Seis diputados de la Junta Directiva del Congreso cocinaron una iniciativa para meter en la misma bolsa a las instituciones que velan por los lagos, las áreas protegidas y los bosques y que, ahora, sean dirigidas por el Ministerio de Ambiente. La propuesta, que viene del diputado Aníbal Rojas Espino, hermano del actual ministro de ambiente, Mario Rojas Espino; pasó desapercibida por algunos meses, pero cuando llegó a las manos de la Comisión de Ambiente para decidir si se le otorgaba el dictamen favorable o no, la mitad de los parlamentarios pidió que fuera archivada. Fuentes consultadas confirmaron que el presidente de la comisión, Geovany Martínez, habría ignorado la solicitud y dedicó tres meses para negociar y conseguir que el resto de los políticos apoyaran el dictamen favorable. Cuando por fin lo consiguió, el 29 de agosto pasado, la noticia hizo estallar la indignación ciudadana.
Por Paolina Albani
El 22 de marzo, Shirley Rivera, presidenta de la Junta Directiva del Congreso; Aníbal Rojas Espino, cuarto secretario; Carlos López Maldonado, primer vicepresidente; Julio Longo, segundo secretario; Efraín Menéndez, tercer vicepresidente; y Marvin Alvarado quinto secretario; presentaron la iniciativa 6054, “Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental”.
En la iniciativa, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Oficina de Control de Áreas Reservadas del Estado (OCRET), las autoridades para las cuencas del lago de Amatitlán (AMSA), de Atitlán (Amsclae) y del lago de Izabal y Río Dulce, pasarían a ser dirigidos y administrados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La propuesta pasó a manos de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales para ser estudiada y analizada.
El 20 de abril de 2022, seis de los siete integrantes de la comisión que asistieron a la reunión se opusieron a dar dictamen favorable a la propuesta y pidieron que fuera archivada. Los diputados Luis Fernando Pineda, Armando Castillo, Fidel Reyes Lee, Edgar Dubón, Byron Arreaga y Pedro Saloj no estuvieron de acuerdo con que se concentrara en una sola autoridad tanto poder, sobre todo, por la supresión de las autoridades de las cuencas.
Este señor se llama Mario Rojas y es el Ministro de Ambiente, está detrás de la iniciativa de ley 6054.
Pretende cooptar a las entidades que por décadas han protegido los recursos naturales, y además quiere desaparecer el CONAP para depredar sin límites las áreas protegidas. pic.twitter.com/Y4CWNQvCl3
— Luis Fernando Pineda (@PinedaLuis_GT) August 31, 2022
La propuesta de archivarla fue unánime entre los presentes a la sesión de la Comisión de Ambiente en que se conoció el asunto, pero no fue formalizada porque hacían falta dos votos para tener la mayoría requerida por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, explicó Raúl Barrera, experto en política y miembro del Movimiento Semilla que hasta el mes pasado trabajó en el Congreso.
El quórum y los extremos aludidos fueron confirmados por esta redacción con el Acta 08-2022 de la Comisión de Ambiente, de fecha 20 de abril.
“En lugar de ampliar el clamor de los diputados, lo que hizo -Martínez- fue comenzar a negociar votos para que se aprobara, lo que prolongó el proceso. Solicitaron opiniones técnicas al CONAP, INAB, hubo opiniones divididas entre las entidades. Entonces, el presidente -Martínez- se tomó de abril a julio para buscar apoyos en el Ejecutivo y otras bancadas, para que se aprobara el dictamen con modificaciones”, dijo Barrera.
El resultado de las negociaciones fue una enmienda: excluir al INAB de la propuesta.
Para el 29 de agosto, Martínez ya había conseguido que Fidel Reyes Lee y Byron Arreaga, dos de los diputados que se opusieron en un inicio, cambiaran de opinión. Ese día firmaron el dictamen favorable. Ahora, la iniciativa tiene el paso libre para comenzar la primera lectura en el Congreso.
Mientras tanto, sociedad civil, expertos en el medioambiente e incluso, cámaras empresariales, se han opuesto a la normativa y han pedido que el Legislativo detenga su avance.
Solicitamos al @CongresoGuate DICTAMEN DESFAVORABLE a la Iniciativa 6054 y NO APROBAR leyes que representan retrocesos y debilitan capacidades técnicas de instituciones como el INAB poniendo en riesgo el desarrollo sostenible pic.twitter.com/WdOeTAo9QX
— Cámara del Agro (@CamagroGuate) April 20, 2022
Incluso, Rafael Maldonado, abogado ambientalista, ha anunciado que presentará un amparo para detener el avance de la normativa en el pleno.
PRESENTARÉ AMPARO POR RIESGO DE SÚPER MINISTERIO DE AMBIENTE.
Ante amenaza de creación de súper @marngt que pone en riesgo áreas protegidas y conservación de recursos naturales mañana presentaré amparo ante la @CC_Guatemala en contra del @CongresoGuate
Atentos#NoALa6054 pic.twitter.com/xBHX86Pynu
— Rafael Maldonado (@Rafa_Mal0072) September 8, 2022
La primera en oponerse fue el Centro de Estudios Conservacionistas de la Usac (CECON), quienes en un comunicado resaltaron que la propuesta “carece de los estudios que sustentan su espíritu” y que “vulneran principios constitucionales” al omitir la observancia obligatoria de tratados y convenios internacionales en materia ambiental.
El CECON también señaló que lejos de fortalecer el marco legal, lo debilitan. Además es excluyente pues no fue difundida, analizada y discutida entre las instituciones involucradas y la sociedad civil.
Una iniciativa “entreguista” para relajar los requisitos
Para Bernardo Arévalo, diputado de Semilla, la iniciativa 6054 “busca desmontar el marco de protección sobre el patrimonio natural y cultural que se han venido construyendo en los ultimos 20 años”… “Ya no basta con el asalto al Presupuesto Nacional, con los fondos que se destinan a la Dirección de Caminos, que es la piñata de la corrupción, sino que ahora facilitan que los políticos echen mano del patrimonio nacional, natural, cultural. Hipotecan el futuro del país”.
Lo que es seguro para Arévalo es que se está buscando que esta propuesta deje en manos de alguien, la posibilidad de hacer negocios con el Estado. Si se aprueba, sería como “quitarle el seguro a la caja fuerte para ver qué se puede hacer mas adelate, pero no se sabe quién la abrirá”, indicó.
Por su lado, Barrera afirmó que el Ministerio de Ambiente no tiene la capacidad en infraestructura para absorber a las entidades ambientales, así como tampoco ha generado reglamientos o manuales para la transición de competencias para que se haga cargo de esa reorganización.
“Es una propuesta entreguista”, pues quiere dar extensiones de tierra y recursos, que hasta hace poco eran intocables, bajo la excusa del desarrollo. Por eso consideró que “es chocante con los Acuerdos de Paz”.
Un experto en temas ambientales y exasesor parlamentario que prefirió no ser nombrado, dijo que esta propuesta se entreteje con otras iniciativas que van en detrimento del patrimonio cultural y natural (como la iniciativa a favor de prolongar el contrato de la petrolera Perenco y la del rescate al patrimonio prehispánico), que van en la misma línea de repartir privilegios y asegurar impunidad a quienes son aliados del “Pacto de Corruptos”.
“Parece que hay una intención por relajar los requisitos y los mecanismos de vigilancia que los someten a la fiscalización”, señaló. También advirtió que “este sistema propuesto quiere concentrar en una sola ventanilla y una sola autoridad los trámites para conseguir licencias y permisos… cuando dependan del Ministerio de Ambiente van a perder la capacidad de imponer criterios técnicos”.
Eso significaría que el CONAP, OCRET y las autoridades de las cuencas de los lagos del país, perderán la tutela en las materias que cada uno vigila. Y los beneficios serían para el sector económico agroindustrial y para la élite económica.
La falta de un respaldo técnico y que la propuesta haya sido creada por el hermano del ministro de ambiente, ha levantado los cuestionamientos hacia la iniciativa 6054, aseguró. Pese a ello, consideró que el riesgo de que se apruebe “es real”, sobre todo si se ofrece como moneda de cambio de proyectos distritales a las puertas del año electoral.
“Es una agenda que viene dese el despacho de ambiente que se hace por la puerta de atrás del presidente -Alejandro Giammattei-”, exteriorizó. Además, dijo que el escenario de maniobras de Martínez, que le valieron conseguir el dictamen favorable, podría repetirse en el pleno.
Quiénes son los diputados ponentes
Detrás de la propuesta de ley están seis miembros de la Junta Directiva del Congreso. La primera de ellos es la presidenta Shirley Joanna Rivera Zaldaña, quien en el pasado ha apoyado otras iniciativa regresivas como la 5272, ley Provida y Profamilia, que criminalizaba a las mujeres con prisión por abortar, y estigmatizaba la educación sexual y la enseñanza de la diversidad sexual. La ley fue aprobada por el Legislativo, por unas horas, antes de que Giammattei la vetara.
#URGENTE El presidente @DrGiammattei pidió a la presidenta del Congreso, @ShirleyRiveraGt, archivar el decreto 18-2022, señalando que la misma viola varias convenciones de la cual Guatemala es signataria y la Constitución Política. Además agrega que vetará el decreto. pic.twitter.com/nfj4YZ6Jit
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) March 10, 2022
Rivera también propuso la iniciativa 6055 para reducir los trámites para obtener licencias ambientales y hacer convenios de pago por las multas impuestas no canceladas. Otro punto de esa iniciativa es que permitiría que las iglesias construyan sin tener que presentar Estudios de Impacto Ambiental.
Además, ha sido señalada de haber amenazado al diputado del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), Aldo Dávila.
He sido amenazado por Shirley Rivera Presidenta de Congreso. pic.twitter.com/erIiaPhHt5
— Aldo Dávila (@aldodavila_gt) June 27, 2022
Aníbal Estuardo Rojas Espino, cuarto secretario de la Junta Directiva y jefe de la bancada conservadora y de ultraderecha Viva, fue el creador de la iniciativa 5272. Antes de que se convirtiera en ley, su propuesta sirvió de inspiración para que el Ejecutivo creara la política estatal provida y profamilia, que no fue consensuada por organizaciones de sociedad civil y que, continúa vigente.
Además de ser hermano del actual ministro de Ambiente, Mario Rojas Espino, ha sido uno de los diputados que ha apoyado la reforma a la Ley de Reconciliación, que dejaría en libertad a los militares procesados y condenados por crímenes de guerra.
Fue uno de los 11 diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que intentó destituir a Jordán Rodas, como Procurador de los Derechos Humanos, antes de que terminara su período.
#EUNacionales El diputado Aníbal Rojas, de la Comisión de DDHH del @CongresoGuate informó que el PDH ya envió la solicitud del presupuesto de la entidad para 2023 situándose en al menos Q209 millones. 'La Procuradoría hay que fortalecerla ahora que es más independiente' enfatizó. pic.twitter.com/K3oYMl6k9w
— Francisco Perez (@FcoPerez_EU) September 6, 2022
Su esposa, Ana Elena Mercedes Flores Chavarría de Rojas, es una de las diplomáticas de Giammattei en Riverhead, Nueva York.
Carlos Enrique López Maldonado, primer vicepresidente, es hijo del exdiputado Carlos López Girón quien está acusado de crear plazas fantasmas en el Congreso en 2019. Actualmente, preside la Comisión Pesquisidora contra el ministro de Agricultura, José Ángel López.
Julio Cesar Longo Maldonado, segundo secretario, ha impulsado una iniciativa de ley para exonerar del pago de impuestos al sector ganadero. Recientemente, se integró al nuevo partido impulsado por el expresidente, Alfonso Portillo, llamado Comunidad Elefante. Y ha sido uno de los diputados que ha recibido más de Q100 mil en viáticos para sus viajes.
Efrain Menendez Anguiano, tercer vicepresidente, fue uno de los ponentes de la iniciativa 6120, junto a López Maldonado, que busca que la Contraloría General de Cuentas no fiscalice los fondos ejecutados para atender la emergencia por la pandemia, fondos que han sido administrados por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Junto a Rivera, Longo, López y Marvin Estuardo Alvarado Morales han propuesto reformar la ley orgánica del mismo banco.
Alvarado Morales, quinto secretario, impulsó la iniciativa 5923, que depredaría el patrimonio al permitir la privatización de lugares sagrados de los pueblos indígenas. Además, el 11 de agosto pasado, intervino en la reunión de la Junta Directiva de los 48 Cantones en el Congreso, que resultó en su expulsión por sus vínculos con el oficialismo.
