha pasado antes en El Salvador, en América Latina y en el mundo. En nuestra región lo conocimos como dictadura, en Europa como fascismo.
Lo ironía macabra de todo esto es que el régimen de excepción no ha resuelto nada en el tema de las pandillas y el de seguridad pública. El régimen de excepción no es necesario para combatir a las pandillas. El régimen de excepción es, más que otra cosa, un argumento que el presidente necesita para enfocar la atención pública en el tema de seguridad y alejarla de otros problemas igual de cruciales para El Salvador, como su crisis financiera, el deterioro de su situación económica y el derrumbe de sus instituciones democráticas. Nayib Bukele sabe que es más popular cuando habla de seguridad, aunque su discurso esté basado en espejismos.
La experiencia policial en lugares donde ha habido políticas públicas exitosas contra las pandillas, como aquí cerca en el condado de Montgomery, indica que a las pandillas se les enfrenta con inteligencia policial efectiva, con casos robustecidos en los tribunales y con políticas inclusivas en las comunidades con las que se pueda alejar a los jóvenes de estas organizaciones criminales. Para hacer todo esto no se necesita régimen de excepción. Y definitivamente no se necesita eliminar indefinidamente las garantías constitucionales de los salvadoreños.
El éxito de las medidas implementadas por el gobierno Bukele durante el régimen de excepción es una falacia. Es cierto que los índices de homicidios han bajado en El Salvador; llevan con tendencia a la baja desde 2016. Pero en El Salvador de Bukele no está claro que tan importante es esa baja. Es imposible saberlo porque el gobierno ha cerrado todos los accesos a la información pública, lo que, como ya han señalado varios analistas e investigadores, resta credibilidad a las cifras oficiales.
Honorable presidente, una de las consecuencias menos visibles del régimen de excepción es el exilio de los críticos al gobierno, lo que se suma a una plaga similar que azota otros países con gobiernos autoritarios en la región, como Guatemala o Nicaragua. Mientras esta audiencia se realiza, uno de los académicos más respetados en temas de seguridad pública y pandillas huye de El Salvador porque la Policía Nacional Civil le ha abierto un caso espurio que, muy probablemente, se convertirá en un caso criminal en la fiscalía general de la república. Como ustedes saben ambas instituciones carecen de independencia y están al servicio del presidente. Usted, señor presidente, conoció de primera mano la esperanza que a El Salvador llevaron los Acuerdos de Paz de 1992; usted estuvo en nuestro país, usted nos ayudó mucho en aquel proceso. La PNC era una de esas promesas; hoy esa policía es sobre todo un brazo represivo.
Además de los miles de salvadoreños encarcelados, desaparecidos, extorsionados y privados de su libertad, el régimen de excepción ha provocado otra víctima: la verdad. Mientras hablamos hay al menos 8 periodistas salvadoreños que han tenido que abandonar el país. En Washington he escuchado, estupefacto, a funcionarios que minimizan este exilio diciendo que los periodistas que hemos abandonado El Salvador lo hemos hecho porque queremos vivir, trabajar o estudiar en el extranjero. No, lo hemos hecho después de que la policía, la fiscalía, los ministerios de hacienda o de trabajo nos han acosado enviando agentes a nuestras casas, investigando nuestras cuentas bancarias, mandándonos amenazas de persecución penal. El exilio no es una decisión, es una imposición. Como lo han hecho Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, en El Salvador Nayib Bukele ha tomado la decisión política de perseguir sin contemplaciones a quien lo critique o exponga su corrupción y sus crímenes.
Honorable presidente, representantes, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar ante ustedes y exponer ante este honorable comité la situación que vive mi país. Como dije al principio, esto no es un accidente o un mal pasajero, estamos hablando de un presidente y de un régimen que busca acumular poder y perpetuarse en él. ¿Cuántas veces vimos esa película en Latinoamérica? ¿Cuántas veces contamos las víctimas que estos afanes antidemocráticos provocaron en nuestros países? ¿Cuántas veces fallamos en comprender la magnitud de los abismos a los que nos enfrentábamos? Este abismo es oscuro y este es el momento de hacer lo que sea necesario para no caer en él.
Antes de despedirme, si me lo permite, señor presidente, los dejo con las palabras de un salvadoreño al que usted conoció bien, las del padre Ignacio Ellacuría: La búsqueda de un pensamiento crítico que pretenda transformar la realidad, decía el padre, “requiere… de una gran honestidad… pretensión de máxima autonomía y libertad; (y) requiere, finalmente, un gran coraje en un país donde las armas de la muerte estallan con demasiada frecuencia en las más amenazantes proximidades”. Muchas gracias.
